La historia de “los guardianes del alerce milenario”: el legado de una familia y la pugna por un territorio en el sur de Chile

“Yo no debiera existir”, declara el ingeniero forestal Jonathan Barichivich. Lo dice en alusión a su pasado humilde en un rincón perdido del sur de Chile, ya que es poco probable que un estudiante de escuela rural “con número” y de un internado en Hueicolla se convierta en un científico de renombre internacional. Hoy se desempeña como investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, y recientemente ganó un gran fondo – que equivaldría a 6 proyectos Fondecyt – del Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés), para mejorar las proyecciones de cambio climático con la memoria de los árboles.

Pero lo más curioso es que Barichivich también estudia el mismo árbol que se vincula con su abuelo, don Aníbal Henríquez, ya que es nieto del guardaparque de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que descubrió nada más ni nada menos que al alerce milenario. El mismo que habita en el Parque Nacional Alerce Costero.

Sin embargo, en esta ocasión Barichivich no se pronuncia sobre su trabajo, sino sobre un conflicto que involucra su vida personal. Se trata del intento de desalojo a su familia, que se llevó a cabo el 27 de diciembre, cuando se presentaron en su casa efectivos de fuerzas especiales con el fin de sacar a su madre, doña Nancy Henríquez Vivanco y a sus dos hijos (él incluido) del sector donde han vivido hace décadas, desde que su abuelo llegara a estas tierras. ¿El motivo? La pugna sobre los límites del terreno, ya que la Sociedad Agrícola Pichipehuén Limitada asegura que la porción donde se encuentran los Henríquez Vivanco pertenece en realidad al fundo Raulintal, que es de su propiedad.

“Mi familia tiene una larga tradición en el territorio, llega Raulintal y quiere apropiarse del terreno que está al lado del fundo que adquirió en un remate de 2013. Les interesa la pampa, que está frente al parque y que no está dentro de su límite, y se valen de un camino que hizo mi abuelo para decir que es el camino viejo al mar, que es el límite norte de su predio”, asegura Barichivich, quien también es docente de la Universidad Austral (UACh) y profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Para hacerse una idea, la familia Henríquez Vivanco vive en el sector de los Alerzales, al lado del Parque Nacional Alerce Costero. En la zona también se emplaza Raulintal, un predio de alrededor de 2.000 hectáreas que pertenece a la Sociedad Agrícola Pichipehuén Limitada, de los notarios apellidados San Martín. Allí los abogados fundaron Raulintal, una iniciativa de conservación privada y Área Protegida Reserva Natural (RAPRN), que constituye el primer derecho real de conservación de la Región de los Ríos.

En ese escenario se disputan los límites territoriales, en un proceso que ha escalado ostensiblemente desde el intento de desalojo. Pero para entender este problema, es necesario escarbar un poco en esta historia, que empieza con el padre y abuelo de las generaciones contemporáneas, que reclaman su derecho de vivir en la zona.

El legado del abuelo

Don Aníbal nació en Lautaro en 1916. Casado con Rufina Vivanco, tuvo 7 hijos, entre ellos la señora Nancy. A fines de la década de 1940, llegaron a la zona de los Alerzales, ejerciendo así posesión material del lugar. Allí trabajaban la tierra, como detallan documentos históricos de CONAF, mientras sobrellevaban las rigurosas condiciones de un rincón cuyo acceso era igual de inclemente.

Paralelo a ello, los incendios devastaron el área, sumando también otras amenazas como la deforestación. Así, el fuego y el hacha diezmaron los bosques antiguos.

Si bien don Aníbal cumplió varias labores en distintos sectores aledaños, ya sea en faenas forestales o construyendo postes de alerce para Endesa, se convirtió en custodio del Parque Nacional de Turismo Los Alerzales – Carlos Skottsberg, para luego comenzar a trabajar en CONAF en 1973 como guardaparque del Parque Nacional Los Alerzales. Para cumplir su cometido patrullaba el área a caballo, y fue en una de esas andanzas cuando se tropezó con un colosal e indiscutido emblema del lugar: el alerce milenario, el abuelo del bosque.

