Acuerdo de Escazú: su importancia y por qué Chile no ha firmado

El pasado jueves 27 de septiembre 15 países de América Latina y el Caribe firmaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales –más conocido como Acuerdo de Escazú-, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Chile decidió postergar su adhesión.

Este lunes la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicó las razones de la  negativa de Chile a firmar el tratado que desde 2012 ha impulsado y liderado junto a Costa Rica. «Esto ha sido una postergación, un tema de oportunidad. Una decisión tomada a solicitud de Cancillería mientras realizan los análisis de resolución de litigios que es un problema más importante. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país«, dijo la ministra.

Sin embargo esta decisión no estuvo exenta de críticas. Diversas organizaciones ya han expresado su molestia ante una situación que catalogan como «preocupante e inadmisible». Valentina Durán, directora del centro de estudios Espacio Público, recalcó que con esta decisión «Perdemos credibilidad, perdemos en cuanto a que no cumplimos con un compromiso, y además, mostramos improvisación, porque hubo mucho tiempo para analizar el mecanismo de solución de controversias que es lo que parece que hoy día estaría generando una tensión y que ha sido indicado como la razón para postergar la firma del Acuerdo de Escazú».

Además enfatizó en la gravedad de que Chile no firme un acuerdo mientras que otros países, en situaciones más complejas lo hayan hecho: «Hay otros países para los cuales firmar este tratado y ratificarlo después significa realizar serios ajustes en su legislación nacional, y ese no es el caso de Chile. Hay Estados que tienen que hacer esfuerzos mucho mayores que los que tiene que hacer Chile para poder ajustarse a los compromisos de este convenio y, a pesar de eso, estos Estados firmaron. Eso lo hace aún más grave en el caso de Chile, que tiene estándares bastante altos de acceso a la información y la participación en la justicia ambiental en comparación con sus pares de la misma región».

Para Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, esta situación no deja de sorprender: “Nos parece profundamente preocupante, sobre todo frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socio-ambientales son una de las preocupaciones principales que debiera tener”.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti  señaló que es “inadmisible” que el Estado de Chile  se reste de este tratado en último minuto, ya que el impulso de este acuerdo es fruto de un esfuerzo realizado desde 2012 –durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, seguido por la administración de Bachelet y este año por la nueva administración Piñera-, “siguiendo una línea de continuidad por parte de Cancillería y los propios ministerios (…) Creo que Chile no solo pierde una oportunidad, si no que el Estado de Chile y sus instituciones quedan totalmente desacreditadas a nivel internacional y creo que en eso la cancillería tiene que dar una explicación”, finalizó el parlamentario.

Una falta a los derechos humanos y al medio ambiente

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es abogar por los derechos de acceso –a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales-, garantizando así la Democracia Ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Tal como han destacado los 27 expertos en derechos humanos de la ONU involucrados en la creación de éste, el primer tratado de su tipo en el mundo, “este histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible”. A su vez Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, ha señalado que: “este acuerdo es un importante paso adelante en la protección y salvaguardia de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Al establecer disposiciones vinculantes específicas, los Estados latinoamericanos y caribeños no solo reconocen la grave y preocupante situación a la que se enfrentan los defensores ambientales en países de la región, sino que también están tomando medidas concretas para reafirmar su papel y respetar, proteger y realizar todos sus derechos”.

Ana Piquer de Amnistía Internacional resaltó que “este tratado no está creando derechos nuevos, sino que lo que está haciendo es reconocer derechos básicos: el derecho a la información, a la participación política, al acceso a la justicia, dándole una especificidad a los temas ambientales en un contexto mundial en que la defensa y la protección del medio ambiente es un asunto de urgencia”.

A esto Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, suma que dejar de firmar el tratado, es “preocupante ante la situación de los defensores/as ambientales vinculados/as a pueblos indígenas. Tenemos la reciente aprobación del recurso de amparo a la abogada Karina Riquelme, tenemos la situación de Macarena Valdés que debe ser aclarada, casos de personas no indígenas como los defensores del agua de Modatima” quienes han sido amenazados por desempeñar sus respectivos roles ambientales en Chile.

Las Zonas de Sacrificio y el acceso a la Justicia Ambiental en Chile

Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la crisis ambiental vivida en la Bahía de Quintero durante el último mes demuestra por qué es necesario seguir avanzando en los derechos de acceso que busca garantizar este tratado, ya que “la gente de esa zona hace más de un mes que vive episodios críticos de contaminación y eso es nocivo para sus derechos humanos». Según Liberona este acuerdo “si bien no tiene un efecto inmediato en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, Justicia Ambiental y no discriminación que es lo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio”.