Medio ambiente y un nuevo pacto social: ¿Cuáles son las principales demandas?

Un alza del pasaje del metro en 30 pesos fue el detonante para que empezaran las manifestaciones en Chile. Existe un descontento principalmente debido a la desigualdad, lo que incluye muchos factores a nivel nacional. Entre ellos, ambientales. A los que el gobierno hasta el minuto no se ha referido en sus primeras medidas.

Dentro de las demandas ambientales, muchos grupos –como la Sociedad Civil por la Acción Climática, Fundación Terram y la Confederación de Estudiantes de Ciencias ambientales-, han elaborado sus propias demandas:

• Soluciones a la crisis climática respetuosas a los derechos humanos.
• Descarbonización de la matriz energética.
• Anulación del Tratado Transpacífico TPP-11.
• Fin de la zonas de sacrificio de Chile, asegurando derecho a la vida y a la salud.
• Cambios en el Código de Aguas, que garantice el acceso al agua como derecho humano y prioridad para la conservación de los ecosistemas.
• Creación de una ley de Contaminación de Suelos.
• Educación ambiental vinculante desde la enseñanza básica.
• Firma del Acuerdo de Escazú.
• Tramitaciones de la Ley Marco de Cambio Climático, de Olores, de Delitos ambientales, de Recuperación de Bosque Nativo y de Protección de los Glaciares.
• Mejoramiento del sistema de residuos sólidos domiciliarios, incluyendo el compostaje y fomento al reciclaje.
• Homologación de los límites en las normas de emisión de gases nocivos (MP25,10, NOx, SO2).
• Aumento de las multas por delitos ambientales.
• Detención de la explotación de la pesca.
• Desarrollo de la factibilidad y fomento a la electromovilidad.

En Ladera Sur destacamos algunas y te las explicamos a continuación:

Zonas de sacrificio y descarbonización de la matriz energética

Basta con mirar todos los días el Twitter de la Intendencia de Valparaíso para darse cuenta de que el problema de contaminación en Quintero, Puchuncaví y Concón sigue vigente. Esto es porque en esta plataforma se informa que gracias a las malas condiciones atmosféricas de la zona, debe regir el protocolo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) en la zona, que obliga a las empresas de la zona a tomar medidas pertinentes para evitar el impacto.

Este protocolo es parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, el cual se aprobó el 30 de marzo de 2019, gracias a las malas condiciones atmosféricas de la zona. Entre estas, que la zona se declaró saturada de Material Particulado Fino Respirable MP2,5 y zona latente por Material Particulado Respirable MP10.

“Se espera que la implementación conjunta de las medidas estructurales de control de emisiones permita una reducción gradual de las concentraciones de contaminantes en la atmósfera para alcanzar y mantener las metas del Plan y reducir los episodios críticos, en un plazo máximo de 5 años”, se especifica en el plan.

Este plan se aprobó este año, pero el problema de contaminación en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví ha existido hace muchos años atrás, y ha sido principalmente gracias a las emisiones de las centrales termoeléctricas de la zona. Sólo el año pasado la situación ganó mayor visibilidad gracias a la presencia de una nube tóxica en las comunas que resultó en intoxicaciones, hospitalizados y alerta amarilla.

Hoy los efectos siguen. Hay todavía altos niveles de contaminación en el aire y una de las preocupaciones en la zona son los niños. De hecho, se hizo un estudio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre la afectación de niños, niñas y adolescentes en 2018. En éste se concluyó que los residentes de esas localidades han sufrido vulneración de al menos 17 de sus derechos, lo que ha generado serios impactos psicológicos en la zona de sacrificio.

Una de la realizadoras del estudio y defensora, Patricia Muñoz, dijo sobre las conclusiones del estudio: “Tienen que ver con la que el Estado responda en su rol de garante de derecho, cosa que hasta el momento no ha hecho respecto a los niños, niñas y adolescentes de la zona”.

Junto a ellos, la población de las 3 comunas –que corresponde al 5,1% del total de la Región de Valparaíso, según el Censo de 2017- sigue viéndose afectada. Es por esto que diversas entidades reclaman por el cierre de las termoeléctricas de la zona, apelando por la descarbonización de la matriz eléctrica del país. En especial, de este lugar, denominado por Greenpeace como el Chérnobil chileno.

Este es sólo un ejemplo, pero cabe recordar el resto de las zonas de sacrificio en el país: Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. En todas la comunidad se ha visto afectada por la contaminación provocada por el desarrollo industrial.

Fundación Terram llamó al gobierno a “implementar un plan de acción integral que garantice el fin de las llamadas zonas de sacrificio, considerando el cierre y desmantelamiento, en el corto plazo, de centrales termoeléctricas a carbón así como un cronograma definido para la revisión, actualización o, en su caso, elaboración de nueva normativa sobre calidad del aire de acuerdo a estándares de la OMS”.

