Mercados de Carbono: ¿Trampa o clave frente al cambio climático?

El calentamiento global es el efecto involuntario por excelencia. O lo que en economía se denomina externalidad, un costo o beneficio que no se aprecia dentro del precio. Llenar el tanque de gasolina para ir al trabajo, encender la luz o darnos una ducha caliente antes de dormir tiene un valor de mercado, pero a su vez tiene un costo indirecto que no se paga, al menos al momento de abonar en la caja, relacionado al aumento de la temperatura del planeta.

Fue en 1896 que el científico sueco Svante Arrhenius concluyó por primera vez que las emisiones continuas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles podrían llevar a un clima más cálido. Y desde aquel momento, hace más de un siglo, la evidencia científica no hace más que respaldar sus afirmaciones.

Entonces, si por un lado tenemos que las sociedades a nivel global están basadas en la energía fósil, y a su vez sabemos que su utilización genera gases de efecto invernadero ¿Cómo hacemos para que no sea gratuito llevar nuestro planeta Tierra a la ruina? La respuesta es tan simple como compleja: ponerle un precio a la emisión de dióxido de carbono y negociar su compra venta en los mercados de carbono.

La década de los 90’ fue la línea de largada para las negociaciones climáticas para darle una respuesta a la pregunta sobre cómo limitar las emisiones de dióxido de carbono sin interferir en el crecimiento económico de las naciones soberanas. Para ese momento, ya venía tomando impulso dentro de determinados círculos de economistas neoliberales la idea de asumir el “derecho a la contaminación” como un factor de producción. El mercado perfecto debería “optimizar” la contaminación para que no haya ni poca ni mucha.

El conejillo de indias para poner a prueba esta teoría fue el dióxido de azufre, causante de la temida lluvia ácida. Mediante un programa que abarcó a las principales centrales eléctricas a carbón de Estados Unidos, se concedieron permisos gratuitos para emitir. La rápida adecuación tecnológica de las empresas eléctricas para evitar pagar por los contaminantes hizo que se tomara como un caso de éxito y se exportara. Ya estaba el terreno listo para comenzar con las negociaciones climáticas.

En 1992, más de 150 países firmaron en Rio de Janeiro la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que evite la peligrosa interferencia antropogénica en el sistema climático”. Cinco años más tarde, en la ciudad japonesa de Kioto nació el protocolo que lleva su nombre y que con el tiempo se convertiría en la columna vertebral del debate sobre clima y política internacional.

El Protocolo de Kioto dividía el mundo en dos: los países desarrollados tenían metas claras de reducción de emisiones, mientras que en los países en desarrollo era optativo, y para hacerlo podían acudir al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), para generar créditos que posteriormente podían vendérselos a los desarrollados para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones.

Hecha la ley, hecha la trampa. La difusa línea divisoria entre desarrollados o en desarrollo permitió a países como China construir enormes fabricas para emitir gases contaminantes (particularmente el HFC 23), adecuarlas mediante tecnología para reducir las emisiones, cobrar los créditos y finalmente destruir las fábricas para volver a comenzar el ciclo. “El MDL se tuvo que abrir camino ya que fue el primer mercado regulado internacional. Uno de ellos fue el entender los efectos colaterales que las regulaciones pueden acarrear, particularmente lo que se llama incentivos perversos”, explica a Ladera Sur Diego Ezcurra, quien fue evaluador externo de proyectos de MDL.

“El caso del HFC-23 además se vio muy marcado dado el alto potencial de calentamiento global, y la interacción con el Protocolo de Montreal. Muchas metodologías y regulaciones se actualizaron para considerar este potencial efecto no deseado, incorporando análisis históricos de producción, requisitos de auditoría específicos o simplemente excluyendo ciertas actividades donde el riesgo es más alto”,  agrega el ingeniero industrial que hoy se desempeña como manager en Verra, una certificadora de reducciones de carbono. Según su opinión el avance de la tecnología es fundamental para agilizar los procesos en los mercados globales de carbono.

Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto, Canadá anunció su retirada en 2011 y Rusia se negó a aceptar nuevos compromisos en 2012.  Sin la presencia de estos países y con China e India del lado de los países en desarrollo, la efectividad de este tratado se vio limitada. Mientras la comunidad internacional negociaba a contrarreloj un nuevo compromiso de reducción para todos los países por igual, la Unión Europea desarrollaba su propio sistema de intercambio de emisiones, el más avanzado hasta la fecha.

El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea es el mayor sistema comercial de emisiones del mundo y comenzó a funcionar en el 2005. En una primera etapa se repartieron asignaciones gratuitas basadas en las emisiones históricas de los sectores a descarbonizar.

En las fases subsiguientes los permisos se subastaron. Aquellos que se adecuaron tecnológicamente y contaminaron menos podían vender los permisos que no utilizaron, mientras que aquellos que decidieron no reducir sus emisiones tenían que comprar los permisos y asumir la externalidad. Año tras año, la Unión Europea ajustaría el porcentaje permitido para emitir sin penalidad y así alcanzar la carbono neutralidad en 2050.

