Recientemente, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentó un recurso ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago objetando la extensión del Parque Nacional Desierto Florido (PNDF) en Atacama, debido a que abarcaría concesiones mineras.

El recurso, presentado el 24 de julio y admitido el 6 de agosto, va “en contra de la Resolución Exenta N° 396, del 9 de junio de 2025, del Ministerio de Bienes Nacionales, que resolvió de manera administrativa la solicitud de invalidación presentada por Sonami en contra del Decreto Supremo N° 12 del 8 de marzo de 2023″. Siendo este último decreto el responsable de crear el parque y establecer sus límites, alegando que la definición del área se realizó de manera arbitraria e ilegal.

Desierto Florido 2022. Créditos: ©Tamara Nuñez
Desierto Florido 2022. Créditos: ©Tamara Nuñez

El reclamo sostiene que había tres alternativas para fijar la superficie protegida: 37.668 ha (sin concesiones), 41.313 ha (incluyendo exploración) y 43.491 ha (incluyendo exploración y explotación).

Agricultura y Conaf recomendaron la primera opción, pero el Ministerio de Medio Ambiente impulsó una ampliación a unas 61 mil ha, incluyendo la totalidad de las concesiones mineras. Según Sonami, este criterio se adoptó “sin mayor estudio” e implicaría la afectación de 376 concesiones mineras.

“Este ministerio ha trabajado en una propuesta reforzada de polígono propuesto como parque nacional, de manera de otorgar un mayor resguardo e integridad al ecosistema presente, sus funciones ecológicas y las interrelaciones de la flora y fauna nativa existentes”, señaló la ministra Maisa Rojas.

Desierto Florido 2022. Créditos: ©Tamara Nuñez
Desierto Florido 2022. Créditos: ©Tamara Nuñez

“La delimitación del parque no se ajusta a ninguna de las alternativas de trazado propuestas técnicamente por Conaf, y genera un efecto directo sobre zonas con vocación minera, sin una debida justificación ambiental ni un análisis de impactos sobre los derechos preexistentes”, afirmó por su parte Sonami.

El debate por proteger el Desierto Florido lleva casi tres décadas. En 1997 fue declarado “zona de protección” y en 2009 se destinaron terrenos fiscales para su resguardo. Años después, Conaf elaboró informes técnicos que justificaron su transformación en parque nacional, advirtiendo también la existencia de concesiones mineras en el área.

En diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó su creación con 57.111 ha. Desde entonces, la disputa entre conservación y minería se ha intensificado.

Desierto florido e industrias de huasco Créditos: Javiera Villagran
Desierto florido e industrias de huasco Créditos: Javiera Villagran
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