Las deudas del Perú con la restauración de los ecosistemas

La mitad de Pichanaki ha sido degradada. En esas áreas se perdieron fuentes de agua, suelos y especies. Desde una vista satelital un sinnúmero de manchas terrosas fragmenta su cobertura verdosa. De las poco más de 146 mil hectáreas que conforman este distrito de la selva central, en el departamento de Junín, hoy apenas 60 mil son bosques, según datos de la plataforma Geobosques del Ministerio del Ambiente (Minam).

La degradación ocasiona pérdida de las funciones de los ecosistemas como la capacidad de almacenar carbono y producir oxígeno. Por ende, está ligada al cambio climático, el mismo que hizo que este año Ana María Ramírez haya tenido que empezar a cosechar el café a fines de enero. La productora de la Cooperativa Agraria de Mujeres Pichanaki lo cuenta sorprendida, ya que ese proceso lo iniciaba usualmente en abril. “Las lluvias en estos meses han sido fuertes”, explica. Debió adelantar la recolección para evitar que la caída excesiva de agua afecte la calidad de sus cultivos. 

Pasado el tiempo de lluvias, dada la imprevisibilidad climática, teme que en junio se repita la sequía del año pasado cuando no llovió durante dos meses y perdió la mitad de su producción. Tiene claro que el cambio climático condiciona directamente sus formas de trabajo.

En el Perú, el Ministerio de Ambiente (Minam) reporta que hasta el 2022 ya se habían degradado 19 millones 283 mil hectáreas. 

Los puntos con mayor degradación se ubican en los departamentos amazónicos, que tienen los territorios más extensos y a la vez —históricamente— menos atendidos. Jurisdicciones como Loreto, San Martín y Ucayali encabezan la triste lista de áreas degradadas, cuya tendencia siempre es creciente (entre 2015 y 2022 la degradación aumentó en 2,5 millones de hectáreas).

La degradación podría ser reversible con tareas de restauración que apunten a recuperar el estado original de los territorios dañados. Aunque han surgido iniciativas en los últimos años, en el Perú se evidencia un retraso respecto al ritmo en que avanzan las brechas de degradación y también respecto a los objetivos trazados. 

En esta investigación, realizada con CONNECTAS, analizamos cuánto se ha trabajado desde el sector público para restaurar los ecosistemas degradados. Las iniciativas principales han sido promovidas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y por los gobiernos locales (regionales y municipales) dentro del programa presupuestal 0144 del Minam. 

A enero de 2025, se estima que, a través de estos dos mecanismos, desde 2018 el Estado ha restaurado 265 mil hectáreas. Aunque no hay cifras oficiales de cuánto han restaurado los privados, la suma está lejos de los 3,2 millones prometidos en 2014 en la COP20.

Los hallazgos van más allá y revelan que la Estrategia Nacional de Restauración, conocida como ProRest (a cargo del Serfor) no ha hecho presencia en nueve departamentos. Entre los ignorados está San Martín, el segundo más degradado del país según datos del Minam. Además, entre los 46 proyectos que hacen parte de esa estrategia se identifican varios con problemas y algunos que han sido archivados o están a punto de serlo por falta de presupuesto, entre otras razones.

El primer compromiso regional de restauración nació en una cumbre climática. En 2014, en la COP20 de Lima, las delegaciones oficiales de 17 países latinoamericanos firmaron la iniciativa 20×20, un pacto para empezar a recuperar 20 millones de hectáreas de los ecosistemas degradados antes del 2020. En ese momento, el gobierno de Ollanta Humala (siendo Manuel Pulgar Vidal ministro de Ambiente) se comprometió a comenzar la restauración de 3,2 millones de hectáreas, antes de 2020. 

