Las propuestas medioambientales de los candidatos presidenciales en Chile

No cabe duda de que vivimos tiempos sin precedentes, marcados por la crisis ambiental y climática global. Pese al contexto actual, el medioambiente sigue siendo un tema “secundario” en los debates masivos, aunque la ciudadanía continúa demandando respuestas en este ámbito.

Por ello en Ladera Sur hicimos un resumen de las propuestas medioambientales o con incidencia ambiental que ha publicado cada candidato hasta la fecha en sus plataformas oficiales y en el Servicio Electoral de Chile (Servel), con la idea de que puedas ahondar más por tu cuenta en miras de las próximas elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Aunque muchos no han cerrado su programa, la información actual entrega algunas pistas del enfoque de los candidatos, pese a que en ocasiones las ideas y propuestas pueden ser muy amplias y no detallan cómo se hará efectivo su cumplimiento.

De ser elegidos, ¿cumplirán con sus promesas? ¿Te parecen adecuadas sus propuestas?

Revisa el resumen por distintas áreas a continuación.

1. Gabriel Boric (Pacto Apruebo Dignidad)

ECONOMÍA

Reactivación verde y energía

• La lucha contra la pobreza energética a través de inversión en reacondicionamiento térmico, instalación de sistemas de generación eléctrica y energía renovable a nivel residencial y la reducción de la interrupción de suministro eléctrico.
• La infraestructura para la movilidad urbana de bajo impacto ambiental, a través de infraestructura peatonal estándar y adecuada a personas con discapacidad o movilidad reducida, fomento de medios de transporte no motorizados y construcción de infraestructura para transporte público a nivel nacional.
• No más personas sin acceso al agua potable a través de la rehabilitación de pozos, tanques y sistemas de tratamiento de agua potable de al menos el 10% de la infraestructura de Agua Potable Rural (APR), construcción de sistema de tratamiento de aguas servidas para los APR con alcantarillado que no cuenten con una; sistemas descentralizados de alcantarillado para tratamiento de aguas servidas para los que no cuentan con alcantarillado (wetlands, biodigestores, etc.); etc.
• Impuestos específicos a los combustibles: avanzar a un impuesto de 7 UTM por metro cúbico para gasolinas y diésel, sin exenciones
• Otros impuestos verdes: corrección del impuesto a las emisiones fijas que aumente el precio del CO2 y que incluya el cambio de uso de suelo, emisiones de residuos, medios de transporte exentos de impuestos y ganadería extensiva; impuesto a productos contaminantes que implemente tasas específicas para productos especialmente nocivos para los ecosistemas; etc.

Transformación productiva y transición ecológica justa

• Crear una Banca de Desarrollo: transformación de Corfo en un Banco de Desarrollo que lidere e implemente políticas industriales y tecnológicas “verdes” orientadas por misión con el objetivo de diversificar la matriz productiva, añadir valor agregado a la producción y generar las innovaciones necesarias para “una economía sostenible”.

Minería

• Uso de cobre y litio “de maneras innovadoras”, incluyendo la producción agroindustrial; generación de energías renovables como la energía solar o el hidrógeno verde; innovación en la producción de tecnología y uso de datos en astronomía; y transformación digital y democratización de los servicios.
• Desarrollo público-privado de plantas desaladoras que transporten agua tratada para la minería y para las comunidades cercanas “cuando la oferta natural no sea suficiente”.
• La regularización de la situación de abandono de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), como plantas, tranques de relaves, rajos y depósitos; las propuestas de mejoras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) relacionadas al desarrollo de exploraciones y proyectos mineros; y la solución en el corto plazo de la falta de participación ciudadana en la aprobación de proyectos mineros.
• Litio: mantener su carácter no concesible para que sólo se pueda explotar con contratos especiales de operación; la creación de la Empresa Nacional del Litio (ENALI), controlada por el Estado pero que pueda actuar en asociación con actores privados; la no extensión del contrato de arrendamiento entre CORFO y SQM para transferir los derechos que tiene CORFO a favor de la ENALI; y el fomento al desarrollo e investigación para usos y productos ligados al litio y sus sustancias asociadas.
• Royalty minero de 1% del Producto Interno Bruto (PIB): impuesto será ad valorem de los minerales extraídos (valor del mineral); la tasa de este impuesto será progresiva, de modo tal de exigirle “un esfuerzo adicional a las grandes mineras y no afectar el desempeño de la pequeña y mediana minería”.

