Las claves de la nueva Ley de Reciclaje que se implementará prontamente en Chile
Por primera vez Chile contará con una industria formal del reciclaje que responsabilice a los productores e importadores de productos considerados «prioritarios» de la gestión de los residuos que estos produzcan al terminar su vida útil. Conoce aquí más detalles de esta ley y cómo influirá en los consumidores de estos productos.
Es sabido que en Chile reciclamos poco, menos de un 10% de los residuos para ser más exactos, lo que significa que el 90% de nuestros desechos termina principalmente en vertederos o rellenos sanitarios y contaminando nuestros mares y áreas verdes. Esto en un país donde se generan cerca de 17 millones de toneladas de residuos al año, con un promedio de un kilo diario producido por habitante, no es menor.
Ante este escenario, el gobierno impulsó una Ley de Fomento al Reciclaje promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2016, que ya se encuentra en las últimas etapas previas a su implementación programada para junio de 2017. Esto, luego de que el consejo de ministros de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Minería y Agricultura ratificaran el reglamento que crea el Fondo para el Reciclaje y el reglamento que regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos el pasado mes de marzo.
¿Qué considera esta nueva Ley?
La Ley de Fomento al Reciclaje es un instrumento de gestión de residuos que obliga a los fabricantes e importadores de ciertos productos considerados «prioritarios» como lo son las baterías, pilas, aceites lubricantes, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, además de envases y embalajes, a hacerse cargo de éstos una vez que terminan su vida útil. Es decir, estos productos al quedar inservibles deberán volver a las bodegas donde comenzó su distribución o las industrias donde fueron fabricados para ser reciclados o redestinados a otro fin. Quienes estarán encargados de organizar y financiar esta gestión de los residuos serán los mismos productores o importadores de dichos productos (lo que se conoce como la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), cumpliendo las metas de recolección y valorización diferenciadas por producto establecidas por la ley (estas metas aún no están definidas). El encargado de fiscalizar y sancionar el infracciones en esta materia será la Superintendencia de Medio Ambiente.
Al respecto, el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ha señalado: “La ley concretiza un principio básico de la gestión ambiental: el que contamina paga, por lo tanto esta nueva normativa obliga a la industria a hacerse cargo de los residuos que generan sus productos en toda la cadena: recolección, transporte, almacenamiento y valorización”.
¿Cómo influye la implementación de la ley en los consumidores de estos productos prioritarios?
En primera instancia, serán ellos los encargados de separar y entregar el residuo de un producto prioritario a un gestor de este producto, contratado por un sistema de gestión.
Por otro lado, si bien la ley establece que son los productores e importadores quienes deben hacerse cargo del financiamiento, es posible que sean los consumidores quienes deban costear parte de éste. Según explica Nicolás Labra, Coordinador del Área de Estudios de la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad Católica, «Es posible que los precios de los productos prioritarios aumenten debido a que los costos de recolección pueden incluirse legalmente dentro de los costos de venta de los productos prioritarios. De ser así, la ley establece que estos costos de recolección deben estar claramente identificados en las boletas o certificados de compra. A largo plazo, las empresas se verán presionadas a optimizar la gestión y el rescate de materiales», señala Labra.
Algo similar señaló Sara Larraín, directora de Chile Sustentable: «Ellos (empresas productoras) deben presentar un plan de recuperación, puede llevarlo adelante una empresa en particular o, por ejemplo, todas las empresas que importan neumáticos en conjunto pueden hacer un sistema de reciclaje, compañías que van a ponerle un sobrecosto de 300 pesos, mil o dos mil pesos con el objeto de que el mismo consumidor pague lo que significa el reciclaje”.
Una iniciativa pionera en Latinoamérica
La Ley de Fomento al reciclaje busca llegar a una meta donde el 30% de los residuos del país sea reciclado en los próximos 5 años alcanzando así los estándares de la OCDE en materia de gestión de residuos y marcando un precedente en Chile y Latinoamérica donde, en palabras del Seremi del Medio Ambiente, «Chile pasa a ser pionero a nivel latinoamericano instaurando una política pública que fomente la gestión de residuos a nivel de recolección y valorización”.
«Esta ley permitirá que, por primera vez en Chile, se establezca una industria formal del reciclaje. Lo que hasta el momento eran iniciativas voluntarias y aisladas, serán un sistema regulado y supervisado, que garantizará tasas de recuperación y trazabilidad de los residuos», comentó a su vez el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
