Se acercan las elecciones presidenciales en Chile: ¿Qué comprometen los candidatos para abordar desafíos ambientales y climáticos?

El próximo 16 de noviembre, chilenas y chilenos vuelven a las urnas para participar de las elecciones presidenciales y parlamentarias. En esta jornada de voto obligatorio, los electores recibirán una papeleta para escoger al(la) futuro(a) presidente(a), diputados, y senadores en el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén. En el caso de que ningún candidato presidencial consiga más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta con los dos más votados el domingo 14 de diciembre.

Cada uno de los candidatos cuenta con un programa de gobierno, disponible en la página del Servicio Electoral, en el que se plantean las propuestas y compromisos que promete implementar en su eventual mandato. En esta oportunidad, quienes se postulan a ser la cabeza del Estado son Jeanette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

En este contexto, la Fundación Chile Sustentable realizó un análisis comparativo de las propuestas programáticas de las candidaturas, con un énfasis en las materias medioambientales, de protección de la naturaleza, sectores productivos basados en la explotación de recursos naturales -sector forestal, minero, pesca, acuicultura y agricultura-, además de la producción de energía, la gestión de agua, y las políticas de adaptación al cambio climático.

En esta nota, compartimos un acercamiento a dicho documento, que incluyó un análisis de las propuestas de todos los candidatos, salvo las de Marco Enríquez, quien no tenía públicamente disponible su programa de gobierno al momento de la redacción del trabajo. Sin embargo, una vez disponible, Ladera Sur incluyó sus propuestas a esta nota.

Una visión general a todas las propuestas

«El análisis general de los programas presidenciales dados a conocer en septiembre de 2025, evidencia la liviandad y pobreza de los contenidos de relevancia ambiental referidos a políticas públicas, acciones y normas sobre prevención, protección, restauración, fiscalización y justicia ambiental, así como sobre la implementación de las nuevas regulaciones en materia de seguridad hídrica, biodiversidad, áreas protegidas, participación ciudadana, mitigación y adaptación al cambio climático», señala el documento.

En ese contexto, Sara Larraín, directora de la fundación y Felipe Moreno, coordinador de Seguimiento Legislativo, explicaron en una columna que el contenido es «preocupante» y «pobre e inexistente» al haber una escasez de propuestas, políticas, programas y acciones para la protección al medioambiente, así como la suma de propuestas para «reforzar y continuar con la desregulación sectorial y ambiental, y priorizar la expansión de industrias extractivas como la minería como motor de la economía, sin incluir alternativas de desarrollo que permitan superar la condición de Chile como cantera para extraer recursos naturales para la economía mundial». 

Con todo, se identifican algunas coincidencias, con ciertos matices, entre candidaturas. En especial refiriéndose a temas como las propuestas de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su marco regulatorio, así como autorizaciones ministeriales referidas a agua, salud, minería y energía, entre otras. Ninguna candidatura, dentro del análisis de Chile Sustentable, hace referencias a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero sí enuncian propuestas genéricas sin metas, con algunas excepciones, respecto de incendios y superficie de restauración.

En términos generales, el documento destaca que «el programa más completo es el de Evelyn Matthei, donde se observan propuestas precisas y bien formuladas respecto de la reducción de emisiones, la protección del bosque nativo y la biodiversidad, así como un plan para clausurar y recuperar basurales; además de compromisos para avanzar en la protección de glaciares y humedales. Se observan, sin embargo, contradicciones programáticas que tensionan los compromisos anteriores».

Al referirse a Franco Parisi también se apunta a contradicciones: se destacan compromisos como la restauración de cuencas, la preocupación por la eficiencia hídrica, y un programa de educación ambiental y climática, las que conviven con otras propuestas que atentan contra la biodiversidad y la regulación vigente en el ámbito agrícola, como la liberación del desarrollo de organismos genéticamente modificados en áreas no confinadas, o la construcción de carreteras hídricas intercuencas».

