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DECLARACIÓN | Llamado a la acción por una gobernanza marina inclusiva de los pueblos y mujeres originarias del mar
En el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos 2025, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar hace un llamado a la acción
frente a la protección de las defensoras y defensores ambientales; al reconocimiento del aporte que las mujeres pescadoras y de actividades de mar de pueblos originarios a mantener los océanos sanos, entre otros puntos. Lee la declaración completa a continuación.
Como pueblos y mujeres originarias, defensoras y defensores de nuestros territorios costeros marinos que transmitimos conocimientos ancestrales, reconocemos:
+ La grave situación que afecta al mar debido a la alarmante desaparición de las especies marinas, la inequitativa distribución de bienes comunes pesqueros, el uso del mar para fines privados y para el beneficio de la industria extractivista socavando la biodiversidad de los territorios y su soberanía alimentaria.
+ Asegurar océanos y zonas costeras sanas requiere incluir nuestras voces y aportes; así como comprender la interdependencia entre la salud oceánica, las actividades humanas, la justicia territorial y protección de todas las formas de vida en el mar. Por ello, apoyamos el objetivo de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos y los esfuerzos para cumplir el ODS 14.

+ En nuestros territorios marinos costeros, la alimentación, la conservación, la pesca, la espiritualidad y la recreación no son acciones separadas: todas están vinculadas con nuestras formas de vida y nuestra identidad como pueblos del mar. El ODS 14 está íntimamente relacionado con la consecución de otros ODS, especialmente los objetivos relacionados al reconocimiento de los pueblos originarios (ODS 10, 16), igualdad de género (ODS 5), erradicación de la pobreza (ODS 1), educación (ODS 4) y acción climática (ODS 13), así como al derecho humano a la autodeterminación; el derecho al territorio, que incluye a la tierra, mar y espacios costeros; a la alimentación y un ambiente limpio y saludable. Advertimos que la conferencia separa la “pesca”, los “sistemas alimentarios oceánicos” y la “conservación de la biodiversidad marina” en paneles de acción distintos. Un abordaje separado desconoce la integralidad de nuestras relaciones con el mar, y facilita la promoción de falsas soluciones que avanzan en un objetivo mientras socavan otros.
+ Resaltamos que informes recientes de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a un ambiente saludable y el derecho a la alimentación han cuestionado las políticas de Economía Azul y Transformación Azul, que conceptualizan los océanos y las costas como activos económicos. La evidencia y la experiencia con estos programas demuestran que frecuentemente priorizan el acaparamiento del océano y las ganancias corporativas por encima de la protección del mar y los derechos humanos. A menudo se argumenta que las nuevas industrias oceánicas generan empleo y desarrollo, pero en nuestros territorios, industrias como la acuicultura industrial han favorecido malas condiciones laborales y la sustracción de riqueza de los territorios a costa de las prácticas ancestrales existentes.

+ Alertamos sobre los programas de promoción de alimentos acuáticos, que sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas y los pescadores y pescadoras artesanales, no cumplirán con su objetivo ni serán sostenibles. En este sentido, el programa Transformación Azul de la FAO, que promueve un crecimiento del 30% en la acuicultura, debe garantizar los derechos humanos y soberanía alimentaria de los pueblos costeros. Esta agenda, que también promueven las empresas multinacionales como una ‘revolución azul’, fomenta la intensificación sostenible de las industrias acuícolas extractivas para responder a la creciente inseguridad alimentaria debida al cambio climático. Pero socava la soberanía alimentaria de las poblaciones costeras y su adaptación al cambio climático.
+ Las industrias “azules” y “verdes” se han expandido en nuestros territorios en nombre de la economía sostenible y la seguridad alimentaria y energética global, vulnerando nuestros derechos humanos. En el norte de nuestro país, la minería en nombre de la “Transición Verde” produce zonas de sacrificio marino en territorios originarios, erosionando nuestras relaciones con el mar. En el sur de Chile, la acuicultura industrial ha contaminado las zonas marinas y costeras de los pueblos originarios y ha socavado nuestros propios sistemas alimentarios, mientras genera ganancias para empresas multinacionales. Por eso, el relator especial sobre el derecho humano a la alimentación ha pedido a los Estados que sean “extremadamente cautelosos con respecto a la acuicultura”.
+ Las zonas de sacrificio marino creadas por las industrias extractivas dañan desproporcionadamente a mujeres y niñas afectando concretamente a nuestras vidas. A nivel mundial, las mujeres representan casi la mitad de las personas trabajadoras en la pesca y están expuestas a daños cuando el entorno marino está contaminado. Las mujeres y niñas originarias que buscan defender sus derechos territoriales enfrentan mayores riesgos de violencia, especialmente cuando se oponen a la implementación de proyectos de desarrollo realizados sin su consentimiento libre, previo e informado. Sin olvidar los contextos de conflictividad y amenazas que existen en Chile y los territorios costeros marinos, donde el 70% de los casos de violencia registrados contra defensores afectaron directamente a mujeres, y casi la mitad de estas agresiones fueron de naturaleza física [1].
+ Estas amenazas se acumulan sobre años de discriminación contra los pueblos originarios, en especial los pueblos del mar y las mujeres pescadoras artesanales, cuyos derechos y prácticas culturales no están reconocidos por la ley. En Chile, 7 de cada 10 mujeres originarias de zonas costeras y marinas trabajan por cuenta propia, sin contrato ni seguridad social. La recolección de algas y mariscos, el cultivo de huerta con abono de mar, la crianza de animales y el tejido son parte de un entramado productivo que sostiene nuestras familias y comunidades, con un promedio de 7,2 actividades por mujer. De estas, al menos 3 están directamente vinculadas al mar y al autoconsumo familiar, demostrando un papel clave en la soberanía alimentaria [2].