Cuando se acercaba esa fecha, la misma iniciativa 20×20 aumentó a 50 millones la cantidad de hectáreas que deben ser restauradas y fijó como plazo el 2030. Perú mantuvo su compromiso internacional de restaurar 3,2 millones de hectáreas, entre esfuerzos públicos y privados, pero la cantidad de hectáreas que ha previsto el Estado recuperar en los próximos cinco años ronda las 720 mil.Cabe mencionar que en este acuerdo regional, el Perú fue el tercer país que más territorio se comprometió a recuperar. Las metas de países como Colombia, Honduras o Ecuador no superan el millón de hectáreas.

Cotidianidad cambiante

La degradación de nuestros ecosistemas se agrava en un contexto de cambio climático. Ya en 2004, el centro de investigación británico Tyndall Center Research advertía que Perú era uno de los más vulnerables a la crisis climática. Entre los años 2000 y 2021 la frecuencia de eventos climáticos extremos (olas de calor, sequías, tormentas severas, fenómenos del Niño y la Niña, entre otros) se duplicó respecto al periodo 1980-1999. Esto supuso que el número de afectados, por periodo, en el Perú pasara de 253 mil a 455 mil en los años más recientes. En Pichanaki viven cerca de 42 mil personas. Los efectos de la degradación están más presentes en los ojos de los mayores, que citan con nostalgia una vieja cotidianidad.

En este distrito hay especies que son cada vez más difíciles de encontrar. El aumento de la temperatura y la pérdida de hábitats por la tala y la actividad agrícola han hecho que muchos animales migren a zonas más altas o disminuya su población. Mauro Franco recuerda los años 80, cuando aún circulaban los ‘chacos’, unas hormigas grandes que hacían de controladores biológicos. “Se metían a tu casa y tenías que salir. En un día se comían las cucarachas, las arañas, te limpiaban la casa y se iban. Han desaparecido”, dice con pesar el hoy sexagenario presidente del Concejo de las 28 cuencas de Pichanaki.

En Perú, la pérdida de ecosistemas avanzó por la falta de acciones para revertirla o por la lentitud en ejecutarlas. Sumado a ello, en varios proyectos de recuperación se ha priorizado la reforestación sobre la restauración. A diferencia de la reforestación, que busca recuperar la cobertura forestal rápidamente, la restauración tiene una visión más holística. 

“Cuando se habla de restauración no se trata de sembrar cualquier cosa, sino se trata de recuperar aquellas funciones que hacen que el ecosistema se mantenga vivo y evolucione con biodiversidad”, refiere Lucila Pautrat, investigadora y defensora ambiental de la Amazonía.

¿Por qué deberíamos priorizar la restauración de las áreas degradadas? “Los ecosistemas naturales cumplen funciones vitales de regulación climática, captura de carbono, descontaminación del suelo y agua, termorregulación, ciclos bioquímicos, que garantizan el funcionamiento normal del planeta”, agrega Pautrat. 

Cuatro décadas atrás, cuando los cambios del clima aún no eran tan pronunciados, el agricultor Víctor Lizano veía vegetación nativa en los bordes del río Perené, que atraviesa la selva de Junín. Argumenta que con la intensificación de ‘colonos’ provenientes de la sierra se comenzó a talar sin planificación. “Hoy en la ribera ya no se va a encontrar bosque primario. El Estado no estuvo presente para organizar”, sostiene.

Al recuperar la estructura de un área degradada se amortiguan los efectos del cambio climático, refiere el biólogo Jorge Watanabe. “Se eleva la cobertura vegetal para tener un nuevo sumidero de carbono y mantenimiento del régimen hídrico”.

Debido a la degradación por la expansión de la frontera agrícola en Pichanaki, en la última década Víctor vio desaparecer un manantial que no solo le servía para regar sus cultivos, sino también para uso doméstico. “Mis vecinos deforestaron la zona y nos quedamos sin agua. Ahora cosecho con agua de lluvia”, dice con resignación.

ProRest entre idas y venidas

Algunos años después de la COP20, en 2019, la restauración de ecosistemas fue incluida dentro de las 62 medidas que formuló el Perú para mitigar el cambio climático.

