Chile avanza hacia un acceso responsable a las montañas

En el territorio chileno lo que más hay son montañas. Basta con mirar hacia la cordillera para ver todas las cumbres que se asoman al cielo. En cifras, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ese terreno montañoso ocupa un 64% del territorio nacional. De eso, un 70% es propiedad del fisco, según datos del ministerio de Bienes Nacionales. Aun así, existen problemas para acceder a las montañas. 

El pasado viernes 3 de noviembre se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores el Seminario Acceso a las Montañas, en el que participaron diversas autoridades y organizaciones como el Jefe de la Unidad de Gestión Territorial y Patrimonio de bienes Nacionales, Sebastián Seisdedos; Javier Salvatierra, director de Fundación Plantae; Sebastián Torrealba diputado de la Comisión de Medio Ambiente, e Isauro Torres, director de la Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos (DIMA), del Ministerio de Relaciones Exteriores, para abordar esta problemática.

En la sesión Javier Salvatierra, director de la fundación Plantae, explicó: “La mayoría de las regiones de Chile tienen problemas con la restricción a la montaña, principalmente en la Región Metropolitana, seguida por la Araucanía, la Región del Bío Bio y Valparaíso”.

El foco de la iniciativa estuvo en dar a conocer las principales características del proyecto de Ley que será presentado la tercera semana de agosto y que busca regular el uso, protección, la educación y el desarrollo sostenible del patrimonio de montaña. Éste se basa en cuatro puntos: el acceso responsable a la montaña; la definición de montaña; establecer un reglamento para el catastro y acceso; y los propietarios.

Pese a que se trata de un primer paso hacia el acceso responsable a las montañas, que además se enmarca en el quinto objetivo de la Política Nacional para la Gestión Sustentable de la Montaña en Chile y Plan de Acción al 2030, y también del Comité Nacional para las Montañas, todavía quedan muchas dudas. Entre esas, hacia quién va dirigida la ley, el cuestionamiento del criterio para la definición de montaña y el resguardo para la seguridad de quienes accedan a ella.

Las montañas a las que no accedemos

El Catastro Nacional de Restricción a la Montaña realizado por fundación Plantae a principios de este 2018 arrojó que hubo al menos 236 casos en los que no se pudo tener acceso a la montaña por distintas razones. Entre ellas, que el camino estaba cerrado con candados, que un cuidador no los dejaba pasar, que el camino estaba cortado o se restringía el acceso con un pago. Esto incluyó a zonas privadas y públicas. Por ejemplo, se evidenciaron complicaciones para entrar al Parque Nacional Conguillío o el cierre del Parque Nacional Mocho – Choshuenco.

Por otro lado, de las 47 millones de hectáreas que hay de montaña en Chile, un 70% es del fisco. Para saber el estado del acceso a las montañas bajo su responsabilidad, el ministerio de Bienes Nacionales también elaboró un catastro. En esta medición, determinaron que sólo el 13% de la propiedad fiscal de montaña no tendría un camino a más de 500 metros que permita acceder a ellas. Sin embargo, más del 80% del territorio fiscal de montaña no se encuentra administrado.

En el caso de los terrenos privados, la realidad no es tan diferente. Mientras unos sencillamente prohiben el acceso, otros lo permiten bajo ciertas condiciones. Tal es el caso de Gasco, que administra el cerro Cruz de Piedra y permite el acceso a los montañistas luego de haber llenado un protocolo y pagar una entrada de 25 mil pesos. “Lo que Gasco quiere es promover el equilibrio del ecosistema y la seguridad de los visitantes y nos reservamos el derecho de solicitar permisos por el interés de preservar el lugar más que bloquear el acceso”, explica Patricio Silva, Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Gasco.

