Proyecto que crea al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas vive momentos clave

Es una iniciativa que se encuentra en tramitación hace 8 años desde la primera vez que se despachó –sin prosperar– en 2011, sin embargo esta semana el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas vive momentos clave. Este martes 23 de julio será votado en la sala del Senado, y de ser aprobado, pasaría a su segundo trámite en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

«Creemos que los temas ambientales son transversales, por ende las expectativas de que el proyecto avance son altas», dice a Ladera Sur, Juan José Donoso,  Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, quien asegura que tras tantos años en tramitación, que el Senado apruebe el proyecto será un gran avance. Ante este escenario, y su posterior despacho a la cámara de Diputados, añade: «Esperamos que los diputados entiendan la urgencia de avanzar en esta materia y que el segundo trámite sea más rápido que el primero. Desde el Ministerio impulsaremos el proyecto con las urgencias que sean necesarias y creemos que sería un gran logro para Chile y su naturaleza poder contar con un SBAP en operaciones, con recursos y personal suficientes».

Se espera que el proyecto del SBAP, que ya fue aprobado por las comisiones de Medio Ambiente, Hacienda y Trabajo, ya haya salido de ambas cámaras para la realización de la próxima Conferencia de las Partes Cop25 a realizarse en nuestro país en diciembre de 2019. «La aprobación de este proyecto es urgente. El SBAP es un servicio clave para completar la institucionalidad ambiental de nuestro país. Esto nos permitirá contar con un servicio enfocado en la conservación de la naturaleza, que administre todas las áreas protegidas, mejorando su financiamiento y cubriendo vacíos en la regulación para la conservación de la biodiversidad», declara Juan José Donoso.

¿En qué consiste el SBAP?

Tal como ha explicado el Gobierno, esta nueva institucionalidad pública sería dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y se encargaría de la administración de las áreas protegidas del Estado, hoy fragmentadas en al menos cinco instituciones diferentes: el Ministerio de Bienes Nacionales; el Ministerio de Agricultura –por medio de Conaf–; la Subsecretaría y el Servicio Nacional de Pesca –dependientes del Ministerio de Economía y que administran parques y reservas marinas–; el Consejo de Monumentos –santuarios de la naturaleza–, y el Ministerio de Medio Ambiente –áreas costeras de múltiples usos–.

La idea es, entonces, contar con un servicio público a cargo de la conservación de la biodiversidad que integre todas las áreas protegidas y de alto valor biológico –terrestres y marinas–, bajo una misma institución que vele por su conservación bajo una normativa única y transversal. «Esto permitirá al país ser más eficiente mediante una gestión integrada de las áreas protegidas, resolviendo la actual dispersión en su administración, y alineando su gestión con las directrices del ministerio, cuyo rol es velar por la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y no por el fomento productivo», declaran desde el Ministerio del Medio Ambiente, quienes además destacan que de esta manera, y al contar con direcciones regionales, «se potenciará el desarrollo del turismo sustentable y será un motor de desarrollo e integración regional y local».

El proyecto, cuya aprobación fue recomendada por la OCDE durante la Evaluación de Desempeño Ambiental realizada en Chile en 2016, considera además un aumento en el financiamiento de las áreas protegidas, algo no menor si se toma en cuenta que Chile es uno de los países que menos recursos invierte en sus áreas protegidas (menos de 2 dólares por hectárea). El proyecto de Ley aumenta de $15.000 millones a cerca de $38.000 millones el presupuesto destinado a conservación del patrimonio natural.

También su nueva normativa, permitirá cubrir vacíos en la regulación de la conservación de la biodiversidad, como el control de especies exóticas invasoras y la protección de humedales. «Actualmente, la normativa que regula el sector es muy débil, dispersa, y desactualizada, dependiendo principalmente de la aplicación que hacen los Tribunales de Justicia, generando gran incertidumbre jurídica», explican desde el ministerio y añaden: «El sólo hecho de crear un sistema único e integrado de áreas protegidas, con objetivos y regulación expresa, gestionadas por un servicio público dotado de competencias eficaces, constituye un gran salto en favor de la conservación». Con esto, aseguran, se podrán crear instrumentos tanto dentro como fuera de las áreas protegidas y  pronunciándose sobre los impactos y medidas en biodiversidad en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Una de las preguntas más comunes que surgen al hablar sobre el proyecto, es qué ocurrirá con Conaf –quienes hoy administran los parques nacionales y áreas forestales–. Al respecto el Ministerio de Medio Ambiente declaró a través de una minuta, que el proyecto «considera el traspaso de todas las áreas protegidas administradas por Conaf, con todos sus recursos financieros y personal. De esta forma, el SBAP se construye sobre todo el conocimiento acumulado por la Conaf durante décadas, sin generarse duplicaciones». A esto añaden que los derechos laborales del personal de Conaf serán salvaguardados. «Esto significa que el traspaso de los trabajadores no puede implicar el despido de ningún trabajador, ni la reducción de su remuneración, ni la pérdida de derechos previsionales, ni sus años de antigüedad –incluyendo la indemnización por años de servicios-«.