Descarbonización

• Plan nacional de Soberanía Energética donde se le dará un fuerte impulso al desarrollo de generación distribuida que cambie el paradigma de modelo energético actual.
• Eficiencia Energética y recambio energético residencial: educación en cuanto al uso responsable de la energía, potenciando desde la educación básica los conceptos sobre la crisis climática y el uso responsable de los recursos; programa de aislación térmica “Abriguemos Chile” que pretende aislar térmicamente un total de 33.000 viviendas en 22 comunas del país; plan regulatorio de la leña como combustible; creación de un centro de investigación y fomento a la eficiencia energética, tanto para los hogares como la industria, etc.

Hidrógeno Verde

• Creación de un marco regulatorio y normativo del hidrógeno en Chile; y desarrollo del Hidrógeno en inicialmente 3 macrozonas de Chile (norte, centro sur y extremo sur).
• Rol central de ENAP o una nueva empresa estatal: creación de la Empresa Nacional de Hidrógeno Verde para el desarrollo del H2 verde en el país.
• Participación temprana de la comunidad en los proyectos: tanto en su evaluación de impacto ambiental como en su vinculación con el desarrollo local, vínculo con los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).

Turismo

• Revisión de la institucionalidad con el fin de darle mayor relevancia al desarrollo productivo y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, con el fin de maximizar la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos que pudiera tener.

Sector silvoagropecuario

• Generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales, considerando regular el tamaño de cosecha y protección de la biodiversidad.
• Protección y recuperación de los suelos agrícolas mediante la creación de un programa para reducción del uso de pesticidas en el corto y mediano plazo, así como en el uso de nutrientes químicos, fijando metas de producción agrícola sustentable.
• Impulsar el proyecto de ley que declara la leña como combustible; elaborar una política orientada al uso responsable de leña certificada.
• Crear un Servicio Nacional Forestal público.
• Fortalecer los instrumentos para promover la eficiencia y sustentabilidad en el uso del agua y obras de riego por parte de la AFC, incluyendo transferencia de tecnología y asistencia técnica.
• Establecer un sistema de evaluación de impacto ambiental que considere las intervenciones que hacen los proyectos productivos silvoagropecuarios, en donde se diferencien los requisitos de la gran industria y de los pequeños productores.

Alimentación y soberanía alimentaria

• Reformular la institucionalidad de Agricultura y Pesca.
• Promover y fortalecer la legislación que disminuye y fiscaliza la parcelación y avance inmobiliario e industrial a los sectores rurales, considerando el bienestar de los ecosistemas.
• Desarrollar una Política para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, estableciendo indicadores para su medición y formalizando la Comisión Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
• Diseñar e implementar una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, para la transición hacia un sistema alimentario nacional saludable, sostenible y con enfoque agroecológico.
• Derogar la Ley de Pesca, reformulando el sistema de cuotas marítimas vigentes. La nueva ley tendrá en cuenta la legislación indígena preexistente en la materia (ley Lafkenche).
• Mayor regulación en la acuicultura con el fin de establecer los parámetros mínimos sanitarios/ecológicos y sociales de los cultivos a nivel territorial; limitación de la densidad excesiva y el uso de antibióticos.
• Crear una Ley de Protección a las Semillas Ancestrales y Patrimonio Genético y Legislación sobre la producción y comercialización de productos transgénicos.
• Crear una Política Nacional de Apicultura que promueva la comercialización, tecnificación e innovación en la actividad, la sanidad de las colmenas y la autenticidad de los productos, priorizando la ley apícola.
• Actualizar la normativa de agroquímicos, acompañado de capacitación a la AFC en el uso de estos productos.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

