​​Los desafíos ambientales de Colombia en el 2022: restaurar lo deforestado, proteger efectivamente a los líderes y cumplir con los compromisos asumidos

El 2022 es un año crucial para Colombia: en el primer semestre del año se elegirá al nuevo presidente y a los integrantes del Congreso entrante. ¿Qué papel jugará el medio ambiente en la campaña electoral? Para los expertos debería ser uno de los temas centrales en las propuestas de los candidatos, considerando la urgencia de no detener la lucha contra la deforestación y para que temas como la protección de los líderes ambientales, sociales e indígenas puedan tener un verdadero lugar en el debate político, que lleve a la toma de decisiones oportunas y concretas para defender sus vidas.

A pesar de que todavía no se conocen las cifras oficiales de la deforestación de 2021, se espera una reducción con respecto al 2020, tras conocerse los números del primer semestre del 2021 publicados por el Ministerio de Ambiente. El reto ahora está en lograr que dicha disminución se convierta en una tendencia y eso implica atacar el problema desde varios frentes.

A esto se suma vigilar el cumplimiento de varios compromisos asumidos por Colombia, como tener el 30 % del espacio marino del país protegido antes de terminar el 2022, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % a 2030 y analizar la efectividad de la nueva ley contra la deforestación.

Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar este 2022.

1. No bajar la guardia para enfrentar la deforestación

La última cifra oficial de deforestación que se conoce fue la publicada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en julio de 2021 y que corresponde a la pérdida total de bosques detectada durante 2020. Esa cifra se ubicó en 171 685 hectáreas y fue un 8 % superior a la de 2019.

El Ministerio de Ambiente reveló a finales de octubre, sin embargo, que comparado con el primer semestre de 2020, durante el primer semestre de 2021 hubo una reducción en la deforestación de cerca de 22 000 hectáreas en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Entre enero y junio de 2020 se deforestaron cerca de 64 500 hectáreas, mientras que en el mismo periodo del 2021 se registró una pérdida de bosque de aproximadamente 42 600 hectáreas, lo que representa una reducción del 34 %.

Esta es una buena noticia pero Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afirma que se necesita una continuidad en esa disminución durante varios años para asegurar que la deforestación sigue una tendencia a la baja.

Lo cierto es que aún no se conoce la cifra total de pérdida de bosques en 2021 y es probable, como ha venido ocurriendo en el pasado, que se deba esperar hasta mediados de año para que el IDEAM la haga pública. Esta es, precisamente, una de las principales críticas de los expertos.

“¿Cómo es posible que la ciudadanía no tenga información de manera oportuna? El IDEAM es un instituto supremamente capaz, ¿por qué solo sacan las cifras después de mitad de año? Eso no tiene presentación”, dice Botero.

El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, asegura que “el IDEAM ha sido muy poco transparente en este tema. Es preocupante que ellos tengan los datos pero no se sabe cuáles son las razones por las que no publican las cifras oportunamente mes a mes”.

Sumado a esto, Botero asegura que el tema del control sobre la inversión pública en la Amazonía es otro desafío para los bosques del país. “Gran parte de las economías ilegales funcionan porque se complementan con la inversión pública cuando esta última no tiene un buen control”, comenta.

Para el director de la FCDS es momento de poner la lupa sobre el sector ganadero, reorientar su desarrollo en la Amazonía, concentrarlo y zonificarlo. Aquí es donde viene un enorme desafío para el gobierno nacional: “¿cómo retirar un millón de nuevas cabezas de ganado que han llegado en los últimos cinco años?”, se pregunta Botero.

Para él, no hay justificación alguna para que llenen con vacas las áreas que se han venido deforestando de forma ilegal ni que todo el discurso esté concentrado en los pequeños campesinos y no se mencione la responsabilidad de los grandes ganaderos.

