Honduras: la hazaña de cuidar una isla y su arrecife en el Caribe

A las siete de la mañana, la playa de Sandy Bay, en la isla caribeña de Roatán, en Honduras, amanece tranquila. La suave luz del sol se abre paso a través de los manglares y pinta rayos dorados en la arena. La mayoría de los turistas, la principal fuente de ingresos en el lugar, aún sigue durmiendo. Pero ya hay mucho movimiento en la sede de la Asociación para la Conservación de las Islas de la Bahía (BICA).

Egla Vidotto se pone protector de sol y una camisa de mangas largas. Luis Flores comprueba si el maletín con los instrumentos de medición está completo. Los dos ambientalistas tienen un apretado programa semanal que completar: los martes, toman muestras de agua en la costa; los miércoles, vigilan, cuidan y reparan el arrecife de coral; los jueves, reforestan los manglares. Vidotto es coordinadora del programa de conservación y vigilancia de BICA; Flores es biólogo, estudia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y hace sus prácticas en la organización ambientalista. Hoy, la atención de ambos se centra en la calidad del agua. Están tomando muestras en una docena de puntos alrededor de la isla que tiene una extensión de 83 km2. Es una tarea que empezaron hace unos diez años, cuando el banco de desarrollo alemán KFW les financió el costoso laboratorio móvil, el único de ese tipo que hay en la isla.

“Siempre vamos a los mismos lugares y medimos allí el valor del PH, la temperatura, el oxígeno disuelto, los enterococos, los coliformes y la concentración de algas”, explica el estudiante. BICA introduce la información recolectada en una base de datos a la que también tienen acceso las autoridades de las islas y organizaciones científicas interesadas. “A partir de esos datos, tenemos argumentos sólidos para poder influir en las decisiones políticas”, dice Vidotto.

La información que recopilan es vital para el cuidado y protección del Arrecife Mesoamericano que se extiende por unos mil kilómetros por cuatro países, desde México hasta las Islas de la Bahía de Honduras, incluyendo Roatán. Es el segundo más grande del planeta, luego de la Gran Barrera de Coral de Australia, y forma un ecosistema de una alta biodiversidad marina, además de ser una protección natural contra huracanes y oleajes fuertes.

El arrecife es el principal atractivo de Roatán, lugar que recibe al año a unos 1,9 millones de visitantes que contribuyen con casi mil millones de dólares a la economía hondureña. Sin embargo, esa bonanza turística también despierta la codicia de los inversionistas y aumenta la presión sobre el ecosistema.

La población de Roatán se cuadruplicó desde 2001. Deforestación y dragados por complejos turísticos y playas afectan los manglares y zonas con pastos marinos. Barcos mal anclados y accidentes con cruceros destruyen o contaminan el arrecife. “Es una lucha de muchos frentes”, dice Irma Brady, una de las fundadoras de la organización no gubernamental. “Los isleños reconocen que sin nuestro trabajo, la isla estaría en un estado mucho peor.”

Primer paso: tratar las aguas negras

El trabajo se enfoca en tres ejes: ciencia, apoyo institucional a las autoridades y trabajo comunitario. Lo último, remarca Brady, es muy importante ya que la población tiene que ver los beneficios concretos de la conservación. “Solo cuando cada actor cumple su papel, la protección del medio ambiente puede tener éxito”, sentencia. BICA por ejemplo, asumió la responsabilidad de coadministrar con el gobierno —la municipalidad, la marina mercante— y con otras organizaciones ambientales el Bay Islands National Marine Park.

Un resultado concreto de su trabajo son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Durante mucho tiempo, no había en la isla. Hoteles y casas estaban obligados a instalar sus propias fosas sépticas. Pero muchas comunidades vertían sus aguas residuales sin tratar en el mar. “Después de empezar las mediciones y explicar que las playas con esos niveles de contaminación deberían estar cerradas a los bañistas, las autoridades y empresarios empezaron a moverse”, cuenta Vidotto.

El gobierno local, los empresarios turísticos y la administración de la reserva natural se unieron para presentar en conjunto proyectos de dos plantas de tratamiento de aguas residuales al gobierno central y a los donantes internacionales. Así se pudo construir la planta de la capital Coxen Hole. Y en 2012 se inauguró otra en el bastión turístico West End. Los técnicos que la administran están bajo control de la Junta de Agua local.

