Áreas Silvestres Protegidas, las hijas huérfanas del Estado

Mucho se ha especulado en el último tiempo respecto de las concesiones en Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE). En julio de este año, cuando se concesionó parte del Parque Nacional Radal Siete Tazas, algunos noticieros lo anunciaban como el “primer parque nacional concesionado a privados”, un anuncio sensacionalista que atentaba a la veracidad de los hechos y que dio origen a un nuevo debate. Si bien el modelo utilizado en esta ocasión es distinto a otros implementados anteriormente, es incorrecto e irresponsable aseverar que este sea el primer parque en tener una concesión.

Desde sus inicios, las ASPE no han tenido un hogar propio que les brinde cobijo y sustento en la institucionalidad chilena. Las primeras áreas protegidas nacen con el propósito de racionar la explotación forestal para el futuro, o porque eran áreas con bajo valor productivo y gran belleza escénica, ideales para propiciar el turismo. En cualquiera de los casos, los motivos de su creación carecían de una lógica de conservación y protección. Durante alrededor de 70 años, la administración de estos espacios estuvo repartida entre varios organismos, hasta que en el año 1972 llegó a manos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) la cual, siendo un organismo de derecho privado y encargado principalmente del fomento forestal, no tenía las competencias técnicas de conservación y turismo, ni la capacidad financiera para llevar a cabo una adecuada administración.  Y aunque se esfuerza y lo desea, aún no las tiene.

Siendo las ASPE hijas adoptivas de CONAF y las menos favorecidas en términos de presupuesto, es que en el año 1996 la institución decide dar fuerza a las alianzas con privados, con la finalidad de subsanar los déficit presupuestarios. A esto se suma un turismo en aumento que provoca que la labor de CONAF, quien históricamente ha carecido de recursos y funcionarios suficientes para operar, se vuelva inabarcable, por lo que externalizar algunos servicios parecía una buena solución. Actualmente, CONAF tiene vigentes 53 contratos de concesiones de diferentes naturalezas, concentrados desde la Región de la Araucanía al sur.

Si bien este mecanismo de colaboración dio algo de respiro a CONAF, aún no lograban sacar a las ASPE de la crisis económica en la que estaban. Ya en los años 90, se percibía que hacía falta una política de Estado y un servicio público, con presupuesto propio, que se hiciera cargo de su administración. Hecho que, transcurridos ya varios años, aún no ocurre. Cabe señalar además que no fue hasta el 2009 que el Estado, a través de la Ley de Presupuesto, decide asignar recursos al SNASPE. Anterior a eso, las áreas protegidas fueron administradas con el presupuesto general de CONAF.

No es sorpresa que en los últimos años el turismo haya aumentado enormemente en todo el mundo. Cansadas del estrés en las ciudades, y sintiendo el llamado a conectarse con la naturaleza, las personas están visitando cada vez más los espacios naturales y Chile se ha posicionado como un destino de clase mundial. Entendiendo entonces que las ASPE podrían actuar como un importante polo de desarrollo, tanto para la economía local como nacional, es que en el año 2010 se crea la Ley de Turismo (Ley 20.423) la cual, entre muchas otras cosas, otorga atribuciones al Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) para entregar concesiones a privados en áreas protegidas priorizadas por un Comité de Ministros de Turismo. Actualmente, se encuentran priorizados 8 parques y se han celebrado 2 contratos de concesión bajo esta ley, ambos en el Parque Nacional Siete Tazas, más uno declarado desierto en el Parque Nacional Villarrica.

Actualmente existen dos modelos de concesiones vigentes, el de CONAF y el del MBN. Por su parte CONAF, licita un contrato para un servicio y/o infraestructura en particular, a un plazo de máximo 10 años (puede ser mayor dependiendo del monto de la inversión) y basándose en la Ley de Bosque, la Política de Desarrollo del Ecoturismo en ASPE y la Política Institucional de Concesiones. En cambio, el MBN concesiona una superficie completa, en la cual el titular deberá implementar cierta cantidad de servicios y/o infraestructuras solicitados, a un plazo máximo de 50 años y basándose en el decreto N° 50. Cabe señalar que en ambos casos los llamados a licitación o términos de referencias pueden incluir algunos requerimientos adicionales a los mínimos exigidos.