“Cuando el Parque de los Alerzales comienza a ser de CONAF, él descubre el alerce milenario en uno de sus patrullajes. Nadie sabe con certeza, pero según los relatos de mis tías y abuelas, él estuvo calladito por un buen tiempo, un par de años, y después le dijo a su jefe que había encontrado un árbol grande. Él no quería revelarlo porque tenía miedo de que lo fueran a cortar o dañar. Y de ahí finalmente lo cuenta, lo van a ver y después se hace un sendero. El resto es historia”, relata Barichivich.

De esa manera, Aníbal es reconocido como el descubridor del alerce milenario, cuya edad estimada oscila entre los 3.500 o más de 4 mil años, aunque es muy probable que sea mucho mayor y que se posicione hoy como uno de los árboles vivientes no clonales más viejos del planeta.

“Es un sobreviviente y representa lo que son los alerces, ‘los viejos lentos del bosque’. Eso es lo que representa ese árbol, ir lento por la vida y llegar a muy viejo. Y si don Aníbal no lo hubiera descubierto, hasta el día de hoy no lo conoceríamos, porque está metido en una quebrada. Hoy es fácil porque hay un sendero, cualquiera que pueda caminar 40 minutos llega”, subraya Antonio Lara, profesor titular del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la UACh e investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Lara conoce de cerca a la familia Henríquez Vivanco, ya que ésta no solo ha apoyado proyectos de investigación en terreno, sino que también mantiene y cuida una plantación experimental de alerces que fue establecida por la Universidad Austral entre 1992 y 1993. Por esos años, el académico se codeaba con Jorge Henríquez, hermano de la señora Nancy, y con otros parientes.

El investigador del (CR)2 asegura que “no cabe duda del apoyo de la familia y la contribución de don Aníbal y su legado en el descubrimiento del alerce milenario y en la protección de los bosques de alerce en el área, con todas las dificultades que había en esa época. Es absolutamente indiscutible, desde el punto de vista científico”.

Aunque su contribución es ampliamente reconocida, muchos no alcanzaron a conocer a don Aníbal, pues falleció en 1988 mientras ejercía su labor en el entonces Monumento Natural Alerce Costero (que se convirtió, luego, en el parque nacional homónimo). Barichivich recuerda que su abuelo dejó este mundo “cuando yo tenía 8 años. Murió patrullando, le dio un ataque en su caballo. El caballo llegó solo. Murió entre los alerces”.

La germinación del conflicto

Desde entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente.

Don Aníbal nunca regularizó las tierras donde se establecieron, es decir, su familia nunca tuvo un título de propiedad.

Por ello su hija, doña Nancy, inició entre los años 2015 y 2016 los trámites de regularización en Bienes Nacionales del terreno donde vive, ubicado en el sector Los Alerzales, en la comuna de La Unión, en el km 45 de la ruta T-800. Según detalla la familia, el sitio corresponde a una hijuela de alrededor de 90 hectáreas que sobró luego de la partición del antiguo fundo “Gualligüape, Pucagüimo, Las Quemas o Cordillera Nueva”, que fue efectuada a mediados de la década de 1920. Dicen que cuando llegaron sus padres, ejercieron posesión material del lugar.

Según la documentación del proceso, actores como los vecinos del lugar, la comunidad indígena Mashue y la Junta de Vecinos de Mashue reconocieron a la señora Nancy como poseedora material del terreno durante décadas. Se suma también una carta del eminente académico Claudio Donoso a la Seremi de Bienes Nacionales, quien señalaba que la familia facilitó  a la UACh desde la década de 1990 “parte de su terreno para establecer una de estas plantaciones frente a la actual administración” del parque nacional, refiriéndose a la mencionada posesión.

Lo anterior es relevante en este caso, según cuenta Antonio Olivares, abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), quien representa a los Henríquez Vivanco. “La familia tiene posesión del terreno a lo menos desde 1946, y se trata de un retazo distinto al que Raulintal es dueño. Eso es lo esencial. El juicio y la sentencia que existe sólo establecen que no tienen un título, pero se pasó por alto los más de 70 años de posesión. De tal manera, el predio Raulintal es vecino y comparten un límite, pero no es efectivo que los terrenos estén superpuestos. La defensa jurídica de la familia se sustenta en que fue Raulintal quien señala que el límite noroeste está en un lugar distinto al que efectivamente se encuentra. Acá cabe ser enfático, la familia ha realizado actos que sólo realiza quien es dueño, como cercar, construir, plantar, etc. Esos actos y esa posesión no existe de parte de Raulintal porque el terreno no es de ellos”, argumenta.