Sobre el resto de las candidaturas, en general se destaca el programa de Mayne-Nicholls «con un diagnóstico claro y objetivos positivos, pero sus propuestas y compromisos no precisan normas, programas o acciones concretas a desarrollar durante su eventual gobierno». Por otro lado, se apunta a que el «programa de Jeannette Jara es pobre, no contiene coherencia e interacción entre las propuestas, y tampoco presenta compromisos de continuidad con los avances en política ambiental aprobados durante el actual gobierno de su misma coalición, con la excepción de facilitar las autorizaciones para promover las inversiones».

Sobre Kast se dice que es «prácticamente inexistente» en estas temáticas. En relación a Kaiser, se apunta a que cuenta con un programa «abiertamente regresivo en materia ambiental».

Por otro lado, Artés, aunque incluye una descripción general sobre diversos temas ambientales, tiene «compromisos precisos sobre protección del medio ambiente escasos, y su programa es claro en declarar que la protección ambiental debe subordinarse al desarrollo industrial del país». Sobre MEO no se refieren, al no estar disponible el programa durante el análisis.

«El panorama sobre las propuestas de relevancia ambiental de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República es preocupante, dado que no presentan un avance para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar de la población. En pleno siglo 21, más allá de las ideologías de izquierda, derecha o centro, es evidente que el desarrollo económico del país debe enfrentar la crisis climática e hídrica, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación. De lo contrario no hay bienestar, ni desarrollo económico posible de
sostener en el futuro y para las actuales y las nuevas generaciones», opinan Sara y Felipe.

Agua y Gestión Hídrica

En general, las propuestas difieren en enfoque y profundidad. Por un lado Matthei tiene un enfoque coherente frente a la vulnerabilidad hídrica del país, proponiendo medidas como un Plan de Emergencia Hídrica, aceleramiento de inversiones para servicios de agua potable rural, propuestas para la gestión de cuentas y Plan Nacional de Desalación y Embalses de gran escala y comunitarios. Asimismo, se reconoce a Parisi y el plan de restauración de cuencas hidrográficas, plataforma digital de monitoreo ciudadano con alertas de comunicación o el Programa Nacional de Infraestructura de Acumulación y Recarga Hídrica con embalses multipropósitos de pequeña escala y tranques de infiltración. Sin embargo, resulta contradictoria la Red Nacional de Carreteras Hídricas Intercuencas orientadas a satisfacer el consumo humano y también la expansión agrícola con las propuestas anteriores.

Por su lado, Mayne-Nicholls propone un enfoque sustentable relativo a la gestión del agua, con un plan integran contra la sequía con embalses grandes y pequeños, un impulso a la desalinización de agua para zonas costeras y mineras; el fomento a la reutilización de aguas grises y el tratamiento de aguas servidas para riego; además de subsidios al riego por goteo y acumulación de aguas lluvia; protección de los glaciares y reservas de agua, además de fortalecer los Consejos de Cuenca para la gestión participativa del agua y asegurar caudales ecológicos en los ríos. No obstante, señala el documento, no compromete acciones concretas para implementar estas propuestas.

Los programas de Jara, Kast, Kaiser y Artés son similares en sus propuestas, limitándose a proponer plantas desalinizadoras multipropósito, aunque Kast y Artés consideran también el reúso de aguas. MEO plantea un impuesto al uso intensivo del agua a sectores productivos, teniendo como una de sus siete prioridades en la conservación de los ecosistemas «resolver la crisis hídrica».

Biodiversidad

«En los programas de gobierno se observa un escaso contenido materia de biodiversidad y poca focalización y precisión de las propuestas», apunta el documento. Salvo una mención en el programa de MEO, las candidaturas no hacen compromisos sobre la implementación de la ley que creo el SBAB y estableció regulaciones para los Sitios Prioritarios, la Conservación pública y privada, y la protección de especies en peligro.