Botero también comenta que, en el 2022, es importante definir cuántos de los 2500 km de carreteras y trochas que hay en este momento en la Amazonía colombiana deben mantenerse y cuáles no, además, plantear cuáles deben ser los nuevos modos de transporte para la región amazónica, ya que la frontera agropecuaria se sigue ampliando hacia los departamentos de Vaupés y Putumayo.

Catalina Oviedo, bióloga e integrante del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) —ONG colombiana que trabaja en la construcción de alternativas a los conflictos socioambientales—, menciona que la estrategia militar Artemisa no puede ser la única bandera de las instituciones para detener la deforestación. “En la región se percibe un recrudecimiento de la violencia y parte de eso está siendo revivido por Artemisa. Cuando ves las cifras de recuperación de hectáreas de bosque y las comparas con las deforestadas, pues no son tan significativas en términos porcentuales”, dice.

Para Oviedo, uno de los principales retos está en el robustecimiento de la institucionalidad, sobre todo en la región amazónica y que se lleve a cabo el catastro multipropósito —un sistema de información que pretende registrar los datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales, para conocer dónde están, sus tamaños e identificar a quiénes pertenecen y cuáles son sus restricciones—. También menciona la importancia de garantizar la implementación de la gran cantidad de herramientas jurídicas que se tienen en materia ambiental como la sentencia que designa a la Amazonía como sujeto de derechos y el Acuerdo de Paz que apunta a una reforma rural integral, un plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito y una zonificación ambiental participativa.

2. Restauración de las zonas deforestadas

Rodrigo Botero está convencido de que en materia de bosques no solo es importante trabajar en combatir la deforestación sino en cómo se recuperarán esas cerca de 600 000 hectáreas que se han perdido en la Amazonía en los últimos cinco años.

Botero insiste en que es primordial sacar el ganado de los bosques recién deforestados porque “si no lo hacemos, nunca los vamos a restaurar”.

Lo más cercano que tiene el gobierno a una estrategia para recuperar la cobertura vegetal en diversas zonas del país es el plan del presidente Iván Duque de sembrar 180 millones de árboles para 2022. Aun así, expertos como Germán Andrade, biólogo y profesor de la Universidad de Los Andes, han asegurado que “la plantación de árboles no compensa la destrucción de bosques naturales. Deberían ser dos contabilidades separadas”.

A finales de noviembre, el ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa celebró que Colombia ya había plantado 91,5 millones de árboles en el territorio nacional y luego aseguró que “cada uno de nuestros aliados es el encargado del mantenimiento [de los árboles] por mínimo un año”.

Sin embargo, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez se pregunta dónde están las coordenadas de los procesos de reforestación y restauración y dice que, hasta la fecha, no ha obtenido ninguna respuesta concreta. “Es absolutamente necesario aclararlo no solo por temas de transparencia pública sino para hacer monitoreo y ver cuántos árboles y cuántas restauraciones sobreviven”.

Rodríguez asegura que tampoco se ha dicho dónde están los recursos económicos para garantizar que los árboles sobrevivan los primeros cinco años, tiempo que es crítico para asegurar que la estrategia sea efectiva. “Esto es importante porque en el mundo hay muchos ejemplos de fracasos masivos de ese tipo de reforestación”, resalta.

En un artículo publicado por Mongabay Latam, poco tiempo después de que el presidente Duque anunciara la meta de la siembra de los 180 millones de árboles, José Ignacio Barrera, biólogo y coordinador de la maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana, aseguró que los monitoreos deben hacerse inicialmente cada tres a seis meses. A partir del segundo año cada seis meses o cada año y después cada dos o cinco años.

Para Rodríguez, “el Ministerio tiene una debilidad enorme en el campo de bosques ¿Cómo lidera usted un proyecto de reforestación y restauración si no tiene una unidad fuerte de bosques dentro del Ministerio y en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)?”.

