OPINIÓN | El exceso y la falta de agua: dos caras del mismo problema

Sorprende lo que nos trae hoy el clima: lluvias intensas en zonas donde históricamente llovía poco, con graves consecuencias para las personas, sus viviendas y la infraestructura pública. En Tocopilla, una de las zonas más afectadas, los costos de reconstrucción se estiman en millones de dólares.

Algunos, con optimismo excesivo, sostienen que estas lluvias pondrán fin a la sequía. Pero la realidad es otra: para recuperar los niveles de aguas superficiales y subterráneas previos a la megasequía necesitaríamos varios años húmedos como el que estamos viviendo. Es clave entender que el exceso momentáneo de agua y su escasez prolongada son parte del mismo problema. El fenómeno de El Niño juega un rol relevante, pero también el cambio climático, que afecta a Chile de manera cada vez más directa.

Surge entonces la pregunta: ¿cómo nos adaptamos a este nuevo escenario?, ¿qué acciones debiera emprender el país para gestionar, de forma preventiva, esta creciente ola de desastres que nos impactan con mayor intensidad y duración? Ningún plan de acción comunal o regional frente al cambio climático, o de emergencias ante desastres está preparado para catástrofes de esta magnitud: llover en horas lo que antes llovía en años, o que caiga agua donde no había registros previos.

Sin embargo, con el conocimiento que hoy tenemos, podríamos abordar la planificación urbana y de infraestructura con muchos más elementos que los disponibles hace décadas. El cambio climático es parte del problema, pero también lo es cómo usamos y planificamos el territorio. Los instrumentos vigentes parecen insuficientes para abordar esta complejidad: la ausencia de herramientas efectivas para las zonas rurales o para la llamada interfaz urbano-rural es un ejemplo de ello, con las consecuencias ya conocidas de los incendios forestales que llegan con fuerza creciente a las zonas urbanas.

A esto se suma un desafío adicional: cómo construimos la infraestructura para enfrentar tanto el exceso como la falta de agua. Durante décadas hemos privilegiado obras duras—canalizaciones, muros de contención, colectores de aguas lluvias— pensadas para evacuar el agua lo más rápido posible, sin considerar que esa misma agua será necesaria mañana. Los humedales cumplen ambas funciones a la vez: amortiguan las crecidas al retener y liberar agua de forma gradual, y actúan como reservorios naturales que recargan los acuíferos en épocas de escasez. Sin embargo, seguimos rellenando y urbanizando humedales urbanos y periurbanos como si fueran terrenos baldíos, cuando en realidad son infraestructura hidráulica que la naturaleza ya construyó, y que sale mucho más barato proteger que reemplazar con obras de ingeniería. Incorporar soluciones basadas en la naturaleza —humedales, parques inundables, franjas de vegetación ribereña— junto a la infraestructura gris debiera ser un eje central de cualquier plan de adaptación.

Se requiere, por tanto, una mirada mucho más amplia, donde los planes de ordenamiento territorial a escala regional tienen un rol que jugar. Planificar el uso del territorio pone en tensión diversos intereses, algo que evidencia la demora de más de una década en la renovación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Se necesita sumar todos los talentos disponibles en la región para alcanzar consensos mínimos que den tranquilidad a los distintos actores y aseguren una actividad productiva y un crecimiento urbano acordes con los principios de la sostenibilidad.

El camino no es fácil, pero hay que recorrerlo escuchando todos los intereses, conciliando lo conciliable y rechazando aquellas incompatibilidades que impidan un desarrollo futuro sostenible o que generen impactos no deseados sobre las comunidades, el sector productivo y la infraestructura. Se requiere, en definitiva, avanzar hacia la acción.