En ambos municipios, un 90 % de los hogares y empresas están ya conectados a la red de alcantarillado. “Cuando West End abrió y empezó a tratar 730 metros cúbicos de agua al día, se comenzó a notar en nuestras mediciones”, dice Vidotto, mientras saca un pequeño frasco con agua, justo frente a la famosa playa turística.

Desde 2017, la playa pública en West End comenzó a cumplir constantemente con los estándares de natación segura de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos; luego obtuvo bandera azul, un reconocimiento internacional. En 2020, en su informe sobre el estado del arrecife mesoamericano, la organización Healthy Reefs informó que las macroalgas disminuyeron del 27 % al 24 %, debido a la reducción de la contaminación por nutrientes y aguas residuales.

Primer municipio en prohibir el plástico

Una vez instalado el sistema de alcantarillado, surgió otro problema: los residuos de plástico. “Las botellas de plástico vacías obstruían regularmente nuestros desagües y alcantarillas”, cuenta Fernanda Lozano, jefa del departamento de medio ambiente del municipio de Roatán. Como la isla vive del turismo, la basura de plástico en las playas y calles también preocupaba a los empresarios del rubro. En 2019, el alcalde promulgó la prohibición de las botellas desechables y los envases de poliestireno. “Fuimos el primer municipio de Honduras en dar ese paso”, dice Lozano con orgullo.

La labor educativa, que incluye días de limpieza de playa con los niños y ofrece charlas sobre basura y reciclaje, ayudó a que la población acepte bastante bien la prohibición de las botellas de plástico. “Pero fue el distribuidor local de Coca Cola quien se opuso”, comenta Lozano. La empresa argumentó que no podía reciclar las botellas de vidrio y se negó a aceptarlas. “Eso es una tontería. Cuando era niña, teníamos solo botellas de vidrio, y eso no era un problema. Pero durante una semana, las botellas de vidrio se amontonaron en la isla”, cuenta Lozano. La presión conjunta de los medios de comunicación, de la población, empresarios, políticos y ecologistas obligó a la multinacional a ceder.

Desde entonces, los residuos de plástico casi han desaparecido de las cunetas de las calles. Pero cuando llueve mucho, los ríos de la vecina Guatemala arrastran toneladas de basura al mar, que las corrientes marinas llevan hasta Roatán. La parte sur de la isla está especialmente afectada. En el pueblo pesquero de Pensacola, la habitante del lugar Cindy Rivas se encuentra frente a un tramo de playa lleno de basura. “El fin de semana pasado limpiamos todo aquí”, suspira. “Pero anoche el mar trajo toda esta basura”, dice, señalando el desorden de chanclas de baño rotas, cartones de leche, botellas y hasta ropa interior.

El problema se conoce desde hace años. Guatemala ha instalado una barda para retener los desechos más grandes, pero no funciona muy bien, y el gobierno central de Honduras se queja, pero rehúye al conflicto. Así que en mayo del 2021, un grupo de expertos de BICA organizó una expedición científica, en conjunto con la ONG Rescue the Planet, para trazar la cantidad, el tamaño y el origen de los microplásticos en seis áreas del Caribe guatemalteco y hondureño.

Los microplásticos son partículas de un diámetro inferior a cinco milímetros que son consumidos por peces y crustáceos y entran así a la cadena alimenticia. También son visibles al hacer esnórquel o buceo; se miran como una fina lluvia multicolor en el agua.

Las dos organizaciones ambientalistas esperan que el estudio demuestre que la barda guatemalteca o días de limpieza de playas no resuelven el problema y que se necesitan políticas integrales, prohibiendo o poniendo altos impuestos a los plásticos de un solo uso.

Varios alcaldes hondureños, entre ellos el de Roatán, han anunciado que evalúan la posibilidad de un juicio internacional contra Guatemala, poniendo así el tema en el foco mediático y empujando la agenda nacional.

