Tras las huellas de la palma: 298 procesos abiertos contra 170 empresas, productores y procesadores por violar las normas ambientales en Latinoamérica
La alianza periodística que en 2021 desarrolló una base de datos sobre los procesos sancionatorios ambientales que se abrieron contra productores de palma de aceite en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, ahora suma a dos nuevos países: Costa Rica y Brasil. Entre 2010 y 2021, en esas seis naciones latinoamericanas se han abierto, por lo menos, 298 procesos sancionatorios en contra de 170 empresas y personas productoras de palma aceitera, de acuerdo con las respuestas entregadas por las autoridades a los pedidos de información realizados por el equipo periodístico convocado por Mongabay Latam. Entrega de documentos incompletos y falta de información son, una vez más, una constante en las respuestas de las autoridades de todos los países. En 181 casos fue imposible determinar en qué estado se encontraba el proceso, en 42 no se informó si se aplicó alguna sanción o multa y en 47 no se especificó cuál fue la vulneración ambiental cometida. Sigue leyendo el siguiente artículo de Mongabay Latam.
La producción de aceite de palma está dejando una huella profunda en los ríos y bosques de Latinoamérica. Tan solo en seis países de la región, entre 2010 y 2021, se abrieron por lo menos 298 procesos sancionatorios en contra de 170 empresas y productores por el incumplimiento de las normas ambientales, talar bosques, desviar el curso de ríos o acaparar el agua, entre otros delitos.
Este es uno de los hallazgos que obtuvo la alianza periodística Tras las huellas de la palma que, desde principios de 2021, comenzó a investigar y a construir una base de datos que se enfoca en la fiscalización, por parte de las autoridades ambientales, de las operaciones de las empresas, productores y procesadores de aceite de palma en Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia, Costa Rica y Brasil.
En noviembre del año pasado, esta alianza periodística publicó los primeros resultados. En ese entonces se documentaron 231 procesos, entre 2010 y el 2020, en cuatro países: Guatemala, Honduras, Ecuador y Colombia. Para este 2022, se actualizó la base de datos al 2021 y se sumó a Brasil y Costa Rica.
Toda la información reunida hasta ahora, que abarca un periodo de doce años, se obtuvo a partir de las respuestas que las autoridades ambientales de los diferentes países entregaron tras ingresar más de 200 pedidos de información que realizaron los integrantes de esta alianza periodística convocada por Mongabay Latam e integrada por Ocote, Contracorriente, Línea 84, La Barra Espaciadora y France 24 en español.
Un negocio rentable
En esta segunda etapa encontramos, nuevamente, un preocupante hermetismo y dificultades para acceder a datos oficiales. Además, cuando se pudo obtener respuesta, se recibió información incompleta. Después de verificar todos los datos recopilados este año, se pudo añadir a los 231 procesos reunidos en la base de datos del 2021, un total de 67 nuevos casos de quejas e investigaciones en proceso contra empresas y personas naturales. De ellos, 44 son de Brasil, 8 de Costa Rica, 12 de Guatemala, 2 de Honduras, 1 de Ecuador y ninguno para Colombia.
Aún sin sumar nuevos casos en el 2021, Colombia sigue liderando la lista con el mayor número de procesos acumulados, 176 en total. Y a ello se suma el hecho de que no se haya abierto ninguna investigación durante 2021, a pesar de ser el principal productor de aceite de palma en Latinoamérica y de que las sanciones más recurrentes están ligadas al incumplimiento de las normas ambientales y la tala de bosques.
Todas estas afectaciones que está teniendo la producción de palma aceitera en Latinoamérica podrían agravarse en los siguientes años, sobre todo si se toman en cuenta los datos sobre el crecimiento que se prevé que tenga esta industria.
El aceite de palma es uno de los 12 commodities monitoreados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Las proyecciones de la entidad esperan que la producción mundial de aceite de palma 2022-2023 llegue a los 79.16 millones de toneladas. Esto representaría un incremento del 4,2 % comparado con el periodo 2021-2022, cuando la producción fue de 75.95 millones de toneladas.
Además, el negocio internacional de este commodity es multimillonario. Un reciente estudio de mercado indica que las ventas mundiales de aceite de palma están a punto de alcanzar los 33.000 millones de dólares para 2022.