En concesiones de CONAF, el dinero entra directamente a las arcas fiscales y se distribuye según las necesidades del Estado, ingresando algo de éste al presupuesto anual del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Adicionalmente, CONAF exige en algunas ocasiones a los titulares que aporten al parque con algunos bienes y servicios, como mantención de senderos, impresión de folletería, entre otros.

En concesiones otorgadas por el MBN, es este ministerio quien recauda la renta por pago de concesiones por lo que, en teoría, este ingreso no aportaría directamente al SNASPE. Sin embargo, las bases de licitación que ha elaborado el MBN hasta ahora, han incluido la obligación a los titulares de reinvertir un porcentaje de las ventas brutas anuales en acciones y obras que beneficien directamente al área protegida donde se realiza la concesión. En el caso de las concesiones del Parque Nacional Radal Siete Tazas, este porcentaje corresponde al 3,5%, y en el caso de la concesión declarada desierta en el Parque Nacional Villarrica era de 2,5%.

Un análisis económico elaborado por Fundación Terram en diciembre del 2017, muestra que el aporte del Estado al SNASPE alcanza para cubrir sólo el 76% del total de gastos por concepto de personal y la diferencia es cubierta con ingresos provenientes de las operaciones, los que incluyen el ingreso por concepto de concesiones. Es vergonzoso y triste ver que las áreas protegidas estén tan “desprotegidas”. Si bien es correcto pensar en usar mecanismos de alianzas público-privadas para apoyar la gestión de las áreas protegidas, es incorrecto pensar en usarlas como opción para hacer frente a la falta de recursos públicos. En ese sentido, es evidente que el SNASPE exige a gritos que el Estado asuma su responsabilidad y le asigne los recursos financieros suficientes para llevar a cabo una adecuada gestión.

Otro punto interesante es que ambos modelos de concesión en teoría exigen integrar a la comunidad y hacer estos procesos más participativos, pero en la práctica parece ser que los esfuerzos no son suficientes, generando en algunas ocasiones una atmósfera de descontento y desaprobación, particularmente de los pobladores locales aledaños a un área protegida. El proyecto de ley en trámite que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas no será la excepción, ya que al parecer continuará operando bajo la misma lógica de concesiones, eliminando las potestades de los otros dos organismos y asumiendo la responsabilidad completa del SNASPE pero, esta vez, bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente, cuyas decisiones dependen del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, compuesto por ministerios a los que poco les importa la conservación.

En países como Honduras, en donde el fuerte de su economía se basa en la explotación forestal, han impulsado la gestión de sus áreas protegidas basados en modelos de co-manejo y acuerdos voluntarios de gran éxito.  Con una institucionalidad ya establecida a cargo de la administración de sus áreas y con la consciencia de que se requiere del apoyo de la comunidad para hacer conservación efectiva, es que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), invierte grandes esfuerzos en trabajar estrechamente con la comunidad y fomentar la gobernanza. Acciones que muchos deseamos, pero que son prácticamente inexistentes en nuestro país.

En Chile los desafíos son enormes y a la vez muy elementales: contar con una institucionalidad pública con autonomía y financiamiento propio que se haga cargo de la administración y conservación de las áreas protegidas, subsanar las deficiencias de representatividad, cobertura y protección de los distintos ecosistemas del país, e integrar a los pobladores locales en la toma de decisiones. Estar lidiando aún con falencias como éstas demuestran claramente el poco compromiso estatal con las ASPE. No es de extrañar entonces que el Estado decidiera dar fuerza a los sistemas de concesiones dentro de las ASPE en vez de inyectar más recursos al sistema. En este sentido, no basta sólo con enmendar las actuales carencias, se requiere de una transformación completa de la manera en que concebimos la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en las áreas protegidas y de cómo hacemos frente a las presiones que amenazan su integridad. Es hora de que el Estado asuma la paternidad del SNASPE y comparta su crianza con una sociedad activa, consciente y empoderada. Esto es clave para poder brindarles a nuestras áreas protegidas, fuentes de vida y bienestar, su tan anhelado y merecido hogar.