Hace exactamente 10 años, en diciembre del 2015, una situación totalmente inesperada sacudió las negociaciones climáticas a nivel global: “Se alinearon las estrellas”, recuerda a este medio Jimena Nieto Carrasco, quien fue negociadora del gobierno de Colombia en aquel momento. En la capital francesa de París, mientras se desarrollaba la COP21, todos los países firmaron un acuerdo para reducir sus emisiones. Así nació el Acuerdo de París, que al día de hoy está ratificado por 193 países más la Unión Europea y solo quedaron por fuera Irán, Libia y Yemen. Recientemente salió Estados Unidos.

“Con Obama en Estados Unidos, (Angela) Merkel en Alemania, China con medidas pro ambientales y una presidencia de la COP a cargo de Francia que estaba muy bien asesorada, fue posible”, sigue Nieto Carrasco, sobre las negociaciones que dieron origen al acuerdo.

Pero es realista sobre la incertidumbre que impera en el plano actual: “Temo que pueda ser el principio del fin en la cooperación climática internacional. Con (Donald) Trump reteniendo los recursos para el funcionamiento de la ONU, el panorama es angustiante”.

La clave del Acuerdo de París es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° C, y preferentemente mantenerlo por debajo de 1,5°C, en relación a la época preindustrial, es decir la temperatura previa a la utilización de los hidrocarburos. Para lograrlo cada país establece sus propios objetivos de reducción, plasmados en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs por el acrónimo en inglés), que deberán ser ambiciosas y deberán renovarse cada cinco años. En el caso de que un país no pueda cumplir con sus metas de reducción, podrá comprarle a otro el sobrante que necesita.

Los países reportan sus emisiones puertas adentro. Quedan afuera las emisiones ligadas al transporte internacional (marítimo y aéreo). El Artículo 6 en su segundo inciso establece el marco de cooperación internacional de los mercados de carbono regulados y en el cuarto hace mención a los mecanismos voluntarios. De esta forma, la transacción de los gases de efecto invernadero queda legitimada a nivel global en las más altas esferas de la política climática.

“Hace 25 años que mantenemos la misma posición e incluso más”, cuenta a Ladera Sur Larry Lohmann, autor del libro “Mercados de Carbono: la neoliberación del clima”.  La tesis principal de su libro es que estos mercados son un ejercicio neoliberal extremo de comercialización de contaminantes que solo retrasa discusiones urgentes para implementar cambios radicales que detengan el calentamiento global.

“A menudo sentimos ganas de decir ‘Te lo dijimos’ a las muchas personas que antes no entendían que los mercados de carbono son perjudiciales para el clima, pero que finalmente han adoptado nuestro punto de vista”, sentencia el autor , que pertenece al Grupo Durban de Justicia Climática, una asociación que rechaza el comercio de emisiones.

En los últimos diez años se crearon más de 75 instrumentos de precio al carbono a nivel global, de los cuales 36 son sistemas de transacción de emisiones, según el Banco Mundial, cuyos funcionarios suelen reiterar que necesita “mayor ambición” . Según sus cálculos, para lograr la meta climática de no superar los 2°C , el precio por tonelada reducida debería oscilar entre 63 y 127 dólares -y alrededor de los 300 dólares si se quiere mantener la temperatura debajo del 1.5°-. Pero al día de hoy menos del 10% de los instrumentos para fijar precios al carbono supera los 60 dólares.

América Latina fue la región donde más reducciones se llevaron adelante en el periodo del 2016 al 2023, después de Norteamérica, con 310 millones de toneladas reducidas en los mercados voluntarios, encabezado por Brasil, seguido por Perú y Colombia. En el último tiempo los mercados voluntarios se han visto sacudidos por denuncias de “Green Washing” (estrategias de mercadeo engañosas donde las empresas aparentan ser sostenibles cuando no lo son) que afectaron la transparencia de las reducciones y su valor.

“Diferentes organizaciones conectadas al mercado han lanzado iniciativas destinadas a guiar a las empresas a definir sus metas climáticas y de reducción de emisiones y comunicar de forma correcta y transparente las acciones emprendidas”, marca a Ladera Sur Juan Carlos Arredondo Brun. Es director de conocimiento, política y defensa en Abatable, una plataforma con sede en Londres que conecta empresas con proyectos de compensación de carbono para reducir su impacto ambiental.

 “La iniciativa más conocida a nivel global se llama Science-Based Targets Initiative (SBTi) y busca que las empresas se comprometan a reducir sus emisiones de forma importante antes de utilizar créditos de carbono”.

Tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, Arredondo aclara que la acción climática no gira en torno a Estados Unidos, pero reconoce que “en el mercado voluntario quizá veamos empresas estadounidenses reduciendo su compra de créditos de carbono”.

Antes de pasar al sector privado, el experto fue Director General de Políticas para el Cambio Climático en México, por eso considera que “en nuestra región hay muchos proyectos que fueron inicialmente desarrollados por metodologías que tenían menos requerimientos que hoy en día. Las nuevas metodologías cubren más aspectos, como demostrar de forma obligatoria (no solo voluntaria) el desarrollo sostenible en el lugar” . La creación de mercados regulados en Sudamérica, cierra Arredondo, “ayudaría a mejorar el perfil de los proyectos, sus precios y que los gobiernos puedan definir ciertos requerimientos de calidad y transparencia”.