Hidrógeno Verde: Los avances y cuestionamientos de la nueva industria promesa de Chile 

Hace una semana la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) firmó un acuerdo con seis empresas internacionales para convertir el Terminal Marítimo Gregorio, en la Región de Magallanes, en el principal complejo industrial de la zona para el desarrollo de hidrógeno verde. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Habilitante e Integradora, que busca dar soluciones logísticas para los proyectos de hidrógeno verde que están en desarrollo en la región, permitiéndoles disponer de instalaciones para la recepción y descarga de aerogeneradores y plantas industriales. 

Así Magallanes estará un paso más cerca de convertirse en lo que promete ser uno de los polos de producción de hidrógeno verde más importantes del mundo. Según un estudio realizado por el Ministerio de Energía, la región podría llegar a producir el 13% del hidrógeno verde del mundo, debido a su enorme potencial en energía eólica, el que podría sobrepasar en siete veces la generación eléctrica anual de la matriz eléctrica chilena actual.  

Con los poderosos vientos en el sur, y la radiación más alta del planeta en el norte, Chile podría llegar a producir el hidrógeno verde más competitivo del mercado mundial. Así se señala en el reporte Hidrógeno Verde: Un proyecto país, donde se exponen los resultados del informe Chilean Hydrogen Pathway (2020), que concluyó que “la calidad de los recursos y las zonas estratégicas de producción, como el norte y el extremo sur del país, le permitirían producir el hidrógeno verde más barato del mundo al 2030”.  

Es por esto que la industria ha experimentado un fuerte impulso en nuestro país desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde a finales de 2020, en miras a cumplir con la promesa de la descarbonización para 2050.  

Según información del Ministerio de Energía, a abril de 2023, había 41 proyectos de hidrógeno verde distribuidos en ocho regiones a lo largo del país, 15 de ellos en la Región de Antofagasta, y 12 en Magallanes.  

Así, la industria promete convertirse, según la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en “un sector económico que podría equiparar en tamaño a la industria minera nacional”. 

Junio de este año marcó un punto de inflexión en el desarrollo de esta industria, ya que el gobierno presentó el “Fondo para el Desarrollo del Hidrógeno Verde (H2V) y sus derivados en Chile”. Este contempla la suma de mil millones de dólares, los que se materializan con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de Alemania y la Unión Europea.   

En julio el gobierno presentó a los integrantes del Comité Estratégico para el “Plan de Acción de Hidrógeno Verde”, así como un paquete de medidas para impulsar el desarrollo de esta industria. En la instancia el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que es posible que la industria del hidrógeno verde se transforme en el “motor de crecimiento en nuestro país”.  

¿Por qué Chile? 

El hidrógeno es el elemento más abundante y ligero del universo, pero no se puede encontrar en su estado natural. Para aislarlo se utiliza un proceso llamado electrólisis, con el cual, mediante la aplicación de electricidad, se separan las moléculas de hidrógeno presentes en el agua. Cuando la electricidad utilizada proviene de energías renovables como la eólica o la solar, se denomina hidrógeno verde, porque no se producen emisiones de carbono ni en su producción ni en su consumo.  

Chile es un país con amplias capacidades para la producción de energías renovables, especialmente la eólica, en el sur, y la solar, en el norte. 

En la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde se sostiene que: “En 6 años, Chile ha quintuplicado su capacidad de generación de esas fuentes (renovables) y se proyecta que, al 2030, hasta el 70% de su matriz eléctrica sea renovable”.  

La Política Energética de Largo Plazo de 2019 (PELP), del Ministerio de Energía, “estimaba que el potencial de la generación eléctrica en Chile, a partir de las energías renovables, podría superar en 70 veces la capacidad actual de su matriz eléctrica”, según se constata en el reporte “Hidrógeno Verde: Un Proyecto País».  

El informe sostiene que esa capacidad, sobre dos Teravatios, “es suficiente para generar unos 200 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde, el triple de la producción actual de hidrógeno a nivel mundial”.  

Sin embargo, la estrategia pretende utilizar solo el 10% de esta capacidad, la que se irá aumentando progresivamente hasta 2050, y que requerirá de una inversión de 330 mil millones de dólares.  

Por ahora, la producción de hidrogeno verde no es competitiva, y el hidrógeno como combustible se produce en su mayoría a través de combustibles fósiles como el gas natural y el carbón, llamándose hidrógeno gris. Según el reporte “Hidrógeno Verde: Un proyecto País» del Ministerio de Energía, “al 2021, la producción de hidrógeno verde no era superior al 0,1% del total”. 