La educación como catalizador

Honduras no es un paraíso para los ecologistas. El tema ocupa un lugar secundario en la agenda política y, a menudo, se le da poca importancia en comparación con proyectos económicos a gran escala, como el monocultivo de palma aceitera o los proyectos de infraestructura, como la construcción de represas. Esto causa conflictos: 123 ecologistas han sido asesinados desde 2010 —según la organización Global Witness— siendo la más famosa Berta Cáceres, que se oponía a una represa y fue asesinada a tiros en su casa en 2016. Este país centroamericano es, por lo tanto, uno de los más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales.

Pero eso no disuade a Brady: “He decidido no tener miedo, porque eso paraliza”, dice, sentada en su despacho abarrotado de carteles, libros y archivos. Tiene 70 años y ha cedido las riendas de la asociación a su hija Giselle, pero sigue siendo una referencia para los isleños.

“Cuando creamos BICA, éramos unos 45 isleños, todos de buena voluntad, pero con poco conocimiento sobre ecología”, se ríe. Se encontraron para poner fin a la tala y a la quema que en ese momento devastaba la isla, y lo consiguieron. Pero la protección del medio ambiente, y más aún en Honduras, estaba aún en pañales en aquella época.

Brady y sus compañeros apostaron a la educación. En 1992, publicaron el primer libro de educación ambiental adaptado al ecosistema de Roatán. En el libro se habla de los arrecifes de coral y de la pesca sustentable, del papel de los manglares y cómo cuidar a las estrellas de mar. Como estaba hecho con tanto cariño, con gráficos, imágenes y tareas prácticas, muchos profesores lo utilizaron en sus clases.

También empezaron a organizar excursiones, jornadas de recolección de basura y, desde 2014, jornadas de reforestación de manglares. Con fondos de la iniciativa regional MAR FUND, conformada por organizaciones ambientalistas de Belice, Guatemala, Honduras y México para cuidar el Arrecife Mesoamericano, inauguraron en 2014 el primer vivero de manglares. “Hasta hoy día hemos plantado más de 50 mil árboles de diferentes especies de mangle”, cuenta Vidotto. Más de 700 voluntarios han participado en esa extenuante actividad, caminando en arenas lodosas y movedizas, bajo un sol ardiente. La mayoría de los voluntarios son jóvenes haciendo su trabajo social en los dos últimos años de su escolaridad.

La educación de las futuras generaciones es un punto clave para la asociación. En 2019, 4285 jóvenes participaron en talleres y actividades de la organización. En 2020, por la pandemia y las dificultades con clases por internet en la isla, solo fueron 299, pero en 2021 la actividad se reactivó con 1,721 participantes entre enero y septiembre.

El enfoque rinde frutos. Muchos de los niños de la primera época están ahora en posiciones de poder. Trudy Hilton, por ejemplo, es responsable de desarrollo comunitario en el ayuntamiento. “Mucho de lo que aprendí entonces lo puedo aplicar hoy”, dice la joven. “Por ejemplo, el taller para mujeres sobre la fabricación de recuerdos y joyas con residuos de plástico fue un gran éxito”, comenta.

Otro proyecto es el suministro de agua potable. “La situación fue caótica”, dice Hilton. La empresa pública fijó unos precios demasiado bajos y dejó que la infraestructura se pudriera, muchos usuarios no estaban registrados y no pagaban nada. Proveedores privados empezaron a suplir la demanda, pero a precios tres veces más altos. En Roatán, mucha gente apenas recibe el salario mínimo de 10 022 lempiras (alrededor de 417 dólares) mensuales. Para atacar el problema: desarrollaron un proyecto piloto en Pensacola.

Nikita Johnson, encargada de desarrollo comunitario en BICA, fue la responsable de la implementación. Buscó asesoría con expertos en la capital, Tegucigalpa, y de la cooperación internacional. Unas 100 de las 500 familias de Pensacola aceptaron formar parte de un programa piloto. La idea era crear un sistema comunitario de gestión del agua. Los vecinos no solo ayudaron a colocar las tuberías, sino que posteriormente empezaron a gestionar el sistema mediante una Junta de Agua, la cual fija el precio y asegura el mantenimiento regular de las instalaciones. “La ventaja de esto es que todo el mundo tiene que rendir cuentas, y de repente hay una conciencia completamente diferente sobre el recurso del agua”, dice Johnson.

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