Los cerros se pintan de verde mientras desaparece el agua y los ecosistemas nativos

En un clima templado mediterráneo, donde está la mayor cantidad de población del país, crecen arbustos espinosos, suculentas, especies como el boldo, quillay, maitén, peumo y espino, que dan vida al bosque denominado esclerófilo. Algunos especialistas de Chile han dicho que, lamentablemente, es uno de los tipos de bosques menos conocidos por las personas[i] y, se ha visto amenazado y cortado en la zona central con gran velocidad, para tener tierras cultivables. Este mismo año el Ministerio de Medio Ambiente informó que hay alrededor de 50 especies herbáceas amenazadas, en peligro de extinción y vulnerables en los ambientes xerófitos, esclerófilos y de espinales de Chile central. Los mismos que con retroexcavadora se han sacado de raíz.

En el último tiempo, el paisaje de la zona central se ha visto transformando rápidamente, pasando de ser uno de bosques y matorrales nativos, a uno de tierras agrícolas. Este suceso ocurrió en reiteradas ocasiones y lugares durante 10 años, y fue permitido con la aprobación de Planes de Manejo Forestal. Uno de los problemas es que estas sustituciones de vegetación se realizaron al límite de lo permitido en la normativa nacional vigente, pasando por alto aspectos fundamentales de la Ley de Bosque Nativo implementada en el año 2008, arriesgando con ello la gran biodiversidad y endemismo de los ecosistemas y embargando la disponibilidad de agua para las poblaciones de los valles.

El instrumento que permite intervenir los ecosistemas es el Plan de Manejo, del que existen varios tipos. Sin embargo, hay uno que no está mencionado en la Ley de Bosque Nativo y ha sido regularmente utilizado, el Plan de Manejo para Recuperar Terrenos con Fines Agrícolas. En este caso, el objetivo de este instrumento no es “manejar” bosques, sino que autoriza eliminar el bosque y reemplazarlo por cultivos agrícolas, es decir, una sustitución de vegetación que se plasma en un cambio de uso del suelo. Este tipo de Plan de Manejo ha sido invocado desde el DL N°701 de 1974, donde se señala que “la obligación de reforestar podrá sustituirse por la recuperación para fines agrícolas del terreno explotado extractivamente, siempre que el cambio de uso no sea en detrimento del suelo y se acredite en el Plan de Manejo que el área a intervenir satisface esos objetivos (…)”.

Luis Carlos Castro, presidente del comité de agua potable rural (APR) de Quilicura (comuna de Las Cabras), fue una de las personas que alertó, viralizando un video en Youtube, donde denunciaba la corta de bosque nativo adulto para la habilitación de cultivos de paltos, todo respaldado por un Plan de Manejo –que según cuenta, hasta los días de hoy no ha podido conocer-. Esto dio el punto de partida para una serie de acciones que exigían investigar la aplicación de la normativa vigente. “Nosotros vimos el movimiento de las máquinas, y supimos que algo pasaría, luego iniciaron el trabajo de cortar todo el bosque nativo en los cerros, de pendiente pronunciada. Esos mismos cerros donde nos criamos, donde había bosques nativos. Inmediatamente lo encontramos muy raro, ya que eran árboles grandes, entre ellos boldos antiguos. Para nosotros es una preocupación, porque sabemos lo que sucede con los grandes cultivos agrícolas en los cerros, tal como ocurre en Petorca, donde hay gente que no tiene agua para tomar u otros usos, nosotros no queremos tener que enfrentar la misma situación”.

El representante del Comité de APR (Agua Potable Rural) de Quilicura explica que ellos tienen muy claro que son una comunidad campesina, agrícola, entienden que la agricultura por sí sola genera impactos ambientales, pero es necesario considerar un equilibrio. “Aquí la tala de bosque nativo fue totalmente desequilibrada, la vimos con mucha preocupación. Nos tildan que paramos económicamente esto, pero no es verdad; como comunidad y como gente del Valle Quilicura, y defensores del bosque nativo, cuenca y agua del Cachapoal, siempre dijimos que no respetar la normativa vigente, y también lo dijeron los científicos, es pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que empobrece las napas freáticas. Estamos en contra de la depredación del valle, este es un valle muy chico y las consecuencias serán tremendas”.

Un dato de interés, es la superficie de cultivos agrícolas en la zona central. En Quillota, por ejemplo, son 1.886 hectáreas de paltos, y le siguen los limones con 357 ha. El palto también es el principal cultivo en Nogales, Limache, Santo Domingo, Puchuncaví, Valparaíso, La Cruz, Hijuelas, Llay Llay, Panquehue, Petorca, La Ligua y Cabildo (Catastro Frutícola 2020).

