Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente: “Los sitios que no fueron incluidos como prioritarios van a quedar en la Estrategia Nacional de Biodiversidad como sitios para la planificación ecológica”

En los últimos meses se ha abierto un proceso clave para el futuro de la conservación ambiental en Chile: la definición del listado de sitios prioritarios que serán reconocidos oficialmente bajo la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta actualización del registro es un paso fundamental, ya que determina qué espacios naturales contarán con resguardos legales más estrictos frente a actividades que puedan afectar su integridad ecológica.

La discusión ha generado un amplio debate, en particular por el anuncio del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de un listado preliminar que considera solo 99 sitios prioritarios para todo el país. La cifra contrasta con los más de 300 sitios reconocidos previamente en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad (ERB), lo que implica que más de dos tercios de estas áreas quedarían fuera de la nueva categoría de protección.

Organizaciones ambientales, agrupadas en la Alianza por la Naturaleza y la Biodiversidad, han cuestionado los criterios de selección y advertido sobre las consecuencias de excluir los más de 230 sitios. Según estas agrupaciones, el proceso ha carecido de transparencia, participación efectiva y consideración de las realidades locales, dejando en desventaja a comunidades y ecosistemas que históricamente han contribuido a la conservación.

De esta manera, el escenario plantea un dilema: mientras un número reducido de espacios pasarán a contar con los nuevos resguardos que entrega la Ley SBAP, la mayoría de los sitios previamente reconocidos mantendrán solo los efectos legales previos, definidos antes de la publicación de la Ley 21.600, sin acceder a las herramientas y medidas más estrictas del nuevo marco legal. Sin embargo, desde el MMA apuntan a que este proceso está recién comenzando, y que los efectos de esta reciente ley podrían llegar a ampliarse a los sitios restantes en una etapa posterior.

Debido a lo anterior, para comprender en profundidad este debate, conversamos en exclusiva con Maximiliano Proaño Ugalde, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente de Chile.

—En términos prácticos, ¿qué significa que un sitio sea reconocido como “prioritario”? ¿Qué cambia para ese territorio en cuanto a gestión, financiamiento o restricciones de uso?

—Esto surge ya hace más de 20 años, de hecho, desde el año 2002, en cuanto al trabajo que realizaba la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, donde impulsó como política pública la elaboración de Estrategias Regionales de Biodiversidad, para que permitieran mejorar, reconocer, anticipar y mejorar el estado de conservación de la biodiversidad regional. Ahí se fueron identificando ciertos lugares como sitios prioritarios, porque tenían un valor especial ecológico, digamos, un alto valor ambiental, como hábitats de especies amenazadas o funciones clave también para la mantención del equilibrio ecológico.

Por lo tanto, estos espacios, que eran aquellos en los que se quería avanzar en medidas de conservación como, por ejemplo, un primer paso para que algunos luego formaran parte en la creación de futuras áreas protegidas o paisajes de conservación. Entonces, la CONAMA, en el marco de las Estrategias Regionales de Biodiversidad, genera estos sitios prioritarios, empieza a identificar y a reconocer estos sitios prioritarios. Luego de eso vino un proceso, en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, donde se reconocieron también sitios prioritarios. Estos pasaron a estar reconocidos, ya no en las Estrategias Regionales, sino que algunos de ellos pasaron a la Estrategia Nacional.

Entonces, esto parte como una política pública de reconocimiento del valor y de la necesidad de avanzar en medidas de conservación y preservación. Luego de eso, vinieron otras leyes que apuntaron a lo mismo. Está la Ley de Bosque Nativo, donde tuvo que existir un reglamento que determinara la normativa para la protección de humedales declarados sitios prioritarios de conservación, entre otras cosas. También, ya en el 2010, la Reforma de Institucionalidad Ambiental, la ley 20.417, reconoce la clasificación de sitio prioritario como una causal de ingreso a la Evaluación Ambiental, mediante estudios de impacto ambiental, aplicable para todos los proyectos que estén localizados, o próximos, en las zonas del sitio prioritario.

De esa forma, mediante un instructivo, se establece que son los sitios prioritarios que están reconocidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad los que deban estar afectados a esta causal de ingreso, que corresponde al Artículo 11, letra D, de la Ley 19.300. Esta última fue modificada por la Ley 20.417. Ahí es cuando se crean estos 64 sitios que son considerados como los sitios prioritarios nacionales, los que se diferencian de los otros sitios prioritarios, es decir, de aquellos que fueron reconocidos en la Estrategia Regional.