Sobre este punto, el gobierno lanzó el Plan de Descarbonización de la Matriz en junio de 2019, el que busca retirar ocho de las centrales a carbón más antiguas del sistema en los próximos 5 años, la descarbonización total de la matriz a 2040 y carbono neutral a 2050.

El director de Greenpeace Chile, Matías Asún dice que las centrales termoeléctricas deben cerrar para asegurar los derechos de las personas que habitan en los lugares cercanos a sus instalaciones. “Efectivamente, no alcanza con un plan de descarbonizacion al año 2040 cuando uno tiene un país que tiene por ley la obligación de cerrar las centrales termoélectricas”, puntualiza.

A él se sumaron otros 3 expertos, quienes en una charla organizada por Ladera Sur –que publicaremos próximamente- tenían la misma visión: que el plan de descarbonización puede ser más ambicioso.

Código de aguas

La comuna de Petorca es uno de los símbolos si es que hablamos de sequía en Chile. Hace 12 años empezó la crisis hídrica en esta provincia de la Región de Valparaíso, que ha afectado a la ganadería, actividad turística y el consumo del agua potable en la zona.

Desde 2012 la Dirección General de Aguas (DGA) ha catalogado este lugar como zona de escasez hídrica y no ha salido de la lista. ¿La causa de esto? Muchos han atribuido al cambio climático, pero lo cierto es que expertos concuerdan en que la sobreexplotación del suelo –sobretodo de los paltos- y el otorgamiento de derechos de agua -específicamente a 4 familias-, también cumplen un rol importante.

Petorca es sólo una de las provincias víctimas de la sequía en nuestro país. 2019 ha sido catalogado como el año más seco de Chile, siendo afectadas principalmente las regiones de Atacama y la Araucanía. Esto genera un impacto en las fuentes alimentarias, pero también en el acceso al agua potable de los habitantes. De hecho, según afirmó el ministro de agricultura, Antonio Walker, hasta principios de este mes habían cerca de 400 mil familias en Chile que no tenían agua potable.

Si bien el cambio climático es un factor de la sequía, muchas críticas apuntan al Código de Aguas, el cual permite la compraventa de los derechos de aprovechamiento de agua.

En este contexto, la Fundación Terram demanda la necesidad de modificar el Código de aguas: “En términos que, al menos, se reconozca el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano y se establezca una priorización de usos del componente hídrico que privilegie el consumo de las personas, releve la importancia del mantenimientos de los ecosistemas y garantice el acceso al agua en economías de subsistencia, tanto para los nuevos derechos como para los ya otorgados”.

Dentro de las temáticas hídricas, los glaciares también son un tema importante. Sobre todo porque todavía no hay una ley que los proteja. Es por esto que desde 2018 se inició un proyecto de ley que modificara el aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Actualmente el proyecto se encuentra en Primer Trámite Constitucional, a cargo de la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde se sigue discutiendo.

Acuerdo de Escazú

“Todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada. Tenemos ministerio, Superintendencia, Tribunales. Nuestra legislación protege lo que nosotros protegemos”, dijo el presidente Sebastián Piñera cuando comunicó que Chile no firmaría el Acuerdo de Escazú.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Es un tratado internacional que tiene como objetivo la implementación de América Latina y el Caribe en los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de tomas de decisiones y el acceso la justicia en temas ambientales, contribuyendo a los derechos humanos de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y de desarrollo sostenible, de acuerdo a la Comisión Económica de Latinoamérica y el Caribe (CEPAL).

Según explicó Andrea Sanhueza, máxima representante de la Sociedad Civil en el Acuerdo de Escazú, al Dínamo, es necesario que el Estado tenga un rol activo y garante en el cumplimiento de los derechos humanos. Para esto el documento propone 4 puntos: acceso a la información de proyectos y políticas públicas ambientales a las comunidades, participación y diálogo para grupos vulnerables, defensores medioambientales y acceso a la justicia a un costo razonable.

Ante esto, Fundación Terram comenta que ratificar el Acuerdo de Escazú es necesario para avanzar en la generación de espacios de diálogo informados e instancias de participación significativas por parte de la sociedad civil en distintos niveles, logrando así una mayor incidencia en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales.

Otras peticiones

En este contexto, Fundación Terram pidió retirar de tramitación legislativa diversos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo “que insisten en una visión privatizadora de los componentes ambientales y, en su mayoría en una reducción del rol estatal frente al resguardo de la iniciativa privada”. Estos son

• Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín No 8.467-12);
• Proyecto de Ley Pro-Inversión I (Boletín No 11.747-03);
• Indicación sustitutiva No 369-366 formulada con fecha 10 de enero de 2019 al Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas (Boletín No 7.543-12);
• Proyecto de Ley que introduce modificaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Boletín No 12.714-12);
• Indicación sustitutiva al Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares (Boletín No 11.876-12).