Los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) son instrumentos de gestión ambiental aplicados a distintos territorios del país, con el objetivo de disminuir la carga de contaminantes específicos que se encuentran presentes en una zona, desde que esta es declarada como “saturada” por uno o más contaminantes. El propósito es que estos planes limiten las emisiones de las fuentes emisoras. Si bien, su aplicación es de vital necesidad para comunas saturadas, a veces estos tardan meses o años en ser aprobados, aplazando la protección de salud de los habitantes de dicha área.

Esta es la situación vive Calama actualmente. Declarada saturada por material grueso (MP10) en 2009 por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y hasta el día de hoy no se ha publicado un plan que permita disminuir la carga ambiental por MP10.

Calama ©Diego Delso
Calama ©Diego Delso

Si bien, el anteproyecto fue aprobado en agosto de 2020 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en una sesión virtual que contó con la participación del que entonces era ministro de Minería, Baldo Prokurica; hasta el día de hoy ni él ni el actual ministro de la cartera, Juan Carlos Jobet, han firmado el Plan, lo que ha mantenido estancado el proceso.

“Sin la firma de todos los ministros de dicho Consejo, la del Presidente Sebastián Piñera, así como la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y su publicación en el Diario Oficial, para su posterior entrada en vigencia, el plan no puede operar”, explica Gary González, investigador de Fundación Terram.

La situación ambiental de Calama

El PDA aprobado el año pasado, considera una serie de medidas para corregir las condiciones atmosféricas de la comuna, entre las que destacan congelar las emisiones de las faenas mineras, establecer metas de reducción de emisiones de MP10 con un plazo de 4 años y la compensación de emisiones del 120% para proyectos nuevos que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Todas ellas necesarias si se considera que en Calama existen tres divisiones de Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile): Chuquicamata, Ministro Hales y Radomiro Tomic, “operaciones cupríferas que están generando impactos ambientales y en la calidad de vida de los habitantes, los que han tenido que asumir las externalidades negativas de la producción de cobre. Por eso es urgente que entre en vigencia el citado plan, el cual al menos servirá para disminuir parcialmente la carga de contaminantes en la zona”, señala Telye Yurisch, investigador de Fundación Terram.

En efecto, según el Censo 2017, la comuna tiene una tasa de mortalidad infantil del 9,1%, muy por sobre el promedio regional (7,3%) y nacional (6,9%); asimismo, la pobreza multidimensional es mayor que en el resto del país, ya que alcanza al 21,8% de sus habitantes, mientras que a nivel nacional el promedio es 16,6%. Por otra parte, el 19,8% de su población carece de servicios básicos y un 23,3% de hogares está en situación de hacinamiento.

“En 2016 se estimó que el pasivo ambiental de las tres divisiones de Codelco (tranque de relaves mineros de Talabre) fue el principal protagonista de las emisiones totales de material particulado de la comuna. Con la aplicación de este plan, Codelco debería invertir unos 30 millones de dólares para reducir sus emisiones, lo que permitiría evitar unas 45 muertes al 2030 y más de mil visitas a salas de emergencias hospitalarias”, aclara Yurisch. “Con este antecedente, podemos comprender por qué es precisamente el Ministerio de Minería el que ha retardado el proceso. Pareciera que está protegiendo el patrimonio de la minera a cambio de la salud de las personas”, opina.

Cabe destacar que el pasado 16 de abril se dio a conocer la noticia de una gran explosión ocurrida en la ciudad de Calama, producida por una detonación no controlada de nitroglicerina, dejando una persona con trauma acústico y otra herido de un brazo. El hecho ocurrió en una bodega de almacenamiento de stock de producto semielaborado para la fabricación de dinamita de la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex), empresa colaboradora de Codeleco. 

Mina Chuquicamata © Diego Delso
Mina Chuquicamata © Diego Delso

Presión ciudadana

El vocero de la Corporación Yareta de la comuna de Calama y de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile, el abogado Sergio Chamorro, declara lo siguiente respecto a la relación de Codelco con el conflicto actual: “desde que la comuna es decretada saturada, fueron quienes articularon con el sector público un plan de gestión ambiental que sirvió de excusas para establecer un plan de descontaminación. Posterior, frente a la denuncia presentada en contraloría general de la república, informe de investigación concluye que dicho plan de gestión es contrario al ordenamiento jurídico, no existe en la normativa. Se vieron forzados a reactivar la elaboración de un plan”

A esto el abogado agrega: “Sumado que Codelco actualmente administra y opera todas las estaciones de monitoreo ambiental que entrega resultados al sistema publico, juntamente con ello, es lo ocurrido recientemente, que Codelco le pide al Ministro de Minería no firmar, ya que según ello, el costo de implementación es de 300 millones de dólares, contrario a lo señalado por medio ambiente de un costo de 30 mi millones de dólares. Es decir, nos encontramos con importantes hechos que dan cuenta de su sistemático actuar para impedir que nuestra comuna tenga un PDA”.

Por su parte, el anteproyecto contó con una participación ciudadana que fue calificada como histórica según el ex seremi de Medio Ambiente de Antofagasta, Rafael Castro, ya que cerca de 13 mil personas participaron en él entre mayo y agosto de 2019, reflejando la urgencia que tienen para que se dicte un plan que logre disminuir la contaminación de material particulado en su territorio.

©Chile_Satelital
©Chile_Satelital

“Nuestra comuna presenta la más alta tasa de enfermedades respiratorias y la principal causa de muerte es el cáncer. Nos cansamos de día a día masticar y comernos la tierra de la gran minería, porque el Estado nos abandonó desde el 2009 al no dictar un instrumento que le permita rayar la cancha a las empresas emisoras, por justicia ambiental es que necesitamos este plan de descontaminación que movilizó a más de 12 mil ciudadanos y ciudadanas en una participación ciudadana extraordinaria, exigiendo como medida urgente dicho plan para descontaminar, por calidad de vida y por el buen vivir en nuestra comuna”, relata Sergio.

Así como Chamorro, existen miles de habitantes de la comuna que aún están a la espera de la respuesta del ministro Jobet, el cual hasta el momento no se ha pronunciado. Hasta el día de hoy son 735 denuncias de vecinos y vecinas de Calama que han expresado su malestar frente a esta grave situación y se pide, siga siendo denunciado para que el Ministro de Minería responda.  

 

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