En este tema, el análisis de Chile Sustentable destaca las propuestas de Matthei y Parisi: «La primera propone restauración de ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica, como cuencas y bosques nativos, medida que complementa con la implementación de la Ley de Turberas y avanzar en la protección de glaciares y humedales. El programa de Matthei también considera un Plan Nacional de Gestión de Incendios Forestales. Parisi por su parte propone Corredores de Biodiversidad con Restauración de 2 millones de hectáreas con especies nativas y una propuesta sobre educación ambiental y climática. Su programa, sin embargo, también considera en esta materia la liberación de organismos genéticamente modificados en áreas no confinadas, lo que es una clara amenaza a la biodiversidad».

MEO, por su lado, considera la biodiversidad marina y su protección. Para el desarrollo de Política Oceánica Nacional Integrada, abarca la creación de la Subsecretaría de Mar, además de avanzar en que las Áreas Marinas Protegidas alcancen una meta de cobertura del 50% y no sean «de papel». A eso se suma la la Ley de Protección de Ecosistemas Estratégicos. Asimismo, busca transformar el MMA en Ministerio de Transición Ecológica y territorial y fortalecer «la gobernanza ambiental a través de la profesionalización y financiamiento estable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)».

El programa de Artés también incluye elementos referidos a la biodiversidad, «aunque su programa deja claro que prioriza el desarrollo industrial por sobre las consideraciones ambientales, lo que se refleja en su propuesta de prohibición de productos agrotóxicos, salvo que el proceso de industrialización así lo requiera».

Jara solo se refiere a esta materia en su propuesta de desarrollo minero, mediante el fortalecimiento de la red de salares protegidos. Mayne-Nicholls solo considera en esta materia la prevención de incendios forestales. Kast y Kaiser no consideran propuestas concretas relativas a la biodiversidad, aunque Kast hace una referencia genérica al comprometer “fortalecer y renovar” la alianza entre la ciencia y la toma de decisiones sobre recursos naturales, biodiversidad y políticas públicas.

Energía

En este se encuentran la mayoría de consensos en los programas de gobierno. Varios candidatos apuntan a una transición para alcanzar una matriz más limpia y con beneficios sociales. En este contexto, Jara destaca los avances de la descarbonización en Chile y compromete específicamente crear condiciones de mercado para que al año 2030, el 20% de la capacidad instalada de generación cuente con almacenamiento. Además se compromete cumplir con el Plan de Acción de hidrógeno verde.

Por su parte Matthei, busca modernizar la red de distribución y transmisión eléctrica con tecnología inteligente para ofrecer tarifas competitivas, y dar mayor seguridad y continuidad al servicio. Junto con ello, impulsar un plan estratégico para aumentar la electrificación de la industria y los hogares, fomentando el uso de hidrógeno verde y la electromovilidad. Por otro lado, Mayne-Nicholls proyecta el cierre de centrales a carbón antes de 2040 y un cambio de la matriz energética hacia energías limpias. También propone impulsar el hidrógeno como nuevo sector exportador, y a nivel local, propone programas de techos solares para agua caliente y reemplazar los calefactores a leña por equipos eléctricos eficientes (con subsidio) en ciudades contaminadas.

Kast propone una transición energética basada en la desregulación y el impulso privado. Considera remover distorsiones existentes y abrir espacio a una masiva inversión en almacenamiento, con adecuaciones regulatorias necesarias para optimizar la generación, transmisión y distribución eléctrica. Su propuesta incluye la eliminación de la burocracia en las autorizaciones, permisos y factibilidad de los proyectos.

El programa de Kaiser difiere de estas posturas al proponer desregulación y liberalización de la planificación y del mercado eléctrico, incluyendo en su programa un mercado de servicios energéticos para reemplazar el diésel, gas y carbón; agilizar los permisos de conexión que otorga el Coordinador Eléctrico; modificar la metodología del plan de expansión eléctrica creando una ventanilla abierta para los proyectos privados de transmisión, y reducir la tarifa eléctrica eliminando la demanda máxima, junto a la penalización del consumo en horarios punta y el Mecanismo de Protección al Cliente.

