Cada vez que me preguntan si es necesaria una nueva Constitución, si beneficiará en algo al medio ambiente, o si vivir todo este proceso de incertidumbre vale la pena o no, mi respuesta es un categórico sí.

La Constitución no solo norma, sino que es una guía programática de lo que queremos ser. Por lo tanto, que exista una hoja en blanco es una gran oportunidad de poner en el papel aquellas cosas que deseamos y necesitamos hacer mejor, por ejemplo, en temáticas ambientales.

©Evelyn Pfeiffer
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La actual Constitución entabló un modelo de desarrollo que ha tenido consecuencias tremendas en cuanto a destrucción de ecosistemas y biodiversidad. 6 de 10 chilenos viven en una de las 20 zonas saturadas por contaminación atmosférica; estamos en el puesto 18 de los países del mundo con mayor estrés hídrico; además, 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático aplican a nuestro país.

Una nueva Carta Magna debiera consagrar al medioambiente como un asunto de interés público, reconocer la sostenibilidad como un principio rector, establecer nuestra responsabilidad con las generaciones futuras y el cambio climático, y comprometerse a respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos y medioambiente ya suscritos por Chile, entre otros temas. No obstante, para tener una constitución ambiental no basta con reforzar solo los derechos, sino que debemos reforzar la estructura que rodea a los temas ambientales.

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En nuestra actual Constitución existe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero es un derecho más, que cuando colisiona con el derecho de propiedad suele “perder”. En ese sentido, es clave que el Estado realmente se haga cargo de cautelar el medioambiente por sobre los derechos económicos y de propiedad.

Otro punto vital es cómo distribuimos el poder para las decisiones ambientales. Hoy se toman a nivel central, fuera de los territorios, por lo tanto, son decisiones que no entienden el lugar, su gente y sus complejidades, siendo muy difícil que sean decisiones adecuadas. Además, las personas debieran tener el derecho a participar de aquellas decisiones que le afecten, por el solo hecho de pertenecer o permanecer en un lugar.   

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Por último, nuestra Constitución debe incluir como principio rector la probidad en la función pública, con el fin de evitar hechos de corrupción y presiones empresariales en las decisiones ambientales que se tomen para el país.

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Dicho esto ¿vale la pena una nueva Constitución? ¡Sin duda! Porque al dejar establecidas estas temáticas en un papel, podemos exigirlas y crear políticas públicas acorde a ello. Por ello, la invitación es a participar y a no temerle al cambio, porque es necesario. Como dice un meme que circula por redes sociales estos días: “No le tengas miedo al cambio, excepto al cambio climático. Ese sí que es peligroso”.

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