«Minería en Isla Riesco, ejemplo de injusticia socio-ambiental en Chile», una columna de Gabriela Simonetti-Grez y Gregor Stipicic

Chile es uno de los países con más conflictos socio-ambientales del mundo. Según el Atlas de la Justicia Ambiental, Chile ocupa el quinto lugar en cantidad de conflictos por habitantes. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce 117 conflictos distribuidos en la totalidad de las regiones del país. Pese a la diversidad de casos identificados, todos comparten los mismos problemas de fondo: un  modelo de desarrollo enfocado en la explotación de recursos naturales, y una política que supedita los derechos humanos y ambientales al mero crecimiento económico. Así los conflictos aumentan año a año afectando directamente los ecosistemas, formas de vida y salud de las comunidades del país. 

Quienes hemos decidido enfrentar proyectos de inversión que atentan contra la sostenibilidad, compartimos experiencias preocupantes respecto del rol del Estado frente al resguardo de la democracia y la justicia ambiental, así como sobre la falta de regulación a las presiones y lobbies de los titulares. Hoy queremos compartir el caso de la minería de carbón en Isla Riesco para ejemplificar el desigual escenario de la defensa ambiental en Chile y hacer un llamado a cambiar esta realidad. 

Isla Riesco, ubicada en Magallanes, es la cuarta isla más grande de Chile. La cubren bosques, glaciares, lagos, humedales y valles, además de agro-ecosistemas dedicados a la crianza tradicional de ganado. Aquí habitan especies de flora y fauna amenazada, como el icónico huemul. Debido a la relevancia de su biodiversidad, más de la mitad de la Isla está protegida en el Parque Nacional Kawésqar, y parte de su rivera pertenece la Reserva Nacional Kawésqar y al Área Marina Protegida Francisco Coloane, destinada a proteger una frágil población de ballenas jorobadas.

Pese a su relevancia ambiental, dos de los grupos económicos más importantes del país, Angelini y Von Appen, pretenden llevar a cabo cinco proyectos de explotación de carbón a cielo abierto en Isla Riesco, que extraerían 240 millones de toneladas de este mineral. La iniciativa busca extraer carbón para abastecer a termoeléctricas internacionales y nacionales. Mina Invierno, el primer yacimiento, es la mina de carbón a cielo abierto más grande de la historia de Chile. Aprobada el 2011, ya está operando y pretende extraer 72 millones de toneladas de carbón.

¿Cómo fue que en 2011 −con pleno conocimiento de los daños que genera el carbón tanto en las comunidades locales como en su contribución al Cambio Climático− el Gobierno aprobó la minería de carbón en Patagonia? ¿Cómo es que en pleno 2020, con planes de descarbonización en marcha, el Gobierno insiste en defender la extracción de carbón en Isla Riesco incluso ante la Corte Suprema? Acá les contamos. 

En 2007 el Gobierno de Chile volvió a licitar los yacimientos de carbón en Isla Riesco, los que fueron adjudicados por los consorcios Copec y Ultramar. En 2009 comenzaron los vicios. Primero,  fue aprobada la construcción de un puerto en Isla Riesco, que tenía como único objetivo el embarque de carbón, aun cuando el proyecto minero no había sido presentado. Luego, en 2010 se ingresó a evaluación de forma independiente el proyecto de Mina Invierno, fragmentando el análisis de los impactos de estas dos iniciativas. Mientras se evaluaba Mina Invierno, el Presidente Piñera viajó a la región para anunciar el Plan Magallanes, que incorporaba el proyecto de minería de carbón en Isla Riesco, a pesar de estar aún en análisis por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En ese momento Sebastián Piñera poseía 785.609 acciones en Copec –una de las empresas impulsoras del proyecto−, como lo señaló en su declaración de intereses y patrimonio en abril de 2010. Como si esta presión no fuese suficiente, por su parte la empresa hacía lobby con actores clave de la región, donando por ejemplo una ambulancia en mayo del 2010 a la Municipalidad. Más adelante, donaría más de 43 millones de pesos al municipio, y otra suma a las campañas políticas regionales, como detallan dos sendas investigaciones de CIPER. Adicionalmente, Mina Invierno generaba convenios de colaboración con instituciones educativas de la región, incluyendo Universidades Estatales y centros de formación técnica, promoviendo estudios del carbón y carreras de especialización en minería,  cooptando las entidades locales.

