La ciudad en la nueva Constitución: las oportunidades para construir sociedades resilientes

La crisis climática ha puesto bajo la lupa a las ciudades. Aunque solo ocupan el 2% del territorio global, según algunas estimaciones, serían responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien no son las principales causantes de dicho escenario, las urbes de Latinoamérica y el Caribe están entre las más vulnerables y su expansión puede implicar la pérdida de ecosistemas que son claves para almacenar carbono, o mantener ciclos vitales como el del agua. La deforestación o relleno de humedales para levantar edificios son solo algunos de los numerosos ejemplos que así lo comprueban.**

En esta región, en la cual el 81% de la población vive en entornos urbanos, destaca el caso de Chile en donde se desarrolla el proceso constitucional que permitirá redactar una nueva Carta Magna. Una oportunidad para que el país se ponga de acuerdo en el modelo de ciudad que quiere promover durante los próximos años.

La redacción de esta nueva Constitución cobra actualmente mayor relevancia por estar inmersa en un escenario de crisis global, en donde pareciera que es cada vez más necesario pujar hacia entornos urbanos resilientes y responsables con el medio ambiente. La pregunta es: ¿Cómo puede este proceso generar un cambio en las ciudades chilenas?

Un modelo de ciudad apalancado en los 80

Si se piensa en el modelo de ciudad que hoy prevalece en Chile, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), Sergio Baeriswyl, señala que “hay varios elementos” que se pueden atribuir a la actual Constitución del país. Algunos buenos, otros no tanto.

Respecto a aquellos en los que considera que es necesario poner “atención por debilidad, o vulnerabilidad”, Baeriswyl refiere que se encuentra el hecho de que “la Constitución delega elementos que hoy día se consideran de valor social, como la vivienda, el transporte y la ciudad”.

“Eso ha llevado a que se produzca una dinámica privada para poder proveer de estos bienes y servicios, o derechos sociales. Obviamente que cuando es el sector privado el que está encargado de proveer, hay de por medio un objetivo de utilidad -que es sano y natural- pero frente a eso, se constató 40 años después, se acumularon una serie de problemas de los que nadie quería hacerse cargo”, explica Baeriswyl.

Entre estos problemas, el presidente del CNDU destaca la falta de planificación urbana y la fragmentación de las instituciones, siendo este último elemento uno de los principales obstáculos que frenan las acciones ante el avance del cambio climático.

“La inmensa cantidad de programas, financiamientos y normativas que hay es enorme y diversa, pero no tributan en el fondo en su conjunto sobre la acción de la ciudad, sino que, en forma aislada, cada uno de ellas trata de aportar. Entonces lo que planteamos como desafío es que la carbono neutralidad al año 2050, tiene que ser de las ciudades, porque efectivamente estas son las mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto son las que pueden dar la mayor solución”, explica.

Desafíos de norte a sur

Frente a las consecuencias que tendría la crisis climática en las ciudades a lo largo de Chile, el geógrafo Juan Correa señala que cada área tiene su particularidad, tal como se muestra en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim). No obstante, los investigadores han considerado que se presentarán fenómenos propios de los grandes asentamientos humanos. Entre ellos, “la intensificación de islas de calor urbanas, estrés y malestar causado por calor extremo en espacios públicos, junto con los impactos de heladas y precipitaciones extremas”, según se indica en la web del reporte.

Hacia el norte, por ejemplo, “uno de los efectos es que los eventos extremos y extraños, como las precipitaciones en esta zona, van a ser más recurrentes y eso pone en amenaza a poblaciones vulnerables en zonas como Iquique y Antofagasta, que han generado campamentos justamente sobre las quebradas”, señala Correa, quien también es investigador para el Centro de Producción del Espacio en la Universidad de las Américas (UDLA).

Mientras tanto, en la zona central, Correa indica que preocupa la depredación de los espacios naturales para construir indiscriminadamente condominios privados, como los vistos sobre la cota mil. De igual manera, también señala que es necesario preguntarse cómo se podrá asegurar en cinco años la sostenibilidad hídrica de la ciudad de Santiago, en donde viven casi siete millones de habitantes.

Finalmente, al sur, el geógrafo llama la atención sobre el “corona exit”, un fenómeno en el cual personas de ingresos altos migran a sectores que aún mantienen ecosistemas naturales como bosques, en las inmediaciones de ciudades pequeñas e intermedias, generando así una mayor demanda de proyectos inmobiliarios, parcelaciones o loteos con escasas (o cuestionadas) normativas medioambientales. Asimismo, preocupa lo que ocurrirá cuando la zona central deje de ser tan productiva en términos agrícolas, obligando a las poblaciones más vulnerables a desplazarse y buscar otras opciones.

