Candice Welsch, representante de UNODC: “El río Putumayo se ha convertido en la pista por excelencia para el transporte de coca”

Los cultivos de coca en Colombia llegaron a 230 000 hectáreas en el 2022 y tuvieron un incremento del 13 % respecto al 2021. Este es el segundo año consecutivo en que las plantaciones aumentan y alcanzan su máximo histórico.

Las cifras fueron reveladas el pasado 11 de septiembre por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Allí se destaca que el 49 % de los cultivos se encuentran en zonas de manejo especial: parques nacionales, resguardos indígenas, tierras de las comunidades negras y reservas forestales. Además, el departamento del Putumayo es la zona más crítica, pues pasó de tener 28 205 hectáreas en el 2021 a 48 034 en el 2022, lo que representa un incremento del 70 %.

“En todas las zonas donde se concentró la coca hay comunidades vulnerables y se favorece la producción porque no hay otras alternativas”, dice Candice Welsch, representante de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur. Welsch también destaca que hay una presencia fuerte de los grupos ilegales que controlan los territorios “y esto es un desafío grande para Colombia porque hay muchas zonas donde no hay realmente Estado”.

En esta entrevista con Mongabay Latam, la representante de UNODC habla sobre la alarmante situación de aumento de cultivos de coca en la frontera con Ecuador y Perú, donde el río Putumayo se empieza a convertir en una vía principal para el tráfico de droga. También revela que las dinámicas del narcotráfico están cambiando, se buscan nuevas rutas, la violencia del crimen organizado llega hasta el sur del continente y los laboratorios de procesamiento de coca se instalan en países europeos como España e Italia.

—¿Qué características tienen las zonas donde se concentraron los cultivos de coca en el 2022?

—Este año ha habido un aumento importante en los cultivos de coca, especialmente en el departamento de Putumayo. Hemos identificado esta zona como un gran enclave productivo. Ahí vemos unos temas importantes: Hay beneficios geográficos —si puedo llamarlo así— porque está muy cerca de la frontera [con Ecuador y Perú], es muy fácil para traficar, pero también para recibir los insumos necesarios para la producción, debido al aprovechamiento que están haciendo del río Putumayo para el transporte de coca.

En todos los enclaves productivos siempre hay comunidades muy vulnerables y vemos que no hay muchos servicios básicos, no hay mucha presencia del Estado y se carece de protección y seguridad. En estas áreas también hay una presencia muy fuerte de grupos armados ilegales que están allí porque el Estado no está. Ellos realmente controlan todo el territorio. Y la última cosa que es importante en estos territorios es que la producción de la coca es diferente. Como hemos visto desde el año pasado, hay muchas variedades de coca, muchísimas en Putumayo, con fuerte uso de insumos como fertilizantes y herbicidas que hacen que la producción sea mucho más alta. Igualmente, se están empleando técnicas más eficaces para producir la cocaína.

Estos temas están muy marcados en los enclaves productivos y eso está más claro que nunca este año. Cuando vemos otras zonas del país, que hemos denominado como zonas de desconcentración, es decir, donde hay pocos cultivos, no hay tanta presencia de grupos ilegales. Es realmente una diferencia muy marcada.

—Putumayo fue el departamento con los mayores incrementos en las hectáreas sembradas con coca, a pesar de que se hablaba de una baja en los precios que estaba desestimulando el cultivo. ¿Qué podría explicar ese enorme incremento?

—Hubo muchos artículos con la hipótesis de los precios bajos y que no había compradores. Lo que hemos visto en los estudios que hemos hecho es que eso no es verdad para todo el país. Es verdad en las zonas más lejanas, las de desconcentración, pero no en las de concentración.

Ha habido cambios en los intereses de los grupos ilegales. No son como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que querían gobernar y tener control del territorio, ahora los grupos quieren maximizar sus ganancias. Al final es eso: es mucho más fácil comprar donde hay una concentración muy alta de coca y una calidad que también es mejor. Eso está ocurriendo en Putumayo, pero no está ocurriendo en departamentos como Guaviare o Meta.

Las zonas de desconcentración influyeron sobre los bajos precios, porque allí era más difícil producir y faltaban compradores. Igualmente, es verdad que existían incertidumbres en territorios en disputa entre grupos ilegales diferentes y muchas veces las comunidades no saben a quién vender sus productos, así que no quieren tomar el riesgo de exponerse a la violencia.

—La coca en el Parque Nacional La Paya, en Putumayo, pasó de 762 hectáreas en 2021 a 1840 en 2022. ¿A qué se debe ese incremento?

—Cuando pensamos en el Putumayo tenemos la tendencia de mirar solamente el mapa de Colombia, pero es igualmente importante entender lo que está pasando en la región. Hay una nueva área, con un aumento importante en Perú, al otro lado del río Putumayo y que está muy cerca del Parque La Paya en Colombia.

