OPINIÓN | Humedales: Urbanizar con criterio, no por polémicas

La reciente aprobación de un proyecto inmobiliario en el humedal Paicaví, en Concepción, y el atraso del proyecto Guacamayo III en Valdivia ha reactivado una discusión de fondo: cómo compatibilizar ciudad y naturaleza.

Existe una crisis de acceso a la vivienda. Negarlo sería desconocer una realidad urgente. Pero asumir que cualquier suelo es apto para construir, y que toda restricción ambiental es un obstáculo, es un error que puede salir caro, técnica y económicamente.

El proyecto en Paicaví cumple con la normativa vigente. Sin embargo, eso no significa que sea la mejor decisión. Construir 19 torres sobre un ecosistema ya muy presionado es, al menos, cuestionable.

En paralelo, el debate se ha amplificado, y las autoridades están planteando que la ley limita la acción a la hora de construir y requiere mejoras para compatibilizar los esfuerzos que debe realizar el país para superar la crisis de vivienda sin descuidar el cuidado del medio ambiente. Para eso esta ley está lejos de ser una piedra de tope.

Este punto es importante aclararlo.

El problema no es que la Ley de Humedales impida construir. El problema es que muchas veces no planificamos la ciudad y llegamos cuando el conflicto ya está instalado. Cuando eso ocurre, cualquier regulación parece un obstáculo o una barrera para la construcción de viviendas, porque entra en tensión con proyectos o expectativas ya creadas.

El proyecto habitacional Altos de Guacamayo 3, en Valdivia, que volvió a poner a los humedales en el centro de la polémica, obtuvo su aprobación ambiental en 2025. Sin embargo, sigue sin ejecutarse. ¿La razón? No es la ley de humedales urbanos, que se promulgo en el Gobierno del Presidente Piñera y comenzó su implementación bajo el excelente liderazgo de la Ministra Carolina Schmidt, sino la falta de acuerdo en el presupuesto, la validación de costos y la gestión del financiamiento. Confundir a la opinión pública no solo distorsiona el diagnóstico, sino que invisibiliza los problemas reales que afectan a las familias.

Experiencias como la de Valdivia muestran algo distinto. Existe suelo disponible para vivienda, pero no todo suelo es igualmente apto para habitarlo. La propia alcaldesa ha señalado que existen más de 140 hectáreas disponibles para desarrollo urbano. Además, en el proceso de actualización de su Plan Regulador Comunal se están incorporando mecanismos para compatibilizar densificación urbana con mecanismos de compensación con infraestructura verde, reconociendo algo básico: los humedales son zonas naturalmente inundables.

Construir sobre ellos no solo afecta el ecosistema, sino que también expone a las viviendas a riesgos evitables y de salud pública. Valdivia lo sabe bien. Casas de la población San Pedro, construidas sobre un humedal en los años 90, fueron finalmente declaradas inhabitables años más tarde.

Esto no es un debate ideológico. Es un problema técnico.

Los humedales cumplen funciones esenciales para la ciudad: absorben aguas lluvias, reducen el riesgo de inundación, filtran contaminantes y regulan la temperatura. En términos simples, son infraestructura natural. Cuando se eliminan, esos servicios no desaparecen: hay que reemplazarlos con obras más caras o asumir sus consecuencias.

Por eso, el espacio real de mejora no está en debilitar la protección ambiental, sino en mejorar la planificación urbana, labor propia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en diálogo con otros actores de la sociedad. Hoy desde los Centros de Interés Nacional también podemos colaborar. La evidencia muestra que es posible desarrollar vivienda integrando sistemas naturales: urbanizaciones de menor densidad en zonas sensibles, delimitar zonas de amortiguación, construir con infraestructura de drenaje sustentable, y crear espacios públicos bajo la figura de parques inundables y diseños que respeten la dinámica del agua.

La discusión, entonces, no es si urbanizamos o no. Es cómo lo hacemos en consenso por el bien común.