• Impulsar la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
• Desarrollo de bases de datos que incluyan y fortalezcan las colecciones biológicas, coordinar las bases de datos científicas desde el Ministerio de Ciencias y transferir el Museo Nacional de Historia Natural desde la DIBAM al Ministerio de Ciencias.
• Dotar a las policías de mayores recursos humanos y materiales para la investigación de delitos medioambientales, y para contar con unidades especializadas en todas las regiones.
• Cumplimiento y mayor ambición del Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana, el Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS al 2030, además de firmar el Acuerdo de Escazú.
• Política exterior turquesa (verde y azul): impulso una plataforma latinoamericana de cooperación e integración ambiental con participación vinculante de gobiernos locales y pueblos originarios para la implementación conjunta de medidas de adaptación frente a la crisis climática y de administración colectiva de bienes comunes de patrimonios ambientales transnacionales como el Amazonas, la Cordillera de los Andes, la Patagonia, o la Antártica.
• Revisión de evaluación y suscripción de tratados comerciales. No se firmarán nuevos tratados como el TPP-11, mientras no se hayan revisado los procesos de participación ciudadana, entre otros aspectos.
• Fortalecimiento de la figura de la delación compensada y el denunciante anónimo: incorporación en regulación ambiental (Superintendencia del Medio Ambiente).
• Endurecimiento de las sanciones a las empresas: busca ampliar el catálogo de delitos por los que deben responder de acuerdo con la Ley N°20.393, para que se incorporen a ella los delitos de colusión, tributarios, electorales, medioambientales, etc.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• Aumentar significativamente la extensión de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, corredores biológicos, y áreas terrestres y marinas.
• Creación de líneas de financiamiento para la conservación de la biodiversidad cuya base de sustento, de gestión y ejecución, sean las comunidades regionales y locales.
• Creación de un sistema nacional de centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre vinculado al Ministerio del Medio Ambiente (y en lo futuro alojado en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas).
• Ingresar proyecto modificatorio de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal otorgando mayor protección a las especies y sus hábitats de la actividad agrícola e inmobiliaria.

Crisis climática y transición ecológica

• “Estrategia de Adaptación Transformadora (EAT)” que declarará al país bajo emergencia climática e impulsará un plan de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones.
• Modificación de la ley orgánica municipal con el fin de entregar mayores facultades ambientales y de recaudación (ley de rentas, impuestos verdes, etc.) para el diseño y ejecución de planes locales de adaptación climática.
• La incorporación en la Ley de Cambio Climático de la exigencia que todos las políticas y planes, e instrumentos de planificación territorial que se sometan a Evaluación Ambiental Estratégica, incorporen la evaluación de riesgos y estrategias de adaptación para diferentes escenarios de la crisis climática.
• En el caso del SEIA, se incluirá en la Ley la necesidad que proyectos sometidos a evaluación declaren sus proyecciones de GEI y medidas de mitigación para ser consistentes con el objetivo de carbono neutralidad al 2050, como también la exigencia que en proyecciones de línea de base se consideren comportamiento futuro de componentes ambientales según diferentes escenarios climáticos.
• Programa de CTCI liderado por el Estado y orientado a enfrentar las crisis climática y ecológica con metas claras y definidas con misiones orientadas tanto en adaptación y mitigación, en colaboración con el sector productivo, universidades, centros de investigación regionales, ONG y las comunidades.
• Creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático: para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras. Eventualmente puede adaptarse el actual Fondo de Estabilización Económica y Social.