Pese a las alertas y diagnósticos, recién en 2021 el Estado Peruano materializó la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (también conocida como ProRest). En este documento se estableció una serie de pautas para el horizonte de tiempo 2021-2030. Se designó al Serfor para coordinar y regular su implementación. 

Para este plan, Serfor confeccionó un mapa de áreas prioritarias para restaurar a nivel nacional. Marcó en rojo poco más de 2 millones de hectáreas que necesitan ser recuperadas con urgencia. Con base en ese mapa, el ProRest fijó como objetivo restaurar hasta 2030, al menos, el 15% de esas áreas priorizadas, es decir 330 mil hectáreas. Para esta tarea se estimó un presupuesto de 201,948,500.00 soles (53,425,529 dólares).

A través de una solicitud de acceso a la información pública a Serfor, se conoció que desde 2021 se han formulado 46 proyectos de inversión pública como parte de esta estrategia. 

Al revisar cuántos proyectos de ProRest han pasado del diseño a la acción, la lista se recorta. Solo 16 de los 46 tienen algún tipo de ejecución física avanzado. Otro tercio (15) se encuentra demorado por la aprobación del expediente técnico o falta de asignación presupuestal y un tercer grupo (15) lo conforman proyectos que han sido desactivados de forma permanente o están a punto de quedar en esa situación, según la plataforma Invierte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Una vez desactivados del sistema de inversión pública los proyectos son archivados volviendo a foja cero. Esto ocurrió con dos iniciativas que buscaban recuperar los bosques degradados en la provincia Mariscal Ramón Castilla, de Loreto, en la Amazonía peruana. Otros proyectos desactivados se encuentran en zonas altoandinas de Cusco, Arequipa, Cajamarca y Huancavelica.

Según el portal del propio MEF, un proyecto de inversión pública puede ser desactivado por errores en su formulación: duplicidad con otro proyecto, incompetencia de funciones o en la jurisdicción, fallas técnicas para abordar el problema central, entre otras causas. Para el biólogo Jorge Watanabe, que un tercio de los proyectos contemplados en el ProRest se encuentren en esa situación describe una falta de coordinación entre el ente coordinador (Serfor) y los ejecutantes (municipios y gobiernos regionales).   

“Es sumamente preocupante. Uno se da cuenta de la incapacidad del gobierno nacional y local para resolver falencias de índole administrativa, financiera o técnica”, refiere Watanabe, que en 2020 fue elegido Héroe del Paisaje por el Global Landscape Forum por su trabajo para salvaguardar la biodiversidad de la Amazonía.

Oportunidad desperdiciada

Una de las iniciativas próximas a ser archivadas (en marzo quedará desactivada del sistema) iba a desarrollarse en Pichanaki. Pese a estar comprendida para un área prioritaria, el proyecto “Recuperación de los servicios ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos” de ProRest no avanzó desde que fue declarado viable en 2021. Esta iniciativa buscaba rehabilitar 521 hectáreas anuales (durante diez años) y tenía un presupuesto estimado en 2,238,067.18 soles (588,965 dólares). Nunca se ejecutó ni otorgó financiamiento. 

“Ese proyecto lo propusimos mediante cooperación. Hicimos el expediente para que lo ejecute el gobierno local. Pero pasó el tiempo, no le dieron prioridad y ahí quedó”, cuenta Omar Buendía, coordinador de la plataforma Bosque Modelo Pichanaki.

En la oficina del municipio, la ingeniera Yovana González, subgerente de Gestión Ambiental de Pichanaki, dice no saber cómo se manejó ese proyecto, debido a que en esos años no ocupaba el mismo cargo. La funcionaria admite que las tareas de restauración no tienen lugar en el presupuesto municipal. “Hay intenciones, pero también hay una brecha de necesidades en diferentes sectores. El municipio ha tenido que ir priorizando. No hay presupuesto para abarcar todo”, sostiene.

Fue una oportunidad perdida para recuperar las zonas degradadas en la selva central. Inicialmente la tala de madera y, más recientemente, las malas prácticas en la producción del kion (jengibre) han contribuido a la degradación. “Prácticamente ya no queda bosque sin intervención”, señala la productora de café Ana María.