El nivel de intervención en la Comuna de Las Cabras fue tan impresionante, y la repercusión que tuvo la denuncia hecha por redes sociales, que el 15 de enero de 2019 se creó una Comisión Especial Investigadora de Los Actos de CONAF, el Servicio de Impuestos Internos y otros órganos administrativos del Estado. Para el caso de CONAF (organismo principal del que se esperaba una respuesta en torno a lo acontecido), se le solicitó facilitar información con respecto de “los procedimientos de autorización de estos planes de manejo forestal para habilitar terrenos agrícolas en los últimos 10 años”. La diputada Alejandra Sepúlveda presidió esta comisión. Ella es miembro de la Comisión Permanente de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social. Representa al Distrito 16 de la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

[1]Imágenes satelitales mostrando la eliminación de vegetación nativa para establecimiento de cultivos de paltos en la localidad de La Ligua. Las imágenes muestran que hasta el año 2011 la cuenca estaba cubierta de un mosaico de bosque esclerófilo, mientras que en 2018 la cobertura vegetal había sido eliminada y completamente removida.

¿Qué sucedió durante 10 años? Las cifras señalan que, comparativamente con regiones cercanas, durante el periodo de 2008 a 2018, según los antecedentes entregados por CONAF a la Comisión de investigación, se aprobaron 1.189 “Planes de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperar Terrenos con Fines Agrícolas”. De ellas, 617 tenían Plan de Manejo sin certificado ingresado y 572 planes con certificado de avalúo por el SII, con lo que se llegó a 19.998 hectáreas. Cabe señalar que estos planes fueron previamente aprobados por CONAF, desde Coquimbo a Los Lagos. Solo se rechazaron 426, de un total de 1.615 solicitudes.

Todo surgió debido a que CONAF realizó una interpretación antojadiza de la Ley 20.283 (Ley de Bosque Nativo, 2008), que como se verá, tiene el aval de su superior jerárquico el Ministerio de Agricultura. Se continuó ejecutando ciertos mandatos del DL 701 de 1974, en circunstancias en que se producían superposiciones y contradicciones, para lo que debió primar la ley que se promulgó con posterioridad, dejando sin efecto aquellas instrucciones que no eran compatibles con la nueva Ley. Pero el cuestionamiento solo se hizo público por lo sucedido en Quilicura y denunciado en primera instancia por el presidente del agua potable, Luis Carlos Castro.

¿Cuál es la razón de que, tras promulgada la Ley de Bosque Nativo en 2008 (Ley 20.283), persistiera un permiso de corta de bosque para transformarlo a cultivos agrícolas? Hay varias explicaciones. La más evidente es que el sector agrícola ve al bosque y a las formaciones vegetales nativas como áreas para expandir el modelo de agronegocios. Un pilar en este modelo, son las políticas impulsadas durante las últimas décadas por el Ministerio de Agricultura. Como servicio que se encuentra al alero de dicho Ministerio, CONAF ha debido seguir dichos lineamientos y cualquier acción que limite dicha expansión se entiende como un obstáculo al desarrollo agroexportador. Un ejemplo de esto, es que una vez emitido el dictamen, el Director de CONAF decidió acatar el fallo. Pocas semanas después, “presentó” su renuncia.

Monocultivos agrícolas y localidades rurales

En la Región de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins el cambio en el uso del suelo por la pérdida del bosque y matorral nativo es preocupante, ya que en el contexto de cambio climático y déficit hídrico harán más compleja la condición de los habitantes del territorio. Tan conocido es el problema, que incluso en la plataforma Netflix se puede ver cómo en un documental hablan de la escasez de agua que provoca la sustitución de bosques y matorrales nativos por la expansión de cultivos de paltas en Petorca (lo pueden encontrar como La Guerra del Aguacate). Sin más, se ve cómo el río Ligua está completamente seco y los habitantes de la localidad deben obtener agua en camiones aljibes. Paltos pintan de verde las laderas de los cerros donde crecen, contrastando con el seco y polvoriento alrededor que los abraza. El caso de los monocultivos de paltos no es algo nuevo y sus consecuencias sociales y ambientales tampoco.

Población en alerta

La preocupación de los habitantes de las zonas rurales es el agua. La presidenta de la Federación Gremial Nacional de Asociaciones Gremiales Regionales y Provinciales de Agua Potable Rural de Chile (Fenapru), Gloria Alvarado, explica que los monocultivos son una preocupación tremenda para el abastecimiento de los comités de agua potable y cooperativas. “En Chile no hay ninguna planificación territorial que defina qué plantación o en qué extensión se puede establecer en las cercanías de una localidad. Existen plantaciones extensivas, casi sin límites que, sin duda, afectan a los territorios, que afecta a la pequeña agricultura y a los crianceros. Estas actividades y otras son las que están acorralando a los habitantes de las localidades rurales”.