La importancia de que se  garantice un acceso a la montaña, radica en que en 2007 nuestro país empezó a formar parte de la Alianza para las Montañas de la FAO. A raíz de eso, se creó el Comité Nacional de Montañas (CNM), que busca asesorar a las instituciones del Estado en estrategias para un uso sostenible de las montañas. Para lograr este objetivo, se hizo un borrador de la Política Nacional para la Gestión Sustentable de la Montaña en Chile y Plan de Acción al 2030, en el cual se presentan cinco objetivos. Uno de ellos tiene que ver justamente con el libre acceso a las montañas: “educar y propiciar un acceso responsable e inclusivo para el disfrute de las montañas”.

Un proyecto que viene en camino

En la tercera semana de agosto el diputado Sebastián Torrealba (RN) presentará un proyecto de ley al Congreso sobre el acceso a las montañas. “Independiente de impulsar el acceso libre y responsable a la montaña (…) queremos acelerar la acción del Estado, los privados y los ciudadanos sobre la montaña”, dice Torrealba.

Este proyecto busca avanzar en los anteriores dos proyectos de los senadores Andrés Allamand (RN) y Francisco Chahuán (RN) y se basa en cuatro principios: el acceso responsable a las montañas; establecer una definición de montaña; elaborar un reglamento para el acceso; y los propietarios, ya que busca acceso a los terrenos privados bajo una responsabilidad personal.

Sin embargo, todavía está en proceso de elaboración y aún existen vacíos. 

La principales críticas al proyecto

Dentro de los principales detractores del proyecto, se encuentra la actual definición otorgada a las montañas en el documento. El proyecto sigue la línea de la definición propuesta por Joaquín Barañao en la que se considera montaña a todo aquello que representa el 65% de la cumbre más alta de la región.  Además, suma otra definición para montaña, que se basa en un criterio de prominencia. Esto es la mínima pérdida de elevación para ir de una cumbre a la más alta en 400 metros.

Durante el seminario, Fundación Plantae presentó sus aprensiones ante esta definición e hizo un ejercicio para ver qué montañas icónicas no cabrían dentro de esta categoría. Al tomar en consideración la definición, más de la mitad de los cerros en la Región Metropolitana (65%) no podrían considerarse como montañas, entre ellos El Pintor o el Corona. Si el criterio bajara a aquellos cerros que alcanzan una altura equivalente al 50% de la cumbre más alta, quedarían fuera el Provincia, el San Gabriel y el Punta Zanzi. Y si se bajara a 35%, no serían montañas ni el cerro Pochoco, ni el Manquehue, ni el Cantillana. Desde la Plantae también critican el criterio de prominencia porque es difícil de medir e históricamente se ha usado para otra cosa: la determinación de la independencia de dos cumbres que están en la misma cadena montañosa.

La fundación llama a realizar una mesa de trabajo con expertos para poder hacer una nueva definición que sea más pertinente con el objetivo del proyecto de ley, que busca que todos puedan tener un acceso consciente a las montañas. El diputado Torrealba dijo que consideraría estos comentarios para el proyecto de Ley.

Por otro lado, Juan Cristóbal Arrigada, presidente de AndesHandbook, considera que la ley tiene impactos limitados, ya que no se define hacia quién está dirigida. “Definimos una ley en términos de cumbres. No estamos operativizando la ley en territorio de montaña. A la gente que uno afecta es básicamente los montañistas. Siento que la población beneficiada no es la población en general”, dice Arriagada.

Otro punto que también se criticó fue el de la seguridad. Hugo Pantoja, general en retiro del Ejército, explicó que esta institución administra gran parte del terreno fiscal de montaña, pero que es complejo hacer un libre acceso a sus terrenos de montaña. Esto, porque es territorio de entrenamiento y hay lugares que pueden tener explosivos, por lo que se requiere de precaución. Pantoja explicó que, mientras los integrantes del ejército cuentan con los conocimientos, sistemas de seguridad y rescate necesarios, la sociedad civil no, y que por ende, esto debiera ser otorgado por el Estado. “El Estado carece de un sistema nacional de búsqueda y rescate terrestre que administre toda la capacidad”, asegura Pantoja, quien propone que este aspecto se incorpore a la Política Nacional de Montaña.