En las colinas que rodean a Pichanaki pueden verse varias zonas barridas por la acción humana. La búsqueda continua de tierras vírgenes para aprovechar los nutrientes golpeó la salud de los bosques. “Se ha talado, sembrado y sacado los cultivos, los suelos se fueron degradando. Una vez que estos ya no servían, los productores iban a otro lugar y hacían lo mismo”, relata Mauro Franco, quien remarca la falta de compromiso de las autoridades políticas.

El ingeniero Buendía considera que no hay motivos para tumbar un árbol más para hacer agricultura en Pichanaki, pues hay suficiente tierra ya deforestada. Su propuesta es que, más bien, se aprovechen las áreas ya deterioradas para cultivar. “Para muchos productores esas hectáreas ya no sirven. Pero, cuando se habla de agricultura sostenible en la selva, la idea es trabajar en las hectáreas ya degradadas”, menciona.

Según la respuesta de Serfor a una solicitud de acceso a la información pública, para diciembre de 2024, había 117,468 hectáreas a nivel nacional en proceso de restauración. La estadística entregada muestra un abrupto incremento en los últimos doce meses respecto a los años previos. En 2021 había 1,935 ha, en 2022 subió ligeramente a 3,010 y en 2023 llegó a 5,375 ha.Pese a que se gestionó una entrevista con algún representante de Serfor en varias oportunidades, hasta el cierre de la nota no recibimos la confirmación para concretarla.

Inconsistencias en proyectos de gobiernos locales

El ProRest no es la única iniciativa estatal orientada a la restauración. Los gobiernos regionales pueden postular y ejecutar proyectos de inversión pública dentro del programa presupuestal 0144 impulsado por el Ministerio del Ambiente, destinado a la recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. Según datos del Ministerio del Ambiente, entre 2018 y 2023, dentro del programa presupuestal 0144 se han ejecutado 188 proyectos de restauración en 148 mil hectáreas. Según la proyección, se espera que el área de recuperación ascienda a 387 mil ha en los próximos cinco años. 

Aunque muchos de estos proyectos regionales son rotulados como trabajos de restauración, varios especialistas cuestionan sus expedientes técnicos. Después de haber revisado cerca de 100 expedientes formulados por los gobiernos locales, Watanabe indica que muchos son proyectos de reforestación, ya que buscan plantar árboles para aprovechamiento maderable y no aseguran ninguna acción relacionada con la adaptación o mitigación del cambio climático y ni siquiera benefician a la naturaleza ni a la población de la zona. 

Según el especialista, proyectos como “Recuperación de los servicios de protección de los ecosistemas en el entorno ambiental del distrito de Pillcomarca” en la región Huánuco, que implican la plantación de aliso, queñual y algunos árboles exóticos como pino y eucalipto, van en esa línea y no cumplen con los objetivos de una restauración.

Para ejecutar una restauración deben considerarse el nivel de degradación del ecosistema y los parámetros iniciales, qué es lo que hubo y se perdió. Gladys López, gerente de Forestoil, consultora en restauración de proyectos privados, refiere que el primer paso es hacer un inventario, para luego poder reponer y regenerar la vida como era antes de la degradación. “Hablamos de todo un ecosistema, que tiene en cuenta el suelo, la fauna, la flora, también las comunidades que están alrededor”, sostiene. 

Dennis Del Castillo Torres, director de Investigación del programa BOSQUES del Minam, reconoce que en varios gobiernos regionales se superpone una lógica de rápida rentabilidad. 

“Son entidades que se apoyan mucho en la producción y desarrollo económico, y en su gran mayoría descuidan la temática ambiental porque no la ven muy productiva ni rentable a corto plazo”, precisa.

El trabajo que viene

En la reciente Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, presentada en octubre del 2024, se establece que al finalizar esta década un 20% de “la superficie nacional en las zonas terrestres, aguas continentales, zonas marinas y costeras, degradadas por sobreexplotación de recursos y deforestación deben encontrarse en proceso de restauración con soluciones basadas en la naturaleza”. 