3. Un esfuerzo real para proteger a los líderes ambientales, sociales e indígenas

Cifras de organizaciones nacionales de derechos humanos dan cuenta de que la violencia contra los liderazgos sociales, ambientales e indígenas no paró en el 2021. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que, entre el 1 de enero y el 24 de diciembre del año pasado, fueron asesinados 168 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Mientras que el informe semestral enero-junio 2021 del Programa Somos Defensores registró 524 hechos violentos contra defensores de derechos humanos en el país. Es por eso que enfrentar los asesinatos y las amenazas contra líderes ambientales sigue siendo un desafío para 2022, el cual se ha venido postergando año tras año en Colombia.

Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, asegura que se necesita con urgencia una política integral de garantías para las personas defensoras de derechos humanos y medioambiente. “Las estrategias implementadas por el gobierno son coyunturales y básicamente se sustentan en un componente militar que no da una respuesta adecuada para proporcionar entornos seguros”, comenta.

Para Castro, una de las razones que alimentan estos circuitos de violencia es la impunidad y la lentitud de los procesos de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado en Colombia. “La lógica del despojo sigue a la orden del día”, enfatiza.

“El estado colombiano montó un sistema de restitución de tierras que en general ha funcionado pero en lo que no ha funcionado es en proteger a los líderes porque cuando llegan a sus tierras, los matan”, dice el exministro Rodríguez.

Aunque los expertos consultados para este reportaje creen que la firma del Acuerdo de Escazú es un paso muy importante en la búsqueda de protección para los defensores ambientales y una de las tareas pendientes para el 2022, esto no significa que los asesinatos se acabarán.

Castro asegura que si no hay voluntad política, “así ratifiquen Escazú nos va a pasar como con el Acuerdo de Paz o con muchos tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos: no se cumple”.

Sin embargo, Mateo Estrada, asesor en temas ambientales y cambio climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), dice que, para ellos, Escazú puede ser un instrumento valioso, «es una posibilidad de democratizar la participación ambiental y una forma de garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción que se vive en la Amazonía”.

Por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de Los Andes, afirma que, por sí sola, la firma del acuerdo no se reflejará automáticamente en menos muertos, “pero si se modifican patrones de conducta y sociales se podrían prevenir conflictos a una escala enorme”, dice.

La coordinadora del programa Somos Defensores es crítica al indicar que en materia de defensores ambientales y de derechos humanos “vamos acumulando conflictos en lugar de resolverlos”.

Para ella, es importante tener en cuenta que hay grandes intereses económicos detrás de muchas de las causas que defienden los líderes y que la lucha es completamente asimétrica, donde los grandes recursos de los actores económicos se enfrentan a la vulnerabilidad de quienes defienden el territorio. “Y esa asimetría, por lo general, se resuelve en favor del más fuerte. Los derechos del inversionista están por encima de los derechos de las comunidades”.

4. Veeduría a los compromisos hechos en 2021

Uno de los retos en los que Colombia deberá seguir trabajando por varios años es alcanzar la meta de reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

El exministro Manuel Rodríguez considera un acierto que el país haya subido su ambición, pues la meta anterior estaba en una reducción de 20 % y de un 30 % si se contaba con cooperación internacional. Pero no entiende por qué el presidente Duque cambió la política colombiana y decidió prescindir del condicionamiento asociado a la contribución económica de los países más desarrollados, es decir, fijó una meta la cual no depende de si Colombia tiene o no apoyo internacional. “La posición de muchos países en desarrollo se centra en las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eso es lo apropiado desde el punto de vista de la justicia ambiental. El presidente hizo un compromiso ambicioso pero no lo condicionó y nunca le explicó al país por qué”, dice Rodríguez.

En el último trimestre de 2021, el Ministerio de Ambiente presentó ante el Congreso el proyecto de ley de Acción Climática, el cual deberá pasar por varios debates. Pero a Rodríguez le preocupa que, de aprobarse en el 2022, la ley estaría incompleta porque no prevé ningún recurso económico para cumplir con la meta de reducción de emisiones. “Se dijo que cada ministerio lo haría con sus recursos pero eso es un ‘saludo a la bandera’ porque los ministerios tienen sus recursos asignados a metas concretas y no van a reasignar fondos para cambio climático, más cuando ha habido una reducción en el presupuesto”, asegura.

