Relaves mineros en Chile: El legado tóxico de una potencia minera

¡A la mina, mi hijo! ¡A la mina! Allí donde se gana el pan con el sudor de la frente, y donde el aire es escaso y la muerte está siempre acechando.

Baldomero Lillo – Subterra (1904)

Chile es un país minero. La frase se repite desde la sala de clases hasta los discursos oficiales, y no es casual: la historia del país está profundamente entrelazada con la extracción de minerales, concebida por décadas como un motor de desarrollo y progreso. Desde el norte al centro y sur del territorio, la minería no solo ha modelado paisajes y economías locales, sino también parte del imaginario colectivo y de la identidad nacional.

Según cifras oficiales del informe de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile (2025), la minería representa de manera directa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se considera además la actividad de proveedores y servicios asociados, este aporte se eleva a cerca del 20% del PIB nacional.

Sin embargo, junto con su peso económico y su reconocimiento internacional como una industria de estándar mundial, persiste una dimensión menos visible del modelo minero chileno: la gestión de sus residuos. En este ámbito, los avances han sido desiguales y, en muchos casos, la regulación y las respuestas institucionales han ido por detrás del ritmo de expansión del sector, dejando desafíos pendientes que hoy comienzan a tensionar la relación entre minería, territorio y medio ambiente.

Actualmente, Chile es el tercer país del mundo con mayor número de depósitos de relaves, después de China y Estados Unidos, y se proyecta que, al año 2026 nuestro país tendría que gestionar más de 900 millones de toneladas de material de relaves al año. Esta cifra equivale a cerca de 4.919 barcos El Globe, el buque de carga más grande del mundo, que puede transportar hasta 186.000 toneladas de carga.

“Cada vez que generamos una tonelada de cobre, estamos produciendo más de 200 toneladas de relaves. Entonces estamos frente a una industria sumamente ineficiente. Si produces una tonelada de cobre y después generas 200 toneladas de desechos, creemos que tiene que haber un esfuerzo país por aminorar esta asimetría, porque es muy grande”, explica Raimundo Gómez, director ejecutivo de Fundación Relaves.

A este volumen anual se suma un legado histórico de aproximadamente 795 relaves mineros distribuidos a lo largo del territorio nacional, de los cuales más del 80% se encuentra inactivo o abandonado. 

El relave minero

¿Qué es exactamente un relave minero? Se trata del residuo que queda tras el proceso de extracción y concentración de minerales, compuesto principalmente por roca molida, agua y restos de minerales que no alcanzaron valor comercial. Estos materiales suelen contener metales pesados y otras sustancias potencialmente tóxicas, y son depositados en grandes tranques o depósitos diseñados para su almacenamiento a largo plazo, muchas veces por décadas o incluso siglos.

“Los relaves mineros son desechos de la actividad minera que se mezclan con agua para poder ser transportados y depositados. Contienen altas concentraciones de sustancias tóxicas, incluidos metales pesados, y el problema no es su existencia en sí, sino las concentraciones y la forma en que quedan depositados en el territorio. Muchos metales pesados son necesarios para la vida, incluso el arsénico tiene un rol en el metabolismo. Obviamente en bajas cantidades, por algo está presente en la naturaleza”, puntualiza Juan Pablo Orrego, ecólogo y presidente de ONG Ecosistemas

Estos “pasivos” ambientales representan un desafío tanto ambiental como social, debido a su potencial de contaminación de suelos y cuerpos de agua, con impactos directos en los ecosistemas y en la salud de las comunidades que habitan en su entorno en el corto y en el lago plazo.

Diversos estudios han documentado que, incluso décadas después de su abandono, los relaves continúan siendo fuentes relevantes de contaminación por metales pesados y su presencia continua en el paisaje puede tener impactos ambientales y sanitarios significativos. 

“Llamarlos ‘pasivos ambientales’ es engañoso, porque no tienen nada de pasivos. Un relave sigue activo: se seca, el polvo se lo lleva el viento, puede infiltrar napas subterráneas y terminar en la agricultura o en las viviendas. No son estructuras inertes. Son depósitos que permanecen actuando en el ambiente durante décadas”, comenta Juan Pablo Orrego. 

