Amenaza de las salmoneras en Canal Beagle: las claves para comprender el conflicto

En medio de gritos de “Fuera salmoneras” o “El pueblo consciente defiende el medio ambiente” y pancartas con mensajes como “Bienvenidos reyes, pero no sus salmones” y “Territorio Yagán sin salmones”, fueron recibidos este sábado en Punta Arenas los reyes noruegos Harald V y la reina Sonja quienes, invitados por el Presidente Sebastián Piñera, visitaron el país durante seis días a propósito de la celebración de 100 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Los reyes, que llegaban con una delegación de 60 empresarios nórdicos –entre ellos algunos de los mayores productores y exportadores de salmones en el mundo–, poco imaginaban que tendrían esta bienvenida ni mucho menos que el panorama se repetiría el domingo en la ciudad más austral de Chile, Puerto Williams, donde arribaron para conmemorar los 400 años desde que el primer navegante noruego cruzó el Cabo de Hornos.

Era una multitud pequeña, pero se hicieron escuchar y su mensaje cruzó fronteras. El conflicto de la instalación de salmoneras en el Canal de Beagle saltó a la palestra dejando en evidencia una lucha que hace tiempo comenzó en Puerto Williams.

Antecedentes

Como un proceso viciado y lleno de irregularidades, han calificado diversos grupos sociales y medioambientales la inminente instalación de cuatro centros de cultivo de salmones en el Canal Beagle y ciertas zonas del Paso Picton al interior de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos (RBCH).

Dentro de las principales críticas que acusan los habitantes de Puerto Williams se encuentran la ausencia de una consulta indígena y/o ciudadana, incertidumbre legal al encontrarse las Resoluciones de Calificación Ambiental otorgadas a los diversos proyectos ya caducadas, y falta de transparencia.

“Este proyecto de salmonera nunca se informó a la comunidad, y debió hacerse a través de una consulta indígena ya que así lo estipula el Convenio 169 que suscribió el Estado chileno con la Organización Internacional del trabajo, OIT. Y esta consulta se justifica aún más cuando en este territorio ancestral por ser además reserva mundial de la biosfera, categorizada como el lugar más prístino del mundo, con el agua dulce más pura del mundo, y además con un patrimonio humano vivo como es la abuela Cristina (Cristina Calderón última hablante nativa del idioma yagán)”, explica David Alday, dirigente de la comunidad yagán en Puerto Williams.

Incluso, mucho antes de eso, en 2009, ya hubo un conflicto con la comunidad cuando se realizaba el proceso de consulta ciudadana para la macrozonificación del borde costero en la provincia Antártica. Tal como asegura el Grupo de Ciudadanos por la Defensa del Beagle, “la actual macrozonificación del borde costero de la provincia Antártica fue resultado de un proceso poco claro que no respetó la voluntad manifestada por los representantes de la comunidad de Puerto Williams”.

En ese entonces, se contrató a la consultora Gestión Patagonia para desarrollar el proceso de votación. Durante la actividad los representantes de la comunidad votaron que la macrozonificación debía tener como prioridad la conservación, sin embargo el Gobierno Regional de Magallanes, a través del documento Memoria y Propuesta Preliminar de Zonificación del Borde Costero Provincia de Tierra del Fuego y Antártica Chilena, publicado en septiembre de 2010, “mediante un mecanismo insólito, modificó las variables que usaron para medir la opinión ciudadana, por lo que los resultados publicados no fueron concordantes con las preferencias de la mayoría de los participantes, determinando a través del documento la priorización de las actividades acuícolas”, denuncian a través de una carta pública.

En cuanto al marco legal, los vecinos de Puerto Williams alegan que las concesiones entregadas por la Subsecretaría de Marina a la empresa Concar S.A. en 2005 y luego vendidas y transferidas a la pesquera Cabo Pilar S.A (hoy representada por Nova Austral, que asumiría las operaciones), estarían ya caducadas.  Tal como explicita la Ley Nº 20.417 –que modifica la Ley 19.300– en el artículo 25 ter. “La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación”.

A su vez, el D.S 40/2013 MMA que aprueba el Reglamento del SEIA, establece en el artículo 73 la caducidad de la RCA, agregando a lo ya establecido por la ley que “se entenderá que se ha dado inicio a la ejecución del proyecto o actividad, cuando se realice la ejecución de gestiones, actos u obras, de modo sistemático, ininterrumpido y permanente destinado al desarrollo de la etapa de construcción del proyecto o actividad”. Lo cual debe ser informado a la SMA.