Sin embargo, en octubre de 2016, paralelo a la solicitud de la señora Nancy para el saneamiento (que determina e individualiza el terreno), la Sociedad Agrícola Pichipehuén interpuso una oposición preventiva. Luego, Bienes Nacionales rechazó el saneamiento el 22 de diciembre a través de un proceso que la familia Henríquez Vivanco califica como “irregular”, cuestionando la falta de verificación en terreno por parte de la institución, entre otros elementos.

Al año siguiente, la Sociedad Agrícola Pichipehuén Limitada interpuso una demanda de precario en contra de doña Nancy ante el Primer Juzgado de Garantía y Letras de La Unión, reiterando que el terreno donde habitaba pertenecía al fundo Raulintal.

Aun así, en octubre de 2018 el Juzgado rechazó la demanda en contra de doña Nancy, señalando que la Sociedad Agrícola no probó la ocupación exigida por la ley. “En este sentido, debe tenerse presente que el inmueble cuya propiedad argumenta la demandante se ubica en un sector rural cordillerano y ninguno de los testigos dio cuenta de tener conocimientos técnicos que permitan precisar si el inmueble ocupado por la demandada se encuentra o no dentro de los límites del predio inscrito a nombre de la demandante; a lo cual cabe agregar que tampoco la SEREMI de Bienes Nacionales ha declarado que el inmueble ocupado por la demandada sea de propiedad de la demandante”, sintetiza la sentencia.

Pero el conflicto no acabó allí.

Como respuesta, los fundadores de Raulintal apelaron ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde ambas partes entregaron peritajes que se contradicen. Por un lado, en la defensa de doña Nancy se proporcionó un informe técnico realizado por un ingeniero geomensor, que incluyó planos de emplazamiento y levantamiento topográfico georeferenciado del peritaje de cotejo. Por el otro, los San Martín facilitaron dos reportes técnicos elaborados por ingenieros forestales (uno de ellos perito judicial), que concluyen que el retazo ocupado por la demandada (doña Nancy) se encuentra dentro del predio Raulintal.

Sin embargo, la sentencia recoge que “dichos documentos fueron observados por la demandada por provenir de ingenieros agrónomos –no especialistas- sin emplazamiento cartográfico ni control verificable de la cabida y emplazamiento” y finalmente precisa que el valor probatorio de los peritajes “es el propio de un documento privado otorgado por un tercero que no ha comparecido al proceso, por ende es razonable que su valor dependa en gran medida de la concordancia con otros medios de prueba o que no haya sido contradicho”.

Luego de lo anterior, la Corte de Apelaciones confirmó en abril de 2019 la sentencia del Juzgado de La Unión. En palabras simples, no se pudo demostrar que el terreno fuera de Raulintal. Por lo mismo, los San Martín recurrieron a la Corte Suprema en Santiago, la cual el 10 de febrero de 2020 acogió su recurso de casación, revirtiendo las dos sentencias previas de las cortes regionales.

En ese sentido, el abogado y director de Raulintal, Felipe San Martín, señala a Ladera Sur que “Raulintal ha hecho ya varias propuestas a la familia. Quiero dejar muy en claro que la familia no vivía donde ehoy están viviendo. Eso es algo que no se ha dicho. El papá de la señora Nancy vivió en el Parque Nacional Alerce Costero, como trabajador de CONAF, en las cabañas que CONAF tenía dispuestas para sus trabajadores. Allí vivió también doña Nancy. Después, entiendo que desde el año 90, se fueron de la zona, y doña Nancy volvía esporádicamente a trabajar y vivir ahí como trabajadora de CONAF en el Parque Nacional Alerce Costero. Nunca vivieron donde hoy día tienen su casa, eso es muy importante. Por eso ganamos el juicio y se han caído muchos reportajes que han hecho porque cuando escuchan mi versión deja de ser noticia”. Como prueba, dice, tiene registros de actividades como una feria de la murta, que se realizaron en el sitio en pugna y  donde «no vivía nadie».