Las características de la producción en ese punto del Perú son muy parecidas a las de Colombia. Pensamos que probablemente son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos.

—Colombia y Perú tienen una fuerte producción de coca, pero no es el caso de Ecuador, ¿qué papel juega este último país en el  aumento del cultivo en la zona de frontera?

—En general, Ecuador tiene mejores rutas y tiene puertos que se están usando para mover la coca porque, para combatir el narcotráfico, se ha reforzado el control en los puertos colombianos. Ecuador se ha convertido en un punto más eficaz a nivel de transporte. Por eso estamos viendo grandes cambios en este país que ahora también sufre todas las consecuencias negativas de la violencia extrema. El rol de Ecuador es más logístico, de transporte y de facilitador del tráfico internacional.

—Casi el 60 % de la coca se encuentra en zonas donde los cultivos han estado de forma permanente e intermitente durante 10 años. ¿Por qué no ha sido posible erradicarlos sí ya se conoce la ubicación de esas plantaciones?

—En todas estas zonas las comunidades tienen las mismas vulnerabilidades y se favorece la producción de coca porque no hay muchas otras alternativas, también hay una presencia fuerte de los grupos ilegales que controlan los territorios y creo que esto es un desafío grande para Colombia porque hay muchas zonas donde no hay realmente Estado, entendido como presencia de las Fuerzas Armadas y de Policía, pero también como servicios de educación y salud. Las soluciones en estas zonas también son más difíciles.

El gobierno puede optar por el desarrollo alternativo y llevar mayor presencia del Estado, pero eso podría ser posible quizás en las zonas donde hay desconcentración de cultivos, como Meta y Guaviare. En las zonas donde ha habido producción durante mucho tiempo, el problema es la inseguridad, con la fuerte presencia de los grupos ilegales y poca capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Es por eso que continúan los cultivos, así sepamos dónde están.

—El informe también menciona que hay muchos productores de hoja de coca que ahora producen la pasta en sus fincas. ¿Hay alguna explicación para este cambio de comportamiento?

—Creo que es cuestión de tener un valor añadido. Además, se necesitan muchas hojas para hacer el producto, así que es mucho más fácil transportar algo chiquito que transportar toneladas de hojas. Esto también se ha facilitado en los enclaves productivos, porque allí tienen todos los insumos necesarios para el procesamiento, los cuales son proveídos por el crimen organizado.

Otro aspecto interesante es que antes todo era hecho en Colombia, desde el cultivo de la hoja hasta la producción del clorhidrato de cocaína. Ahora estamos viendo que Colombia y Perú están transportando la base de coca hacia Centroamérica, Brasil y hasta España. Estamos tratando de entender este comportamiento. Puede ser porque la base de coca no es soluble en agua y quizás hay menos riesgo de pérdida del producto si es transportado por mar, o tal vez porque la base de coca es menos costosa y no hay tantas pérdidas económicas si cae en incautaciones.

—¿Se podría decir que se ha pasado de una época de grandes laboratorios de procesamiento de coca a tener muchos pero más pequeños?

—Las etapas de pasta, base y clorhidrato no se dan todas en el mismo lugar. Creo que hay una tendencia a usar laboratorios más pequeños en la región porque son más fáciles de esconder, y si hay una incautación o una destrucción de los laboratorios, las pérdidas no son tan importantes porque todo el mercado no depende de un solo lugar. Hay laboratorios de coca en países como España, Italia, Brasil y Argentina. Eso es algo nuevo.

—¿Hay una relación entre el aumento en los cultivos de coca y los diálogos del gobierno colombiano con varios grupos armados?

—Hay una tendencia de aumento también en Perú, ellos han reportado un aumento de 18 % y su política es muy diferente a la de Colombia. No sé si los diálogos tienen un impacto. Este informe es una foto hasta el 31 de diciembre del 2022, así que es difícil decirlo exactamente. Lo que sí vemos es un aumento en la demanda en los mercados de Europa, Asia y en mercados emergentes de otras regiones. Entonces, claramente hay incentivos para continuar con la coca. Tomará tiempo ver si las negociaciones del gobierno están teniendo algún impacto en la actividad.

—¿Qué opina de la nueva política de drogas del gobierno Petro que tiene como objetivo darle oxígeno a los campesinos cocaleros y asfixiar a los grupos criminales?