En localidades como Chañaral, investigaciones han demostrado la presencia persistente de metales pesados como arsénico, cobre, níquel, mercurio y plomo en la orina de la población local, décadas después del abandono de depósitos, lo que sugiere exposición crónica a contaminantes asociados a los relaves y al polvo en suspensión generado por el viento. Vale señalar que estos metales se han vinculado a alteraciones metabólicas y potenciales daños respiratorios y cardiovasculares en adultos y niños expuestos. 

Estudios geoquímicos de relaves en Chile han identificado elementos potencialmente tóxicos como cobre, arsénico, plomo y molibdeno, los cuales presentan riesgo tanto ecológico como para la salud humana, especialmente a través de la vía de ingestión de partículas o agua contaminada, mientras que la erosión eólica puede transportar partículas finas enriquecidas en metales a comunidades cercanas. 

Además de la toxicidad química, los depósitos de relaves enfrentan desafíos geotécnicos por la naturaleza del terreno y las condiciones sísmicas de Chile, que aumentan el riesgo de fallas estructurales o liberación de contaminantes durante eventos extremos. 

La magnitud de estos impactos y la persistencia de contaminantes en suelos, sedimentos y cuerpos de agua han sido constatadas en múltiples contextos, lo que subraya la necesidad de enfoques de gestión a largo plazo, monitoreo continuo y políticas que incorporen el ciclo completo de vida de los relaves en el país. 

Cuando la minería se convierte en una amenaza latente

El 27 de febrero de 2010, a raíz del terremoto más fuerte registrado en Chile desde 1960, un depósito de relaves mineros abandonado en el valle de Las Palmas —en la comuna de Pencahue, en la Región del Maule— colapsó y desató un alud de desechos tóxicos que bajaron por la ladera como un manto de tierra contaminada con arsénico, plomo, cianuro y otros metales pesados. 

En cuestión de segundos, ese cerro que para los vecinos parecía “solo un cerro de arena” sepultó una casa y cobró la vida de los cuatro integrantes de la familia Gálvez-Chamorro: un matrimonio y sus dos hijas pequeñas, sin que ellos ni sus vecinos tuvieran idea del riesgo al que estaban expuestos. 

Ese relave había sido identificado meses antes por Sernageomin como uno de los cuatro con mayor probabilidad de colapso en el país, pero esa información no fue comunicada ni traducida en advertencias claras para la comunidad.

Ese hecho trágico marcó un punto de inflexión para quienes lo vivieron de cerca, en particular para Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante y quien perdió a personas cercanas en el desastre. Impulsado por la experiencia y por la sensación de injusticia por la falta de información y de medidas preventivas, Jurgens se convirtió en una de las fuerzas motoras detrás de la creación de la Fundación Relaves, una organización que nació con el objetivo de visibilizar los riesgos de los depósitos de relaves abandonados, exigir justicia para las víctimas y promover cambios en la gestión, transparencia y legislación sobre pasivos ambientales mineros en Chile.

Mientras la tragedia de Las Palmas en 2010 marcó un antes y un después en la visibilidad pública de los relaves, la historia de Chile revela que no ha sido un fenómeno aislado, sino parte de un patrón de riesgos asociados a paisajes moldeados por siglos de minería.

A mediados del siglo XX, el 28 de marzo de 1965, un fuerte terremoto sacudió la zona central del país y desencadenó uno de los episodios más descritos de colapso de relaves en la memoria minera chilena. En la localidad de El Cobre, en la Región de Valparaíso, la falla de los tranques de relaves tras el sismo provocó que millones de metros cúbicos de lodo industrial se deslizaran valle abajo, sepultando comunidades enteras y dejando más de 200 personas desaparecidas bajo el barro tóxico, en uno de los episodios con mayor pérdida humana vinculada directamente a depósitos mineros en el país. Este desastre fue también un punto de inflexión para la discusión técnica y social sobre cómo diseñar y ubicar estas estructuras frente a la alta sismicidad chilena. 

