Desarrollo Sostenible y Democracia Ambiental: La necesidad de Firmar el Acuerdo de Escazú
Fue el pasado año, cuando Chile decidió postergar la firma del Tratado de Escazú, el acuerdo que busca mejorar el acceso a la información, justicia y a la participación pública en materia ambiental dentro de los países de América Latina y el Caribe. Estando próximos a la siguiente Asamblea General de la ONU, no dejamos pasar la oportunidad de hablar sobre el tema, por lo que Gabriela Burdiles, directora de proyectos de la ONG FIMA, nos habla en una columna de opinión, acerca de la importancia de implementar medidas contra el cambio climático y la gravedad de que Chile se ausente en este tipo de iniciativas.
Este año tendrán lugar importantes negociaciones a nivel global donde se llama a Chile a ser un actor relevante en el logro de lo que se ha denominado el desarrollo sostenible.
En primer lugar, Chile tendrá su segunda oportunidad de rendir un examen voluntario frente al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas a propósito de la revisión de la Agenda 2030 y los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015. Además, recientemente se celebró en Santiago el Tercer Foro de de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, creado al alero de CEPAL como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030.
En particular, se examinaron los objetivos 13 y 16, correspondientes a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus efectos, a la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, a facilitar el acceso a la justicia para todas y todos, y a construir instituciones eficaces e inclusivas que sean capaces de rendir cuentas.
Algunas de estas metas se refieren a fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, junto con incorporar medidas relativas al cambio climático en todas las políticas, estrategias y planes nacionales. También se aspira a promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos a la información y a la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas.
Preocupa en este sentido que, hasta el momento, los datos entregados por el Gobierno en las consultas públicas realizadas en el mes de abril para medir estos avances, o no existen (principalmente en cuanto al ODS 13), o son bastante limitados en su alcance. Dicha situación es inquietante ya estos objetivos se vinculan intrínsecamente a los desafíos que Chile enfrenta actualmente en materia de cambio climático, así como respecto al fortalecimiento de la democracia ambiental.
En efecto, como ya se ha anunciado, Chile no solo será la sede y ejercerá la presidencia de la cumbre internacional más importante en términos de cambio climático, sino que también deberá actualizar su contribución nacionalmente determinada (NDC) para cumplir con el Acuerdo de París, iniciar un plan urgente de descarbonización de nuestra matriz energética, diseñar una ley marco de cambio climático, y decidir si firmará y continuará liderando las negociaciones del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, cuyo texto adoptamos en marzo de 2018.
Sin embargo, pese a que Chile es el anfitrión de estas importantes iniciativas, reina la idea de que es nuestra fiesta, pero no bailamos. Ejemplo de esto es lo ocurrido en el Foro Regional liderado por Costa Rica en conjunto con nuestro país, en el cual se convocó a los países firmantes y a la sociedad civil a trabajar sobre el Acuerdo de Escazú. No obstante, Chile dejó de lado el mandato que le confirieron sus pares en marzo de 2018 para liderar su implementación, y aferrándose a excusas contradictorias, decidió no firmar este importante tratado.
Y ¿por qué es tan grave que Chile se esté convirtiendo en el gran ausente de estas iniciativas?
Es grave porque si se estima necesario avanzar en la promoción de los ODS, de la democracia ambiental, y en la protección de los defensores ambientales, es precisamente porque en toda la región este es un tema pendiente, incluyendo Chile. Nadie aspira a que los países firmantes lleguen de inmediato con la tarea hecha, sino que, muy por el contrario, reconozcan que hay mucho por avanzar y que existe la voluntad y el compromiso de hacerlo.
En segundo lugar, la señal que se está dando al mundo con esta sinuosa forma de manejarse en sus relaciones internacionales, es que el liderazgo de Chile y su compromiso con el multilateralismo no es confiable, ya que no existe coherencia entre su discurso y sus acciones.
Esperamos que el discurso del desarrollo sostenible sostenido por el Presidente Piñera, signifique un real compromiso con éste y que se traduzca en un aumento de nuestra ambición en materia de NDC, un plan para cerrar las termoelectricas a carbón en el corto plazo (que no dependa de la mera voluntad de las generadoras de energía), y que en en la Cumbre del Clima, que se celebrará en septiembre de este año en la ciudad de Nueva York, firme el Tratado de Escazú.