Océano y zona costera

• Creación del Ministerio del Mar y del Sistema Integrado de Observación del Océano Chileno, con personal y plataformas de sensores fijas y móviles que monitoreen el mar, etc.
• Prohibición de la pesca de arrastre debido a su devastación del ecosistema marino.
• Implementar planes de manejo para pesquería oceánica, nacional y local; fortalecer el programa de observadores científicos a bordo de las flotas pesqueras para reducir los descartes y la pesca incidental; implementar sistema de monitoreo sobre las flotas y barcos pesqueros de altamar; promover el desarrollo de una Planificación Espacial Marina para el manejo de los ecosistemas y sus recursos.
• Avanzar hacia la certificación de las pesquerías y acuicultura; crear un plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras; generar una plataforma que integre los datos de pesquería y acuicultura; promover el estudio del impacto de la crisis ambiental y el cambio climático sobre los mamíferos marinos, aves del litoral y tortugas marinas; y fortalecer el Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
• Promover la protección del suelo marino por su importante rol de secuestro de carbono frente a amenazas como la minería submarina; y asegurar la protección de los bosques submarinos de macroalgas.
• Promover la creación de una plataforma nacional de datos de humedales costeros y su accesibilidad vía web a los usuarios del país.
• Regular la presencia, ubicación y funcionamiento de plantas de desalinización industrial de agua de acuerdo con el impacto ambiental de la salmuera, infraestructura y procesos asociados sobre la biodiversidad.

AGUA

• Fiscalización, prorrateo o incluso expropiación de derechos de aprovechamiento, según la situación de cada territorio; fortalecimiento de los Sistemas Sanitarios Rurales (ex APR); fomento a la reutilización del agua, impulsando el reglamento de la ley de aguas grises, hoy en trámite; estrategia para reconvertir las plantas de tratamiento de aguas servidas basadas en dilución a plantas de lodos activados, poniendo a disposición esta agua para nuevos usos.
• Glaciares: incluir la protección integral del entorno periglaciar en la ley en actual discusión.
• Plan de gestión en remediación, recuperación y monitoreo ambiental de cuencas y acuíferos ubicados en sectores vulnerables o de alto riesgo ambiental, para lo que se contempla la delimitación de cauces y acuíferos.
• Fortalecimiento de la institucionalidad actual e infraestructura: incremento del gasto público en gestión de aguas; crear oficinas hídricas locales basada en colaboración con gobiernos locales y municipios; la protección ambiental y de cuencas con mecanismos como fondos de agua, áreas protegidas y protección comunitarias; una política de democratización de las empresas sanitarias a través de Corfo.
• Estrategia de gestión multisectorial y descentralizada, con enfoque de cuenca y perspectiva feminista, que apunte a la resiliencia, adaptación a la crisis climática y seguridad hídrica; la creación de la Autoridad Nacional del Agua; el diseño de un sistema nacional de planificación de infraestructura crítica con enfoque de cuenca y nexo agua-energía-alimentos; la gestión del riesgo de desastre basada en soluciones basadas en la naturaleza; autoridades de agua transfronterizas para establecer con Argentina, Bolivia y Perú la gestión conjunta de aguas transfronterizas.

Bienestar animal

• Agenda legislativa e institucional de apoyo a la transformación del sistema productivo, y de manejo de los animales destinados a comercialización y/o trabajo, hacia modelos sustentables que reconozcan la sintiencia animal, y dictación de las disposiciones reglamentarias que den un soporte normativo al proceso de transición.
• Acuerdos estratégicos de producción sustentable y libre de crueldad animal con pequeños, medianos y grandes productores y comercializadores del país.
• Poner fin al uso de animales en operativos antidisturbios por parte de Carabineros de Chile.
• Creación del Observatorio de Sintiencia Animal.
• Rediseño del “Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía”, entregando la decisión de las prioridades territoriales a los Gobiernos Regionales.
• Ingresar proyecto modificatorio de la Ley N°20.962 que Aplica la Convención CITES, y de otros cuerpos legales, para dotar al Ministerio Público y policías de mejores herramientas de investigación en los delitos asociados al tráfico de especies protegidas y sus derivados.
• Ingresar proyecto de ley modificatorio de la Ley de Caza a efectos de prohibir la caza deportiva y la caza de fauna silvestre nativa en todo el territorio nacional.

Más información de las propuestas de Gabriel Boric aquí.

2. Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social)

ECONOMÍA

Reactivación económica

• Desarrollo de programa de empleos de emergencia “con sello verde” y enfocados a la mitigación de desastres climáticos (limpieza de quebradas, lechos y riberas de ríos, predios forestales y reforestación).
• Profundizara la inversión en obras de resiliencia climática de las empresas de servicios.
• Fomentar los programas de recambio de calefactores y aislación térmica de viviendas que se complementarán por medio de un subsidio.
• Impulsar un plan de viviendas, con generación de empleos, incluyendo 400.000 nuevas viviendas sustentables y/o autoabastecidas de energía solar, y una ampliación de los subsidios de arriendo de clase media.

Energía, cambio climático y contaminación

• Impulsar que CORFO actúe como banca de desarrollo para fomentar la resiliencia climática, descarbonización, y la transformación productiva, así como el fortalecimiento de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático como una plataforma de transferencia tecnológica hacia la empresa privada y los territorios.
• Impulsar la energía solar para fines térmicos, especialmente en la agroindustria, alimentos y la industria pesquera; reúso de residuos agroindustriales y el manejo sustentable de bosques para la generación de biomasa.
• Comprometer un millón de techos solares, que ahorrarán 250.000 mil pesos por año en promedio por hogar, sumando 1.6 GW de potencia instalada en techos, y generando un total de seis mil empleos por año.
• Impulsar licitaciones 100% focalizadas en buses eléctricos en Santiago y regiones.
• Desarrollar un programa de construcción de infraestructura verde que permita proteger los centros urbanos de amenazas como inundaciones y aluviones (parques inundables) y que contribuyan a la disminución de la temperatura en el espacio urbano, con inversión en eficiencia hídrica.

Hidrógeno verde

• Se invertirá en una estrategia de producción de hidrógeno verde y sus derivados mediante el establecimiento de dos Valles de Hidrógeno, en Magallanes y Antofagasta, orientados al mercado interno y a la exportación.

Electricidad

• Establecer una meta que apunte hacia un 100% de suministro eléctrico renovable para Chile al 2035.
• Revisar y evaluar la capacidad para incluir autos eléctricos de forma masiva; y regulación que permita la reconversión de vehículos existentes a vehículos eléctricos.
• Desincentivar el uso de diésel, a través de recambios tecnológicos y aumento de impuesto específico.
• Establecer una norma de emisión de CO2 para vehículos nuevos, la que se ajustará gradualmente hasta la eliminación de venta de motores de combustión interna.
• Ley de eficiencia energética para grandes consumidores que establezca metas sectoriales.
• Fortalecimiento de agencias implementadoras, como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Agencia de Sostenibilidad Energética en el despliegue de transferencia tecnológica en eficiencia energética, resiliencia y descarbonización

La emergencia climática y modelo de desarrollo

• Impulsar la Ley Marco de Cambio Climático que crea una institucionalidad y fortalecer su relación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
• Plan de proyectos de infraestructura pública y privada con criterios de resiliencia para poder enfrentar la crisis climática que será cada vez más aguda, controlando la exposición y vulnerabilidad frente a desastres.
• Portafolio de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza como humedales (urbanos, costeros, turberas), bosque nativo, entre otros, además de un fortalecimiento del ordenamiento territorial.
• Revisar la definición de Bien Nacional de Uso Público de playas, riberas de ríos, esteros y zonas lacustres, reconociendo zonas inundables de amortiguación para el desarrollo de infraestructura verde multipropósito que reduzca el riesgo de inundación, favorezca la infiltración natural de aguas lluvias y potencie el turismo y el cuidado de zonas de alto valor.
• Incluir la variable climática en contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
• Acelerar la meta de carbono neutralidad al 2040 impulsando una matriz energética 100% renovable al 2035, y el cierre de termoeléctricas a carbón “con un plan integral de transición justa”.
• Impuestos verdes para favorecer el desarrollo de energías limpias; la eliminación y manejo de residuos, y el resguardo de la biodiversidad.
• Inversión en más fondos de recuperación ambiental en las “zonas de sacrificio” para financiar acciones de remediación.
• Se impulsará una estrategia de desarrollo productivo para la descarbonización de las industrias de exportación; y nuevos proyectos orientados a aumentar y diversificar exportaciones, incluyendo empresa pública que avance en innovación del riego desalinizado del desierto, con gestión y coordinación en tierras fiscales asociadas a su plusvalía; política industrial en fuentes renovables, especialmente en hidrógeno verde.

