Costa Rica: La minería ilegal en Crucitas expone conflicto bilateral con Nicaragua por contaminación y extracción de oro

El pasado 3 de junio de 2021, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió un dictamen que ponía fin a las reclamaciones de la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. contra el Estado de Costa Rica por los supuestos perjuicios causados por el gobierno de este país al rescindir o hacer nulo un acuerdo o concesión otorgado en diciembre de 2001, cuando la canadiense pidió al estado explotar un territorio de 10 kilómetros cuadrados en San Carlos, situado en la provincia de Alajuela, al norte del país centroamericano y justo en la frontera con Nicaragua, en lo que se conocería como la mina Crucitas.

La decisión, según explica el periodista Luis Manuel Madrigal en Delfino, pone fin a un proceso judicial de 7 años en el CIADI, —institución del Banco Mundial con sede en Washington— y desestima las reclamaciones por compensación o indemnizaciones que exigía la minera canadiense a Costa Rica por los desembolsos en el proyecto. Pero, además dan por terminado las intenciones de establecer una mina de oro a cielo abierto en una zona de enorme riqueza natural, cubierta de selva tropical y que además es hábitat de cientos —si no miles— de especies, muchas de ellas vulnerables, amenazadas, o en peligro de extinción.

Sin embargo, el caso Crucitas se ha configurado en un dolor de cabeza para las autoridades en Costa Rica, y esto no solo está vinculado a las disputas y litigios con Canadá, sino por el abandono de un proyecto que ha quedado a merced de mafias y grupos ilegales que practican la minería empleando dinamita, mercurio, cianuro, y que además continúan causando daños ecológicos irreparables, la extracción de oro y el transporte fuera de las fronteras en lo que ya se ha conocido y ha sido reseñado en medios como el caso de los maleteros del oro. El aprovechamiento de esta mina por parte de coligalleros —término aplicado en este país a los mineros ilegales— y la violación del territorio por grupos que se asegura vienen de Nicaragua ha provocado que diversos portavoces eleven los reclamos al Estado para que asegure el área donde se sitúa la mina y que, además, denuncie la supuesta connivencia de Nicaragua en la explotación y ecocidio en Crucitas.

Un contexto

«El caso Crucitas comenzó a desarrollarse en diciembre de 1999 cuando la empresa Industrias Infinito S.A. solicitó al Estado la concesión de explotación minera sobre un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela. Tras varias solicitudes de información por parte de las autoridades, el 17 de diciembre del 2001 el Poder Ejecutivo entregó a la empresa canadiense la concesión, siempre y cuando presentara el estudio de impacto ambiental necesario», explica Madrigal en una extensa nota publicada en el medio digital Delfino de Costa Rica.

La evaluación de impacto ambiental no se presentó a tiempo. Y Costa Rica reevaluó la pertinencia de la minería a cielo abierto, lo que concluyó dos años después con un decreto Ejecutivo que declaraba la moratoria de la minería metálica a cielo abierto por parte del gobierno del momento, encabezado por el presidente Abel Pacheco de la Espriella. La medida también establecía que todos los trámites en curso referentes a esta materia serían suspendidos. Lo que continuó fue un tira y encoge que continuó dos años después y se extendió por casi una década.

En 2004, con una sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal de Costa Rica, que declaraba nula la concesión otorgada en 2001 a la firma canadiense. Esto se agravó en agosto de 2005 cuando la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) declaró que la empresa había entregado la evaluación ambiental requerida y cumplido con todos los extremos de los trámites para el otorgamiento de la concesión. Meses más tarde, en diciembre, la misma SETENA declaró la viabilidad de la mina Crucitas. La empresa tenía luz verde para la explotación y además había pedido permisos para el uso de explosivos en el área.

En 2008, con cambio de gobierno, el presidente Óscar Arias revivió el decreto de 2001 y dio nuevos aires y esperanzas a la empresa canadiense cuando, en una movida inédita, declaró la utilidad pública del proyecto y habilitó a la empresa canadiense para que adelantara los trabajos en la mina. Las impugnaciones no se hicieron esperar y, en una decisión histórica, los tribunales echaron por tierra la medida tomada por la administración de Arias, considerando que el proceso estaba viciado, además encontrando que la minera había ocultado información a SETENA en su proyecto y evaluación ambiental, que además carecía del respaldo y firmas de ingenieros químicos y el visto bueno del Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica. Los tribunales también acusaron la poca transparencia del proceso. De allí, los litigios pasaron al plano internacional, principalmente ante el CIADI.