La producción de hidrógeno verde también es mencionado en el programa de MEO, junto al uso de baterías de nueva generación, marcando un eje de innovación estratégica. Dentro de esta visión, propone transformar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en un actor activo de la transición energética. Asimismo, se busca fomentar una transición energética descentralizada y fortalecer las Comunidades Energéticas a través de cooperativas legales de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con acceso a un marco legal, redes inteligentes y almacenamiento compartido. Finalmente, el programa de Artés propone evaluar el desarrollo de la energía nuclear y la nacionalización de la industria eléctrica.

Minería

Todos los los Programas de Gobierno contienen propuestas sobre el sector minero, y en general su enfoque coincide en impulsar fuertemente el desarrollo del sector, aunque con diferencias en sus enfoques y prioridades.

El programa de Jara se enfoca en el desarrollo industrial del sector minero. Propone aumentar en 25% las inversiones en su período de Gobierno, y elevar en un 10% la producción de cobre, alcanzando los seis millones de toneladas. También propone apoyar la nueva fundición Hernán Videla Lira (de ENAMI Paipote), y la construcción de una nueva fundición y refinería adicional al alero de Codelco. Asimismo, promete elevar en un 30% la producción de litio durante su gobierno y habilitar las condiciones para posibilitar un aumento de 100% en la extracción durante la próxima década. Junto con lo anterior, busca impulsar el Instituto Nacional de Litio y Salares con foco en la aplicación de I+D, además de fomento y apoyo a la pequeña y mediana minería.

El programa de Matthei incluye propuestas orientadas principalmente a la gran minería privada. Propone hacer del litio un mineral concesible, generar licitaciones simples y aumentar la cuota de extracción de los contratos existentes. También propone crear una Oficina de Proyectos Estratégicos con entrega de permisos más ágiles. Finalmente propone un mega barrio industrial ecológico para procesar minerales y generar infraestructura que permita aumentar el valor en la cadena productiva y el fomento de la tecnología.

Por su parte, Mayne-Nicholls busca el desarrollo de proyectos de bajo impacto ambiental; para ello compromete acelerar los procesos de aprobación de proyectos mediante “mecanismos de decisión ágil”, beneficios tributarios diferenciados, acceso preferente a instrumentos de financiamiento e incentivos para la formalización y el cumplimiento ambiental. Además, su propuesta incluye priorizar la investigación y desarrollo industrial del sector, mediante Centros de Excelencia en Metalurgia y Materiales Avanzados y la implementación de un “Royalty por Innovación”. Respecto del cobre, propone consolidar una cartera robusta de proyectos de mediana minería, priorizando iniciativas que generen encadenamientos productivos y diversifiquen la oferta exportadora.

En su programa, Parisi propone un desarrollo integral del sector minero con foco en la investigación e incorporación del valor agregado. Fomentar la investigación en Centros de Excelencia en minería y la creación de un Fondo Estratégico de Innovación Minera Público-Privado que permita financiar colaborativamente proyectos de I+D. Además, potenciar la inversión en refinamiento, reciclaje y desarrollo tecnológico. Respecto del litio, propone abrir su explotación mediante Concesiones bajo licitación pública, aplicando un porcentaje de dominio accionario por parte del Estado chileno.

La propuesta de MEO se centra en modernizar la minería chilena con un modelo mixto de litio, donde empresas privadas lo exploten, pero con participación del Estado, combinando inversión pública y privada. Busca agregar valor al recurso mediante refinamiento, reciclaje e innovación tecnológica, apoyada por un fondo de I+D que financie proyectos en eficiencia hídrica, energética, descarbonización y minería sostenible. También busca fortalecer centros de excelencia en minería y educación continua de los trabajadores, con cursos online en áreas como big data y ciberseguridad, priorizando una minería más tecnológica y sostenible.

