Retiro de los 43 decretos ambientales: ¿Qué dicen los expertos?

Ayer sonaron las alarmas en el mundo ambiental cuando el gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio del Medio Ambiente y por medio de su subsecretario, José Ignacio Vial Barros, retiró del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República un total de 43 decretos supremos dictados por la administración anterior, varios de los cuales correspondían a la creación de parques nacionales, reservas y otras figuras de protección ambiental.

La decisión fue formalizada mediante un oficio enviado a la Contraloría General de la República, en el que se solicita retirar del proceso de revisión una serie de decretos que se encontraban pendientes de ser visados por el organismo fiscalizador. Entre ellos se incluyen normas ambientales, reglamentos y, especialmente, actos administrativos vinculados a la creación de nuevas áreas protegidas en distintas regiones del país.

La medida abre interrogantes sobre el futuro de estos proyectos, ya que al retirarse del trámite, los decretos dejan de avanzar en el proceso necesario para su entrada en vigencia, lo que podría retrasar o incluso impedir la creación formal de nuevas zonas bajo protección estatal.

Áreas protegidas en trámite quedan en incertidumbre

Dentro de los decretos retirados se encuentran varios que buscaban crear o formalizar nuevas áreas protegidas, principalmente en el norte del país y en territorios de alto valor ecológico.

Entre ellos figuran la creación del Área de Conservación de Múltiples Usos Olivares-Colorado, en la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana, así como el Parque Nacional Salar de Gorbea, la Reserva de Región Virgen Lagunas Collas, el Parque Nacional Las Parinas, la Reserva Nacional Salar de Pedernales y el Parque Nacional Lagunas Bravas, todos ubicados en la provincia de Chañaral, región de Atacama.

También fueron retirados decretos que declaraban nuevas áreas protegidas en el archipiélago de Juan Fernández y en el territorio oceánico, como el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y el Parque Nacional Nazca-Desventuradas II, además de la declaración como Monumento Natural del pingüino de Humboldt.

Estas figuras forman parte de los instrumentos que permiten otorgar protección legal a ecosistemas considerados prioritarios para la conservación de la biodiversidad, por lo que su suspensión genera dudas respecto de cuándo podrán concretarse.

Impacto en la política de conservación

El retiro de los decretos ocurre en un momento clave para la institucionalidad ambiental, marcado por la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y por la tramitación de nuevas áreas destinadas a ampliar la superficie protegida del país.

Las zonas incluidas en los decretos retirados forman parte de ecosistemas considerados estratégicos, especialmente salares altoandinos, humedales, áreas oceánicas y territorios con presencia de especies amenazadas.

De acuerdo con diversos expertos, al detenerse la tramitación, estos espacios quedan sin la protección jurídica que otorgaría su declaración oficial, lo que podría retrasar planes de manejo, limitar la asignación de recursos y mantener abiertos escenarios de uso o intervención que la normativa buscaba regular.

Por lo mismo, desde organizaciones civiles, centros de estudios o el mundo académico, la medida ha sido criticada ampliamente. Guillermo Luna, académico de la Universidad Católica del Norte, critica el aspecto técnico de esta decisión: «La reciente decisión representa un retroceso crítico en la política de conservación. Esta medida resulta incoherente con la mejor evidencia científica posible».

Por otra parte, una de las áreas más emblemáticas que se ve afectada, es el recientemente declarado pingüino de Humboldt como Monumento Natural. Nancy Duman, Vocera de la Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, señaló que: «Claramente, el Gobierno está ignorando la investigación científica y sus recomendaciones para recuperar esta especie». Asimismo, desde Oikonos refuerzan esta idea: «Más de 9.000 chilenos y chilenas levantaron la voz para que el pingüino de Humboldt fuera declarado Monumento Natural. Hoy, esa voluntad ciudadana es ignorada».

¿Qué significa retirar un decreto supremo en trámite?

El retiro del trámite ante Contraloría no implica que los decretos queden anulados, pero sí detiene el proceso necesario para que entren en vigencia.

En Chile, los decretos supremos deben ser revisados por la Contraloría General de la República antes de su publicación. Solo después de ese proceso pueden ser promulgados y comenzar a aplicarse. Cuando un decreto es retirado del trámite, vuelve al ministerio correspondiente, que puede modificarlo, reingresarlo o simplemente dejarlo sin efecto.

En este caso, la decisión afecta tanto normas ambientales como reglamentos vinculados a la implementación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, además de planes de descontaminación, normas de calidad ambiental y decretos de creación de nuevas unidades de conservación.

Esto significa que, mientras no se reingresen, las medidas quedan en suspenso y no producen efectos jurídicos.