No obstante los graves errores del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Mina Invierno fue aprobada en febrero de 2011, en un proceso que denotó la ausencia del Estado en el resguardo ambiental: mientras que los servicios públicos realizaron entre 0 y 45 observaciones –salvo la DGA que hizo 211− la ciudadanía presentó más de 1.200. Por supuesto, las aprehensiones ciudadanas se volvieron realidad al poco tiempo, e impactos que fueron negados por la empresa e ignorados por los servicios públicos, se materializaron, como la contaminación de las aguas superficiales. Ya en enero del 2013 uno de los chorrillos estaba completamente contaminado, situación que se extendió durante años, resultando en impactos en cauces de agua, la ruptura de un humedal y la contaminación con carbón de la costa y el mar de la isla. A la fecha, la empresa cuenta con 20 cargos levantados por la Superintendencia del Medio Ambiente, a pesar de que este organismo ha admitido públicamente no tener recursos para fiscalizar la totalidad de actividades de Mina Invierno. Una muestra de lo relevante que es tomar en cuenta las observaciones ciudadanas. 

Uno de los errores más conocidos del EIA fue el haber ignorado la necesidad de usar explosivos en sus faenas mineras. De hecho, la Resolución de Calificación Ambiental indica que “El proyecto no contempla el uso de tronaduras como parte de sus procesos de construcción u operación, atendiendo lo cual, el proyecto no requiere tomar medidas vinculadas con esta actividad”. Sin embargo, el 2014 la empresa anunció que sin explosivos su negocio no era rentable, y presentó una solicitud para incorporar tronaduras sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La solicitud fue denegada, por lo que en 2015 la empresa ingresó una Declaración de Impacto Ambiental. Nuevamente los impactos del proyecto se evaluaron de forma fragmentada (puerto-mina-explosivos), y esta vez a través de un mecanismo de análisis mucho menos profundo que una Estudio. Durante la evaluación del uso de explosivos, el SEA negó la solicitud de Participación Ciudadana para presentar observaciones y aprobó el proyecto excluyendo a la ciudadanía. El caso se elevó a la Corte Suprema, la que ordenó hacer una consulta pública, lo que terminó el 2018 con el proyecto rechazado una vez más. El rechazo se debió a la falta de información esencial sobre el componente paleobotánico en la evaluación, lo que debe ser analizado en un nuevo Estudio.

Desde ese entonces, las presiones han sido sostenidas. Una de más llamativas fue que mientras el proyecto se encontraba rechazado, el Gobierno incorporó las tronaduras en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), iniciativa que tiene como misión promover un Estado eficiente en la tramitación de los proyectos de inversión a lo largo del país. Luego de esto, la Dirección Ejecutiva del SEA resolvió revertir el rechazo del proyecto de Tronaduras, declarándolo ambientalmente favorable. Más adelante, el Presidente de la minera le agradeció al Gobierno públicamente por la incorporación de las tronaduras en dicha oficina. 

La decisión fue llevada a Tribunales Ambientales por la ciudadanía. Allí las presiones se incrementaron: el Gobierno declaró, a través de su Subsecretario de Minería, que estaban disponibles a llegar hasta la Corte Suprema para defender el proyecto de tronaduras, los titulares de prensa anunciaron un “noviembre negro” para Magallanes, la empresa solicitó en tribunales que quienes habíamos entablado el recurso les pagáramos una caución de 15 millones de dólares por perjuicios, y los niveles de violencia se incrementaron llegando a amenazas de muerte a quienes presentaban sus demandas ambientales contra la mina. 

Mientras tanto, el Gobierno anunciaba su Plan de Descarbonización con la meta del cierre de termoeléctricas al 2040 y justificaba su apoyo a Mina Invierno porque proveería carbón en el proceso de cierre. Sin embargo, la realidad es que a cuatro días de anunciado el plan, el Gerente de Mina Invierno aseguró que confiaban en seguir operando hasta después del 2040.

Hoy el proceso se encuentra en la Corte Suprema, donde las y los ciudadanos nos enfrentamos a la empresa y el Gobierno, en lo que puede ser el inicio del fin de la cadena de contaminación de carbón en Chile. Pero este triunfo ciudadano solo ha sido posible gracias a la voluntad de la sociedad civil, que, como a lo largo del todo el país, debe articularse para proteger los territorios, no solo de proyectos contaminantes que muchas veces son manejados sin ninguna responsabilidad socio-ambiental por los titulares, si no que enfrentando una y otra vez un Estado que estigmatiza a las y los defensores ambientales, y mantiene las profundas inequidades entre la ciudadanía y los titulares a la hora de poder participar en la toma de decisiones. La fragmentación de los proyectos, las presiones políticas, los conflictos de interés y la débil institucionalidad ambiental deben ser corregidas en un país que aspira –y requiere− desarrollarse de forma sostenible. Es la única forma de avanzar efectivamente hacia una sociedad justa y democrática.