OPINIÓN | Más allá de los 43 decretos: regulación ambiental y desarrollo en Chile

La reciente discusión sobre el retiro de decretos en materia ambiental ha reactivado un debate que, lejos de ser meramente técnico, tiene profundas implicancias sociales y ecológicas. Las normas que emanaban de estos decretos no eran abstractas ni accesorias: en muchos casos,regulaban directamente la calidad de vida de las personas, como ocurre con las normas de emisión que determinan la exposición a contaminantes atmosféricos y sus efectos en la salud. Del mismo modo, la eventual extinción de especies —como la ranita de Darwin o el deterioro del hábitat del pingüino de Humboldt— no constituye únicamente una pérdida biológica, sino un indicador de alteraciones más profundas en los ecosistemas. Estos sistemas cumplen funciones esenciales para la sociedad, incluyendo la regulación climática y la mitigación de riesgos socionaturales, como eventos meteorológicos extremos o incendios. Su degradación, por tanto, tiene consecuencias directas y acumulativas sobre el bienestar humano.

En este contexto, se ha instalado con fuerza la idea de que la regulación ambiental constituye un obstáculo estructural para el desarrollo económico en Chile. Bajo el rótulo de “permisología”, distintos actores han construido un diagnóstico según el cual la protección ambiental ralentiza inversiones, introduce incertidumbre y compromete la competitividad del país. Sin embargo, esta narrativa, aunque políticamente eficaz, es empíricamente débil y conceptualmente engañosa.

En primer lugar, la supuesta dicotomía entre medio ambiente y desarrollo no se sostiene a la luz de la evidencia. Durante las últimas décadas, Chile ha consolidado un marco normativo ambiental progresivamente más robusto —incluyendo la institucionalidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la creación de áreas protegidas y la dictación de normas de calidad y emisión— al mismo tiempo que ha mantenido niveles récord de inversión en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura. Lejos de inhibir el crecimiento, la regulación ha operado como una condición habilitante, otorgando certeza jurídica y alineando proyectos con estándares internacionales cada vez más exigentes.

En segundo lugar, una legislación ambiental sólida no solo protege ecosistemas, sino que resguarda las condiciones mismas que hacen posible el desarrollo en el largo plazo. Como se ha señalado reiteradamente en el debate público, debilitar estándares o flexibilizar controles en nombre de la inversión puede generar beneficios de corto plazo, pero a costa de riesgos estructurales: conflictos socioambientales, pérdida de legitimidad de los proyectos y degradación de los sistemas naturales que sustentan la actividad económica. La experiencia reciente muestra que los proyectos que incumplen estándares o se emplazan en territorios ecológicamente frágiles no solo enfrentan judicialización, sino que también ven comprometida su viabilidad financiera y reputacional.

Asimismo, es fundamental recordar que la legalidad de los actos administrativos —incluidos los decretos en materia ambiental— no es una cuestión opinable, sino institucional. En el ordenamiento jurídico chileno, corresponde a la Contraloría General de la República ejercer el control de legalidad de los reglamentos y actos de la administración. Pretender desplazar este rol hacia el terreno de la disputa política no solo debilita el Estado de derecho, sino que introduce un factor adicional de incertidumbre que afecta tanto a la protección ambiental como a la inversión.

Finalmente, el discurso de la “permisología” no es nuevo ni neutro. Se trata de una narrativa que ha sido progresivamente instalada en distintos ciclos políticos —incluido el gobierno anterior— y que tiende a simplificar problemas complejos, trasladando la responsabilidad de las demoras o conflictos a la regulación ambiental en sí misma, en lugar de abordar las verdaderas causas: debilidades en la planificación territorial, fragmentación institucional o proyectos mal diseñados desde su origen.

En este contexto, el debate sobre la regulación ambiental en Chile requiere mayor rigor y menos consignas. La evidencia sugiere que no existe una contradicción inevitable entre protección ambiental y desarrollo, sino más bien una relación de interdependencia. Fortalecer las normas, mejorar su implementación y asegurar su legitimidad social no es un freno al crecimiento, sino una condición para que este sea viable, sostenible y justo en el tiempo.

Estefanía González del Fierro es Licenciada en Geografía de la Universidad de Chile, con un postítulo en Territorio y Políticas Públicas. Poder un magister en Gobernanza de Riesgos y Recursos de la Universidad de Heidelberg, donde es docente en el Heidelberg Center para América Latina.

Tiene amplia experiencia en programas e incidencia ambiental en América Latina, en temas de cambio climático y transiciones, biodiversidad, océano y derechos indígenas. Ha sido subdirectora de Campañas de Greenpeace Andino y directora de Programas de AIDA.

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