Esto, pese a no ser una acción definitiva, pone arriba de la mesa todo el tiempo invertido en la configuración legal y técnica de estos decretos. Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente entre los años 2017 y 2018, aclara el panorama: «Cada uno de estos decretos tiene un proceso de consulta ciudadana, de consolidación de las consultas, de ante proyectos, proyectos definitivos, entre otros. Por lo tanto, muchas veces estos demoran muchos años. Implican planes de descontaminación, normas ambientales, análisis de costo beneficio, que son procesos altamente técnicos donde se ponderan los costos de la implementación versus los beneficios de la salud y el medioambiente, todo en términos económicos y estos son vistos el Consejo de Ministros. Y después pasa firma ante todos los ministros, y finalmente el presidente de la República. Y por tanto, no es una cosa arbitraria; se da dentro de un marco legal con plazos establecidos».

Sobre una posible eliminación dentro de los escenarios a futuro, dice el exministro: «En caso de de eliminarse, estamos hablando de un amplio impacto. Por ejemplo, la norma de material particular fino PM 2,5 va a demorar en su implementación y, por tanto, todo tiempo que se demore significa que más vidas se pierden por la contaminación a la cual nos sometemos. La decisión de ponderar los costos y beneficios es una decisión que toman todos los gobiernos y en este contexto una norma tremendamente buena, y tiene tremendos beneficios versus costos. Por lo tanto, le conviene al país económicamente avanzar porque los beneficios de la descontaminación son muy por sobre los costos de abordarlos.
(Sobre la conservación marina) es muy importante, se ha demostrado que la pesca se ha mantenido aumentando con mayor protección dando cuenta que la sobreexplotación se puede abordar a través de la conservación».

Sara Larraín, ecóloga y directora de Chile Sustentable, ahonda en los efectos negativos de esta medida: «(Los retiros) son gravísimos. Significa un tremendo retraso en la aplicación de normas que protegen la salud de la población. Por ejemplo, tenemos el retiro del decreto que fija las emisiones para las centrales termoeléctricas, principalmente las centrales a carbón. Estas seguirían con los estándares del año 2019 y por lo tanto muy lejos de los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo para la norma de material particulado fino 2,5, para la norma de plomo, para la norma de la refinería de cobre y otras industrias que emiten arsénico. Es decir, aquí estamos paralizando el mejoramiento de las normas que protegen la salud ambiental de la población. También implica un tremendo atraso para los planes de descontaminación. Se han retirado los planes de descontaminación atmosférica de Puerto Aysén, la norma que va a permitir descontaminar el lago Villa Rica, la norma que va a permitir descontaminar y tener una mejor calidad de agua en el río Huasco. Tenemos un retraso en la descontaminación y un retraso en las normas que protegen la salud de la población en términos de cambio climático».

«Hay un retroceso global de todo lo que se ha avanzado no solamente en los últimos 4 años, como es el caso del SBAP y de la política de cambio climático, sino que todo lo que se ha avanzado en la última década. Es gravísimo y claramente es una señal de querer parar o de echar abajo la normativa ambiental y la normativa que protege la salud de la población», remata.

Gobierno defiende la medida y habla de revisión técnica

Finalmente, a través de una declaración pública, el Ministerio del Medio Ambiente señaló que el retiro de los decretos responde a un proceso de revisión administrativa habitual al inicio de una nueva gestión.

“Con el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República”, indicó la cartera.

El comunicado agrega que esta revisión se enmarca en el plan de auditoría interna del gobierno y que busca garantizar que los actos administrativos cumplan con los requisitos legales antes de continuar con su tramitación.

Según el ministerio, el análisis también considera que una parte importante de los decretos fue ingresada a Contraloría en los últimos días de la administración anterior, lo que justificó la decisión de revisarlos nuevamente antes de continuar con el proceso.

Sobre el actuar de la administración actual, el exministro Mena declara que: «Yo creo que la explicación del ministerio llega tarde. Estas cosas se podrían haber evitado, si es que se hubiera hablado antes, se hubiera socializado la medida. Como no se conocen estas nuevas autoridades con los movimientos ambientales distintos y su toda su diversidad, toda esa gente se ve bastante conflictuada y por eso reacciona de la forma que reacciona. Entonces, el hecho que haya tenido que responder el subsecretario da cuenta de que hubo un error de cálculo inicial con respecto a el desenlace de esta operación».

Es así como el futuro de estas iniciativas dependerá ahora de la decisión del actual gobierno de reingresar los decretos, modificarlos o dejar sin efecto algunos de ellos, un proceso que podría extenderse por meses y que será observado de cerca por organizaciones ambientales, comunidades locales y especialistas en conservación.

*Las imágenes de este artículo cuentan con autorización para la difusión de la noticia bajo los créditos correspondientes en los canales de Ladera Sur.