Una cruzada para proteger las olas de Chile

“No hay nadie que entre al mar y salga igual”, con esa frase acompañada de imágenes de surfistas disfrutando las privilegiadas olas de Perú, comienza el documental A la Mar, presentado por Patagonia el pasado jueves 11 de abril en Santiago y 13 de abril en Pichilemu. La cinta de 32 minutos muestra la lucha de los tablistas peruanos para proteger un patrimonio natural que destaca como las mejores olas en la escena del surf y que ha albergado algunos de los campeonatos más importantes del mundo en la disciplina.

Con más de 3 mil kilómetros de costa, Perú es cuna de deportes de agua. Sin embargo en los últimos años el desarrollo inmobiliario e industrial, carente de planificación ambiental, han amenazado lo que para muchos es no sólo un elemento primordial para la práctica de deportes de agua, sino también una fuente de bienestar, de conexión con la naturaleza e incluso de ingresos económicos, al atraer turismo y potenciar la formación de futuros deportistas –y eventuales campeones nacionales–.

Tal como se evidencia en el documental, fueron dos los principales casos que encendieron las alarmas de los surfistas peruanos y organizaciones medioambientales, y los llevaron a tomar cartas en el asunto: En los años 80’ dinamitaron el acantilado y borde costero de la playa La Herradura para construir una carretera. Tal fue el impacto de esta construcción –que por lo demás no contó con estudio de impacto ambiental–, que no sólo terminó con una de las olas más buscadas en Lima, considerada de clase mundial, sino que además afectó una de las playas más bellas de la capital de Perú despojándola de su arena. El otro caso emblemático fue la construcción de un muelle de pescadores en Cabo Blanco, Piura, el año 92 que casi acaba con la mítica rompiente del lugar al cortar su trayectoria.

Para evitar más casos como estos a futuro, comenzaron una campaña para proteger las rompientes de todo el litoral peruano. No fue un trabajo fácil, debido a la fuerte oposición de sectores políticos y empresariales, pero finalmente y gracias a una conjugación de factores que incluyó el hecho de que la selección peruana saliera campeona en el mundial ISA, el año 2000 finalmente el Estado peruano aprobó la Ley Nº27.280 de protección de las rompientes. Con ello, Perú se convirtió en el primer país en el mundo en tener un sistema legal para cuidar la integridad de sus olas. Pero el trabajo aún no estaba terminado: en la ley se estipulaba que habría un reglamento que detallaría cómo se iban a proteger las rompientes en la práctica.

Tuvieron que pasar 13 años desde de la aprobación de esta ley, para que finalmente se pudieran aunar las posiciones de la Federación Nacional de Tabla (FENTA), el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Dirección General de Capitanía de Puertos (DICAPI) para definir el contenido del reglamento de la ley de rompientes y para que se creara el Registro Nacional de Rompientes (RENARO), entidad donde se deben inscribir las olas para ser protegidas.

Para que una rompiente esté legalmente inscrita y por ende protegida, debe pasar por el siguiente proceso: presentación de expediente técnico a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y pagar entre 10 mil y 20 mil soles peruanos (entre 2 y 4 millones de pesos chilenos), dependiendo si la ola cuenta con estudios de fondo marino previos o no. Debido a que ni el Gobierno ni la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) tienen los fondos necesarios para realizar todos los expedientes de cada una de las olas que cumplan los requisitos en el país, diversas organizaciones sociales impulsaron la campaña “Hazla por tu ola”, un sistema de donaciones ciudadanas que permite reunir los fondos necesarios para los estudios e inscribir las olas en RENARO. Gracias a esta iniciativa, a la fecha se han logrado proteger legalmente 33 olas de Perú.

El caso chileno

La comunidad surfista de Chile ha crecido exponencialmente en los últimos años pasando de poco más de 1.000 surfistas en los años 90’, a sumar más de 20.000 en la actualidad. Y al igual que en el caso de Perú, el borde costero también ha sido testigo de un rápido crecimiento y desarrollo inmobiliario e industrial. Es por eso que, tomando como ejemplo la exitosa experiencia de Perú, en Chile existen al menos dos iniciativas que buscan proteger las rompientes nacionales.

La primera de ellas es un proyecto de ley impulsado por los directivos de varias asociaciones de surf y bodyboard en Arica y presentado por los senadores Durana, Ebensperger, Chahuán, Prohens y Pugh en octubre de 2018, para la protección de las rompientes de olas para la práctica del surf, que se basa en la ley peruana. La segunda, tiene relación con el trabajo que la Fundación Rompientes –quienes recientemente ganaron un Grant de Patagonia de su programa de donaciones ambientales– está realizando sobre todo en la zona centro del país.

Tal como explicó a Ladera Sur Juan Esteban Buttazzoni, abogado con mención en medio ambiente de la organización, dentro de sus principales focos de atención está el impulsar la ley de rompientes en el Congreso y entrar en la discusión de la misma: “El proyecto de ley que se presentó es a la larga reconocer a las rompientes como un objeto de protección. Pero hoy no hay una definición clara de hasta dónde llega la rompiente. No sabemos por ejemplo si tú, cuando mueves las arenas, vas a afectarla. Entonces tenemos que meter ciencia para definir la rompiente y hacerle cambios a ese proyecto de ley. Es un desafío que tenemos pendiente porque tenemos que contactarnos con las personas en Arica”.