—Hay varias cosas importantes. Una de ellas fue la manera de elaborar la política, algo nuevo en Colombia. Apoyamos al gobierno para organizar 26 asambleas en todo el país, para tratar de escuchar, realmente, a todas las comunidades impactadas. Esta política de oxígeno y asfixia es una manera más creativa de expresar lo que siempre hemos recomendado: tener un enfoque integral de prevenir el consumo y reducir la oferta. El enfoque de desarrollo alternativo se dirige al objetivo del oxígeno, y hacia el lado de la asfixia está la importancia de tomar acciones a nivel nacional, regional e internacional para enfrentar el crimen organizado.

En la nueva política hay detalles sobre cómo mejorar en las incautaciones, perseguir todas las ganancias ilícitas y luchar contra la corrupción, algo que muchas veces se olvida, pero que es muy importante porque si hay mucha corrupción es súper difícil mejorar la gobernanza, mejorar la justicia y la confianza en la Policía.

Es una política nueva, hay que esperar para ver el impacto que tendrá su implementación, pero creo que este enfoque equilibrado es algo valioso. También es muy importante el enfoque territorial de la política, que es muy útil, y es algo que también tratamos de hacer en el informe que acabamos de publicar, donde no solo indicamos las cifras totales de hectáreas de coca en el país, sino que mostramos que hay tendencias diferentes en los territorios y por eso tenemos que tener respuestas más enfocadas.

—¿Por qué la coca sigue adentrándose en parques nacionales y resguardos indígenas de Colombia?

—La proporción fue un poco menor que en el 2021. En ese año el 53 % de la coca estaba en áreas de manejo especial [parques nacionales, resguardos indígenas, tierras de las comunidades negras y reservas forestales], para 2022 la cifra fue de 49 %, pero no es un descenso importante. Los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea.

—Los principales productores de coca en el mundo son Colombia, Perú y Bolivia. ¿Qué similitudes y diferencias hay en las dinámicas de cultivo en los tres países?

—La forma de producción es muy similar entre el Putumayo colombiano y el Putumayo peruano, pero muy diferente a cómo se hace en el resto de Perú y en Bolivia. Pero lo más interesante sobre el tema de coca es que vemos que el tráfico está afectando a toda la región, porque se están buscando nuevos mercados. Cuando vemos todos los flujos que existen, notamos que llegan y afectan incluso a Chile, Uruguay y Paraguay. Los flujos son mucho más complejos ahora que antes por el deseo de buscar nuevas rutas.

Con Ecuador podemos ver el impacto negativo que tiene toda la criminalidad alrededor de esta actividad. También se pensaba que los impactos negativos del crimen organizado se veían solo en los países del norte, pero ya se sabe que es un problema en el cono sur, donde cada vez hay más presencia de grupos, violencia y drogas.

—Desde hace al menos cinco años ha crecido la extensión de cultivos de hoja de coca en las áreas protegidas de Perú y Bolivia, y también se han encontrado un gran número de pistas de aterrizaje dentro de ellas. ¿Cómo evalúa esta tendencia?

—Quedé muy impresionada con la presentación del informe de coca en Perú porque en una misma zona grande de producción había hasta 100 pistas. Esto se está viendo también en Bolivia y en el Chaco de Paraguay. Las pistas facilitan el tráfico de drogas, pero también la deforestación, el tráfico ilícito de especies y muchos otros delitos.

Atravesar la selva en esas avionetas pequeñas es complejo, son grandes distancias y se necesitan pistas, no pensando en dejar la droga allí, porque la droga no se baja del avión, sino en abastecerse de combustible. También hay que tener en cuenta algo y es que el río Putumayo se ha convertido en la pista por excelencia para el transporte de coca.

—¿Cuáles son las acciones prioritarias que debe aplicar el gobierno colombiano para frenar el aumento en los cultivos de coca?

—Se necesitan respuestas diferentes según el territorio. Ahora mismo hay una oportunidad importante en las zonas de desconcentración, especialmente en los lugares donde había precios bajos y falta de compradores.

Es el momento perfecto para empezar con programas de desarrollo alternativo y mejorar la presencia del Estado, porque si esto no se hace hay gran riesgo de que los grupos ilegales empiecen con otras actividades como la deforestación, la minería ilícita o la trata de personas, dependiendo de la zona del país que se esté analizando.

Es muy importante tener un plan diferencial para los enclaves productivos, para identificar cómo se puede mejorar la seguridad, la presencia del Estado y la protección de las comunidades. Es vital fomentar la cooperación regional en las zonas de frontera porque hay una falta de respuesta estatal en estas áreas.

No hay respuesta fácil ni una sola estrategia que permita mejorar todo, pero creo que tener toda la información y entender que hay tendencias diferentes, puede permitir la creación e implementación de políticas que tengan un impacto positivo a futuro.

*Imagen principal: Río Putumayo: Colombia se encuentra de un lado y Ecuador está del otro. Foto: Mongabay Latam.