“Antiguamente los pequeños cultivos se regaban con agua superficial. Ahora eso es impensado. Lo paradójico es que, con menos agua disponible, existen más plantaciones, incluso en los cerros. Ahora se debe extraer el agua de pozos profundos y subir hasta los cerros. ¿Quién controla los usos de esas aguas? Hay que tener en cuenta que las grandes plantaciones son para exportación, pero los pequeños productores son los que entregan alimentos a la mesa nacional”, agregó la dirigente de la Fenapru, quien está en el cargo desde el 2014.

En la Región de Valparaíso las precipitaciones alcanzan tan solo 422 mm anuales. La situación de sequía del país no ayuda al contexto de las localidades rurales. La situación de déficit en los embalses de la región en 2015 alcanzó un 80% de déficit[2]. Con estos antecedentes, ¿se podrán imaginar que para la producción de un kilo de paltas se necesitan aproximadamente 389 litros de agua?[ii]

En la comuna de Las Cabras, localidad de Quilicura, los pozos profundos se hacen a 25 o 30 metros y es otra de las preocupaciones de los habitantes. ¿Cuántos pozos se podrán hacer si se construyen para obtener agua para grandes cultivos? Luis Carlos Castro explica que son casi 700 los arranques o conexiones a la red del comité de agua potable. El comité que dirige vincula a personas de tres valles: La Cebada, Quilicura y San José de Cocalán.

La presidenta de Frenapru recuerda también que la tala de vegetación nativa para todos los cultivos antes mencionados afecta el agua, pero también termina con los servicios ecosistémicos que entregan los bosques nativos. “Es una falta de empatía y preocupación desde el empresariado tremenda”, expresó.

Uno de los directores de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo -AIFBN, Sergio Donoso, recordó que los bosques nativos tienen funciones importantes que los monocultivos establecidos en laderas de cerros no proporcionan, por ejemplo, “la de regular los procesos de circulación del agua, proteger el suelo de la precipitación directa, prevenir procesos de erosión del suelo y son sumideros de carbono atmosférico; entregan hábitat para sostener la biodiversidad y, al mismo tiempo, permiten mejorar las condiciones de producción agrícola, en el sentido de que posibilitan procesos de polinización, generar agua de calidad y protección del suelo contra la erosión, condiciones necesarias que deben conservarse para mantener los procesos productivos agrícolas en las zonas de bajas pendientes o sectores de valles”.

Rufino Hevia, pertenece a la Unión Comunal de las APR de Cabildo, que representa a 15 Comités de Agua Potable Rural y abastece a entre 12 mil y 14 mil usuarios. “La provincia de Petorca hace más de una década que está con problemas hídricos, consecuencia de la agricultura agroexportadora. Han transformado el paisaje y la vida de las localidades”.

“La plantación agrícola exportadora es una brutalidad. En este instante ya hay APR que se abastecen con camiones aljibe. APR como Peñablanca, Monte Grande. Quebrada Honda, Artificio, Algarrobo, El Quemado – La Cantera, son los que siempre se ven en la necesidad de abastecerse con camiones aljibe, por nombrar solo algunos. Es un descriterio general”, comenta el dirigente.

Tampoco hay que olvidar que a los cultivos se le suma el cambio climático, la mega sequía. Leonidas Bustamente, presidente del Comité de APR Quebrada Honda, cuenta que hace dos años la localidad debe abastecerse con camiones aljibe, que llegan martes y jueves a repartir 10 mil litros, para 64 familias. El Comité de Agua Potable cuenta con 23 arranques, pero sin duda es el reflejo de una situación cada vez más común. “El tema del agua es algo crítico, aunque se consuma menos, se gaste menos, a la larga nos vamos a quedar sin agua. Afortunadamente, tenemos un acumulador. A veces hay días que no nos alcanza”, contó. Esta localidad ha debido adaptar sus actividades; algunos días el agua no llega a cubrir las tardes, y deben esperar las 10 de la noche para que vuelva a salir por sus llaves. De lo contrario, hasta el próximo día, cuando vuelva a pasar el camión con agua y llene el acumulador del pueblo.

Cortas no cumplen con lo prometido

En marzo, la Contraloría General de la República a través del dictamen Nº 6.721/2020, declaró como fuera de norma las talas realizadas con planes de manejo que permitían la sustitución de bosque nativo por cultivos agrícolas. El contralor Jorge Bermúdez puso una gran alerta sobre el reemplazo de la flora nativa por frutales de exportación.