Minería ilegal, los maleteros y las pérdidas millonarias

Tras el abandono de la mina Crucitas, la incursión de mineros ilegales no ha tenido freno. El deterioro del área incluso ha provocado pronunciamientos por parte del Colegio de Geólogos de Costa Rica, que ha también instado al Estado a tomar medidas para frenar la minería ilegal y detener el daño ecológico causado por los químicos, explosivos y destrucción de la capa vegetal en la zona, diezmada por la erosión de bombas que disparan agua a presión para extraer sedimentos que son luego tamizados y tratados con sustancias como mercurio y cianuro para aislar el oro. «Prohibir la mina legal sin controlar coligalleros es el peor de los escenarios… No hay otra alternativa, lo único viable es hacer un desarrollo minero profesional con sostenibilidad ambiental”, ha dicho Giorgio Murillo, director ejecutivo del Colegio de Geólogos.

Los números de exportación de oro aumentaron 44 veces en ocho años, a pesar de la prohibición minera de 2010. ​El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ahora investiga delitos de minería ilegal, daños al ambiente y legitimación de capitales ante una alerta del Vigilancia Aérea relacionada con el flujo de exportaciones, según reseña la periodista Amelia Rueda en un trabajo publicado en su sitio web, que además agrega que: «Las exportaciones de oro en bruto desde Costa Rica pasaron de acumular apenas 27 toneladas en 2010 a alcanzar las 1.175 toneladas en 2018; es decir, los totales exportados se multiplicaron casi 44 veces en ocho años después de que el país se declaró ‘libre de minería metálica a cielo abierto’, en noviembre de 2010«.

El abandono de la zona también ha provocado una fiebre del oro en Crucitas: al menos 23 personas han sido detenidas transportando lingotes de oro extraídos de la mina en maletas hacia Estados Unidos, en un fenómeno que ha pasado a conocerse popularmente como los maleteros del oro, que es el término con que se refieren a los ciudadanos que viajan llevando este metal precioso en piezas de equipaje, algunas veces declarándolo en aduadas, pero sin poder constatarse la legalidad de los procesos a través de los cuales se extrajo el material. Este fenómeno ha sido denunciado por los medios en Costa Rica, donde se han publicado extensos reportajes sobre el tráfico de mineral.

Las autoridades también han tomado nota y los escándalos han provocado pronunciamientos por parte de autoridades, como la ministra de ambiente de Costa Rica, Andrea Meza, que se ha referido sobre el tema. «Estamos ante una situación de crimen organizado, donde vemos elementos de posible tráfico de oro que viene del sur u otras cosas que se están moviendo» apuntó la ministra en entrevista con Costa Rica Medios. Meza además agregó: «Se le dijo a Aduanas, señores, es importante que activemos esto que el oro que se presume se extrae de Costa Rica, debería de tener al menos para poder salir, un permiso de exportación que debe venir desde la dirección de geología y minas del Ministerio de Ambiente y Energía. Y eso en el lenguaje de aduanas es lo que se conoce como notas técnicas. Entonces lo que se está en este momento, es en se proceso de mejora y transparencia de los procesos, hay un equipo interistitucional en este momento en eso«.

El abandono del gobierno en el yacimiento es señalado también por los mismos pobladores de Crucitas, pero también han tomado nota factores políticos que buscan soluciones al desastre ambiental, entre los que se cuentan diputados del partido Liberación Nacional (PLN), que han balanceado las pérdidas por causa de la minería ilegal y abogan porque se ponga sobre la mesa nuevamente la regulación de la minería a cielo abierto. El proyecto de legisladores de este partido plantea tres tipos de minería que se desarrollarían en el país con un marco regulatorio: pequeña, mediana y artesanal, lo que permitiría disminuir los índices de desempleo en la zona, regular la actividad para formalizarla y hacerla sustentable, erradicar el uso de químicos y —más importante— tapar el hueco de perdidas al país que se calcula en  $400 millones por extracción ilegal, según diputados de este partido político.

También el abogado ambientalista Álvaro Sagot ha solicitado al gobierno de Costa Rica demandar a Nicaragua por permitir el paso ilegal de coligalleros y mercurio hacia Crucitas, para explotar oro, actividad que podría contaminar el fronterizo río San Juan. Uno de los agravantes más serios es la constatación a través de estudios científicos que advierten de la contaminación por mercurio de cuerpos de agua, específicamente el caño Infiernillo, que drena desde Crucitas hacia el río San Juan, se ha registrado en peces pequeños, según apunta el diario El País de Costa Rica.

Ladera Sur hizo esfuerzos para contactar a Sagot durante semanas, pero finalmente el abogado desistió ser entrevistado. Sin embargo Sagot ha llevado la bandera sobre este asunto haciendo ver la obligación adquirida por ambos países —Costa Rica y Nicaragua— al ser parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para «la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos», que ha sido ratificado por 196 países, incluido Costa Rica. “Estamos ante una situación compleja, definitivamente, con un juego internacional bastante grande. Yo considero que Costa Rica debería presentar una demanda contra Nicaragua en el tanto que Nicaragua está permitiendo el paso de mercurio”, resaltó Sagot en declaraciones a El País de Costa Rica.