La historia detrás del juicio histórico por la matanza de pingüinos en Punta Tombo, Argentina

Ricardo La Regina es un hombre de campo. Mejor dicho, un heredero de campos. Así, en plural. Su familia es dueña de miles y miles de hectáreas en el sur de la provincia de Chubut, entre ellas una vasta zona de Punta Tombo y Punta Clara, al este de Chubut, pegado a la costa. Lo que quizá pensó La Regina es que también era dueño de la reserva de animales y todos los recursos naturales que pre existen a la llegada de su familia un siglo atrás. Quizá por eso durante varios días de noviembre y diciembre de 2021 se subió a una topadora y pasó por encima de toda una colonia de pingüinos de Magallanes. Aplastó nidos, mató cientos de ejemplares, derribó malezas, y aplanó un corredor de casi 1000 metros que termina en el mar. Después, como si fuera un baldío, una zona abandonada, el patio de una casa usurpada, levantó un cerco electrificado para que ningún ser vivo invadiera el flamante camino. Con eso mató más pingüinos. El estanciero tomó la decisión de barrer con los animales justo en el momento del año en el que están por nacer las crías. La masacre, entonces, fue doble. Pingüinos adultos y sus pichones fueron arrollados por una topadora. Ahora -en un juicio sin precedentes- La Regina, de 37 años, fue condenado por el delito de “daños agravados en concurso ideal, con crueldad hacia los animales”. Es decir, los jueces lo encontraron culpable por el daño irreversible que le causó a la flora y a la fauna autóctonas de Punta Clara, en el primer juicio oral y púbico en América Latina por daño ambiental agravado y crueldad animal. Fue condenado a tres años de cárcel, una pena inédita para este tipo de delito.

Con casi 100 testigos, la querella formada por Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagónica Ambiental, convenció al Tribunal Superior de Justicia de Chubut -compuesto por María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri- y aceptó los argumentos de la fiscal Florencia Gómez.

Según pudo reconstruir la fiscal, La Regina -que no vive ahí sino en Trelew, a 70 kilómetros- se tomó todo el tiempo posible para desmontar toda la franja de naturaleza y abrir un camino en medio de la pingüinera. Lo hizo en dos días y fue él mismo el que condujo la retroexcavadora. Una vez aplanada la colonia de pingüinos, instaló un alambrado electrificado en un largo que desemboca en el mar. Los animales que lograron sobrevivir al paso de la topadora, quedaron divididos por la cerca. Y muchos de los que intentaron cruzarla, murieron electrocutados. Los especialistas dijeron que es difícil de precisar con exactitud la cantidad de pingüinos asesinados, pero estiman que, al menos, fueron alrededor de 175 y casi 300 pichones quedaron muertos en el remolino de tierra.

La primera condena por daños ambientales en el país comenzó como una denuncia intrascendente. Cuando la fiscal general de Rawson, Florencia Gomez, recibió la llamada telefónica de la comisaría de Punta Tombo pensó que se trataba de un accidente de tránsito. Mataron a unos pingüinos, le dijeron. Ella pensó que un auto había atropellado a uno en la ruta. Acostumbrada llevar casos de homicidios, robos agravados, violencia sexual,  estuvo lejos de sobresaltarse. La denuncia la habían presentado los ministerios de Ambiente, Áreas Protegidas y Turismo; todos de la provincia de Chubut y asesorados por el biólogo especialista en pingüinos, Pablo Borboroglu. 

Pero fue la propia familia de Ricardo La Regina la que dio el primer aviso. Los tíos y los primos de Ricardo escucharon los bramidos de la máquina desde sus casas, a varios kilómetros de distancia. Cuando llegaron pensaron que Ricardo había enloquecido. Recién estrenaba su tutela sobre toda la estancia, grande y ancha como el horizonte. “Era tan grande que ni con los drones pudimos abarcarla en su totalidad”, grafica la fiscal. 

Su padre atravesaba una enfermedad mental y no podía hacerse cargo de sus propiedades. Ricardo se puso al frente de todo como administrador judicial. Hasta ese momento, la familia había colaborado con el cuidado del ambiente y la protección de la fauna y flora que gozan las costas que separan sus tierras del mar argentino. Muchos años atrás, su abuelo Luis Emilio, había donado a la provincia gran parte de su estancia para la creación de un área protegida para los pingüinos en Punta Tombo a principios de los  70s. Desde ahí se expandieron los pingüinos y llegaron a Punta Clara, lugar de la masacre. 

Alberto La Regina -tío de Ricardo y hermano del padre enfermo- llamó a las autoridades para que frenaran la destrucción que estaba haciendo su sobrino. No llegaron a detenerlo pero su llamado impulsó la investigación. El primer especialista en llegar para analizar la situación fue el biólogo Pablo García Borboroglu -Investigador del CONICET -presidente y fundador de Global Penguin Society– y su esposa Laura Reyes –directora de Conservación de la misma sociedad y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-. Luego se sumaron los científicos del Centro Nacional Patagónico (CENPAT). Todos fueron parte de los más de cien testigos que la fiscalía citó para el juicio. 

Apenas leyó la denuncia, la fiscal tomó conciencia de la magnitud del hecho. En el informe -elaborado por borboroglu- le habían adjuntado unos videos estremecedores. Entre las decenas de imágenes se puede ver una pareja de pingüinos arrastrando a su cría, cubierta de tierra y polvo, ya muerta. 