En Ladera Sur quisimos verificar esta afirmación con CONAF, pero la institución declinó referirse al tema ya que “es un problema entre privados”.

Aun así, Barichivich desmiente de forma categórica lo señalado por el director de Raulintal, aduciendo a la ocupación y antecedentes históricos que incluyen, por ejemplo, un corral que estaría en pie y en uso por más de 50 años.

Para Barichivich, todo el proceso ha sido un “fraude judicial”, incluyendo el hecho de que integrantes de la comunidad mapuche Pu Manke Lafken – de otra localidad de La Unión – fueron testigos que declararon a favor de Raulintal y que serían, a su vez, futuros receptores del terreno donde vive la familia Henríquez Vivanco, ya que Raulintal se los ofreció en comodato.

Al respecto, el abogado de Conadecus señala que “lo tendrán que determinar los tribunales, pero llama profundamente la atención que los testigos que declaran como imparciales a favor de Raulintal terminen obteniendo gratuitamente y por 40 años el mismo terreno que habita la familia Henríquez Vivanco. A todas luces eso es anómalo, porque el testigo debe ser neutral, sin embargo, en este caso resulta obtener a su favor el terreno que está en disputa. De ahí que se sostenga que existe un fraude que salga a la vista”.

Consultamos sobre el conflicto de interés a San Martín, quien responde: “El área [en disputa] se lo ofrecimos desde el año 2015 a la Municipalidad, [pero] no lo aceptaron. Después le ofrecimos el año 2017 a la señora Nancy, que se quedara ahí viviendo, no lo aceptó. Después como derecho real de conservación a la Universidad Austral, y no lo aceptaron. Preparando el lanzamiento, y así lo facultó el tribunal, yo tenía que también tomar posesión. Y dentro de eso, los únicos que me aceptaron eso es esa familia [sus testigos], pero no se puede decir que sea vinculante porque yo antes se lo ofrecí a 3 personas diferentes el lugar. Si no lo aceptan no es problema mío (…) yo necesitaba hacerme cargo de eso, y el comodato (y eso nadie lo ha dicho) tiene una limitante, que es lograr hacer allí un bien de uso público. No es de beneficio personal”.

El controvertido desalojo

Posterior al fallo de la Corte Suprema, la irrupción de la pandemia paralizó el proceso en 2020. Mientras la familia Henríquez Vivanco buscaba apoyo legal, los notarios interpusieron en 2021 un recurso para agilizar el desalojo de doña Nancy.

Frente a esto, uno de sus hijos interpuso un recurso de nulidad de todo lo obrado, ya que él no había sido individualizado en el juicio, pero se vería afectado por la eventual ejecución del desalojo (lanzamiento).

Barichivich cuenta que “buscábamos ayuda, y no podíamos encontrar apoyo legal, es muy difícil. Todos decían que era la Corte Suprema, que no se podía hacer nada, y de repente supimos que los notarios estaban pidiéndole a la Corte expulsarnos excepcionalmente durante la pandemia. No nos llegaban notificaciones, y la Corte nos defendía porque decía que en pandemia no se podía ejecutar lanzamiento, y de ahí hubo un careo y de nuestra parte no fue nadie porque ni sabíamos. No teníamos idea en ese momento (…) el acceso a la justicia desde el sur es muy difícil, y nosotros no teníamos abogado. Cuando supimos que estaban haciendo esto [intento de desalojo], mi hermano puso un recurso de nulidad de todo lo obrado. A mi hermano y a mí nos iban a lanzar, pero nosotros no éramos parte del juicio, nunca fuimos mencionados explícitamente, porque el juicio era Raulintal – Nancy Henríquez, nuestra madre. Pero nosotros íbamos a ser lanzados igual, y eso viola nuestros derechos. Entonces este recurso de nulidad de todo lo obrado paró el desalojo por unos meses”.

Aun así, cuenta que los rumores eran constantes, y luego de otras situaciones que ocurrieron entre medio, el pasado lunes 27 de diciembre, a eso de las 9:30 horas, se presentó un contingente para ejecutar el desalojo, que la familia cifra entre 80 y 100 efectivos de fuerzas especiales de carabineros, GOPE, PDI y comisión civil.

