Se aprueba segundo proyecto inmobiliario que amenaza los acantilados de la Quirilluca y su biodiversidad

Ubicado en un rincón de la comuna de Puchuncaví, a aproximadamente dos horas de Santiago, se ubican los Acantilados de la Quirilluca, una zona con una pequeña playa entre Horcón y Maitencillo. Este lugar, que se luce con una maravillosa vista al mar y una bahía poco conocida hasta hace algún tiempo, corresponde al hábitat de algunas de las especies más representativas de la Región de Valparaíso como la nutria marina y el árbol belloto del norte, que con sus frondosos bosques le da un toque único al paisaje.

Quirilluca es además la única área de reproducción continental en Chile donde anida el piquero común (Sula variegata). En medio de todo ese paisaje, esta ave se desenvuelve en una colonia reproductiva, la principal y más singular de la zona centro norte, con cerca de 12.000 aves.

Su gran diversidad de especies es la que permite el desarrollo de estos ecosistemas, pero lamentablemente en la actualidad están amenazados por futuros proyectos inmobiliarios que están a pasos de desarrollarse.

El Alto y Maratué, proyectos inmobiliarios bajo el corazón de Quirilluca

La Región de Valparaíso alberga a cerca del 10,2% de la población nacional con 1.539.852 habitantes y su crecimiento poblacional alcanza el 1,1% anual medio, un factor que refleja la constante necesidad de incrementar la disponibilidad habitacional, poniendo a la región como una gran zona de interés para futuros proyectos inmobiliarios.

Durante la tarde del 27 de mayo, se dio a conocer la noticia que el Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental del nuevo proyecto inmobiliario “Maratué” para el sector natural costero de Quirilluca. Se trata de una inversión proyectada en US$ 2.000 millones en un periodo de 45 años, que considera la construcción de 315 viviendas anuales durante los primeros 25 años, llegando a un máximo de 14.180 al término de la etapa de construcción.

Sin embargo, ésta no es la primera iniciativa que se desarrollará en la zona de los acantilados de Quirilluca, pues en el año 2016 el Comité de Ministros aprobó el desarrollo del proyecto El Alto, el cual fue acusado de intervención política por presunto lobby ejercido para su aprobación.

Su desarrollo considera 450 viviendas en cinco macrolotes, en una superficie de 20,7 hectáreas contiguas con los acantilados de Quirilluca que involucra una inversión estimada en US$ 4 millones –sin considerar las viviendas–, y que su construcción se llevará a cabo en tres etapas durante un período de 18 años.

Desde que se presentó el Estudio de Impacto Ambiental de Maratué, distintas organizaciones medioambientales y miembros de la comuna comenzaron a investigar las repercusiones del proyecto, fundamentando que este tipo de planes triplicará el número de habitantes y que este aumento de población excederá las capacidades de las playas –durante el verano, por ejemplo–, espantando a las especies, como el chungungo o el piquero y facilitando así la destrucción de un ecosistema frágil.

Asimismo se expuso que el sector se trataba de un Sitio Prioritario de Conservación que preservaba un bosque nativo importante, del cual se talarán 130 hectáreas y que entre sus especies se encuentra el belloto del norte, un árbol endémico de la cordillera de la Costa declarado Monumento Natural por el Ministerio del Medio Ambiente.

 

Para distintas organizaciones medio ambientales, tales como Chinchimén, este tipo de proyectos han sido objeto de preocupación ya que pondrían en peligro a estas especies que forman parte del ecosistema. De acuerdo a Javier Trivelli, fundador de dicha organización ecológica, se teme que estos proyectos ocasionen los mismos daños observados en Mejillones, en donde en uno de sus acantilados habitaba una colonia del piquero común y que, luego de la construcción de un sendero costero, se pudo observar que la colonia perdió su capacidad reproductiva.