El mercado de la palma es dominado por Indonesia, que tiene el 59 % de la producción mundial. Sin embargo, seis países de Latinoamérica se encuentran dentro de los 20 principales productores: Colombia en el cuarto puesto, Guatemala en el sexto, Honduras en el noveno lugar, Brasil en el puesto 10, Ecuador en el 11 y Costa Rica en el 16.
Todos estos países comparten historias ligadas a conflictos socioambientales relacionados con este monocultivo. De hecho, entre 2016 y septiembre de 2022, Mongabay Latam ha publicado 79 historias relacionadas con el monocultivo de palma de aceite en la región.
¿Qué tanto control se le hace a la industria palmicultora?
Entre 2021 y 2022 se realizaron 191 pedidos de información a entidades oficiales de seis países latinoamericanos: 70 en el primer año y 121 en el segundo. Muchas de las respuestas recibidas indicaron que no tenían sistematizada la información o que, en 12 años, no habían registrado un solo caso asociado a faltas ambientales.
En el caso de Brasil, algunas de las autoridades ambientales respondieron que brindar esa información no estaba dentro de sus funciones o que no tenían tiempo ni funcionarios disponibles para sistematizar los datos. Para obtener sus 44 casos fue necesario realizar una búsqueda en profundidad en sistemas de información de autoridades ambientales, estatales y federales, pues, a diferencia del resto de países, Brasil brinda acceso público a estos datos, aunque no están organizados ni estandarizados.
Con la nueva información de Brasil y Costa Rica, sumados a la actualización para Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, se lograron incluir 67 nuevos casos a la base de datos, que fue publicada el año pasado y que reúne sanciones, quejas e investigaciones. Hoy se tiene información sobre 298 procesos y el país que lidera la lista es Colombia con 176 casos, seguido de Guatemala con 60, Brasil con 44, Costa Rica con 8, Ecuador con 7 y 3 en Honduras.
De igual manera, pudimos establecer que detrás de los 298 casos detectados, hay 170 productores —tanto empresas como personas—, considerando que algunos de ellos acumulan más de un proceso. Si lo dividimos entre los distintos países, 122 operan en Colombia, 25 en Guatemala, 8 en Brasil, 7 en Costa Rica, 4 en Ecuador y 3 en Honduras.
Las infracciones más comunes están relacionadas con la vulneración a las normativas ambientales, que suman 141 casos; la tala de bosques, 61 casos, y el desvío o acaparamiento de agua, que es una denuncia presente en 51 de los registros.
Falta de transparencia, una constante en todos los países
En esta nueva etapa de Tras las huellas de la palma se observaron los mismos patrones que el año pasado: falta de transparencia y de acceso a la información. Por ejemplo, identificamos que de los 298 casos que se documentaron en los seis países, en 251 de ellos hubo algún tipo de afectación ambiental, pero no fue posible conocer a fondo las implicaciones en cada una de ellas, a pesar de haber solicitado esa información a las autoridades oficiales.
En 181 casos no se logró determinar en qué estado se encontraba el proceso sancionador (correspondiente a la categoría “estado indeterminado”) y en 42 de ellos no se informó si se había iniciado una investigación.
Solo en 80 de los 298 procesos se confirmó que el productor recibió una sanción, que tuvo que realizar alguna compensación ambiental, que hizo alguna mejora en su proceso de producción o que, al final, fue exonerado de culpa.
En muchos de los casos, las autoridades no indicaron datos tan básicos como el año exacto en que ocurrieron los hechos (102 registros) o el nombre de la empresa o persona investigada (17 registros).
La ausencia de esta información, a pesar de que fue solicitada formalmente, es preocupante, ya que refleja la debilidad de las autoridades para controlar y dar seguimiento a las prácticas ambientales de la industria palmicultora.
Graves afectaciones al medioambiente que no fueron reportadas
La alianza periodística solicitó, a las autoridades ambientales y fiscalizadoras de Colombia, Honduras y Costa Rica, todos los casos relacionados con procesos sancionatorios ambientales abiertos contra empresas, productores y procesadores de aceite de palma entre el 2010 y el 2021. Este equipo de investigación halló que en esos tres países había casos de afectaciones ambientales que, a pesar de su gravedad o de tener testimonios de que se hicieron las denuncias, no fueron reportados por las autoridades en sus respuestas a nuestras peticiones.