Para Rocío Vásquez, investigadora del centro Cifor Icraf, es difícil saber qué tan lejos o cerca estamos de la meta de la iniciativa 20×20, a la que califica de “bastante ambiciosa”, porque los puntos de partida son deficientes. “Que haya dos programas presupuestales diferentes (el de Serfor y el 0144 del Minam) hace que se dispersen las fuerzas y confunde a los actores subnacionales que son quienes ejecutan los proyectos. No saben si se alinean con una u otra brecha”, explica.

La especialista considera que, en línea con el Marco Global de Biodiversidad, el seguimiento de la restauración debería ser a nivel país, no dividiendo por instituciones. En ese sentido, el Gobierno actual anunció que este año se trabajará en la creación de una hoja de ruta multisectorial de restauración con la intención de homogenizar criterios. 

Cifor Icraft apoyará las iniciativas de monitoreo de la restauración del Perú, como la implementación del sistema FERM a nivel nacional. Esta plataforma es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) para seguir los avances de restauración en cada país. Aquí también se busca incluir el trabajo que se viene haciendo desde el sector privado, del cual no existe una medición certera. De contabilizarse adecuadamente, se incrementarían las cifras de restauración de Perú. Aunque las principales trabas también vienen del propio Estado. La falta de leyes efectivas para la formalización minera y la modificatoria de la Ley Forestal habilitando la deforestación van a contramano de la restauración. “Para impulsar la restauración no solo se requiere la buena voluntad y el financiamiento, sino también un fuerte respaldo político”, dice Vásquez.

Mientras tanto, en el centro poblado de Condado Pichikiari, una de las microcuencas de Pichanaki, Víctor Lizano muestra a sus vecinos videos de los monos y aves que han retornado a sus terrenos que estaban degradados. Busca convencerlos de cambiar sus prácticas, como él lo hizo. A partir de la restauración que trabaja desde hace ocho años, con la plataforma Bosque Modelo, siente que progresivamente empieza a recuperar flora y fauna. “Si no restauramos los corredores biológicos, estamos perdidos”, afirma convencido.

Abandonó lo que llama agricultura tradicional, la cual describe como desordenada, sin demarcaciones, ni controles sanitarios. Al cambiar de hábitos, zonificó su chacra, construyó viveros y volvió a las parcelas que había descartado para sembrar en ellas plantones de especies nativas. 

Desde Bosque Modelo, que articula acciones con operadores estatales y privados, proponen una rehabilitación de los territorios que contemple mecanismos de agricultura sostenible. Esto parte de reconocer las necesidades de la población en la Selva Central, cuyos ingresos históricamente han dependido (de forma casi exclusiva) de los suelos. Así nace una opción de adaptación climática. En los nuevos proyectos buscan que en un terreno degradado coexistan la siembra de cultivos locales con árboles nativos (cedro, ulcumano, tornillo) que brindarán sombra y también nutrientes al suelo.

Bosque Modelo resalta la gobernanza como un mecanismo para involucrar a técnicos, funcionarios y, principalmente, a las comunidades campesinas de las 28 microcuencas de Pichanaki. Buendía insiste en la necesidad de involucrar a todos, ya que existen indicadores preocupantes de degradación.

La tarea es urgente, pero no es sencilla. La investigadora Rocío Vásquez lo resume con una frase que le quedó flotando, tras participar en un congreso sobre la temática: “No se restaura con hambre. Es difícil pensar que la gente va a restaurar; si están en un nivel de pobreza extrema, no van a priorizar eso. Y peor si están en espacios donde hay violencia, esto es lo último en lo que van a pensar”.

En 2025, en el punto medio de la década de la Restauración (según la ONU), el país necesita dar pasos firmes. Ya transcurrió la mitad del partido.

Este reportaje se realizó en el marco de una alianza con la plataforma CONNECTAS.