El dictamen (Descargar), es categórico en señalar que en “la normativa forestal resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, por lo que la CONAF deberá adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento”.

Tras el dictamen, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), presentó en contra de CONAF y la Contraloría General de la República un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago N°33.748-2020, atribuyendo características de malezas o especies de baja rentabilidad a la vegetación que se eliminaba. Su presidente, Ricardo Ariztía, ha dicho en declaraciones que es “una extralimitación de las facultades de la Contraloría General de la República”. Sin embargo, con fecha 12 de noviembre, la Corte de Apelaciones, rechazó el recurso presentado por la SNA.

La mirada científica

Sobre la corta de vegetación nativa para fines agrícolas, no quedaron indiferentes 76 investigadores/as pertenecientes a 15 universidades del país. En 34 páginas, argumentan sobre cómo impacta la sustitución de vegetación nativa por terrenos agrícolas, especialmente monocultivos de paltos.

Entre los antecedentes cabe recordar que los establecimientos de grandes extensiones de plantaciones requieren alto uso de agroquímicos e insumos externos, como agua y energía, afectando los servicios ecosistémicos, que ya mencionaba Sergio Donoso (uno de los directores de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo – AIFBN), tal como el suelo y la calidad de los acuíferos.

Cuando se cambia el bosque nativo por monocultivos, recuerdan los académicos, es desencadenar procesos de erosión, “con los consiguientes problemas de pérdida de recurso suelo severos”[iii] (Seguel et al., 2013, 2015[iv]).

Sobre los paltos, y la intervención de “camellones” en las laderas, genera una grave erosión y pérdida del suelo, que continúa si no se protege el suelo con cobertura vegetal (Youlton et al., 2010; Atucha et al., 2013).

Explican que el término de “recuperación de suelos para fines agrícolas” entra en contradicción con la literatura asociada a la recuperación de suelos y ecosistemas en general. “Un meta-análisis de más de 400 estudios científicos, indica que la agricultura es considerada como una de las principales actividades que causan impactos negativos a gran escala en los ecosistemas terrestres, generando cambios en biodiversidad y funciones ecosistémicas (Jones et al. 2018), por lo tanto, en ningún caso la agricultura podría actuar como un agente de recuperación a costa de la destrucción de los ecosistemas naturales”.

Alertas

¿Qué sucederá con el dictamen de contraloría? El Recurso de Protección presentado por la Sociedad Nacional de Agricultura no fue considerado y lo ratificó la segunda semana de noviembre la Contraloría General de La República, lo que mantendrá paralizados proyectos de sustitución de bosques nativos para “reconvertirlos” a sitios de agricultura en todo el país.

El presidente del Comité de APR de Quilicura, dice que está esperanzado en poder salvar bosques nativos no solo de su localidad, sino que también se evite la deforestación en otras regiones del país. También hace un llamado a la fiscalización, porque acusa que no hay fiscalización en terreno. Las y los dirigentes advierten que, en el periodo de pandemia, no han parado en algunos sectores la corta de bosque nativo y reiteran la falta de fiscalización en zonas rurales. “Están apurando el tranco, están plantando”.

“El resultado lo vemos con bastante esperanza, bastante fe”, dice el dirigente de Quilicura, donde comenzó a visibilizarse el tema. “Creemos que hemos llegado muy lejos con esto y nos sentimos felices como agrupación. Acá no estamos contra nadie, pero no nos parece cuando se pasa por alto la ley. Estamos felices con la detención de corta de bosque nativo y esperamos que hacia el sur también se detenga”. Lamentablemente comenta que han visto como siguen trabajando en algunos sectores. Camilo Gómez, abogado, presidente de Fundación Menoko, respecto de lo sucedido con la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago indica: «luego de la resolución del 12 de noviembre, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) tenía un plazo de 5 días para apelar, que se cumplía el día 18 de noviembre y así lo hicieron. Aquello no es sorprendente considerando que tenían un voto de minoría a su favor, lo que puede servir de fundamento para intentar revertir la sentencia en la Excelentísima Corte Suprema». Justamente, con fecha 19 de noviembre se conoció públicamente que SNA llevaría el Recurso de Protección a la Excelentísima Corte Suprema, y solicitar así que se revoque la sentencia.

«Respecto de los plazos, estos no son tan claros, dependerá de la velocidad con que se tramite el recurso internamente en la Corte Suprema, la fecha de los alegatos y que éstos no se suspendan, por lo que podría ser desde algunas semanas, a un par de meses”, explicó el abogado Camilo Gómez.