El caso de Honduras es singular. En el 2021, cuando se hicieron los pedidos de información para obtener los procesos por infracciones ambientales abiertos entre 2010 y 2020, solo se tuvo detalles de un caso en contra de una persona. Se trataba de un hombre acusado de talar bosque para luego sembrar palma en el parque nacional Jeanette Kawas, en el departamento de Atlántida. Sin embargo, en este 2022, cuando se hicieron nuevos pedidos para ampliar la base de datos hasta 2021, las autoridades entregaron información sobre dos nuevos casos, ambos correspondían a años anteriores (2017 y 2020) y no habían sido referenciados en el pedido de información inicial de esta investigación periodística.
Adicional a esto, el reportaje que presentamos en este especial aborda una grave situación en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, que tampoco ha sido referenciada por ninguna autoridad hondureña y que está relacionada con la creación de un área protegida.
Nadie responde por lo que pasó con la propuesta para crear el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (PANACO) —al norte de Honduras— que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) propuso como área protegida hace 11 años y que, además, es sitio Ramsar desde el 2013. Lo que sí sabe es que una gran extensión de plantaciones de palma destruyó buena parte de su ecosistema de humedales y que el expediente con la propuesta para la creación del parque se quemó en un incendio ocurrido en las oficinas del ICF, y el Congreso nunca firmó su declaratoria ni entregó copia del documento.
Lo que pasó después es que se creó el Subsistema de Áreas Protegidas Cuyamel-Omoa (SAPCO), dividido como Parque Nacional Omoa y Refugio de Vida Silvestre Cuyamel, donde se dejó fuera de la zona núcleo y de amortiguamiento las áreas en donde se ubican hoy las plantaciones de palma de aceite y pasto king grass. A pesar de que existían denuncias de diferentes organizaciones y pobladores locales, ninguna autoridad hondureña entregó información sobre este caso y es difícil saber si se debe a que pretendían ocultarlo o simplemente nunca abrieron una investigación.
En Costa Rica, los cultivos de palma están ocupando parte del Humedal Nacional Térraba Sierpe, uno de los más importantes y grandes del país, declarado también como sitio Ramsar en 1995. Sin embargo, no existen registros en instituciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ni en el Ministerio Público de Costa Rica sobre sanciones que hayan recibido empresas, cooperativas o productores de palma por estar ocupando parte del área protegida o por las descargas de fertilizantes en los afluentes del ecosistema. Estos dos problemas han sido detectados y reportados en diversos estudios técnicos de instituciones costarricenses.
El fiscal ambiental Ronny Romero sugiere que “al ser tan amplios, los cultivos, tal vez en la parte trasera, donde había bosque o humedal colindando con la palma [en alusión al Humedal Nacional Térraba Sierpe], han rellenado y ampliado el terreno agrícola”. Romero insistió en que, tras las consultas de esta alianza periodística, se trabajará en monitorear la situación. “Es una inquietud de interés y me lo llevaré y lo tomaré en cuenta para reuniones con dirigentes que se dedican a hacer estos análisis y poder tener una respuesta más clara”, dijo.
En el caso de Colombia, y a pesar de que es el país que más procesos sancionatorios ha abierto entre 2010 y 2021, la evidencia recopilada indica que las autoridades ambientales no estarían investigando lo que ocurre con cultivos ilegales de palma que están empezando a adentrarse en la Amazonía.
Fedepalma —el gremio palmero más grande de Colombia— ha denunciado algunos casos de siembra ligados con deforestación, aclarando que dichos productores no son sus asociados. En 2018, por ejemplo, el entonces presidente de la federación, Jens Mesa Dishington, advirtió que encontraron evidencias de qué productores de palma estaban cambiando el uso de suelo en los departamentos de Meta y Guaviare; específicamente dentro de reservas naturales, forestales e indígenas. Y aunque señaló que hicieron la denuncia, en las respuestas que las autoridades ambientales de la región entregaron a los requerimientos que la alianza periodística Tras las huellas de la palma no se informó sobre investigaciones abiertas en Guaviare durante los últimos 12 años.