“Vemos que hay muchos carabineros, todos armados (…) Le dijimos al receptor que esto no se define porque tenemos recursos de protección, de nulidad de mi hermano, entonces no debiera ejecutarse el desalojo, no está resuelto”, cuenta Barichivich, quien fue llevado detenido y denuncia que fue golpeado. “Nosotros opusimos resistencia como cualquier persona haría ante tamaña injusticia, y después como de dos horas se detiene el desalojo porque había también un abogado de mi mamá, interpuso un recurso también de nulidad porque mi mamá tiene condición de mapuche, reconocida por la CONADI [Corporación Nacional de Desarrollo Indígena], y eso para el desalojo”.

El investigador agrega que “este es un acto sin precedentes en el territorio, de una muestra desproporcionada de poder. Y eso demuestra todo lo desproporcionado que fue la batalla legal en los tribunales, donde eso nadie lo veía…desde el saneamiento en adelante, todo era detrás de la cortina y muestra cómo operan estos tipos. Y este efectivo de 100 pacos para sacar 3 personas…y ese día estaba la pareja de mi hermano y su hija, una niña de 8 años, imagínate”.

La esperanza en el diálogo

A fines de diciembre, luego del intento de desalojo, la familia Henríquez Vivanco emitió una declaración pública desde la plaza de La Unión, solicitó la instauración de una mesa de diálogo y señaló que, ante la escalada de este conflicto, esperaban poder conversar por el presidente electo, Gabriel Boric.

Incluso, la familia y otros miembros de la comunidad dieron entrevistas para Televisión Nacional de Chile, pero la noticia no fue publicada. Los Henríquez lo atribuyen a presiones, por lo que subieron las grabaciones a su canal de YouTube.

Han sumado numerosos apoyos, tanto de vecinos; comunidades mapuche como las de Pilpilcahuin, Mashue, entre otros; y de otros actores y organizaciones, como “un grupo de más de 130 profesionales y académicos, que hemos estado siempre apoyando la causa de la señora Nancy y familia entre las distintas etapas (…) y que pensamos que la solución es absolutamente posible, no es una cosa de choque de que ‘estos son buenos’, ‘estos son malos’. No, sino que hay que buscar soluciones que son totalmente posibles”, agrega Lara.

Barichivich asegura que “después del intento de desalojo, el conflicto escaló. Ahora es una batalla más grande que nosotros, no es Raulintal-Henríquez, es todo el territorio (…). Entonces, se armó una mesa de diálogo con todos los actores del territorio y que está moderada por el gobernador”. El investigador cuenta que se realizó una reunión, pero que Felipe San Martín no se presentó.

El director de Raulintal responde que ese día de la citación “me junté con el gobernador, le pasé mi propuesta, y me dijo que necesitaba un tiempo para conversar con la familia. Estoy a la espera de ese tiempo. La mesa de diálogo, quiero corregir, no existe. Lo que existe es que ellos forman más de 20 personas, casi todos de la Universidad Austral, en que se han juntado desde hace tiempo con el gobernador. Pero una mesa necesita las dos partes”.

La última propuesta de Raulintal consiste en traspasar el terreno en disputa al fisco, anexando el área al Parque Nacional Alerce Costero. “Esa pampa, tan relevante y que tiene una belleza escénica absoluta, probablemente el lugar más lindo de la zona en cuanto a belleza escénica y paisajística, se lo damos al parque nacional, y que se haga cargo de eso, que complemente lo que no puede hacer hoy día. El parque no tiene sector de estacionamientos, para hacer ferias, restoranes o para hacer un mirador”.

Ante eso, Barichivich dice que “lo que ellos quieren es desarrollar económicamente este terreno, con fines turísticos. Capitalizar nuestro modo de vida, y lo que hacen es invertir los argumentos, la realidad, porque en el fondo ellos argumentan que ellos quieren dar, que sea de uso público para explotación turística, sea del parque, sea de la junta de vecinos, sea de quien sea, pero es explotación turística. Lo que nosotros hemos hecho es protegerlo de la explotación maderera por todos estos años que hemos estado aquí y también de la explotación turística, porque no queremos instalar un hotel aquí, y que después corra orina y fecas por los esteros”.