Además mencionabas que a la ley de rompientes habría que sumar también la protección de la zona terrestre de la costa… ¿Cómo buscan asegurar esto?

Ahora estamos trabajando más que nada en la zonificación del borde costero. La zonificación involucra la costa y el mar, y hay casos en los cuales esa zonificación ha reconocido las rompientes. Hoy hay en el Congreso un proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, presentado en 2012. Ahí nos estamos metiendo para integrar ciertos conceptos esenciales de resiliencia, de servicio ecosistémico… porque el proyecto de ley actual no tiene ninguna coma a medidas de mitigación o ante crecidas. Y en ese lugar queremos incluir a la rompiente de ola como un objeto en sí mismo de protección con la característica de beneficio principal asociada al deporte.  El proyecto está actualmente en segundo trámite en el senado, el gobierno le acaba de meter urgencia. Lo que estamos haciendo es crear un grupo de organizaciones para entrar al debate de ese proyecto de ley.

Ahora viene la COP 25 y, cuando se creó el 92’, dentro de sus objetivos estaba la gestión integrada de la zona costera. La gestión integral reconoce todos los aspectos, tanto sociales, como económicos y ambientales en la gestión de un territorio, y en Chile no está esa bajada. Chile suscribió un convenio internacional pero en el proyecto de ley no hay ninguna coma a cómo se administra una zona costera de manera integral. La costa es nuestro principal paragua o nuestro principal elemento de resguardo ante crecidas por ejemplo. Entonces por eso estamos full metidos en ese proyecto de ley.

¿Y qué es lo que hace falta para llevarlo a cabo?

Transmitir el mensaje y valorizar los territorios. Valorizar que si llegamos tarde vamos a terminar rompiendo lugares que son icónicos muchas veces para el desarrollo de los mismos pueblos costeros. Creo que eso es esencial, valorizar que cuando vas a surfear te genera algo súper especial, sales contento, feliz. Y dar cuenta que a través del deporte puedes hacer conservación sobre todo en estos estadios que son naturales, no necesitamos que nadie los construya sólo protegerlos.

Mientras no exista una ley que resguarde las rompientes en el país, hay otras herramientas en las que se han basado para proteger olas icónicas para los deportes acuáticos en Chile: las áreas marinas protegidas. Hoy figuras como los Santuarios de la Naturaleza Marinos y las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), podrían asegurar  la protección del borde costero–y con ello de las rompientes y el medio ambiente–. Es por eso que la Fundación Rompientes presentó en febrero de 2018 un proyecto para crear un AMCP-MU en la costa de la Sexta Región en conjunto con otras organizaciones como el Sindicato de Pescadores de Topocalma, Confederación de Pesca Artesanal de la Provincia Cardenal Caro, Fundación Kennedy, Puertecillo Playas Libres, Patagonia Inc., Fundación Punta de Lobos, Chile Costa Central y Fundación Mar Adentro.

También están viendo la posibilidad de crear un santuario marino en Topocalma, una zona que además de contar con olas privilegiadas para la práctica del surf, ha sido reconocida como sitio prioritario de conservación de la biodiversidad. “El gobierno de Chile ha reconocido toda la zona desde Matanzas hasta el sur de Topocalma, el sur de Punta de Lobos, como hot spot de conservación de la biodiversidad. Eso significa que tienes especies que son endémicas que están amenazadas, y tienes un territorio mediterráneo único en el mundo que tiene que ser objeto de protección. Y el Estado chileno no ha sido capaz de proteger estos lugares».

Butazzoni cuenta que la fundación se ha asociado con el Marine Conservation Institut de California, para promover la creación de este santuario «que nos permite conservar costa y mar, y obviamente la ola. Entonces la idea de promover la creación de este santuario va a involucrar no solamente las olas icónicas de este territorio sino además reconocer la labor que han venido haciendo en este lugar los pescadores artesanales que han sido los garantes, los guardianes de este lugar hace muchísimo tiempo”, puntualiza.

En Chile ya existe un caso de éxito similar en la Región de O’Higgins, que emergió de las propias organizaciones locales: En 2013 se creó el primer Santuario de la Naturaleza Marino en la comuna de Navidad –y el primero en el país– llamado Bosque de Calabacillo. Éste no sólo protege un bosque de 11 hectáreas de alga Macrocystis pyrifera, sino que también el lugar de reproducción de las más de 80 especies marinas y terrestres que se encuentran en el santuario y a su alrededor. A esto se suma un manejo sustentable de la pesca artesanal y la gestión participativa, al trabajar en alianza con la sociedad civil, a través de los Sindicatos de Pescadores de los sectores de La Boca y de Matanzas. Finalmente, desde un principio se reconoció el atractivo de la zona para el uso recreacional de deportes como el surf, windsurf y kitesurf, por lo que tal como señalan desde la Fundación Rompientes, podría decirse que “a través de la creación de un Área Marina Protegida en Navidad, tenemos la primera ola protegida legalmente para usos recreacionales en Chile”.