Para él, había muchas formas de destinar recursos en la ley, y la más evidente era destinar los recursos del impuesto al carbono en un 100 % a la lucha contra el cambio climático, cosa que no sucedió. Rodríguez asegura que habría mucho potencial para adquirir recursos si se actualizaran los porcentajes de las tasas asociadas al pago por contaminación de agua o la de uso de agua, que actualmente fijan cobros demasiado bajos.

Otro de los grandes retos, que parte de importantes anuncios hechos durante 2021, tiene que ver con la ley de deforestación, que establece esa actividad como delito en el país. “La aplicación de la ley dependerá mucho de la orientación que le dé la Fiscalía y la Presidencia y eso implicaría cambiar las capturas en flagrancia por la búsqueda de los verdaderos determinadores y apropiadores de tierra”, manifiesta Rodrigo Botero.

Catalina Oviedo de Cealdes cree que es urgente empezar a pedir información de quiénes son los capturados por Artemisa y caracterizar esas capturas. “Hay que resaltar cuando se captura un acaparador grande pero también se debe exigir que el tratamiento a los campesinos sea diferencial. Si no se captura a los primeros, seguirá habiendo más trabajadores que hagan el trabajo de la tala”.

Por su parte, Mauricio Madrigal no niega que en algunos casos la tipificación de un delito nuevo puede ser una herramienta complementaria y accesoria para combatir un problema pero, para él, la creación de delitos y el régimen penal no suelen ser el punto principal a atender en la gestión ambiental de un país.

“Si no se tiene acceso a la información como un derecho a garantizar para las comunidades, participación efectiva desde momentos tempranos, jueces especializados con conocimiento sobre deforestación y derecho ambiental, y sistemas diseñados especialmente para proteger a las personas defensoras del ambiente, puedes crear todos los delitos penales que quieras y vamos a seguir igual, o la mejora será marginal o momentánea”, dice Madrigal y añade que sin esas condiciones se corre el riesgo de que, a través de estrategias de militarización de la gestión ambiental, se vulneren derechos humanos, “sobre todo de grupos y personas que no están en la agenda pública y son invisibilizados”.

Rodrigo Botero dice que la implementación de la ley de deforestación llevará varios años pero que Colombia, hacia futuro, tendrá que seguir la línea de un mercado que cada vez se interesa más por la sostenibilidad y tendrá que suscribir y llevar a cabo procesos de trazabilidad de los productos, donde se demuestre que estos provienen de zonas no deforestadas.

Colombia también se comprometió a proteger el 30 % de sus océanos para el 2022. El biólogo marino Juan Armando Sánchez, director del laboratorio en biología molecular marina (Biommar) de la Universidad de Los Andes, asegura que lo primero que se debe hacer es generar información base suficiente para luego hacer un manejo adecuado de las zonas marinas a proteger. “Ojalá haya expediciones con datos abiertos, con veeduría de la academia y la sociedad civil para que no sea simplemente un maquillaje de un compromiso que no se ejecute a cabalidad”, comenta.

El investigador también menciona que, para garantizar el cumplimiento de ese gran compromiso en la protección marina, Colombia debe fortalecer su lucha contra la pesca ilegal y tener mejores controles sobre la pesca incidental. “En el país todavía hay subsidios para las grandes flotas y la industria hace un lobby muy grande para evitar ampliaciones de parques. Además, la reglamentación pesquera tiende a ser muy relajada con el industrial y muy dura con el pequeño pescador”.

