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Por un acceso libre a las montañas
El diputado Sebastián Torrealba, uno de los principales impulsores de una política de cumbres que asegure el acceso libre para todos a los cerros y la montaña, nos comparte una columna a propósito del proyecto de ley presentado recientemente al Congreso.
Chile tiene el privilegio de estar al pie de una de las cordilleras más majestuosas del mundo. Según el Comité Nacional para las Montañas, los ecosistemas de montaña constituyen un sustento fundamental para la vida y economía del país. En ellas se alberga la principal fuente de agua dulce para la población, así como una gran biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados. Adicionalmente, son fuente de energía, de riquezas minerales, turismo y otras actividades económicas. Cabe destacar también su importancia como territorio para la subsistencia de varios pueblos y culturas.
Sin embargo, esta importancia social, ambiental y estratégica desde lo económico, exige un adecuado conocimiento y valoración de las montañas, requisito necesario para un manejo y cuidado adecuado de sus entornos en busca de la protección a largo plazo del principal activo que tiene hoy Chile. La confrontación de intereses respecto al acceso, uso y conservación de los territorios montañosos ha adquirido particular visibilidad en el contexto de los cambios climáticos globales y en la creciente conciencia respecto de la importancia de preservar los ecosistemas.
Pese a su importancia, a la fecha sólo existen dos iniciativas para regular el acceso a los sistemas de montaña, ambas propiciadas por parlamentarios de Chile Vamos. Estas, si bien representan un avance, omiten aspectos relevantes a ser considerados en una discusión de fondo.
Por esta razón es que luego de más de seis meses de trabajo donde estudiamos la legislación existente y la experiencia comparada en la materia junto a expertos y la sociedad civil, el pasado martes 23 de octubre presentamos un proyecto de ley de acceso a la montaña, cuyo punto central es establecer un derecho de ingreso consciente y responsable. Esto significa que es el Estado el que debe llevar a cabo acciones concretas para la protección, uso, educación y desarrollo sostenible de nuestro patrimonio de montaña. A su vez, declara las montañas como bienes nacionales de uso público y crea un catastro de accesos a cargo del Comité Nacional de Montañas.
Con esta reforma, pretendemos dar pasos decisivos a lo que en países de alta cultura de montaña como Suecia, Noruega, Finlandia y Suiza se conoce como “derecho de acceso público a la naturaleza” o “derecho de acceso común”, que en términos simples consiste en un acceso responsable y sustentable de nuestros recursos naturales para fines recreativos, educacionales, científicos o deportivos, lo que representa un mínimo ético para la democratización de nuestra riqueza natural.
Colaborador Invitado