Biodiversidad marina podrá rehabilitarse si se eliminan subsidios a la pesca comercial, un tema que se discute en la OMC

La sobrepresca o sobreexplotación de los mares y océanos es la principal amenaza que enfrenta la biodiversidad marina. Esta consiste en la captura de gigantescas cantidades peces a la vez, por lo que la población reproductora se agota a un ritmo demasiado alto para recuperarse. La sobrepesca generalmente va acompañada de tipos de pesca comercial y métodos que son derrochadores, que usan enormes redes, que arrastran cantidades masivas de peces u otros animales no deseados (llamada pesca accidental o colateral), que luego son descartados o devueltos ya muertos al océano.

Esta problemática es la principal causa del declive en la población de vida marina. Y es un problema que viene siendo estudiado y que podría este jueves 15 comenzar a  tener una solución consensuada si, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), reunidos en Ginebra, Suiza, llegan a un acuerdo que pondría fin a los subsidios gubernamentales —también llamados subvenciones— a la pesca comercial.

Ernesto Fernández Monje, investigador de Pew Charitable Trusts, una organización no gubernamental que promueve investigación para orientar mejores políticas públicas en todo el mundo, explica a Ladera Sur que durante décadas los gobiernos han empleado los subsidios y subvenciones a ciertas industrias para impulsar su desarrollo. Estos fondos pueden potenciar las acciones ya sea para satisfacer el mercado local o para generar bienes y servicios para exportación. Estos fondos o subsidios, por tanto, forman parte de políticas estatales y se rigen según los criterios e intereses de cada país.

En lo que se refiere al comercio internacional, estas subvenciones son reguladas o están reglamentadas por la OMC, porque pueden potencialmente distorsionar el mercado, ya sea que se trate de subsidios a productos agrícolas, manufactura, producción de tecnología, etc. Los subsidios permiten a los Estados intervenir para abaratar los costos de producción y pueden causar impacto o efecto fuera de estas fronteras ocasionando competencia desleal.

En lo referente a la pesca, los subsidios tienen un efecto multiplicador: facilita el acceso a combustible, a insumos, a producción de embarcaciones, al incremento de actores que participan de esta actividad. Por ende, estas subvenciones tienen un efecto directo en la sobreexplotación de los recursos marítimos.

Y este fenómeno viene siendo monitoreado y estudiado desde hace al menos dos décadas, esencialmente porque organizaciones internacionales, centros de investigación y la evidencia misma dada por el sector pesquero da cuenta de un hecho: La cantidad de peces y de biodiversidad marina está disminuyendo a tasas que no son sustentables. El riesgo esencial es este: si no se pone freno a la sobrepesca, no quedarán peces y vida marina para el consumo. La vasta y extraordinaria variedad de vida marina será exterminada, con la consecuente extinción y muerte de nuestros océanos y mares.

Durante casi dos décadas, los gobiernos miembros de la OMC han trabajado en el diseño de un acuerdo orientado a quitar las subvenciones a la pesca dañina, uno de los principales factores de la sobrepesca. Las subvenciones a la pesca son pagos que los gobiernos hacen a las flotas pesqueras para ayudar a cubrir costos como el combustible y la construcción de buques. Sin embargo, estas subvenciones dañan el medioambiente al incentivar más actividad pesquera de la que el océano puede resistir.

Algunos gobiernos gastan 35.000 millones de dólares estadounidenses cada año para apoyar a sus sectores pesqueros, de los cuales 22.000 millones de dólares corresponden a subvenciones consideradas perjudiciales ya que promueven el aumento de la capacidad del esfuerzo pesquero, según las estimaciones de un estudio publicado en 2019 por el investigador Rashid Sumaila y otros ocho colegas.

La mayor parte de estos fondos provienen de China y la Unión Europea, que representan el 36 % de la totalidad de las subvenciones dañinas a la pesca que los Gobiernos otorgan a sus flotas pesqueras, según una investigación publicada en Marine Policy en 2019. El grueso de estos pagos se otorga en forma de subvenciones al combustible, por un valor de $4.160 millones, lo que representa casi el 20 % de los $22.000 millones que todos los Gobiernos otorgan al año en concepto de subvenciones dañinas. Aunque Latinoamérica tenga países con grandes industrias pesqueras, como Perú, Ecuador, Chile y en Centroamérica, Salvador, Panamá; Fernández precisa que el contienente las subvenciones apenas alcanzan 5.6% del total de los recursos en forma de subsidios destinados a la pesca comercial.

La FAO ha estimado que desde mediados de los años setenta, cuando los Miembros empezaron a regular las pesquerías marinas, la situación de las poblaciones ha continuado deteriorándose a medida que continúa la pesca insostenible: en 1974, el 10% de los las poblaciones estaban sobreexplotadas; en 2000 (justo antes de que comenzaran las negociaciones en la OMC) era del 27%; y en 2017 fue del 34%. Un acuerdo para frenar los subsidios dañinos es una forma clara para revertir esta tendencia.

Se espera que el consumo mundial anual de pescado crezca un 16,3% entre 2020 y 2029, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este fenómeno es lo que presiona a las poblaciones de peces silvestres. De acuerdo con las ONU, el 52% de las poblaciones de peces que monitorea están «plenamente explotadas«, lo que significa que una mayor expansión de la pesca provocaría una disminución en sus poblaciones. Se estima que el 17% está sobreexplotado, lo que significa que la pesca continua en los niveles actuales no es sostenible a largo plazo.

La buena noticia es que, en concreto, la eliminación de todas las subvenciones destructivas provocaría un aumento del 12,5 % de la biomasa global de peces para el 2050, lo que representa alrededor de 35 millones de toneladas métricas de peces (casi tres veces la totalidad del consumo de pescado anual de África), según The Pew Charitable Trusts.

Estas cifras surgen de un modelo bioeconómico —financiado por The Pew Charitable Trusts— que un grupo de científicos de la Universidad de California, Santa Bárbara, creó a partir de datos de acceso público de 2018 (el año más reciente para el cual se tenían datos completos). El modelo fue revisado por economistas independientes y luego se difundió a los miembros de la OMC, quienes actualmente están negociando un acuerdo global que podría eliminar todas las subvenciones dañinas y contribuir a la recuperación significativa de las poblaciones de peces pronosticada por la herramienta.

Si las conversaciones de este jueves en Ginebra encuentran camino al éxito, podrían acabar en el primer acuerdo comercial multilateral para este grupo de 164 miembros desde 2013. Algunos portavoces estiman que sería el pacto más importante desde que se estableció la OMC en 1995. Los países miembros han estado peleando durante años sobre cómo detener la sobrepesca. La Sra. Okonjo-Iweala, quien asumió el cargo en marzo, está ejerciendo duras presiones para que los Estados se comprometan, y los grupos empresariales y ambientales están optimistas de que su enfoque conducirá a una resolución.

“No habrá un mejor momento para cumplir con este mandato”, ha dicho Isabel Jarrett, experta en pesca de Pew Charitable Trusts, entrevistada por el Wall Street Journal. «Esto es importante para la Dra. Ngozi para demostrar que en su primer año, puede ofrecer un resultado de importancia global».