OPINIÓN | 30×30: la meta de conservación que Chile ostenta pero no financia

Este 24 de agosto se celebra el día internacional de los Parques Nacionales, una efeméride que invita a destacar la típica fotografía que muestra la belleza de nuestros paisajes protegidos bajo esta figura: un volcán nevado, un bosque otoñal de colores pastel, o la de un cóndor cruzando un cielo azul despejado. Pero tal vez sería mejor mirar otra fotografía, una menos ingenua y más urgente: la de un sistema que sobre el papel todo lo aguanta, pero que en el territorio está lleno de deficiencias. 

Mostremos esta realidad con hechos, partiendo con el panorama global. En 2022, en la COP15 de Montreal, las partes se comprometieron a proteger al menos el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta antes del 2030 – la conocida meta 30×30- el corazón del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming- Montreal. Ahora bien, y según el informe “Protected Planet” de 2024, a ese año solo el 17,6% de las aguas continentales y tierras de nuestro planeta estaban protegidas, y solo el 8,4% de los océanos y zonas costeras, mientras que el ritmo de avance desde 2020 solo fue de menos de medio punto porcentual. Esto revela que la meta está bastante lejos de cumplirse en términos globales. 

En este contexto, Chile ha construido una imagen de pionero en el escenario internacional en materia de conservación. Formalmente tenemos protegida cerca del 23% de la superficie terrestre, sumando todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -que incluye 46 parques nacionales- junto con las iniciativas privadas, y el 42% de nuestra soberanía en el mar. Sin embargo, todavía tenemos serias dificultades para una conservación efectiva y con financiamiento adecuado, y es ahí donde este relato se desmorona. 

Chile tiene 110 áreas silvestres protegidas por el Estado. Para cuidarlas como corresponde, harían falta contratar cerca de 1.500 guardaparques adicionales a los aproximadamente 500 que existen actualmente en la planta permanente de trabajadores. Si consideramos la superficie bajo protección y la cantidad de guardaparques, la proporción resultante es de un guardaparques por cada 36.000 hectáreas, muy por debajo del estándar internacional de referencia, que es de uno por cada 2.600 hectáreas. La brecha presupuestaria, según estimaciones de Fundación Terram, se cuenta en decenas de miles de millones de pesos solo para las áreas terrestres, tanto en operación como en inversión. 

Por otra parte, la nueva institucionalidad tampoco ha estado a la altura de estos desafíos. El SBAP, creado precisamente para modernizar la gestión y sacarla de la lógica forestal de CONAF, debía asumir el traspaso de áreas protegidas este año. No obstante, el actual gobierno decidió postergar el traspaso hasta marzo de 2027, luego de detectar “procedimientos incompletos, brechas en los equipos regionales y deficiencias graves en materia de formulación presupuestaria y diseño institucional”. A esto se suma que, dentro de los 43 decretos ambientales retirados por el Ministerio del Medio Ambiente a inicios de este gobierno, cinco de estos decretos creaban nuevos parques nacionales: el “Salar de Gorbea”, ‘Las Parinas’ y ‘Lagunas Bravas’, que protegían lagunas y salares altoandinos en el norte del país, y los parques marinos ‘Mar de Juan Fernández’ y ‘Nazca Desventuradas II”, que resguardaban grandes superficies de mar con altísimos niveles de endemismo en biodiversidad. 

Si bien es totalmente necesaria la creación de nuevos parques nacionales que aumenten la representatividad ecosistémica de nuestro territorio en la zona centro norte -por lo cual resulta peligroso este retiro de decretos-, es sumamente relevante no caer en la trampa de medir nuestro éxito de conservación en hectáreas decretadas y no en ecosistemas efectivamente cuidados. En este sentido, Chile puede exhibir grandes superficies protegidas en el papel, pero corre el riesgo de convertirse en el ejemplo ilustre de un espejismo terrible: un país que suma hectáreas de parques nacionales mientras sus guardaparques hacen paros para solicitar condiciones mínimas de trabajo, mientras su nueva institucionalidad no adopta la robustez necesaria para asumir estos desafíos, y mientras el Estado no inyecta mayor presupuesto para dotar a nuestros parques nacionales de la gestión que requieren para que su conservación sea verdaderamente efectiva.

Así, celebrar el día internacional de los Parques Nacionales es una oportunidad para cuestionarnos esta realidad, porque proteger un territorio en el papel es la primera parte y la más fácil de la ecuación 30×30. Pero sostenerlo en el tiempo con personas, presupuesto e instituciones que funcionen, es la parte que decide si esos números significan algo o si solo terminando siendo una mera línea nueva dibujada en nuestra cartografía. 

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