En el caso de Kaiser, se desea realizar una auditoría sobre la gestión de CODELCO durante la última década y reestructurar ENAMI; junto con eliminar el cobro de patentes a la pequeña minería y agilizar los permisos. Además, propone un nuevo Sistema de Concesiones mineras para el desarrollo del litio y otros minerales, y reducir o eliminar la intervención del Estado en la producción de litio; además de revertir los actuales acuerdos de la Estrategia Nacional del Litio (como ahorro y capitalización de largo plazo), y un royalty de 3,5% del valor de las exportaciones que será aplicado a toda la minería, y no solo al cobre. También propone reorientar el rol del Ministerio de Minería, de Cochilco y de Sernageomin como agencias promotoras del crecimiento minero privado.

El programa de Kast solo compromete fomentar la exploración e innovación minera, creando un repositorio digital de información geológica. Artés por su parte, compromete la nacionalización de la producción minera.

Agricultura

No todos los candidatos tienen propuestas concretas en torno a este ámbito. Por un lado, el programa de Jara postula una transición de la producción agrícola hacia un sector agroexportador sostenible, que sea resiliente al cambio climático, que permita generar seguridad alimentaria. Para ello propone la incorporación de tecnologías que optimicen el uso del agua, de energía e insumos, y un apoyo desde el INDAP a los pequeños agricultores. También plantea que al 2028, al menos un 40% de las exportaciones agroindustriales deberán contar con certificaciones de sostenibilidad reconocidas internacionalmente, y que al año 2030 todos los nuevos proyectos incorporarán sistemas de gestión circular de recursos.

Matthei por su parte, propone un desarrollo integral del sector agrícola, e incluye una flexibilización de las normas laborales y una modernización del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Dirección General de Aguas. También considera propuestas para la agricultura familiar y la mediana agricultura, mediante la promoción de la asociatividad de las alianzas productivas y un acceso adecuado al financiamiento para nuevos mercados y tecnologías.

El programa de Kast propone reforzar la gestión del recurso hídrico y la incorporación de la mayor cantidad de hectáreas de riego posibles a la producción nacional. Por su parte, Artés propone crear una gran empresa monopólica de producción rural y el estudio de la viabilidad de tecnologías complementarias de producción agropecuaria como la agricultura vertical, el cultivo de carne a base de células madre y el cultivo de hongos.

Pesca y Acuicultura

El sector pesca y acuicultura está poco abordado en los programas de Gobierno y desde diferentes enfoques. Jara propone un modelo de pesquería más sustentable mediante la creación de una Red de Caletas Estratégicas y el impulso de la asociatividad de los pescadores a través de la conformación de PYMES. Para ello compromete financiamiento Corfo y la creación de «Consejos Regionales de Acuicultura», o mesas de trabajo que incluya a actores clave, como salmoneros, comunidades indígenas y servicios públicos.

Por su parte, el programa de Matthei compromete ampliar y profundizar el modelo actual de acuicultura para lograr el incremento de la producción de salmón en un 50% para 2030, además de impulsar una nueva Política Nacional de Uso del Borde Costero para la Macrozona Sur, y enfrentar los desafíos sanitarios y ambientales de la acuicultura con tecnología y fiscalización.

Por su parte, MEO quiere implementar una Estrategia Nacional de Economía Azul Regenerativa, centrada en la pesca artesanal, el ecoturismo marino, la biotecnología y la revalorización de oficios costeros, así como el aumento de la inversión en ciencia y monitoreo marino, incluyendo el seguimiento satelital y físico de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en coordinación con la Armada y centros de investigación.

Forestal

Solo tres candidatos a la presidencia incluyen propuestas para el sector forestal en sus programas de gobierno. El programa de Jara plantea una modernización del sector mediante el fomento de encadenamientos productivos locales; la producción de madera para una construcción sustentable y la restauración de los suelos forestales degradados.

Matthei por su parte, busca impulsar el uso de la madera para la construcción y reactivar programas de manejo del bosque nativo, además de impulsar un plan de forestación sostenible de 25.000 hectáreas anuales. También considera poner en marcha el Servicio Nacional Forestal y fortalecer la gestión sostenible de los bosques. Se propone finalmente, fomentar el uso de la construcción en madera con el fin de aumentar su participación del 18% al 30% para 2030.

