Ladera Sur Proyecto Dominga: Por qué deberíamos estar atentos a lo que ocurre hoy
Proyecto Dominga: Por qué deberíamos estar atentos a lo que ocurre hoy

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Proyecto Dominga: Por qué deberíamos estar atentos a lo que ocurre hoy

Hoy a las 15.00h comienza la audiencia que definirá el futuro del proyecto minero-portuario Dominga. ¡Aquí todos los detalles!

*Actualización: A pocas horas de comenzar el proceso de conciliación, la actual Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunció que el Gobierno no participaría del proceso, alejándose  así de la polémica y dejando la resolución en torno al polémico proyecto en manos de una instancia judicial. Al fracasar la instancia de conciliación, el Tribunal Ambiental dictará la sentencia en un plazo máximo de 30 días.

El proyecto minero-portuario Dominga nuevamente vive horas clave. Este miércoles 14 de marzo a las 15.00h comenzará la audiencia que busca la conciliación entre entre Andes Iron y el SEA tras el rechazo del proyecto minero por parte del Consejo de Ministros, el pasado mes de agosto de 2017.

Durante la jornada, los ministros que integran el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, darán a conocer los detalles del acuerdo de conciliación que propondrán a las partes involucradas, con el fin de resolver la problemática evaluación ambiental del proyecto Dominga.

Por su parte, los abogados representantes de las 9 terceras partes (particulares, agrupaciones y movimientos ambientalistas) involucradas, más los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los de Andes Iron, escucharán la propuesta del Tribunal, la que podrá ser enriquecida por los 11 abogados presentes durante los 3 días que se estima durará la cita. En caso de que las partes no alcancen una conciliación, el Tribunal Ambiental tendrá un plazo de 30 días para elaborar una sentencia.

Isla Gaviota ©Movimiento Chao Pescao
Isla Gaviota ©Movimiento Chao Pescao

Todo esto ocurre a solo 3 días de asumida la administración del Presidente Sebastián Piñera, que aún no ha demostrado una postura clara respecto al proyecto Dominga y su futuro, y por lo mismo en el ambiente reina la incertidumbre.

Al respecto, José Gerstle, representante de Fundación Ayni y Magíster en Áreas Silvestres y Conservación, señaló a Ladera Sur: “El actual Gobierno tiene una oportunidad única de comenzar su período con una gran señal, mostrando que se puede ser un país que se desarrolle sosteniblemente. Esto sólo si da claras señales de escuchar a la ciencia, a las comunidades locales y los argumentos técnicos, para darle fin de una vez por todas al proyecto Dominga, plagado de irregularidades legales, políticas y ambientales”.

Un proceso controvertido

Chungungos ©José Gerstle
Chungungos ©José Gerstle

El caso Dominga ya se perfila como uno de los más polémicos en el último tiempo. No sólo ha encontrado una fuerte oposición por parte de diversas organizaciones y habitantes del sector, sino que además su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ha sido rechazada en dos instancias, primero por el Consejo de Evaluación Ambiental Regional y luego por el Comité de Ministros que rectificó la decisión argumentando que el proyecto presentaba “deficiente información de línea base e insuficiencia en sus medidas de mitigación, compensación y reparación“, de su área de influencia. Tampoco pasó desapercibida su vinculación a posibles casos de corrupción.

Ahora la viabilidad o posible ejecución de este proyecto depende de un proceso de conciliación propuesto de forma inédita por el Primer Tribunal Ambiental, tras llevarse a cabo los alegatos de las partes los días 24 y 25 de enero y haberse realizado una inspección personal del Tribunal en la zona de emplazamiento del proyecto en febrero de 2018. Medida que tampoco estuvo exenta de críticas.

©José Gerstle
©José Gerstle

Fundación Terram se manifestó al respecto señalando que “el llamado a conciliación realizado por el Primer Tribunal Ambiental resulta, en su legalidad, altamente cuestionable y contradice el sentido y eficacia misma del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyo objeto –vale la pena señalarlo– es determinar si el impacto ambiental de un proyecto o actividad ‘se ajusta a la normativa vigente'”.

Algo similar señalan en Fundación Ayni: “Lo cuestionable acá, es que no les corresponde a las partes litigantes decidir sobre la legalidad o ilegalidad de un acto de la Administración Pública”.

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