Minería

• PYMES en pequeña minería: facilitar que las herramientas de fomento productivo; una reforma a la ENAMI, para mejorar el servicio prestado a la pequeña minería y así apuntando a su sustentabilidad.
• Impulso de la Empresa Nacional del Litio que se encargue de los contratos de exploración y de la explotación del litio, ejerciendo el rol de controlador de los proyectos mineros productivos en los salares de Chile.

Sector silvoagropecuario

• Economía rural circular y regenerativa: en agroecología, agroforestería, silvopastoreo, agricultura regenerativa y ganadería regenerativa; capacitación, investigación y desarrollo mediante programas de INDAP, INIA y SERNAFOR, buscando fijar carbono en los campos, aumentar la retención de agua de los suelos, conservar y restaurar la biodiversidad, y favorecer la diversificación de ingresos para los habitantes rurales.
• Zonas de amortiguación climática: definición de territorios para priorizar actividades de conservación y otras productivas “amigables con la biodiversidad”, que sirvan a la vez de corredores biológicos, dentro del Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes.
• Estímulo al riego eficiente, aumentando recursos de la Ley de Riego para concursos campesinos y asignando recursos de GORE e INDAP.
• Reutilización de aguas grises y captación de aguas lluvias, y uso de energías renovables en sectores rurales.
• Mujeres curadoras de semillas: acceso a bancos de semillas públicos promoviendo este patrimonio genético ancestral.
• Comercialización con énfasis en productos locales, agroecológicos, endémicos y patrimoniales.
• Modificación de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (20.283) y DS 68 de 2009.
• Ley que crea el Sistema Nacional y la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria, como servicio público (ACHIPIA): tramitación del proyecto.
• Impulso a la modificación del Decreto 3.516 sobre subdivisión de predios rurales, para incorporar mecanismos de evaluación ambiental y fortalecer planificación territorial.
• Agroalimentación: políticas para orientar la labor de centros de investigación e innovación a actividades locales y áreas primordiales (ej. biotecnología, genética, climatología, datos), con transferencia efectiva a la pequeña agricultura.
• Impulso de productos forestales no madereros y servicios ambientales por medio de manejo forestal; creación de plantaciones con especies de alto valor y múltiples funciones, que generen recursos pequeños propietarios mientras se desarrollan. Proyecto de Ley que incentive la creación y manejo de plantaciones forestales que aborden demandas de la economía familiar campesina sobre nuevas especies y objetivos silvícolas
• Proyectos de desarrollo e inversión en entorno de comunidades indígenas: ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con pago de compensaciones asociadas a ganancias.

