Crisis en el Parque Nacional Natural Tayrona en Colombia mantiene cierre temporal: ¿De qué se trata el conflicto?
Tamara Núñez
El cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona, decretado por razones de seguridad, expone una crisis que combina amenazas, bloqueos y tensiones por la administración de un territorio que es, a la vez, área protegida y espacio sagrado ancestral. Aquí te contamos qué hay detrás del conflicto que llevó a suspender el funcionamiento de uno de los parques más emblemáticos de Colombia.
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Colombia, permanece cerrado de manera temporal desde el 17 de febrero de 2026. Según informó Parques Nacionales Naturales de Colombia, la medida fue adoptada mediante la Resolución 091 como acción preventiva para proteger la vida e integridad de visitantes, comunidades y funcionarios.
“El cierre temporal del parque es una decisión que tomamos porque debe prevalecer el cuidado de la naturaleza y el respeto absoluto por la dignidad, la vida y la integridad de los guardaparques, que son funcionarios y servidores públicos que entregan su talento y su convicción en la defensa de la vida. Es reprochable cualquier tipo de amenaza para ellos”, señaló el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora.
Pero más allá del cierre administrativo, lo que ocurre en el Tayrona revela un conflicto más profundo: tensiones por la seguridad, el control territorial y la administración de un espacio que es al mismo tiempo parque nacional, destino turístico y territorio ancestral.
Ubicado en la región Caribe, a pocos kilómetros de Santa Marta, el parque protege 15.000 hectáreas terrestres y 3.000 marinas donde convergen selva tropical, bosque seco, arrecifes y playas. Es además parte del territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, quienes lo integran dentro de la “Línea Negra” o Seshizha, sistema de sitios sagrados reconocido por el Estado colombiano.
Un cierre por seguridad
De acuerdo con el comunicado oficial, el 11 de febrero se realizó una intervención institucional en el sector de Cañaveral para hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida, así como para apoyar actuaciones judiciales relacionadas con el uso indebido de zonas de especial importancia ecológica. Tras esta actuación comenzaron a circular amenazas directas contra el personal del parque en redes sociales y se registraron actos de intimidación en los accesos.
El 16 de febrero se presentaron bloqueos en el ingreso de El Zaino y posteriormente en otros puntos como Neguanje. En estos accesos se reportaron cobros no autorizados e ingresos irregulares de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad, lo que obligó al retiro del personal y generó un escenario que, según la institución, impide asegurar condiciones mínimas de seguridad dentro del área protegida.
El Gobierno señaló además que existe un contexto de riesgo advertido por autoridades competentes en el territorio, por lo que se decidió suspender temporalmente el ingreso mientras se fortalece de manera articulada la presencia institucional en la zona y se restablece el control administrativo.
La toma indígena y el pulso por la coadministración
En paralelo a la versión oficial, distintas fuentes locales y comunitarias han confirmado que, tras el decreto de cierre, miembros del pueblo Kogui asumieron el control físico de accesos como El Zaino. Desde entonces, se han registrado ingresos de visitantes mediante un “aporte comunitario”, bajo una administración ejercida directamente por representantes indígenas.
Para las comunidades de la Sierra Nevada, el conflicto no es solo operativo. Han denunciado intervenciones en sitios de importancia espiritual y sostienen que la gestión estatal ha priorizado el turismo por sobre el equilibrio territorial y sagrado. Exigen un modelo de coadministración real, con participación efectiva en las decisiones y en los ingresos generados por el turismo, amparándose en el derecho a la consulta previa y en el reconocimiento legal de la Línea Negra (Decreto 1500 de 2018).
Desde el Gobierno, en tanto, se ha reafirmado que la autoridad ambiental recae en el Estado. En esa línea, el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora, señaló:
“En este momento nos encontramos dialogando con las autoridades locales, con la Gobernación, Alcaldía y gracias al apoyo de la Defensoría, de la Procuraduría y el Ministerio del Interior hemos podido restablecer espacios de diálogo para normalizar o superar esta situación. No deseamos esta situación de cierre, nos perjudica, pero debe prevalecer el cuidado de la naturaleza y el respeto absoluto por la dignidad, la vida y la integridad de los guardaparques”.
En paralelo, el Gobierno instaló una mesa interinstitucional con autoridades locales y representantes indígenas para avanzar en una hoja de ruta que permita una reapertura segura y planificada del parque. Sin embargo, hasta ahora no se ha definido una fecha concreta para retomar el funcionamiento regular.
Impacto económico y tensión territorial
El cierre temporal, sin una fecha clara de reapertura, está afectando fuertemente al sector turístico de Santa Marta y sus alrededores. Guías, transportadores, hoteles y operadores reportan pérdidas significativas en plena temporada alta.
Hoy el Tayrona se encuentra en un punto crítico. Más que una disputa por la venta de entradas, el conflicto expone una tensión histórica entre el derecho ancestral y la autoridad estatal sobre un territorio de enorme riqueza ambiental, cultural y espiritual.
La reapertura dependerá, según la autoridad ambiental, del restablecimiento pleno de las condiciones de seguridad y control institucional en el área protegida, así como de los avances que logre esta hoja de ruta en construcción.
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