Especialistas, académicos y ONGs se unen en declaración pública sobre evidencia científica para la acción climática
Frente a los recientes dichos de la ministra del medio ambiente en prensa nacional, personas naturales, académicos, especialistas, organizaciones e instituciones firman una declaración pública enfatizando en la evidencia científica de la actividad humana en el cambio climático.
En materias de interés público, especialmente aquellas que afectan el bienestar presente y futuro de las personas, la responsabilidad institucional exige distinguir entre el debate político y la indiscutible evidencia científica. Respecto de las causas del cambio climático, es legítimo y necesario discutir sobre la magnitud de sus impactos, los costos de las medidas y las mejores estrategias de respuesta; sin embargo, la atribución principal del calentamiento global a la actividad humana cuenta con un amplio consenso científico internacional y constituye la base sobre la cual se han construido acuerdos, políticas y marcos normativos nacionales e internacionales.
Ese consenso no es una opinión difusa, sino el resultado de un proceso institucionalizado de evaluación de la evidencia. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es el órgano de Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relativa al cambio climático. Reúne a cientos de científicos de todo el mundo, designados por los gobiernos miembros y organizados en tres grupos de trabajo dedicados, respectivamente, a las bases físicas, a los impactos y la adaptación, y a la mitigación de la crisis climática. Estos grupos no realizan investigación propia, sino que revisan y sintetizan de manera exhaustiva la literatura científica publicada y revisada por pares. Sus informes se elaboran en sucesivas rondas de revisión abierta, en las que miles de comentarios de expertos y de gobiernos son respondidos de forma trazable, y su Resumen para Responsables de Políticas se aprueba línea por línea por los Estados miembros, lo que confiere a sus conclusiones una legitimidad científica y política excepcional. Es precisamente sobre la base de los sucesivos informes de evaluación del IPCC que se ha establecido, con niveles de confianza crecientes, que la influencia humana sobre el calentamiento del sistema climático es inequívoca (IPCC, 2021).
Chile ha sido claro en gobiernos anteriores de distinta orientación política en resguardar el principio de respetar la evidencia científica en cambio climático, lo que ha permitido avanzar en una política de Estado consistente por décadas, luego de ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La posterior aprobación del Acuerdo de París consolidó esta decisión y orienta el proceso de descarbonización de nuestra economía y preparación frente a los inevitables efectos negativos que ya experimentamos y que la población continuará sufriendo durante las siguientes décadas. La importancia del principio científico fue ratificada explícitamente en el artículo 2° de la Ley Marco de Cambio Climático, la cual obliga al Estado a implementar medidas basadas en la mejor información científica disponible.
En ese sentido, resultan muy preocupantes las palabras vertidas por la Ministra del Medio Ambiente Francisca Toledo en CNN Chile el día 25 de mayo, donde afirma que “hay divergencia en este momento” sobre las causas del Cambio Climático.
La fortaleza de la fe pública descansa en que las autoridades entreguen información precisa y consistente con el conocimiento disponible. En tiempos de creciente desinformación, proteger esa confianza es una responsabilidad institucional esencial. El desafío climático requiere debate democrático, pero ese debate debe desarrollarse sobre una base compartida de evidencia. Resulta necesario que la autoridad aclare sus dichos y responda inequívocamente sobre cuál es la posición del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en esta materia.
Hasta el momento han firmado más de 70 personas, especialistas, académicos, representantes del mundo político y de organizaciones como por ejemplo el Senador de la República, Diego Ibañez, académicas y académicos como Alejandra Stehr, Cristina Dorador, Gabriela Cabaña, Catalina Guerra, Verónica Delgado, Pedro Cisterna Gaete, Felipe Díaz y Eduardo Bustos; Sara Larraín de Chile Sustentable, Flavia Liberona de Fundación Terram, Diego Luna Quevedo, de Manomet Conservation Sciences, Pedro Glatz de Rumbo Colectivo, Rodrigo Astorga de Heinrich Böll Stiftung y Andrés Pica Téllez, ex Jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.
*Esta declaración puede ser firmada por personas naturales, académicos, especialistas, organizaciones e instituciones.
