Protección de los humedales en Chile: ¿Cuál es su importancia y situación actual?

Los humedales son ecosistemas de transición entre un ecosistema terrestre y uno acuático, que están temporal o permanentemente inundados, regulados por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. Son ecosistemas complejos y llenos de vida, que se manifiestan a lo largo del territorio en las más diversas formas.

En Chile existen más de 40 mil humedales, que cubren una superficie aproximada de 4,5 millones de hectáreas, representando cerca del 5,9% del territorio nacional. En los ecosistemas altoandinos los encontramos como bodefales y vegas, en la zona costera como estuarios, marismas o albuferas, y en las zonas patagónicas como turberas, verdaderos bloques de vegetación y agua que se prolongan por metros hacia el subsuelo.

 Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos del mundo y entregan una gran cantidad de beneficios fundamentales para la preservación de la vida en la tierra. Son verdaderas cunas de diversidad biológica y una fuente de agua, alimento y recursos para innumerables especies vegetales, animales y otros organismos interdependientes que dependen de estos ecosistemas para subsistir.

Asimismo, los humedales son vitales para la supervivencia humana ya que recargan las napas subterráneas, purifican el agua, regulan los niveles de agua de las cuencas protegiéndonos de las inundaciones, y son una barrera clave que amortigua el impacto de tsunamis y marejadas. Además, son claves en la captura de dióxido de carbono, lo que es un factor clave en la lucha contra el cambio climático global.

Sin duda, son ecosistemas clave para la vida. Pese a esto, los humedales en Chile están desapareciendo y cuentan con muy pocas herramientas para protegerse. Amenazas como la sequía, el auge inmobiliario, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de agua han convertido a varios en planicies desiertas, bancos de arena o basurales.

“Los humedales se siguen deteriorando a escala mundial, desapareciendo a un ritmo alarmante, y obviamente, Chile no es la excepción. Y lamentablemente, perder humedales básicamente significa perder seguridad hídrica, biodiversidad, zonas de nidificación para aves costeras, entre muchos otros beneficios y servicios ecosistémicos.  Si uno mira el caso de las turberas, por ejemplo, estamos hablando de grandes reservorios de carbono. Lo mismo con las marismas de agua salada, los manglares y los pastos marinos como sumideros de carbono azul. Si los destruimos, se convierten en fuentes de gases de efecto invernadero», agrega Diego Luna Quevedo, especialista en Política y Gobernanza de Manomet Inc.

El financiamiento: la principal dificultad en la protección de los humedales

La discusión sobre el presupuesto 2023 que se está llevando a cabo actualmente en el congreso no está exenta de polémicas y en materias medioambientales, volvió a poner el foco en las áreas protegidas y la cantidad de recursos que se destinan para su protección y resguardo.

Durante las últimas semanas, han sido diversas las críticas que ha recibido el Ministerio de Hacienda debido a la propuesta de Presupuesto 2023 presentada por el Gobierno para las áreas protegidas públicas, la cual presenta una disminución de 21% en relación al presente año y no se condice con la precaria realidad que viven las áreas protegidas de nuestro país en términos de financiamiento e infraestructura.

Lo cierto es que Chile es uno de los países que menos recursos destina para la conservación en todo el mundo, lo que trae consigo un sinfín de problemas en la gestión y protección de nuestras áreas protegidas.

“Aquí hay un tema que es súper crítico. Hay una frase que dice «la conservación sin recursos es como una conversación » y en ese sentido, Chile es uno es uno de los países que menos recursos públicos destina a la conservación en todo el mundo. Invertimos menos de dos dólares por hectárea de área protegida. Es una cifra realmente bastante compleja y si uno mira la actual discusión de la Ley de Presupuesto 2023; donde se está proponiendo un financiamiento de un poco más de 19 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 21% respecto a este año; la situación es mucho peor”, agrega el especialista de Manomet Inc.

Y en este contexto, los humedales no quedan fuera del conflicto. Durante la semana pasada los humedales pasaron al centro del debate luego de que una publicación en Twitter que hizo el senador Alfonso de Urresti, quien acusó al gobierno de eliminar el ítem de humedales en la decisión de presupuesto, generara polémica.

El hecho, que si bien fue aclarado posteriormente por la directora de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez -quien señalo que los humedales no serán retirados del presupuesto, sino que contaran con una nueva asignación-, dejó sobre la mesa el bajo financiamiento que reciben los humedales en Chile.

Si bien, en nuestro país existen varios marcos legales que acogen a los humedales, estos no cuentan con financiamiento para llevar a cabo los proyectos de conservación, fiscalización e infraestructura que permitan proteger de forma efectiva estos importantísimos ecosistemas.

Actualmente en Chile existe la Ley 21.202 que “modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos que sean declarados por el Ministerio de Medio Ambiente o por el municipio respectivo”.  Esta ley entró en vigencia el año 2020, y desde entonces, 90 humedales urbanos han sido declarados como tal.

Esta ley ha significado un avance significativo para los humedales urbanos, que hasta entonces, no contaban con ningún tipo de norma o marco legal que velara por su protección y resguardo. No obstante, no considera la asignación de recursos que permitan realizar las acciones necesarias para presentar la declaración tal como el Reglamento lo indica. Por ello es que los incentivos, la capacidad de gestión y los recursos necesarios para efectuar la declaración están limitados por las capacidades que tenga cada municipalidad. Asimismo, no contempla un financiamiento para creación de infraestructura, fiscalización, control y resguardado de dicho humedal urbano posterior a su declaración.