Un cuarto de siglo antes de ese colapso, en 1928, otro depósito de relaves en la mina El Teniente había fallado luego de un sismo de gran magnitud, inundando asentamientos aguas abajo y cobrando decenas de vidas producto de la liquefacción del material acumulado.

Las experiencias traumáticas del pasado siguieron encontrando ecos en décadas posteriores. Un ejemplo claro es el del terremoto de 2010, que dio origen a la Fundación Relaves, donde el sismo de magnitud 8,8 desencadenó la liquefacción del relave y la liberación de cientos de miles de metros cúbicos de material.

Más recientemente, en 2024, episodios de lluvias intensas provocaron el desbordamiento de un tranque de relaves en la zona de Las Cenizas, en la Región de Valparaíso, arrastrando metales pesados hacia canales y cursos de agua usados por comunidades rurales y actividades agrícolas, lo que reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de estas estructuras frente a eventos climáticos cada vez más extremos. 

Estos hitos, aunque diferentes en escala y contexto, muestran un hilo conductor: los relaves no solo son residuos almacenados, sino también paisajes de riesgo que, bajo la tensión de sismos, lluvias intensas o fallas de diseño, han cruzado de ser elementos técnicos a convertirse en tragedias humanas. 

Con los años, se han generado algunos cambios en la normativa y en el enfoque de gestión, como la prohibición de ciertos métodos de construcción tras los desastres de mediados del siglo XX. Sin embargo, la memoria colectiva de estas pérdidas humanas y ambientales sigue siendo clave para entender por qué organizaciones como la Fundación Relaves insisten en que estos pasivos no pueden seguir siendo ignorados.

Por otro lado, mientras algunos hitos trágicos de la historia de los relaves en Chile están definidos por colapsos físicos, con pérdidas humanas directas tras terremotos o desbordes, otra dimensión del riesgo ha sido la contaminación silenciosa de ambientes y cuerpos humanos que viven cerca de estos depósitos. 

En localidades como Chañaral, en el norte del país, la acumulación durante décadas de desechos de cobre en la bahía no solo ha alterado el paisaje y la ecología marina, sino que también ha generado exposición crónica a metales pesados entre quienes habitan la ciudad. De hecho, estudios ambientales han detectado altas concentraciones de metales como arsénico y cobre en polvo urbano, correlacionadas con la cercanía a los relaves, lo que sugiere que el viento puede transportar partículas contaminantes al centro y barrios de la localidad. 

Asimismo, investigaciones biomonitorizadas han hallado niveles elevados de arsenicales, cobre, níquel, mercurio y plomo en muestras de orina de residentes de Chañaral décadas después de que cesó el vertido directo de residuos, lo que es un indicio de exposición prolongada a contaminantes asociados con los relaves. 

Por otra parte, estudios de salud pública han identificado también alteraciones en la función respiratoria en niños expuestos a material particulado fino (PM2.5 y MP10) en entornos escolares, reforzando la hipótesis de impactos agudos y crónicos en la población que convive con estos residuos. 

Esto muestra que los riesgos de los relaves no se limitan a fallas estructurales dramáticas, sino que también pueden manifestarse de forma silenciosa pero persistente, alimentando desigualdades socioambientales que se expresan en efectos sobre la salud de quienes viven cerca de estos gigantes de desecho.

Un país rodeado de relaves: Distribución territorial y herencias invisibles

Según el Catastro de Depósitos de Relaves del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en Chile existen 795 relaves mineros, de los cuales el 81,9% se encuentra inactivo o abandonado, es decir, fuera de operación y, en muchos casos, sin responsables claramente identificables. 

Al observar su distribución regional, el escenario revela contrastes significativos. Más de la mitad de los relaves del país —un 51,1%— se concentra en la Región de Coquimbo, convirtiéndola en la zona con mayor número de depósitos. Sin embargo, esta región no lidera en volumen de material acumulado. 

En términos de toneladas autorizadas de relaves, la mayor carga se localiza en la Región de Antofagasta, seguida por la Región Metropolitana y la Región de Atacama. Solo Antofagasta concentra más de 10.318 millones de toneladas, mientras que la Región Metropolitana supera los 6.432 millones de toneladas, evidenciando que estos pasivos no son exclusivos de zonas tradicionalmente asociadas a la gran minería.