“En este escenario, el sector en donde existen planos de edificación, el proyecto El Alto fue aprobado con un mínimo de metros de protección del acantilado. Ahí el objeto de conservación, más que el piquero, es el acantilado, ya que este es un refugio para esta especie. El corazón de la colonia se encuentra en la mitad de ambos proyectos, entonces nos ha preocupado que la colonia se vea fracturada en dos”, comenta Trivelli.

Maratué, además presenta un conflicto importante relacionado al tratamiento de aguas servidas y a la disponibilidad de agua potable, aspectos que no fueron evaluados dentro del estudio y que tampoco se especifica la solución al problema. De acuerdo a lo señalado por el consejero regional de Valparaíso, Manuel Millones, el Plan Regulador Intercomunal establece que las plantas de tratamiento especial no pueden ser instaladas en el sector del proyecto inmobiliario sino que en el sector norte de la comuna, el cual corresponde a una zona rural fuera de la ciudad. “Hay un dictamen de la Contraloría General de la República que indica que no se pueden poner plantas de tratamiento sino sólo donde lo indique el instrumento de ordenamiento territorial, que no pueden ser en sectores urbanos ni extensiones urbanas. Por lo tanto, este proyecto no podrá emplazar una planta de tratamiento en el terreno y no se define dónde lo hará ni cómo va a llevar las redes de alcantarillado, que es la gran interrogante”, comenta Millones.

En búsqueda de soluciones

A diferencia de El Alto, Maratué en respuesta a las inquietudes de los miembros de la localidades, presentó medidas de mitigación para resguardar un porcentaje de la biodiversidad del lugar, a través de la creación de un área de conservación para el manejo y el cuidado de la zona. Se trata de un Santuario de la Naturaleza que abarcará cerca de 200 hectáreas de las mil que contempla el desarrollo urbano, además la urbanización se alejaría un kilómetro y medio del borde costero.

Sin embargo, de acuerdo a lo especificado por Trivelli, el Sistema de Evaluación Ambiental solicitó a los titulares retirar dicho compromiso voluntario debido a que la propuesta no era asegurable en el tiempo, por lo que la creación de esta área de conservación quedaría a la voluntad de los propietarios, sin un compromiso oficial para su protección.

Desde la organización Chinchimén, cuentan que han estado en frecuente contacto con las empresas y se ha tratado de negociar directamente con ellos, quienes a su vez, se han mostrado abiertos a mejorar las condiciones ambientales. “Con El Alto logramos acordar mayores áreas de conservación y una fundación donde participa la comunidad y representantes de los copropietarios. Se estableció el derecho real de conservación, que se lo otorga a la fundación y la que tiene la custodia de que los programas de conservación funcionen y también la potestad de aplicar medidas de mitigación si es que las casas estuvieran afectando”, comenta Javier Trivelli.

Por otro lado, Javier cuenta que ahora que el proyecto Maratué tiene su resolución aprobada, “se va a dar la instancia adecuada para conversar con ellos y mejorar algunos de los aspectos del proyecto. Una de las cosas positivas de Maratué es que hace una buena protección de la colonia reproductiva del piquero común ya que las casas más cercanas se encuentran a unos 500 metros de ellas”.

La gran diversidad que reúne los acantilados de Quirilluca forma una red de interacciones y flujos entre los ecosistemas presentes ya sea mar, bosque, acantilado y praderas; donde cada uno cumple una función importante y clave para la estabilidad del lugar. Por ejemplo, la pendiente genera un lugar propicio para alejar a los depredadores de los piqueros, así también como la vegetación afirma el suelo, favoreciendo la mantención del acantilado.

Por otra parte, a pesar de haberse dado luz verde al proyecto Maratué, distintas autoridades regionales y detractores del proyecto, tras considerar que no se tomaron en cuenta aspectos importantes que debieron ser atendidos, comenzarán acciones legales para lograr la conservación del lugar y alcanzar su protección.

Manuel Millones declaró que se presentará una apelación al Tribunal Ambiental una vez que se tenga el acta del Estudio de Impacto Ambiental, para así dar inicio con todos los procedimientos correspondientes para la invalidación.