Como señala la politologa y directora ejecutiva de la Fundación Ecosur, Pamela Poo: «La protección de los humedales urbanos tiene que ver con la lógica de evitar que se presenten proyectos inmobiliarios u otras obras de infraestructura que los rellenan directamente, entonces en el fondo esta ley tiene la lógica de hacer sobrevivir al humedal más que de conservarlo.»

Asimismo, la politologa agrega: «Lo que debieran haber agregado al presupuesto 2023 es un programa para que los humedales tengan muchos más recursos que sólo los necesarios para financiar a un par de personas que revisan el tema de las declaratorias de humedales urbanos. Esta ley debiera tener mucho más recursos y debiera ser un programa como todos los que se presentan materia presupuestaria».

Por otro lado, esta Ley aborda los humedales emplazados completa o parcialmente dentro de límites urbanos, por ende los que no se encuentran en estas áreas se regulan por medio de otras vías legales.

En ese sentido, la única vía normativa es la Convención de Ramsar, que corresponde al Decreto Supremo N° 771 del año 1981, y es un tratado internacional al que Chile suscribió y que protege zonas húmedas de importancia internacional por ser “reguladoras de los regímenes de agua y que permiten la conservación de una flora y fauna características, especialmente aves acuáticas”.

A la fecha, existen en Chile 16 sitios Ramsar reconocidos, de los cuales 12 estan a cargo de CONAF, 3 son administrados por privados y uno se encuentra bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente. Estos sitios Ramsar protegen una superficie de 358.990 hectáreas, lo que representa cerca de un 8% del área total de humedales en Chile considerando que existen 4.507.264 de hectáreas de Humedales a nivel nacional, según indica el Inventario Nacional de Humedales de Chile del Ministerio del Medio Ambiente.

Asimismo, existen otros instrumentos que abordan la protección de humedales son planes y compromisos nacionales e internacionales, como el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2017-2020, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº14 promulgado el 28 de febrero de 2018 y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, desarrollado en el marco de la COP10 Nagoya-Japón.  

Sin duda, desde la implementación de sitios Ramsar en el territorio nacional el país ha tenido grandes avances en la protección de los humedales. Sin embargo, también ha tenido grandes dificultades para implementar las acciones del Convenio debido a la falta de financiamiento, la falta de investigación básica y aplicada, la falta de planes de manejo, la falta de infraestructura minima y la debilidad del monitoreo y la fiscalización.

De hecho, aun no existe uniformidad en el manejo de los sitios Ramsar, ya que son espacios que se encuentran generalmente en Santuarios de la Naturaleza, por lo que no cuentan con planes de manejo ni financiamiento para poder llevarlos a cabo. Solo aquellos espacios que se encuentran dentro de un Parque Nacional, Reserva Nacional o Monumento Natural cuentan con un plan de manejo, que más bien, es el que corresponde a toda el área protegida.

Como añade Diego Luna Quevedo: “Si uno mira en perspectiva la situación de los santuarios de la naturaleza en Chile el panorama es bastante desalentador, ya que la gran mayoría de los santuarios no cuentan con los mínimos para su protección. Entonces los humedales al ser declarados como santuarios básicamente quedan bien desamparados. Se debe contar con un estándar mínimo, un santuario y un humedal urbano debería contar con un plan de manejo, con un mecanismo de gobernanza, con fiscalización, con infraestructura mínima, y eso es de conciencia básica. De nada sirve que yo proteja un humedal declarándolo santuario de la naturaleza o un humedal urbano si después los dejo, de alguna manera, a la mano de Dios en términos de financiamiento”.

Por ello es que es esencial contar con el financiamiento adecuado que permita cumplir los objetivos para los cuales fueron creadas las áreas protegidas y para ello se requiere, según los expertos, de un aporte fiscal que se convierta en un pilar permanente y que vaya creciendo con el tiempo.

«El tema la infraestructura es súper importante porque si no hay infraestructura, si por ejemplo no hay basureros, la gente bota la basura en el suelo, entonces hay que brindar esa estructura para darle valor al lugar. Cuando tu en el fondo preservas, conservas y haces la infraestructura para que la gente se sienta parte del lugar, puedes generar todo un tema cultural dentro del mismo lugar. Entonces yo siento que ahí falta mucha política pública que impulse este tipo de cosas», agrega Pamela Poo.

Asimismo, la politóloga pone énfasis en la urgencia que existe para que se apruebe el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), un servicio público, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad a través de un sistema nacional que abarque todas las áreas protegidas. “Si bien el SBAP así como esta ahora no va a ser la gran panacea, es un avance en la línea correcta en relación a lo que tenemos hoy”, agrega.

Por su parte, Diego Luna Quevedo, finaliza: “Necesitamos integrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el análisis económico tradicional, es decir, en las cuentas públicas. Si reconocemos el valor de nuestro capital natural lo ponemos dimensionar en términos económicos y lo podemos integrar a la toma de decisiones, incluyendo los servicios ecosistémicos, que hoy no están en el cálculo de nuestro sistema productivo y político, pero a la vez, sustentan a los sistemas productivos. La naturaleza genera mejores condiciones de aire, beneficia a la producción de agua, transforma productos en nutrientes, equilibra los ciclos ambientales, entre otros. Es decir, la naturaleza y la biodiversidad son un activo, al igual que el capital producido o el capital humano, y nuestra posibilidad de generar riqueza depende del stock de capital natural que tenemos”.