AGUA

• Garantizar el acceso al agua como un derecho humano fundamental: nuevo Código de Aguas; impulso de la ley de eficiencia hídrica; y fortalecimiento del marco regulatorio para priorizar consumo humano y ecosistemas en nuevo marco constitucional.
• Potenciar eficiencia hídrica, para artefactos domésticos, incluyendo programa (“Cambia tu Challa”) que permitirá un ahorro entre 20 a 30% del consumo de agua residencial.
• Modificar la institucionalidad a cargo del agua a fin de mejorar la coordinación dentro del Estado de este escaso recurso.
• Desarrollo de una Política Nacional del Agua para la seguridad hídrica, sustentabilidad y resiliencia, “a través de un proceso participativo e inclusivo”.
• Creación de Organismos de Cuencas, que cuenten con participación plena y equilibrios en la gestión de las cuencas hidrográficas (usuarios, Estado, sociedad civil).
• Elaboración de Planes de Gestión Hídrica vinculantes a nivel de cuencas.
• Promover masivamente arbolado urbano y parques que aprovechar la resiliencia natural de especies autóctonas.
• Diseño de instrumentos económicos para generar incentivos a la protección de las cuencas, por ejemplo, pago por servicios ecosistémicos por acciones de conservación.
• La infraestructura hidráulica que se desarrolle con subsidio del Estado, o mediante el sistema de concesiones, considerarán la devolución o entrega de agua para las comunidades locales y ecosistemas.
• Inversión en desalación y avanzar en el marco regulatorio de reúso de aguas residuales, incluyendo una estrategia nacional de desalación con normas de emisión para dar certeza a territorios e inversionistas.
• Fortalecimiento de iniciativas de investigación e innovación en la gestión y desarrollo tecnológico para el uso eficiente del agua (más I+D+i, infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza).
• Incorporación del cuidado del agua y los ecosistemas de las cuencas en el currículum educacional, como también la promoción de desarrollo tecnológico para promover el uso eficiente.
• Consejos Regionales de Recursos Hídricos (CRRH): bajo mandato de los Gobiernos Regionales, y con representación de beneficiarios e interesados (no sólo titulares de derechos de agua).
• Cooperativas de Agua Rural: estímulo mediante un fondo inicial del Estado, que permitirá sostener una gestión moderna, con mayor participación de la comunidad rural.
• Riego: se privilegiarán obras de reparación de infraestructura, profundización de pozos, riego tecnificado, uso de ERNC, e implementación de nuevas plantas de desalinización de agua de mar y de reutilización de aguas grises.
• Embalses: inversiones de costo alto e implementación a mediano y largo plazo. Se incrementará la infraestructura en base a factibilidades y urgencias.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• Restauración de bosque nativo y humedales, con especies nativas, dirigido a comunidades y pequeños productores mediante Fondo CORFO que promueve inversión de capital internacional y del Estado.
• Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal: revisión en conjunto con organizaciones civiles, para preservar el recurso obteniendo beneficios por ello; reemplazar su reglamento general por un Plan de Manejo de formaciones xerofíticas.
• Corregir DS 68 (2009) ya que hoy excluiría al 90% de las especies arbustivas
• Reconversión de subsidios sectoriales que impactan negativamente el medio ambiente, la agrobiodiversidad, recursos genéticos, suelos y agua.
• Agenda de Recuperación de Activos Ambientales: creación de nuevos parques, recuperación de bosque nativo y protección de zonas boscosas en torno a las ciudades e instrumentos de gestión territorial para proteger estos elementos.

Océano y zona costera

• Creación de un Ministerio del Mar que promueva la sustentabilidad de la pesca, regulaciones ambientales más importantes para la acuicultura, y la conservación de recursos naturales marinos.
• Nueva ley de pesca con proceso abierto de licitación de cuotas a tasas sustentables, promoción de prohibición de pesca en altamar.
• Seguridad y soberanía alimentaria y la restauración de ecosistemas marinos, mediante la creación de la red de conservación de Áreas Marinas de Recursos Bentónicos (AMERB) y los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
• Trabajo coordinado con servicios competentes para mejor fiscalización y resguardo de áreas marinas protegidas.

Contaminación

• Creación de planes regionales de descontaminación, fortalecidos por una ley de planes de descontaminación.
• Desarrollo de una red ciudadana de calidad de aire (usando sensores de bajo costo).
• Establecer competencias de gobiernos locales para determinar zonas cero emisiones, para excluir vehículos contaminantes, además de prohibir motores encendidos innecesariamente.
• Programa de fomento de taxis y colectivos 100% eléctricos: facilitación del mercado del crédito de renovación de flota comercial a vehículos limpios, y desarrollo de licitaciones eléctricas en el transporte público.
• Inicio de licitaciones para 100% de buses eléctricos para RM y regiones, apuntando a 100% buses eléctricos al 2035, con reducción de tarifa debido a menores costos operativos.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