El programa de Parisi incluye una propuesta para desvincular plantaciones exóticas bonificadas bajo el Decreto Ley 701 en terrenos privados sin riesgo actual de degradación, posibilitando su conversión a cultivos agrícolas de mayor valor, e impulsar la plantación de superficie de bosque nativo en zonas erosionadas. Junto a ello, propone programas para el desarrollo de nuevas variedades forestales de rápido establecimiento, alta resiliencia a la sequía y aptas para suelos degradados.

Compromisos Climáticos

Respecto de las medidas para enfrentar los impactos del cambio climático en Chile, son pocos los programas que hacen mención al cambio climático, anunciando pocos compromisos. Matthei por su parte, promete la reducción de emisiones, la implementación de Planes Comunales de Cambio Climático. Mayne-Nicholls propone implementar el Acuerdo de París y metas concretas de reducción de emisiones en una nueva NDC más ambiciosa. En el programa de MEO se menciona la promoción la descarbonización de la matriz productiva sin sacrificar desarrollo económico y un impuesto verde a industrias contaminantes. Finalmente, Parisi compromete un programa de educación ambiental y climático e incluye propuestas para una transición productiva en el sector agrícola.

El resto de las candidaturas no presentan propuestas programáticas concretas sobre la materia, aunque incluyen algunas referencias indirectas al cambio climático en sus propuestas sectoriales. Es decir, existe conciencia en los equipos programáticos sobre este fenómeno en el contexto global, pero los programas no muestran compromisos ni una voluntad clara para hacerse cargo e incluir en la política pública acciones concretas para enfrentar los impactos que está generando el cambio climático sobre la población, el medioambiente y la economía nacional.

Institucionalidad Ambiental

Los programas coinciden en materia de flexibilización de la regulación ambiental vigente para facilitar las inversiones, en particular sobre la necesidad de reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Al respecto, Jara compromete la implementación de la ley de permisos sectoriales y reducir el tiempo de tramitación ambiental de los proyectos de inversión. En una línea similar, Matthei compromete revisar todo el sistema de permisos sectoriales y dejar sin efecto normas que no cumplan con el examen de legalidad, razonabilidad y sustento técnico. Considera crear un marco de invariabilidad regulatoria para dar certeza a los proyectos de inversión ya ingresados a evaluación y vías rápidas (fast tracks) para proyectos de gran envergadura.

Kast también propone reformular el sistema de evaluación ambiental mediante la derogación y modificación de normas (aunque sin precisar cuáles), pero siempre en el sentido de facilitar las inversiones. El programa de Kaiser por su parte, incluye propuestas similares a las de Kast; y agrega reemplazar las autorizaciones sectoriales por declaraciones juradas y cambios institucionales extremos, como la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y la transformación del Servicio de Evaluación Ambiental en un Servicio de Permisos Ambientales para reducir drásticamente el tiempo de evaluación de los proyectos de inversión. También propone eliminar el Consejo de Ministros y las normas sobre cambio climático, pueblos indígenas, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, por considerar que constituyen trabas ideológicas.

En su programa Parisi, comparte la necesidad de facilitar los proyectos de inversión, pero propone medidas más específicas, como la incorporación de un procedimiento de evaluación acelerada para proyectos de corredores bioceánicos. Como segunda propuesta institucional propone la instalación de plantas de compostaje y biogás.

Por su parte, MEO la propuesta se diferencia al prometer transformar el Ministerio del Medio Ambiente en un Ministerio de Transición Ecológica y Territorial, junto con el fortalecimiento del SBAP y la construcción de un sistema institucional ambiental robusto.

Finalmente, Mayne-Nicholls, en un sentido opuesto a las propuestas de desregulación de los demás candidatos, busca el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, mediante la dotación de más recursos y facultades a la Superintendencia del Medio Ambiente. Complementa esta propuesta con la aplicación de multas severas a quienes dañen ecosistemas y con la obligación de restauración ecológica del área afectada. También propone la figura de “delito ambiental” para casos graves de daño doloso al medio ambiente.