Este patrón no es neutro. Diversos estudios han advertido que la localización de los relaves en Chile responde a una lógica histórica que ha tendido a emplazarlos cerca de comunas con menores niveles socioeconómicos, reforzando dinámicas de desigualdad territorial. Investigaciones académicas, como el estudio «Relaves mineros y desigualdades socioterritoriales en Chile: un estudio exploratorio», han señalado que estos depósitos se superponen con territorios marcados por una menor capacidad de respuesta institucional, mayores brechas sociales y una exposición prolongada a riesgos ambientales, configurando escenarios de injusticia socioambiental de largo plazo.

Los datos oficiales disponibles corresponden al último catastro elaborado por Sernageomin en 2023, principal herramienta pública para identificar y caracterizar los depósitos de relaves a nivel nacional. No obstante, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han advertido que esta información aún presenta vacíos y rezagos, particularmente en zonas donde la actividad minera histórica fue intensa y el seguimiento institucional ha sido discontinuo.

“Actualmente existe una falta de información respecto a cuántos relaves existen en Chile. Por ejemplo, en Arica, nosotros preguntamos por Ley de Transparencia y nos dijeron que había información de nueve relaves, pero en el catastro oficial no sale ninguno, y así vemos un montón de anomalías. (…) Existen estimaciones basadas en el catastro oficial que elabora el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, que es un organismo dependiente del Ministerio de Minería, que es un organismo muy pequeño, que no tiene tampoco los recursos ni el equipo técnico, primero para catastrar y segundo para fiscalizar”, comenta Raimundo Gómez.

Más allá de su número y localización, la forma en que estos relaves fueron construidos añade otra capa de complejidad al problema. Según Sernageomin, el método de construcción considerado más seguro es el denominado aguas abajo, que entrega mayor estabilidad estructural frente a sismos y eventos extremos. Sin embargo, una proporción significativa de los depósitos existentes en Chile fue construida mediante el método aguas arriba, una técnica prohibida desde la década de 1970 por su alto nivel de riesgo. Aun así, este método sigue siendo el más frecuente entre los relaves del país, especialmente entre aquellos hoy inactivos o abandonados.

Institucionalidad y marco legal: ¿Quién se hace cargo de los relaves en Chile?

La presencia masiva de relaves en el territorio chileno no solo constituye un problema ambiental o sanitario, sino también un desafío de política pública y regulación. “En Chile ha existido históricamente un déficit de regulación y de fiscalización sobre los relaves, especialmente respecto de los depósitos antiguos o abandonados. Durante décadas no hubo normas claras para su cierre ni un control efectivo de sus impactos”, puntualiza el ecólogo Juan Pablo Orrego. 

En Chile, la principal entidad encargada de la supervisión técnica y fiscalización de los depósitos de relaves es Sernageomin. La regulación específica sobre los relaves se remonta al Decreto Supremo N.º 86 de 1970, promulgado tras los colapsos ocurridos durante el terremoto de 1965. Este decreto estableció por primera vez requisitos técnicos para la construcción y operación de tranques de relaves, prohibiendo expresamente el método de construcción “aguas arriba” —considerado especialmente riesgoso en un país altamente sísmico— y autorizando únicamente alternativas consideradas más estables, como los métodos aguas abajo y de eje central.

Sin embargo, este marco normativo resultó incompleto durante décadas. El decreto de 1970 no abordó el cierre de los depósitos ni incorporó exigencias sistemáticas de monitoreo ambiental o de control de riesgos a largo plazo. Recién en 2007 se promulgó el Decreto Supremo N.º 248, actualmente vigente, que regula el procedimiento para la aprobación de los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósitos de relaves, estableciendo requisitos técnicos obligatorios para los titulares de faenas mineras antes del inicio de las obras.

En este contexto, la construcción, operación o modificación de un depósito de relaves requiere hoy autorización de Sernageomin, conforme a este reglamento, además de su correspondiente evaluación ambiental, cuando corresponde, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La legislación minera y ambiental complementa esta regulación de manera más general. El Código de Minería y su normativa asociada establecen las bases para el otorgamiento de concesiones y derechos de explotación, que constituyen el marco desde el cual se desarrollan los proyectos que generan relaves.