Según constata una carta de fecha 26 de enero de 2015 firmada por Mark Stengel, representante de Cabo Pilar, y dirigida al entonces director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso Contreras, para la fecha los cuatro centros de servicios no habían podido dar inicio a su actividad.

Sobre esto el senador Guido Girardi ha señalado “se quieren instalar proyectos de salmonicultura, que ya destruyeron Chiloé. Esto, contra la opinión de autoridades, del alcalde, del mundo científico, y además, en un proceso que es totalmente trucho”. A esto sumó: “las autorizaciones del proyecto por parte de la Armada están vencidas, sin estudio de impacto ambiental, todo irregular. Una verdadera vergüenza, por lo que vamos a ir a la Contraloría y vamos a citar a la comisión de Medio Ambiente a todas las autoridades que han permitido estas irregularidades”. Finalmente el parlamentario anunció que presentará una ley que que obligue a la salmonicultura a presentar un estudio de impacto ambiental y no sólo una declaración ya que “esta no implica la participación de la comunidad y permite este tipo de ecocidios, porque casi tiene menos exigencias que sacar licencia de conducir”.

Implicancias medioambientales

El principal detractor de la instalación de las salmoneras en el Canal Beagle son sus impactos en el medio ambiente. Hoy el Cabo de Hornos es considerado una de las últimas 24 ecoregiones más prístinas del planeta con contrastes ecológicos que lo convierten en un lugar único en el mundo, declarado como Reserva Mundial de la Biosfera en 2005.

Son precisamente estas características las que en los últimos seis años han llamado la atención de la industria salmonera. Tal como explica Héctor Kol en el informe sobre el Estado de la Salmonicultura Intensiva en la Región de Magallanes generado para la organización AIDA,  “En efecto, el crecimiento de la industria salmonera en Chile depende actualmente de su expansión geográfica hacia Magallanes. Las ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias, que la propia industria llevó a las regiones de Los Lagos y Aysén han generado una situación de colapso sanitario y ambiental con altos costos para la industria, obligándola a buscar nuevos ambientes sanos donde operar”.  De acuerdo a datos de la consultora IndexSalmón hoy en Magallanes existen 125 concesiones de acuicultura vinculadas a la Agrupación de Concesiones de Salmónidos. De ellas, Nova Austral representa el 21,6% con 27 proyectos.

La situación de colapso sanitario y ambiental a la que se refiere Kol se debe principalmente al impacto que generan los desechos orgánicos y químicos que la industria descarga en los ambientes acuáticos y que terminan por aumentar excesivamente los nutrientes en el agua –producto de los alimentos que se les da a los peces y la alta tasa de cuerpos en descomposición, por ejemplo–. Esto lleva a que ocurra una eutrofización orgánica, considerada como una de las mayores amenazas a los océanos y zonas costeras por la aparición de zonas con nula o insuficiente disponibilidad de oxígeno disuelto para mantener la vida acuática. Esto porque, al haber un exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, las plantas marinas y otros organismos crecen en tal abundancia que, durante su crecimiento y putrefacción, consumen una gran cantidad del oxígeno disuelto y aportan materia orgánica como fango en exceso, afectando la calidad de las aguas y su disponibilidad de oxígeno.  Estas condiciones a su vez, pueden dar lugar al crecimiento de bacterias que producen toxinas letales para otros animales como aves y mamíferos que no se ven afectados por la falta de oxígeno en el agua.

El gran problema es que esta situación ya está ocurriendo en Magallanes según un informe emitido en 2016 por la Contraloría General sobre auditorías hechas a los servicios estatales encargados de regular y fiscalizar las actividades acuícolas: el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). La auditoría a SUBPESCA evidenció que, entre 2013 y 2015, 53% de los centros que operaban en la región de Magallanes habían reportado la generación de condiciones anaeróbicas, es decir, que hay insuficiente oxígeno para soportar vida marina. El informe de la auditoría a SERNAPESCA corroboró los resultados anteriores y señaló explícitamente que dicha entidad “[…] no ha ejercido la correcta vigilancia y fiscalización de las concesiones acuícolas […]”.

A la falta de una correcta fiscalización, se suman otras falencias que Kol describe en su informe: “Existe, por ejemplo, una ausencia total de estudios de “capacidad de carga” en todos los sitios intervenidos por la salmonicultura. Ello implica que no se conoce la capacidad de estos sitios para descomponer, reciclar, absorber o dispersar las enormes cantidades de desechos orgánicos y químicos que la salmonicultura intensiva produce […] Tampoco hay límites para el uso de antibióticos en el control de enfermedades de peces. Los controles existentes al respecto revisan la presencia de residuos de antibióticos solo en el producto final (pescado comercializable) pero no en el medio acuático intervenido por la actividad”.