+ A pesar de la discriminación institucional, las mujeres originarias y pescadoras artesanales seguimos protegiendo y revitalizando nuestros vínculos con el mar, impulsando procesos autónomos de gobernanza y conservación desde nuestras comunidades y bajo nuestras visiones de mundo. Frente a la industrialización extractiva del océano estamos construyendo nuestras propias «economías azules» basado en nuestras miradas ancestrales del océano. Estas redes de solidaridad entre pueblos y mujeres son clave para avanzar en la gobernanza de los territorios costeros y marinos. Nuestros esfuerzos contribuyen significativamente a la salud comunitaria y la soberanía alimentaria.

+ Reafirmamos la necesidad de asegurar que los derechos humanos de las pescadoras y pescadores, algeras, mariscadoras y otras trabajadoras y trabajadores de mar de Pueblos Originarios estén en el centro de los esfuerzos para implementar el ODS 14. El Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal ofrece una poderosa vía para lograrlo mediante el «reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales» y la meta 30×30, así como la obligación legal de proteger los océanos en virtud de la la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En Chile, la ley 20.249 que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), conocida también como Ley Lafkenche, es una normativa impulsada por los pueblos originarios, que buscaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero y el mar. Desde 2008, este mecanismo permite entregar en administración un espacio marino delimitado a comunidades que han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio, para preservar sus prácticas, conservar los bienes naturales y asegurar su bienestar y vínculo con el mar. Renunciamos a cómoSin embargo, en los últimos años sectores políticos y empresariales han buscado modificarla, intentando recortar nuestros derechos como pueblos originarios, sin nuestra participación ni consulta.

Por ello: Instamos al Estado de Chile, a otros Estados presentes, a la FAO y otras organizaciones internacionales, a los inversores, financistas y al conjunto de actores de la Conferencia sobre los Océanos de la ONU a:
1.- Poner fin a la mercantilización del océano en nombre del crecimiento azul y otras medidas de conservación basadas en áreas, que no respetan nuestros derechos ni nuestras formas de vida.
2.- Reconocer y apoyar las contribuciones de las mujeres pescadoras y de actividades de mar de pueblos originarios a océanos sanos, comunidades costeras resilientes y sistemas alimentarios locales basados en derechos humanos, autodeterminación y soberanía alimentaria. Esto implica, asegurar un enfoque intercultural y de género transversal en las políticas oceánicas y una participación activa y central de los pueblos indígenas en la gobernanza marina.
3.- Garantizar la No Regresión de Derechos en los Territorios Costero-Marinos. Exigimos el respeto pleno a la gobernanza territorial inclusiva de los Espacios Costero Marinos de los Pueblos Originarios. Es imperativo garantizar la no regresión de los derechos que nuestros pueblos han conquistado a través de legítimos procesos de lucha.
4-. Proteger a defensoras y defensores ambientales: respetar los derechos de comunidades costeras que defienden el mar, garantizar el consentimiento libre previo e informado en todos los proyectos y las medidas que puedan afectar sus derechos; y prevenir, detener y garantizar justicia frente a las amenazas y criminalización de defensoras y defensores de mar.
5.- Exigir coherencia al Gobierno de Chile en la política oceánica: Resolver los conflictos estructurales que afectan el mar y a los pueblos originarios que dependen de él. Para ser un actor legítimo y coherente debe garantizar justicia ambiental y participación con equidad al postularse como sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction).
[1] ONG Escazú Ahora (2025). Informe anual. La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024.
[2] Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar (2024). Resultados del ejercicio piloto de levantamiento de datos mixtos en territorios marino-costeros.