Un hito posterior fue la promulgación de la Ley N.º 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Esta ley fue publicada en noviembre de 2011 y entró en vigencia en 2012, obligando a las operaciones mineras a presentar planes de cierre aprobados por Sernageomin antes de iniciar sus actividades. La norma incorpora exigencias orientadas a asegurar la estabilidad física y química de los depósitos una vez finalizada su vida útil, marcando un avance relevante frente a décadas en que numerosos relaves quedaban abandonados sin planes de cierre ni responsabilidades claramente definidas. 

“Todos los relaves abandonados e inactivos anteriores a la ley no tienen ninguna normativa ni regulación ambiental. Ahí hay un vacío enorme, y por eso siempre decimos que tiene que haber una responsabilidad, ya sea del Estado, de los privados o compartida”, agrega el director ejecutivo de Fundación Relaves.

Sin embargo, es impotante señalar que, a más de una década de su promulgación, la ley aún no ha sido puesta a prueba en la práctica. “Si bien existe la Ley de Cierre de Faenas Mineras, hasta hoy no tenemos ningún relave cerrado bajo esta ley. Entonces estamos en una situación de total incertidumbre, porque no hemos visto cómo funciona realmente. Además, lo que pasó con esta ley es básicamente que la corre para faenas mineras de gran volumen, no para la pequeña ni mediana minería. Entonces, ahí también tenemos una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los pequeños y los medianos?”, advierte.

En el caso de las grandes faenas, la ley establece la entrega de una garantía financiera al Estado, destinada a asegurar el cierre del depósito en caso de quiebra o abandono de la empresa titular. “Si el día de mañana quiebra la empresa, como pasó con muchos relaves abandonados o inactivos, donde las empresas se tiraban a quiebra y se iban nomás, entonces el Estado usa esa garantía financiera para darle un buen cierre al relave. Eso es básicamente la ley”, explica Gómez. Sin embargo, recalca que aún no existen antecedentes que permitan evaluar su efectividad real. “Tampoco tenemos pruebas de cómo va a funcionar en la práctica, ni hay un relave que haya sido cerrado a través de esta ley. Entonces también estamos expectantes a que una minera grande cierre para ver cómo funciona esto de la garantía o si la empresa realmente se hace responsable de confinarlo bien”.

Existen además diversas normas sectoriales que inciden indirectamente en la gestión de relaves, como aquellas que fijan límites máximos para la descarga de contaminantes en cuerpos de agua superficiales y subterráneos, así como instrumentos que establecen criterios de monitoreo ambiental en zonas aledañas a estos depósitos.

A pesar de este entramado normativo, distintos especialistas coinciden en que persisten vacíos y desfases relevantes. El marco legal ha sido construido y actualizado de forma mayoritariamente reactiva, muchas veces como respuesta a desastres o crisis ambientales, más que a partir de una planificación preventiva integral. Asimismo, normas elaboradas hace más de medio siglo siguen siendo la base para proyectos que hoy manejan volúmenes de relaves muy superiores a los existentes cuando esas regulaciones fueron concebidas.

A ello se suma la limitada disponibilidad y actualización de información pública. Si bien existen instrumentos orientados a fortalecer la transparencia —como catastros y plataformas de información sobre relaves—, su acceso, actualización o continuidad en el tiempo no siempre ha sido consistente, lo que dificulta la rendición de cuentas y la participación informada de las comunidades.

Este escenario ha impulsado procesos de actualización normativa en curso. Durante 2024 se sometió a consulta pública una propuesta de nuevo reglamento que reemplazaría al actual Decreto Supremo N.º 248, con el objetivo de incorporar estándares más exigentes y alineados con avances técnicos internacionales, además de clarificar procedimientos vinculados a la reubicación, estabilización o reprocesamiento de relaves existentes. Sin embargo, si bien la etapa de consulta ciudadana fue cerrada formalmente en 2025, a la fecha no se ha dictado ni publicado el reglamento definitivo, por lo que la actualización normativa permanece en trámite.