—El listado preliminar actual considera solo 99 sitios, cuando originalmente eran más de 350 entre la Estrategia Nacional de Biodiversidad y las Estrategias Regionales de Biodiversidad. ¿Por qué se redujo esa cifra?

—Aquí es súper importante destacar algunas cosas. Lo primero es que aquí no hay un ejercicio o un proceso de descarte. Esto es una etapa dentro de una hoja de ruta mayor, dentro de un proceso mayor. De los alrededor de 350 sitios prioritarios, que hay actualmente entre nacionales y regionales, se avanza en este proceso con 99 de ellos, pero eso no implica que los otros sitios prioritarios, los que no fueron incluidos en esta etapa, dejen de tener este reconocimiento. Tampoco es un obstáculo para que puedan avanzar posteriormente, a través de lo mismo que establece la Ley 21.600, en los procesos de planificación ecológica.

Es ahí donde se va a poder avanzar también en el reconocimiento de estos sitios públicos, para que tengan los efectos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida (SBAP). Entonces, estos sitios no van a perder su estatus actual, la única diferencia es que con los que quedaron dentro de la lista de los 99 podremos avanzar para que queden bajo los efectos que la Ley 21.600 otorga para los sitios prioritarios, los que se identificaron mediante un mecanismo especial, especificado en el artículo octavo transitorio.

Esto es una primera etapa. Entonces, posteriormente, será a través de las planificaciones ecológicas donde los otros sitios prioritarios podrán avanzar en este reconocimiento, y así obtener esos mismos efectos. No es un proceso cerrado, ni un proceso de descarte, sino que, aquí también es importante reconocerlo, se trata de un tema de capacidades. Para nosotros, durante nuestro ciclo de gobierno, no era posible avanzar en los casi 350 sitios prioritarios, porque tuvimos que hacer todo un proceso de sistematización, muy grande, para llegar a este número, y así lograr identificar todos los sitios públicos que estaban contenidos en las distintas estrategias. Los 64 de la Estrategia Nacional estaban más claros, pero en el caso de los regionales, estos no estaban sistematizados. Había ciertas diferencias. Entonces, eso implicó un trabajo bien importante.

Ahora, para avanzar en todo este proceso, que implica avanzar también en la propia implementación de la SBAP y en el reconocimiento bajo esta ley, es donde se establecieron criterios para continuar con esta primera etapa. No se eligieron aleatoriamente estos 99 sitios prioritarios, sino que son cuatro criterios que deben cumplirse y que han sido también transparentados oportunamente. El primero tiene que ver con la representatividad. Por ejemplo, los 64 sitios prioritarios a nivel nacional debían ser más considerados, porque ya había existido un trabajo de revisión previo para estar incluidos dentro de la Estrategia Nacional.

El segundo criterio fue el de la representatividad ecológica. El tercer criterio se relaciona con la conectividad, que significa que deben estar localizados dentro de una cuenca que tenga una o más áreas protegidas, o sitios prioritarios nacionales. Esto para que haya cierta continuidad dentro del ecosistema que se quiere proteger. Otro elemento, otro criterio también para confeccionar este listado de los 99, fue el de integridad, que es el porcentaje del sitio que se encuentra intervenido por acción antrópica, o estado de conservación en el fondo. Por lo tanto, se refiere a la integridad con la que cuenta el sitio actualmente.

—Abogados ambientales mencionan que los sitios reconocidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) quedarán bajo la protección del artículo 11 letra D de la Ley 19.300 por cinco años. ¿Qué ocurrirá, pasado ese plazo, con los sitios que no están considerados en la lista preliminar actual?

—Nosotros, dentro de los 99 sitios que estamos avanzando, están contenidos los 64 sitios prioritarios de la Estrategia Nacional. Por lo tanto, los efectos que tienen serán permanentes, ya que pasan a formar parte de este proceso inicial, de esta etapa, la cual es una etapa extraordinaria, por decir de alguna manera, que establece el artículo octavo transitorio de la Ley 21.600. Justamente, en su primer inciso, se reconocen también los efectos legales previos de todos los sitios prioritarios. En la lista, cabe aclarar, están incluidos casi los 64, hay algunas excepciones. Los que quedaron fuera no se incluyeron porque pasaron a ser áreas protegidas, por lo que pasaron a obtener la protección específica de las áreas protegidas, que tiene efectos similares en cuanto al cumplimiento de la evaluación ambiental. Pero insisto, legalmente todos los sitios prioritarios mantendrán sus efectos legales vigentes con anterioridad a la publicación de la presente ley. Por lo mismo, mantienen su vigencia y esa condición no se ve afectada por una periodicidad de 5 años, que es el temor que se ha levantado.