Finalmente, Mateo Estrada, asesor en temas ambientales y cambio climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), menciona varios temas a los que los pueblos indígenas les harán seguimiento en el 2022. Uno de ellos es insistir en la implementación de la sentencia de la Amazonía como sujeto de derechos ya que “esa sentencia dejó a los pueblos indígenas totalmente por fuera, la lucha será cómo hacer que nos incluyan”. Además, dice que es importante hacer una evaluación del Pacto de Leticia porque los países no se comprometieron a poner recursos y “hay ONG improvisadas que se toman la vocería de los indígenas y campesinos para el manejo de recursos, los cuales nunca llegan a las poblaciones”.

Otro gran reto, menciona Estrada, es luchar contra la corrupción que están viendo en la implementación de proyectos REDD+ —reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo—. Según dice, se fomenta la llegada de empresas privadas a los territorios indígenas, causando división en las comunidades “y entran infinidad de empresas que ofrecen dádivas. Se han creado empresas de garaje, sin experiencia, de procedencia y recursos dudosos para ser intermediadoras  en los territorios indígenas”. El líder de Opiac también asegura que en 2021 “acordamos con el gobierno crear un acto administrativo, una resolución o decreto, pero no será fácil que esto se materialice en 2022 porque hay muchos intereses privados”.

5. El medio ambiente debe estar presente en las campañas electorales

En el 2022 habrá cambio de presidente y de congresistas. Uno de los retos es posicionar la agenda ambiental en las campañas y exigir que el tema sea abordado por los candidatos presidenciales. Lo que ocurra en la carrera electoral podría llevar a que el medio ambiente se posicione como un tema importante en el país o dejarlo en la cola de las prioridades institucionales.

Los expertos consultados para este reportaje consideran que darle preponderancia al tema ambiental en las campañas electorales es clave para el cumplimiento de otros desafíos como frenar la deforestación, cumplir con los compromisos ambientales internacionales que se hicieron en 2021 y proteger efectivamente a los líderes sociales, ambientales e indígenas.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), por ejemplo, ha empezado una serie de sobrevuelos en la Amazonía colombiana con los candidatos presidenciales. Su objetivo es que quienes se disputarán la Presidencia del país puedan observar de primera mano la deforestación y comprender que se trata de un gran problema para el país para que, quien llegue a la Casa de Nariño, tome medidas contundentes.

La bióloga Catalina Oviedo dice que los colombianos deben conocer cuál es la mirada que tiene cada uno de los candidatos a la Presidencia sobre los bosques y cuál será su enfoque y estilo para detener la deforestación. “Que se complejice un poco el tema y no lo traten solo como un delito sino como un difícil conflicto socioambiental”, comenta.

Para Oviedo, es importante hacer una veeduría en términos ambientales a las campañas electorales, donde se reconozca que la Amazonía es una región que sigue teniendo dinámicas de conflicto muy difíciles y que quienes viven ahí quedan en medio de una cruenta lucha entre la institucionalidad y los actores armados ilegales.

Mateo Estrada de la Opiac asegura que los pueblos indígenas amazónicos estarán promoviendo reuniones con cada uno de los candidatos a la Presidencia para ver cómo ellos involucran la Amazonía y el tema ambiental en la agenda del país.

Por otro lado, Mauricio Madrigal no ve muchas esperanzas en que el Acuerdo de Escazú se ratifique en el mandato de Iván Duque pero cree que hay que apuntarle al próximo año. “Este gobierno cambia y tenemos una oportunidad única para que los ciudadanos exijan Escazú a todos los candidatos. Si el proyecto se vuelve a archivar, pues en el próximo gobierno se vuelve a presentar”.

Para el director del MASP otro de los retos para el próximo año no solo es impulsar el Acuerdo sino la creación de tribunales ambientales y agrarios para que empiece una justicia ambiental especializada.

Finalmente, Juan Armando Sánchez considera que el cambio de gobierno que se dará en 2022 impone el reto de que el nuevo mandatario le dé continuidad al compromiso de velar por la protección de los mares colombianos o, de lo contrario, la meta de proteger el 30 % del área marina colombiana podría estar sobre la cuerda floja.

 

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