¿Qué se puede hacer? Gestión, monitoreo y soluciones posibles

Durante décadas, la gestión de los relaves mineros en Chile ha estado marcada más por la contención del problema que por una reflexión de fondo sobre su destino. Sin embargo, frente al volumen creciente de residuos —y al legado de cientos de depósitos inactivos o abandonados—, distintas experiencias internacionales y proyectos locales comienzan a mostrar que el relave no es solo un pasivo ambiental, sino también un desafío técnico, político y ético que exige respuestas de largo plazo.

A nivel internacional, varios países han avanzado en estrategias orientadas a reducir los riesgos físicos y químicos de los relaves, ya sea mediante estándares más estrictos de estabilidad, tecnologías de reprocesamiento o planes de cierre con responsabilidad financiera efectiva. Casos como Canadá o algunos países europeos han incorporado exigencias más robustas en torno a la seguridad de los tranques, la transparencia de la información y la trazabilidad de los residuos, especialmente tras desastres recientes que evidenciaron los costos humanos y ambientales de una mala gestión.

En Chile, el debate se cruza con una realidad particularmente compleja: la mayor parte de los relaves existentes corresponde a faenas anteriores a la Ley de Cierre de Faenas Mineras, vigente desde 2011, y por lo tanto carece de un marco regulatorio claro que defina responsabilidades, estándares ambientales o mecanismos de remediación. Este vacío legal limita cualquier intento sistemático de intervención sobre los relaves inactivos y abandonados, que hoy concentran buena parte de los riesgos.

Pese a ello, existen iniciativas que buscan abrir nuevos caminos. Una de ellas es el reprocesamiento de relaves, una práctica que apunta a recuperar metales aún presentes en estos depósitos, considerando que en algunos casos la ley del mineral en los relaves puede ser incluso mayor que la de la roca actualmente explotada. Esta alternativa permitiría, por una parte, reducir la necesidad de nuevas faenas extractivas y, por otra, disminuir el volumen total de residuos, aunque no elimina la generación de un nuevo relave, lo que plantea desafíos adicionales en su manejo.

“Hoy existe la tecnología para reprocesar relaves. Se puede volver a trabajar el mismo relave y, aunque eso genere un relave nuevo más pequeño, es mejor que seguir dinamitar la roca. En muchos casos, los relaves tienen incluso una ley de mineral más alta que la roca, entonces sí hay material ahí. Está el capital técnico y científico, pero lo que falta es voluntad política y los incentivos económicos para que esto se haga a escala”, agrega el director ejecutivo de Fundación Relaves. 

Otras líneas de trabajo exploran soluciones basadas en la estabilización física y ambiental de los depósitos, como la fitoestabilización. Esta técnica utiliza vegetación para reducir la erosión eólica y la dispersión de material particulado contaminado, creando una capa superficial que actúa como barrera frente al viento y otros factores climáticos. Si bien en Chile estas experiencias se han desarrollado mayoritariamente como proyectos piloto, distintos estudios sugieren que su aplicación a mayor escala podría contribuir a disminuir riesgos para comunidades cercanas.

También se investiga el uso de relaves en materiales de construcción, como ladrillos o insumos para grandes obras de infraestructura. Esta alternativa, que ya se ha probado en otros países, abre un debate relevante sobre los criterios de seguridad y los límites de su aplicación, especialmente en relación con la exposición directa de las personas a metales pesados y otros contaminantes.

Más allá de las soluciones técnicas, el diagnóstico converge en un punto clave: la falta de información actualizada, de normas ambientales específicas —como una norma de calidad de suelo— y de voluntad política para enfrentar el problema de manera estructural. Sin una visión país que asuma la magnitud de los relaves como parte inseparable del modelo minero, cualquier avance seguirá siendo fragmentario.

En ese contexto, organizaciones como Fundación Relaves plantean que el desafío no es solo tecnológico, sino también institucional y cultural: repensar la eficiencia de una industria que genera cientos de toneladas de desechos por cada tonelada de mineral extraído, asumir responsabilidades sobre los pasivos históricos y avanzar hacia una gestión que priorice la salud de las comunidades, la protección de los ecosistemas y la transparencia pública.