Una arista que se menciona muchas veces en la sobremesa, se refleja en los artefactos como, teteras, hervidores o lavadoras, y también se intuye y habla en los consultorios, y que Bárbara Astudillo, técnico en enfermería e integrante de la agrupación de 100 murales por el agua (ya van más de 100 realizados) de la provincia de Petorca, lo recuerda diciendo, “Es necesario comenzar a hablar de calidad de agua en nuestras localidades. Nos seguiremos enfrentando al problema de la escasez, pero ¿qué calidad tiene el agua que estamos bebiendo?”. Algo que ella y los más de treinta integrantes del grupo artístico seguirá plasmando en murales de zonas como Chincolco, Cabildo, Petorca, La Ligua, Los Molles y Pichicuy, por nombrar unos.

Camilo Gómez (Fundación Menoko) dice que es importante considerar la eterna pregunta de cómo resolver estos conflictos por el agua donde las externalidades productivas finalmente las asumen las personas y la falta de agua los municipios. Cuando se discute sobre el tema de la lucha por el agua en los sectores rurales, no hay que perder de vista la actual regulación de las aguas en Chile, cuya norma clave es el Código de Aguas, que regula el modo en que el agua se aprovecha, se distribuye y cómo se pueden adquirir derechos de agua en nuestro país. “Esto ha sido una discusión permanente que ha estado acompañada de diversos proyectos y reformas al Código de Aguas. Esto, en relación directa a la normativa como la Ley de Bosque Nativo que da el marco legal a la discusión del presente caso y las políticas públicas sobre conservación en general y cómo estas se relacionan en forma armónica con un modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad”.

¿Qué podría suceder con CONAF y su permisividad de 10 años? “En este sentido pueden ocurrir varias situaciones. La primera y la más evidente es dejar sin efecto todos los actos administrativos que Contraloría considere contrarios a la correcta interpretación de la norma y esto es lo que ha pasado hasta ahora, es decir, todas las autorizaciones que se dieron de manera irregular para plantar frutales a costa de bosque nativo quedan paralizadas mientras la sentencia quede firme. Tras la apelación de la SNA, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema, que de confirmar la sentencia dejará sin efecto de manera permanente estos planes de manejo contrarios a la ley. En segundo lugar, puede que, de demostrarse una falta de probidad en la administración de CONAF, puedan dictarse medidas disciplinarias de carácter administrativo contra los funcionarios, que pueden ser suspensiones, sanciones económicas o la desvinculación del servicio. Finalmente, y lo más grave podría darse en caso de que se estableciera que estas decisiones administrativas pudieran ser constitutivas de delitos, lo que acarrearía consecuencias penales”, explicó Gómez.

Este tipo de casos demuestran la importancia de construir normativa que logre compatibilizar el uso de los recursos naturales, comenta el abogado Gómez, con el crecimiento económico sustentable; no parece esperable que las comunidades y los territorios tengan que cargar con los costos sociales que significa la escasez de agua y la pérdida de bosque nativo. Finalmente, Gómez plantea que “en el contexto de la discusión constitucional actual, se deberá mirar hacia el futuro con una perspectiva moderna y sostenible, para generar protección de nuestros recursos y adaptar la normativa vigente a esas nuevas perspectivas. Crisis como esta, lo planteado por la Contraloría General de la República y la Corte de Apelaciones de Santiago nos dan luces sobre los argumentos que tendremos que poner sobre la mesa ante el gran desafío constitucional que se ha iniciado”.

Este artículo fue producido en el marco de la colaboración entre FES Chile y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo – AIFBN

[1] Imagen del documento: Fundamentos Científicos acerca del Impacto Ambiental del Otorgamiento de Planes de Manejo de Corta de Vegetación Nativa para la Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas

[2] Situación de sequía en el país. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial/situacion-de-sequia-en-el-pais/

[i] Donoso C (1982) Reseña ecológica de los bosques mediterráneos de Chile. Bosque 4: 117-146.

[ii] Water Footprint Network y Superintendencia de Servicios Sanitarios.

[iii] Seguel, O., Farías, E., Luzio, W., Casanova, M., Pino, I., Parada, A.M., Videla,X., Nario, A. (2015). Physical properties of soil after change of use from native forest to vineyard. Agro Sur 43(2), 29-39.

https://doi.org/10.4206/agrosur.2015.v43n2-05

[iv] Seguel, O., Baginsky, C., Contreras, A, Covarrubias, J.I., Gonzalez, C., Poblete, L. (2013). Physical properties of a fine textured haplocambid after three years of organic matter amendments management. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 13(3): 690-705.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162013005000055