Sin embargo, a medida que los países avanzan hacia la descarbonización, generando incentivos para el desarrollo de energías limpias, los costos de producción de hidrógeno verde disminuirán, permitiendo a Chile producir hidrógeno verde a un precio de mercado competitivo, que a 2030 podría tranzarse a un valor cercano a los 1,5 a 2 dólares por kilogramo, según estimaciones del World Energy Council citadas en dicho informe.

Según la estrategia impulsada por el gobierno, el hidrógeno verde producido en las regiones de Atacama y Magallanes “tendría el costo nivelado de producción más bajo del mundo al 2030”.  

Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde busca convertir a Chile en el líder mundial en producción, uso doméstico y exportación de este combustible, así como productor del hidrógeno verde más barato del planeta.  

Así, se estima que para el 2050 Chile podría producir 160 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, lo que significaría un tamaño de mercado de USD $ 33 billones, lo que representa casi un 70% de las exportaciones de cobre en 2020.  

Según el documento, el desarrollo de esta industria permitirá crear 100.000 empleos directos e indirectos, y atraerá 200 mil millones de dólares en inversión, durante los próximos 20 años.  

El primer paso consiste en maximizar los usos domésticos del combustible. Concretamente, en el corto plazo, se busca reemplazar el amoníaco de importación por amoniaco verde (hecho a partir de hidrógeno verde) de producción propia y reemplazar el hidrógeno gris, producido con combustibles fósiles, por hidrógeno verde en las refinerías del país.  

En la segunda etapa se busca potenciar el uso de hidrógeno verde en el transporte terrestre y comenzar con su exportación. Por último, en el largo plazo se busca ampliar sus usos en transporte y abrir su exportación a nuevos mercados internacionales.  

Hidrógeno ¿verde? 

El hidrógeno verde recibe el calificativo de “verde” porque ni en su producción ni en su consumo se generan gases de efecto invernadero, pero los reales impactos de esta industria se esconden tras la promesa de la descarbonización 

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde sostiene que: «El desarrollo de la industria del hidrógeno será coherente con su entorno social y ambiental”.  

Diego Luna-Quevedo, especialista en Política y Gobernanza de Manomet Inc., afirma que el problema de la industria del hidrógeno verde es justamente el modelo de desarrollo que se está impulsando desde el gobierno: “Estamos diciendo que vamos a producir el hidrógeno verde más barato del mundo, pero ese costo alguien lo paga”, advierte el especialista, que se ha dedicado a estudiar la industria del hidrógeno verde en Chile. 

Para producir hidrógeno verde a la ambiciosa escala que promete este plan sería necesario construir miles de kilómetros de parques fotovoltaicos y eólicos, enormes plantas de electrólisis, plantas desalinizadoras, plantas de amoniaco, puertos, caminos y líneas de alta tensión. Esto transformaría por completo los territorios en los polos de producción de hidrógeno verde, afectando la biodiversidad y las vidas de quienes viven en regiones como Magallanes, Aysén y Antofagasta.  

Según una carta escrita por más de 70 organizaciones medioambientales en contra del modelo de desarrollo de hidrógeno verde impulsado por el gobierno, esto vendría a “perpetuar la distribución desproporcionada entre cargas y beneficios socioambientales, traspasando las externalidades negativas directamente a los territorios donde se concentrarían los proyectos”. 

Las entidades firmantes aseguraron que, para cumplir con el objetivo de que Magallanes produzca el 13% del hidrógeno verde a nivel mundial, sería necesario sacrificar 13.000 kilómetros cuadrados de la región en infraestructura, e implicaría multiplicar 31 veces la capacidad de generación de energía eólica que hoy tenemos en el país.  

“Esto va a generar nuevas zonas de sacrificio, no son las zonas de sacrificio que estamos acostumbrados a ver en Chile, como Quintero, Puchuncavi, Tocopilla, o Mejillones”, advierte Luna-Quevedo.  

Hoy, uno de los proyectos de hidrógeno verde más grandes es el proyecto H2 Magallanes, de la empresa francesa Total Eren, que contempla una planta de electrólisis de 8GW.  En el portal web del Ministerio de Energía se establece que, según un estudio, “una planta de electrólisis de 1 GW de capacidad ocuparía entre 8 y 17 hectáreas”. Sin embargo, este cálculo solo considera la planta de electrólisis, uno de los eslabones del proceso productivo de hidrógeno verde y, por tanto, es un cálculo marginal que no considera toda la demás infraestructura.  

Klaus Schmidt-Hebbel, miembro del comité asesor de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, afirmó en el reporte del Ministerio de Energía “Hidrógeno Verde: Un proyecto País» que: «Para el año 2030, Magallanes va a ser la segunda región más rica de Chile», según un estudio que se realizó para la empresa HIF. Esto implicará un desarrollo importante en la región que tendrá graves consecuencias demográficas y ecosistémicas.  