Consultado sobre si la motivación es el desarrollo turístico, San Martín responde que “Raulintal no tiene ninguna oferta turística” y que para el terreno disputado que quieren donar al fisco buscan un desarrollo que, “más que turístico yo lo llamaría comunitario. Ahí efectivamente realizamos, desde el año 2015, la primera feria de la murta, de la cual llevamos cuatro versiones, y otras actividades”.

Además, Barichivich sugiere que los intereses de Raulintal estarían en la participación de la venta de bonos de carbono y en los bancos de compensación de la biodiversidad, que a muy grandes rasgos buscan compensar los impactos de proyectos o actividades de inversión. Para él, estos instrumentos económicos – que tienen partidarios y detractores – consisten en “vender el carbono que está en el bosque para que sigan contaminando los ricos, las grandes compañías y los países más ricos, y finalmente nos vamos todos a la cresta como planeta, porque aceleramos las emisiones. Es como vender una deuda”.

La afirmación del científico surge a raíz del libro “Biodiversidad y Ecología de los Bosques Costeros de Chile”, donde aparece un texto escrito por Julio Márquez sobre Raulintal, el derecho real de conservación y el futuro de los bancos de compensación en Chile, mencionando un análisis que se desarrolló sobre este tema.

San Martín sostiene que no es algo que trabajen ahora, y que se trató de una posibilidad que se planteó en un minuto por un equipo que ganó un fondo y que eso se difundió después en el libro. A renglón seguido, añade que “puede ser una opción, si eso me ayuda a conservar. Yo conservo hace 10 años de mi bolsillo. Por supuesto que he buscado diferentes alternativas para lograr seguir conservando las más de 2 mil hectáreas, así como también firmé convenio con SAESA, para que hiciéramos reforestaciones de lugares donde no había bosque. Esos son medios que tengo, legítimos, para poder conservar esa zona”.

El director de Raulintal lamenta que, en el marco de esta pugna, “las unidades relacionadas a la conservación han callado, se han dejado influir por este eslogan muy potente, que es ‘los guardianes de los alerces’ (…) y es lo mismo que se generó con Patagonia sin represas, guardando las proporciones. Acá hay un David contra Goliat, la señora Henríquez contra los notarios de Santiago, y eso es lo que ha vendido, pero no todo lo que se dice es cierto”.

Por lo pronto, el conflicto está lejos de acabar. El abogado Olivares asegura que “no solo nos hemos hecho cargo de la defensa en el juicio actual, sino que también se ha interpuesto un recurso de protección por la evidente vulneración de garantías fundamentales de toda la familia. Asimismo, ejerceremos las acciones penales por los posibles falsos testimonios y deduciremos acciones civiles para que determine que la familia es dueña del predio. Conadecus, en su rol de ser un aporte a la sociedad, ha decidido llevar adelante la estrategia judicial plena de la familia, de forma totalmente gratuita, y con un equipo especializado de abogados y abogadas de la Universidad de Chile”.

Lara destaca que la resolución del conflicto “es totalmente posible porque es un tema de legitimidad, es decir, una familia que ha habitado en el lugar, que lo ha protegido , que todo el mundo los conoce, y otra cosa es si tiene el título de propiedad o no. Otra cosa es lo que determinaron los juzgados antes y la Corte Suprema, eso es legal, pero es muy decidor que hace dos años fue lo de la Corte Suprema, y sin embargo sigue ahí la señora Nancy, y por qué sigue, porque es legítimo y tiene un apoyo muy grande”.

Para Barichivich, “este tema es un problema de seguridad nacional, justicia histórica y de reivindicación, entonces, lo que esperamos es que prime la razón y la justicia. Para eso confiamos en la mesa de diálogo y en el sistema de justicia. Nos preocupa que todo esto ha dejado super mal a mi mamá, que está con una depresión tremenda. Imagínate estar cada día pensando que te van a echar, y luego vienen 100 pacos armados a hacerlo”.

Además, hace “un llamado al presidente de la República, Gabriel Boric, para que nos reciba o que venga a visitarnos, para que una injusticia como esta nunca más vuelva a ocurrir en el nuevo Chile que queremos construir juntos. Nosotros vemos esperanza en que la justicia tiene que prevalecer”, concluye.