Del Valle del Aconcagua al Cordón Peñewe: cuatro áreas de conservación impulsadas por comunidades

A 2.500 metros de altura en la cordillera, el agua fluye por vegas y esteros como La Laja y Los Chacayes, alimentando la Laguna El Copín. A casi 1000 kilómetros hacia el sur, en la comuna de Lanco, los menocos brotan bajo la sombra de olivillos y tineos, para dar vida a los ríos de la selva valdiviana. Aunque geográficamente distantes, ambos paraísos enfrentan la misma paradoja: su conservación no se respalda con una política estatal, sino que a través del esfuerzo silencioso y autogestionado de sus propios habitantes.

Mientras la institucionalidad ambiental chilena anuncia la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas —la nueva estructura estatal que busca unificar las distintas figuras de conservación del país—, en los cerros y valles la realidad avanza a otro ritmo. A través de Bosquentrama, la Red y Observatorio de los Bosques y las Políticas Forestales, el Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés (San Felipe), el Santuario de la Naturaleza Zaino-Laguna El Copín (Santa María), el Santuario El Cañi (Pucón) y el Parque de Protección de Todas Las Aguas (Lanco) plantean una exigencia unánime. Para ellos, la nueva política pública debe financiar y respaldar legalmente un trabajo que, hasta ahora, han sostenido a pulso.

Guardianes solitarios: cuando el Estado no llega

Para las organizaciones de base, el resguardo de bosques y matorrales nativos para el funcionamiento de las cuencas hídricas y miles de hectáreas, se ha realizado históricamente al margen del apoyo institucional, a pesar de que la conservación de estas áreas genera un beneficio comunitario. En la zona central, la Comunidad Agrícola Serranía El Asiento protege 1.115 hectáreas. Este esfuerzo es el principal escudo para la sobrevivencia del ciprés de la cordillera, el quillay, el guayacán y fauna nativa como cóndores, zorro culpeo y vizcachas, además de vertientes vitales como “Los Peumos” y “El Niche”. José López, presidente de la Comunidad Agrícola Serranía El Asiento, que protege el Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés, es categórico respecto a esta realidad: «la experiencia local ha sido desarrollada a pura voluntad, sin beneficios ni un presupuesto asociado».

Hacia el sur, la figura se repite. En la Región de La Araucanía, el Santuario El Cañi resguarda cerca de 500 hectáreas de bosque templado lluvioso. Allí, entre coihues, lengas y araucarias, conviven el gato güiña, el pudú y el puma. Andrés Painel, guardaparque del santuario, destaca que entre sus mayores victorias se cuenta «la protección del recurso hídrico y la regeneración del bosque como consecuencia de la protección en estos 35 años de existencia como parque». Su labor protege directamente los ríos Liucura y Coilaco, además de más de diez lagunas interiores.

Sin embargo, estas áreas enfrentan presiones críticas que no dan tregua. López advierte que la amenaza más urgente en su sector son los incendios forestales, agravados por visitantes irresponsables que, con basura o botellas, generan un peligroso «efecto lupa». En El Cañi, Painel suma a la escasez de nieve otros factores. “La intensa presión de las parcelaciones y todas sus consecuencias (tala de bosque, basura, fecas, ruidos molestos, presencia de perros u otras mascotas, etc)», señaló.

El fantasma de los «parques de papel» y las exigencias a la nueva ley

Nombrar un área protegida en un documento oficial es apenas el primer paso; el verdadero desafío es financiar a quienes están en el territorio defendiéndolo de las presiones humanas. Es en este período de transición institucional del SBAP cuando las comunidades exigen que la ley se traduzca en herramientas tangibles y no en obstáculos administrativos.

Pamela Silva, Secretaria del Directorio de la Comunidad de Campo de Jahuel (Santuario El Zaino – Laguna El Copín), custodia junto a su comunidad un refugio de 6.742 hectáreas. «Si hay algo que nos llena de orgullo, es haber demostrado que la comunidad puede ser la mejor guardiana de su propia tierra», afirma con convicción.

Para ella, las necesidades institucionales son urgentes: «Lo que necesitamos del SBAP es que baje al territorio con recursos reales». Y profundiza en la magnitud del desafío logístico, «proteger estas 6.742 hectáreas es un trabajo gigante que no se hace solo con ganas; nos urge financiamiento para guardaparques, monitoreo del agua y mantención de senderos», opinó

A la falta de recursos, se suma la preocupante desprotección ante los ilícitos. López expone la vulnerabilidad que enfrentan hoy los cuidadores del bosque en la zona central, «no nos sentimos apoyados por la Ley. Ante denuncias de faltas graves al interior del Santuario no hemos sido respaldados por la justicia ni carabineros, solo derivados al 133 de Valparaíso», advirtió

En el sur del país, la mirada hacia la nueva institucionalidad está marcada por la incertidumbre. Painel, desde El Cañi, explica que, al ser el Santuario El Cañi un proyecto comunitario autogestionado, muchas veces no disponen de la información correcta a tiempo, y esperan que el SBAP les reporte más beneficios que trabas.

La incidencia nace en el territorio

En lugar de esperar pasivamente la ayuda estatal, estas comunidades han convertido su trabajo en el territorio en una herramienta de presión política. En ese sentido Pamela Silva sostiene, «demostramos que la conservación ambiental privada y la autogestión de estos lugares obliga al Estado a pensar estrategias o políticas públicas que apoyen los modelos emergentes de la nueva ruralidad».

Para la dirigente el trabajo en conjunto multiplica este impacto. «Nuestra participación en la Red Bosquentrama es fundamental, porque nos permite transformar lo que vivimos en el cerro en datos que las autoridades no pueden ignorar. Nuestra incidencia real es demostrar que la mejor política ambiental es la que nace desde el territorio».

Esta incidencia se construye firmemente desde la base social y la educación comunitaria. Rolando Carileo, encargado de proyectos del Parque de Protección de Todas Las Aguas en Lanco, protege junto a su comunidad, el cordón Peñewe. Este parque es fundamental, porque allí nacen las aguas a través de «menocos» (lugares sagrados donde brota el agua y crecen más plantas medicinales) que luego nutren los esteros Pencoleufu y Puquiñe, alimentando al río Leufucade, al Cruces y, finalmente, al río Valdivia. Desde esa riqueza intrincada de la selva valdiviana, Carileo detalla cómo ejercen presión institucional de cara al futuro y plantea que, «el mayor elemento de incidencia que tenemos en el trabajo del parque son las actividades que realizamos con las infancias respecto a la educación ambiental y el cuidado del bosque».

El emplazamiento de esta “primera línea” de la conservación al Estado es definitivo. Como resume Pamela Silva, el éxito de la nueva institucionalidad de conservación en Chile dependerá de un cambio de paradigma profundo. “Esperamos que el Estado sea un aliado que nos facilite la pega y no que nos imponga un trámite más, porque somos las comunidades las que cuidamos el bosque día tras día”, precisó.

Mientras tanto, Bosquentrama, el Observatorio de los Bosques y las Políticas Forestales que nació a fines de 2023, ya suma cerca de 50 Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Es una iniciativa ejecutada por la Agrupación de Ingenieros/as Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), en colaboración con CIEM Aconcagua y el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), que cuenta con financiamiento de la Unión Europea para su implementación.

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