Lee también: ¿Parcelaciones ecológicas? La importancia de informarse para cohabitar responsablemente en la naturaleza

En ese sentido, Correa explica que, si la migración hacia el sur es masiva y constante, no se tiene la seguridad de que las ciudades tengan “capacidad de carga”, frente a temas como el acceso a la vivienda, empleo y agua, o de que se logre manejar con éxito una “urbanización difusa y fragmentaria”.

“Eso es un tema no menor. Además, está el tema de la biodiversidad. La crisis climática va a afectar la transformación, presionada por el humano, de ecosistemas frágiles. Por ejemplo, los bosques templados son unos de los más amenazados y se verán afectados por ciudades que van a empezar a crecer rápidamente. También hay un tema de recursos hídricos. ¿Qué pasa cuando las industrias empiezan a mirar al sur y exigen mayores derechos de agua?”, se pregunta.

¿Una solución que empieza por la Constitución?

Ante este escenario, distintas organizaciones e investigadores en el país han plasmado su preocupación en planes para hacer frente a los desafíos. Entre estos, se pueden mencionar los estudios “Ciudades y cambio climático en Chile: Recomendaciones desde la evidencia científica”, elaborado por el Comité Científico COP25; y la “Propuesta para la Adaptación Urbana al Cambio Climático en Capitales Regionales de Chile”, en la que participaron instituciones tales como el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y Adapt-Chile.

No obstante, el presidente del CNDU opina que “como la carta fundamental no identifica a la ciudad como un campo de acción específico, es muy difícil coordinar todas las acciones, actores, presupuestos e iniciativas que hay en torno a ella”, por lo que precisamente el proceso constituyente que vive el país puede representar una gran oportunidad.

“Alguien podría decir: ¿y por qué eso no se hace sin la necesidad de la Constitución? Bueno, todos esos esfuerzos que se han intentado hacer antes, siempre se han debilitado en la discusión política. Entonces, si este cambio constitucional puede transformar a la ciudad en un mandato y la reconoce como un bien superior que transforma la calidad de vida de las personas, pucha, es un salto gigantesco”, explica, tras señalar que esto le permitiría al resto de los actores coordinar sus acciones bajo un mismo lineamiento, al amparo de la carta magna.

En este punto, sin embargo, tanto Baeriswyl como Correa advierten que el cambio que podría traer consigo el proceso constitucional no debe esperarse en el corto plazo.

“La nueva Constitución es una enorme oportunidad, no por la efectividad que vaya a tener en cambiarnos la vida en breve, sino por el fenómeno que tiene que un pueblo entero se ponga de acuerdo en cómo quiere desarrollar su Estado”, señala Baeriswyl.

Mientras tanto, en el seno de la Convención Constitucional, se afinan los últimos detalles del reglamento que regirá todo el proceso.

“La tarea primordial en la que he participado en este último tiempo es definir el reglamento a través de la comisión respectiva. Estableciendo junto a otras y otros convencionales un conjunto de normas que serán determinantes para el funcionamiento de la Convención Constitucional, las comisiones temáticas y funcionales, cómo se realizará el proceso de creación de norma, entre otros; normas que serán claves para conseguir un buen resultado”, señala una de las constituyentes por el Distrito 20, Tammy Pustilnick.

En ese sentido, explica que el proceso constituyente aún no está en una etapa que le permita ahondar en esta materia, pero lo cierto es que, desde espacios como el CNDU, llaman la atención sobre la importancia del derecho a la vivienda unido a la ciudad y la necesidad de reconocer esta última como mandato constitucional, para enfrentar los efectos que traerá consigo la crisis climática.

“Si no nos hacemos cargo, vamos a pagar todos los platos rotos. Toca que el gobierno tome acción y no se quede en discursos de que la gente se bañe menos. Tenemos que enfrentar esto: ser más resilientes. Creo que ese es el llamado principal y la Constitución es un buen punto de partida. Va a poder darle herramientas a nuestra sociedad, para enfrentar juntos esto, en los próximos 20, o 50 años, que vienen”, puntualiza Correa.

Este trabajo fue producido en marco del proyecto Cambio Climático y Nueva Constitución de FES Chile, Climate Tracker y ONG FIMA.