Como los horneros, los caballitos de mar, los pingüinos son monógamos. Al menos en su gran mayoría. Una vez que arman pareja, construyen un nido que será el punto de encuentro. En ese nido se van a aparear y también morirán. Cada nido, cada punto de encuentro, fue pulverizado por el paso de la topadora de La Regina que levantó más de 40 centímetros de la capa superficial del suelo y fue acumulando tierra durante mil metros. Debajo de toneladas de tierra, arbustos, y arena quedó gran parte de la colonia de pingüinos de Magallanes, que suelen adentrarse unos 150 metros desde la costa. Todos son originarios de la colonia Patagonia Azul, protegida internacionalmente, que en los últimos años se quintuplicó y amplió su base geográfica. 

Cuando la Fiscalía empezó la investigación, le pidieron los cuerpos del delito a la fiscal. 

“El defensor pretendía que yo fuera a la audiencia con los cuerpos de animales. ¿Cómo voy a encontrar yo todos los cuerpos si pesan 10 gramos y mide 5 centímetros y fueron arrastrados por una montaña de tierra? Por eso le pedimos a los investigadores que estimaran las muertes. Pero lo grave no solo fue eso sino que al destruir los nidos, rompen el ciclo reproductivo”, dice la fiscal a Ladera Sur. En la denuncia también pudo ver en los videos como los animales volvían del mar y permanecían perdidos, mareados de soledad al no poder encontrar sus nidos. 

La investigadora contó con la ayuda de la Fundación National Geographic, desde donde facilitaron 96 imágenes satelitales con las que pudo precisar fecha y hora de la destrucción: la masacre comenzó el 26 de noviembre y terminó el 4 de diciembre de 2021. El resultado sumó un agravante más a la conducta del estanciero porque la fecha coincide con la época de mayor densidad y reproductividad de los pingüinos. Es decir, los pichones estaban naciendo o estaban por nacer. “Fue clave porque esa información nos permitió tener claridad para imputar con exactitud al acusado”. 

Fue la primera vez que National Geographic intervino en un caso penal en el mundo. González sabía que sin las imágenes tendría muchos problemas para argumentar su acusación. Y la fundación era su mejor opción. Les mandó 128 mails. Hasta que respondieron. La ayuda fue total porque incluso enviaron al cartógrafo Sam Guilford, gerente de Area de GIS & Mapping de National Geographic, para que realizara un informe especial. 

Además de la retroexcavadora, La Regina llevó un camión y un acoplado. En la explicación que tuvo que dar a la jueza que supervisa su administración, dijo que los había comprado para poner en valor el campo. “Voy a hacer caminos, tajamares y desmontes”, adelantó. Y, además, compró vacas. Quería convertir la zona árida típica del pingüino en una llanura pampeana. 

Pero había más. En la inmensidad de la Estancia La Perla hay otra Estancia, La Anita, que Ricardo La Regina le vendió a una familia millonaria de la provincia, los Fernández, dueños del Diario Chubut y el Diario Jornada, y radios AM y FM. Entre los proyectos que tienen en suspenso se encuentra la construcción de un helipuerto y otras instalaciones para un negocio con turistas extranjeros. Para eso era el camino abierto con la retroexcavadora, concluyeron los investigadores.  Con el dinero obtenido por la venta de La Anita, el estanciero compró los vehículos y las herramientas para el desmonte. 

La Fiscal se encontró con un problema técnico. No existe la figura del ecocidio. Tampoco podía acusarlo de maltrato animal como quien patea un perro. El derecho ambiental le daba un margen de acción si lograba acreditar el dolo al demostrar que al acusado no le importaba la colonia para poner en valor su propiedad. 

Fue ese punto el que, de fondo, entró en disputa: la propiedad. La Regina argumentó que en su propiedad podía hacer lo que quisiese. Y los animales estaban en su propiedad. Sostenía. Dice la fiscal. “Nunca cuestioné su propiedad. De lo que nunca va a ser dueño es de la flora y la fauna nativa, que le pertenecen a todos los habitantes de este país por el artículo 41 de la constitución nacional. Está obligado, como todo ciudadano, a cuidarla. Lejos de eso, la destruyó”. 

Durante el juicio, el acusado ofreció ceder 300 hectáreas de su campo a modo de compensación para que la querella levante sus cargos. Federico Ruffa, su abogado, propuso “poner a disposición del Estado aproximadamente 300 hectáreas linderas a Punta Tombo para ampliar la reserva, ya que hoy tiene 210 hectáreas y en paralelo generar un área de protección en la zona de Punta Clara que abarcaría unas 270 hectáreas más, por lo que se sumarían cinco kilómetros de costa”. No funcionó. 

Un informe solicitado por Greenpeace a la consultora ambiental Resilience determinó que la colonia se recuperaría recién en 35 años -la vida de un pingüino- y consideró que el impacto en la flora y en la corteza terrestre es totalmente irrecuperable. Lo que antes era una zona propia para los pingüinos será para siempre una zona árida. 

Gracias al satélite también se pudo determinar que el daño no se circunscribió a un solo camino sino a tres caminos, un tajamar y un desmonte de 1200 metros cuadrados; algo así como una piscina olímpica entera. El área afectada se encuentra en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Patagonia Azul MAB-UNESCO, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. Por eso fueron los organismos encargados de la denuncia. 

La figura que finalmente le encuadró al estanciero es daños agravados en concurso real con crueldad hacia los animales. “Es una locura que no tengamos la figura de ecocidio y para estos casos tengamos que usar figuras que tienen pocos años de pena. Ojalá este caso saque del cajón todos los proyectos para instalar el ecocidio”, dice Gomez.