Infracciones que no causan mella
En Ecuador, Guatemala y Brasil, esta alianza periodística identificó un patrón: empresas que, a pesar de tener varias investigaciones por infracciones ambientales, continúan operando, incluso, sin haber pagado sus multas.
En Guatemala, Naturaceites, la palmicultora que comercializa el popular aceite Capullo, figura como denunciada en nueve expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La compañía ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus cultivos. También ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación de impacto ambiental. Además, las multas por hacerlo suelen ser más bajas que los costos y el tiempo que conlleva hacer los estudios.
En 2021, la empresa estuvo inmersa en un episodio de quema de viviendas de una comunidad asentada en sus terrenos, un asunto que la Fiscalía nunca investigó.
Para los expertos, uno de los problemas es que en el Código Penal se recoge el delito de contaminación ambiental con una pena de hasta 10 mil quetzales (aproximadamente 1300 dólares). Juan Manuel de la Cruz, abogado ambientalista con maestría en Gestión Ambiental y que trabajó en el MARN, explica que estas multas son “extremadamente bajas”, aunque considera que, más importante que aumentarlas, es implementar mecanismos para medir los daños causados y establecer medidas para revertirlos.
En el caso de Brasil, esta alianza periodística logró documentar 44 casos, de los cuales 21 (48 %) corresponden a Brasil Bio Fuels (BBF) y Biopalma da Amazônia, esta última adquirida por BBF en el 2020.
Del total de multas registradas entre mayo de 2011 y noviembre de 2021, solo 20 revelaron el monto de las sanciones, que sumaron 1,37 millones de reales (alrededor de 261 000 dólares). De ellas, solo tres se registran como pagadas. Y de las otras, ni siquiera existe información sobre los delitos ambientales cometidos, principalmente en el estado de Pará.
Biopalma da Amazônia (adquirida por BBF) encabeza el ranking de las multas más altas: 1,09 millones de reales (aproximadamente 202 000 dólares) por destruir 217 hectáreas de vegetación nativa en el municipio de Domingos do Capim, en Pará, en mayo de 2014 y sin la debida licencia de la autoridad ambiental. La multa no se pagó, según indica la base de datos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama).
BBF asegura que el proceso de la multa se inició antes de adquirir Biopalma da Amazônia en el 2020 y que “desde entonces, BBF ha actuado constantemente en la aclaración y solución de este proceso”. La empresa señala que aunque la notificación se registró el 28 de mayo de 2014, el proceso recién se inició el 8 de noviembre de 2018. BBF dijo que en ese momento, Biopalma da Amazônia presentó defensa administrativa impugnando la multa, la cual está pendiente de una decisión hasta hoy.
A pesar de que BBF concentra casi la mitad de los procesos ambientales y que en ocho de ellos se impusieron sanciones monetarias, que sumadas arrojan un valor total de 514 172 dólares, la compañía sigue con sus proyectos palmicultores activos.
En Ecuador se ha reconocido la sentencia judicial en contra de las empresas Palmeras de los Andes y Palmar de los Esteros como un hito, pero esta alianza periodística comprobó que, cinco años después de conocerse el fallo, no se han ejecutado las medidas de reparación ordenadas.
Este caso fue uno de los siete que las autoridades ecuatorianas entregaron para la elaboración de esta base de datos. En él se menciona que la Corte de Justicia de Esmeraldas concluyó que las palmicultoras causaron graves afectaciones ambientales al territorio de las comunidades La Chiquita y Guadualito y estableció 17 medidas de reparación y compensación: 13 que debe asumir el Estado y cuatro las dos empresas.
Esta sentencia ha quedado en letra muerta, a tal punto que ni siquiera se sabe si todos los involucrados han sido notificados con sus responsabilidades o reparado los daños ocasionados. Este caso refleja, una vez más, cómo el Estado ha sido incapaz de determinar con certeza si existe o no contaminación por la actividad palmicultora en el país o de garantizar que la producción se haga respetando estándares ambientales.