Desde Manomet, organización especializada en la conservación de aves y ecosistemas costeros, Diego Luna-Quevedo asegura que: “Los proyectos en Magallanes están justo emplazados en zonas que son críticas para tres especies de aves en peligro, por ejemplo, tenemos en esa área el playero ártico, que es una especie en peligro (…), tenemos el chorlo de Magallanes, que es una de las especies de aves playeras con tamaño poblacional más crítico de todo el mundo, (…) y tenemos después el canquén colorado, que también es emblemático Magallanes”.   

Regulación ambiental: La deuda de un enfoque desde los territorios 

Felipe Meneses, socio de Lawgic abogados, oficina especializada en medio ambiente y recursos naturales, explica que, en Chile «no existe un marco regulatorio específico para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Lo que tenemos únicamente es un marco general y ese marco general se refiere a los distintos componentes de un proyecto de hidrógeno verde”. 

Actualmente la evaluación ambiental de proyectos como estos está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este se estructura en base a tipologías, las cuales describen qué proyectos, por sus características propias, deberán someterse a evaluación ambiental, presentando un Estudio de Impacto Ambiental, o una Declaración de Impacto Ambiental.  

Meneses explica que, para proyectos de hidrógeno verde, “las tipologías más frecuentes serán centrales de generación de energía mayores a 3 MW, líneas de alta tensión, plantas de producción y almacenamiento de sustancias químicas, emisarios submarinos (si cuentan, por ejemplo, con plantas desaladoras)”.  

En octubre de 2022, las empresas HIF Chile y Enel Green Power, retiraron el Estudio de Impacto Ambiental de uno de los proyectos de hidrógeno verde más importantes de la región de Magallanes, denominado Faro del Sur, luego de que consideraran que las observaciones realizadas por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental estaban fuera de lugar. Mediante un comunicado las compañías afirmaron que “a la luz de esas exigencias excepcionales es necesario entender qué requerimientos se pueden incorporar y cuáles definitivamente hacen inviables proyectos de este tipo en la región». 

Al respecto, Meneses opina que efectivamente “los requerimientos, particularmente en materia de avifauna, fueron muy exigentes y superaron el estándar usual para el tipo de proyectos (parque eólico). Esto sucede porque la autoridad tiene un cierto grado de discrecionalidad para requerir estudios y monitoreos para determinar si un determinado impacto ambiental de relevancia llegará o no a producirse”, explica.  

Desde entonces, el SEA ha publicado dos documentos guía con el fin de robustecer y agilizar la evaluación de proyectos de hidrógeno verde.  

Para Felipe Meneses, el problema de fondo es que “no hay un ordenamiento territorial que se puede hacer cargo de esto hoy día, (…) y nuevamente buena parte del peso va a recaer en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero la pregunta es en qué medida el sistema es capaz de hacerse cargo de todos los impactos que se están produciendo”, afirma.  

“Hoy día no tenemos líneas de base públicas en los territorios que den cuenta de cuáles son sus atributos”, comenta Diego Luna-Quevedo. Para él, esto explica el problema de la locación de los proyectos, el que debe hacerse sobre la base del principio preventivo y precautorio. “Por ejemplo, en Magallanes tú tienes la realidad de poder impactar severamente todo lo que lo que es la Estepa Magallánica, un entramado complejo de ecosistemas, de ambientes, y de especies”, agrega. 

Esto también fue parte de las demandas que plasmaron las organizaciones medioambientales al gobierno, quienes pusieron de relieve la necesidad de que la industria se desarrolle en el macro de un “Plan Regional de Ordenamiento Territorial y con Evaluación Ambiental Estratégica”. Esto debido a que el desarrollo de estos proyectos “no puede ser circunscrito a la evaluación caso a caso de proyectos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), considerando que muchas veces los proyectos son ingresados al sistema de manera fragmentada, impidiendo esto evaluar sus impactos acumulativos y sinérgicos en el sistema socioecológico de la región. Más aún, dado que esta industria considera su instalación por fases, existirá no solo una fragmentación de los proyectos en el espacio, sino en el tiempo, con la imposibilidad de evaluar la magnitud verdadera de sus impactos”.  

La Agenda de Energía 2022-2026 plantea justamente la necesidad de conjugar la Política de Hidrógeno Verde con una planificación estratégica que permita avanzar hacia un ordenamiento territorial que asegure el uso sostenible del territorio en el desarrollo de esta industria. Sin embargo, hasta ahora, Diego Luna-Quevedo advierte que “básicamente nos están pidiendo hacer un acto de fe en el sistema de evaluación de impacto ambiental”.