Entonces, para clarificar, que estos 99 sitios, con los que se va a avanzar en esta etapa, queden protegidos de acuerdo a los efectos de la Ley 21.600, no implica que los otros sitios prioritarios, reconocidos en las Estrategias Regionales, por ejemplo, dejen de ser sitios prioritarios. Para entregarles tranquilidad y generar mayor claridad a las organizaciones, respecto a qué sucederá con los sitios que no quedaron incluidos en esta primera etapa, les comento que, como hicimos el trabajo de identificar todos los sitios, estos van a quedar incluidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad bajo la figura de sitio para la planificación ecológica. Por lo tanto, va a quedar esta información a disposición, identificada claramente, para que luego en las regiones, que inicien su proceso de planificación ecológica, se puedan también incorporar y, de esta manera, tener los mismos efectos que los 99 que estamos avanzando actualmente.

—Uno de los temores de las organizaciones es que estos 99 sitios prioritarios no logren ser aprobados a tiempo por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Cómo se está gestionando este proceso para poder cumplir con ese objetivo?

—La etapa en la que estamos actualmente, que es de participación ciudadana, se cierra en todas las macrozonas durante el mes de octubre. En la zona norte el 17 octubre, en la zona centro el 20 octubre, y en la zona sur el 21 de octubre. Luego viene la etapa justamente de las respuestas, las observaciones, para resolver ciertas dudas, y con eso también avanzar en la elaboración del listado definitivo, para que sea revisado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático. Luego, con ello, derivar a la confección del decreto ya definitivo de estos sitios prioritarios. Para nosotros es importante, pero es variable la carga que va a implicar ahora todo el proceso de respuesta y de observaciones. Nuestro objetivo es que sí alcance a pasar por el consejo. Nuestra prioridad es que sí alcance a ser revisado y aprobado por un Consejo de Ministros de nuestra administración. Ese es el objetivo, y para eso estamos trabajando y está dentro de nuestro cronograma.

Si es que no se lograra este objetivo, esto es continuidad de la función pública. Habrá nuevos consejos de ministros, de la próxima administración, los que contarán con lo que nosotros dejemos avanzado. Es trabajo debidamente validado, son procesos arreglados además, o sea, nosotros no estamos inventando aquí el procedimiento, pues la participación y, por lo tanto, llegar a la etapa del Consejo de Ministros, es algo que el siguiente gobierno también debiera hacer. Hay plazos involucrados. Si bien se logró extender el plazo en esta ocasión, hay plazos involucrados y la ley mandata que se haga este proceso. Por lo tanto, es algo que no es solo una voluntad, sino también existe un mandato legal. Pero reitero, nosotros estamos trabajando para que esto sí alcance a ser resuelto por nuestro gobierno.

—¿Cómo se está asegurando que la consulta ciudadana en curso tenga incidencia real en el listado definitivo y no sea solo un trámite formal? ¿Cuáles son los pasos a seguir desde ahora en adelante?

—Para nosotros esta fase de este proceso es fundamental, en cuanto a complementar información, a resolver dudas, a también a abordar las solicitudes que lleguen. Por cierto, hay incidencia muy importante respecto a la información que pueden proporcionar las organizaciones, en cuanto al valor de ciertos sitios prioritarios, también en cuanto a información que no haya sido levantada a tiempo. Todo esto va a servir. Como decía anteriormente, acá no estamos hablando de un proceso de cierre, sino de una etapa, de un proceso mayor y, por lo tanto, todo esto va a quedar en un expediente. Los distintos actores aportan y enriquecen este proceso, y va a quedar el expediente para los 99 sitios que avanzan en esta etapa, pero también para los procesos de planificación ecológica. De esta manera, los demás sitios prioritarios van a contar con la información que se levante durante todo este proceso y, sobre todo, ahora en la participación ciudadana.