OPINIÓN | Motos de agua en el río Futaleufú: «El daño no está solo en la perturbación del ecosistema sino en la lógica de que el territorio es un escenario disponible para quien paga»
Verónica Pardo Lagos, Subsecretaria de Turismo, Fernando Grandón, Alcalde I. Municipalidad de Futaleufú, Paulo Urrutia Barceló, Director ONG Bestias del Sur Salvaje
La semana pasada, se viralizó en redes sociales registros de personas utilizando motos de agua en Futaleufú, lugar donde está prohibido por ordenanza municipal. Por si fuera poco, y casi por coincidencia, se repitió la misma conducta en otros ríos de Chile y al interior de Laguna San Rafael, que además es protegido. Verónica Pardo, Fernando Grandón y Paulo Urrutia, nos comparten una columna de opinión en la que analizan el hecho de Futaleufú y cómo estas instancias nos invitan a reflexionar sobre el turismo que queremos para el futuro.
Lo ocurrido recientemente en el río Futaleufú —con la irrupción ilegal de motos de agua conducidas por turistas extranjeros, con la complicidad de guías nacionales— no es solo una infracción administrativa. Luego de que se viralizaron videos en otros ríos del país -como los ríos Maipo, Biobío, Fuy- y al interior de áreas protegidas -como la Laguna San Rafael-, se reconoce una señal de alerta profunda sobre el tipo de relación que estamos construyendo con nuestros territorios y sobre las brechas que aún existen entre la protección declarada, la protección efectiva y la proyección de las actividades de turismo aventura que se promueven en el país.
Con el pasar de los días, se confirmó que los 4 turistas responsables serán multados, sus visas canceladas y próximamente expulsados del país por la gravedad y reiteración de las infracciones ya que el uso de motos acuáticas está expresamente prohibido en el Artículo 24 de la Ordenanza de Medio Ambiente de Futaleufú del año 2006 y en áreas protegidas de la Patagonia. Este tipo de empresas al operar fuera de la norma no habrían adquirido los permisos necesarios para su actividad. Así como esta, existen diversas empresas internacionales que cobran cifras millonarias por operar en territorio nacional sin el registro en Servicio de Impuestos Internos, SERNATUR y Aduanas correspondientes. Los propios habitantes del territorio fueron los primeros en reaccionar, quienes realizaron una detención ciudadana a los responsables, registraron los hechos y activaron la denuncia pública.
Lo que ocurre es que el Futaleufú no es cualquier río. Y así, lo reconocen instrumentos de planificación comunal como el Pladeco, Pladetur, Plan de acción Zoit, entre otros, autoridades, vecinos, guías y empresas de turismo local. Es uno de los principales destinos de rafting del mundo y el primer río protegido -junto con el río Puelo- mediante una Reserva de Caudal para fines de preservación ecosistémica. Ese hito es el resultado de años de trabajo comunitario, articulación social y construcción de una visión compartida donde el río es la columna vertebral de un ecosistema que sostiene cultura, economía local y vida.
El impacto de este tipo de prácticas es crítico. El uso de combustibles y el ruido de motos acuáticas afecta directamente la flora y fauna local, interfiriendo incluso en procesos de reproducción de especies sensibles. En este sentido, este tipo de prácticas no se alinea con el desarrollo de un turismo de naturaleza, que durante años de participación ciudadana, los instrumentos públicos han logrado identificar; el cuidado por un turismo que releva la sencillez, la tranquilidad y el amor por el territorio que la cultura patagónica contagia. Este es el espíritu que recogen los instrumentos públicos de planificación turística que Chile ha construido de manera participativa. Desde la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035 hasta los planes de desarrollo de destinos, se impulsa un turismo de naturaleza responsable y de bajo impacto, que protege los ecosistemas, valora a las comunidades locales y resguarda la calidad de la experiencia turística.
La experiencia internacional en el turismo: colaboración y acción colectiva
La experiencia internacional comparada muestra que los conflictos entre turismo y sostenibilidad no se resuelven mediante reacciones puntuales, sino a través de marcos regulatorios claros y una presencia sostenida del Estado a través de gobernanzas efectivas.
En el valle del río Soča, en Eslovenia, la presión turística fue abordada mediante planificación estratégica, modelos de co-financiamiento, límites de uso y coordinación público-privada. La cooperación estrecha entre municipios, autoridades y empresas turísticas, permitió mejorar la calidad de los servicios y proteger el entorno natural y cultural, posicionando a la zona como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza de Europa en tan sólo ocho años.
En Estados Unidos, el manejo del rafting en el río Colorado incorporó permisos, cuotas y estándares ambientales, consolidando un modelo de gestión turística reconocido internacionalmente.
En Nueva Zelanda, el reconocimiento del río Whanganui como sujeto de derechos redefinió su gobernanza, donde comunidades indígenas y Estado actúan colectivamente en la toma de decisiones, integrando principios de interculturalidad y valores relacionales en la gobernanza.
Estos casos sugieren que la clave no es restringir el turismo, sino impulsarlo y gobernarlo colectivamente. En esa línea, Chile ha sido reconocido siete veces como el Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo en los World Travel Awards, siendo nuevamente galardonado en 2025 y consolidando así una década de liderazgo internacional. Este posicionamiento refleja la calidad de nuestros territorios, pero también el desafío de fortalecer regulación, educación, infraestructura y capacidades locales para asegurar un desarrollo turístico responsable y sostenible.
El desafío y la oportunidad frente a estos conflictos de uso en el turismo
La realidad que enfrentan muchas comunas rurales es clara: las ordenanzas municipales, por sí solas, no bastan para garantizar la fiscalización efectiva de las buenas prácticas en turismo. De ahí surge un llamado urgente a fortalecer el marco legal a nivel nacional, de modo que respalde y dé sustento real a las acciones y atribuciones de fiscalización local.
Esta responsabilidad no puede recaer únicamente en las municipalidades ni en las comunidades que habitan los territorios. La legislación debe avanzar hacia una normativa más robusta, que permita que la sociedad y el Estado, en su conjunto, actúen de manera preventiva y precautoria, resguardando los ecosistemas, la seguridad y el desarrollo sostenible de los territorios rurales.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: la protección de los ríos no se sostiene solo con buenas intenciones. Requiere conciencia ciudadana, empresas responsables, fiscalización efectiva y un Estado presente, capaz de destinar recursos, infraestructura y capacidades hacia el fortalecimiento del sector. Por eso, la escena de motos de agua surcando las aguas del Futaleufú no solo vulnera la normativa ambiental. Vulnera un acuerdo social construido con esfuerzo y constancia por quienes habitan en respeto con la naturaleza. El daño no está solo en el ruido, el combustible o la perturbación del ecosistema —que ya es grave— sino en la lógica que lo habilita: la idea de que el territorio es un escenario disponible para quien paga, y no un lugar que cohabitamos con cuidado y respeto durante generaciones.
De la misma manera lo ha demostrado la experiencia internacional, donde los conflictos de uso turístico se abordan con gobernanza, decisiones estratégicas y acuerdos territoriales. Allí donde el turismo se ordena, el río se protege y la economía local se fortalece. En este sentido, Chile ha dado pasos históricos al declarar que los ríos pueden ser protegidos por su valor ecosistémico y la Estrategia Nacional de Turismo 2035. El desafío ahora es que esa protección se traduzca en prácticas reales, en el territorio. Hoy, ese compromiso necesita ser respaldado con políticas y recursos más robustos, estándares claros para el turismo y una señal inequívoca desde la legislación.