• Fortalecer y despolitizar las decisiones en materia de calificación ambiental, garantizando la participación ciudadana temprana, planes de ordenación territorial y criterios de sostenibilidad; y fortalecimiento de dotación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para acelerar los procesos de evaluación ambiental.
• SEIA con sistema de participación temprana y sin comité de ministros, “a fin de despolitizar la decisión, radicándola en instancias técnicas”.
• Reforma para que Gobernadores Regionales presidan las comisiones de evaluación ambiental regionales.
• Mandato de establecer normas de calidad ajustadas a recomendaciones de la OMS.
• Ley de protección a defensores ambientales, firma del Acuerdo de Escazú y postulación para albergar como anfitrión la primera COP de Escazú (abril 2022).
• Prohibición de botellas plásticas desechables, y establecimiento de un sistema universal de depósito y reembolso.
• Ley que obligue el uso de material reciclado en productos con plástico en Chile. Ley Cero Residuos a Relleno más incentivos para el compostaje municipal.
• Fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), dotándola de capacidad de fiscalizar proyectos de forma más amplia pero también ayudando a la eficiencia de los tiempos de proceso.

Más información sobre las propuestas de Yasna Provoste aquí.

3. Sebastián Sichel (Pacto Chile Podemos +)

ECONOMÍA

Recuperación económica

• Mantener, modernizar y complementar la red de acuerdos comerciales, aumento de valor en oferta exportable de bienes y servicios y la integración a cadenas globales de valor.
• Integraremos en la estrategia de política exterior la participación ciudadana, el comercio transfronterizo y la in- versión en regiones en coordinación con los ministerios respectivos.
• Promover la Inversión Extranjera Directa (IED) más allá de aquellas ligadas a la industria de materias primas, como lo son la manufactura u oportunidades en energías renovables, posicionando a Chile “como un centro exportador de servicios”.
• Apoyo a la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o más conocido como TPP11) “como un acuerdo que aporta a Chile”.

Cambio climático y carbono neutralidad

• Transición energética limpia: impulso de política energética nacional para alcanzar en 2030 el 50% de ERNC.
• Promover y potenciar el posicionamiento de Chile como país exportador de energías limpias.
• Fomentar la inversión en nuevas tecnologías de fuentes renovables, como la proveniente de residuos, desechos, biomasa, mareomotriz, concentración solar de potencia y otras.
• Asegurar el abastecimiento energético y contar con un sistema eléctrico resiliente enviando una Ley de Fomento para Sistemas de Almacenamiento.
• Presentar plan de cierre de las plantas a carbón al año 2030, resguardando a las comunidades locales, la seguridad del sistema y el precio en las cuentas de la electricidad, promoviendo la reinserción de los trabajadores e implementando una mesa de trabajo interministerial basada en la Estrategia Nacional de Transición Justa.
• Desincentivar el uso de fuentes energéticas contaminantes a través de impuestos verdes, acercando paulatinamente la tributación de combustibles y emisiones a sus niveles de eficiencia social.
• Eficiencia energética: perfeccionar la implementación de la ley de eficiencia energética y el instrumento de licitación pública en materia de energía; viviendas energéticamente sustentables y creación de instrumentos financieros para la recuperación y modernización de edificaciones existentes con una perspectiva de eficiencia energética; desarrollar un esquema regulatorio en la nueva ley de distribución que incentive la eficiencia energética a nivel residencial; apoyar la tramitación del proyecto de ley de biomasa y biocombustibles sólidos para la descontaminación atmosférica; y elaboración de reglamentos y otras normativas para el uso de la leña y sus derivados a través de procesos participativos regionales con pertinencia territorial y cultural.
• Creación de una plataforma de información pública y privada, de publicación y monitoreo de los avances en EE, ERNC y reducción de emisiones en el país.
• Fomentar la autogeneración domiciliaria a partir de energías renovables a través de la implementación de pilotos regulatorios basados en la gestión comunal para beneficiar a las familias más vulnerables, privilegiando zonas contaminadas.
• Implementar un programa de calefacción amigable con el medio ambiente para que las familias de hogares vulnerables puedan alcanzar un mayor confort técnico.
• Fomentar la asociatividad entre empresas y pueblos originarios para desarrollar proyectos de generación de energías renovables en territorios que posibiliten su desarrollo económico y social.
• Promover que el pago de patentes municipales se realice en las comunas donde los proyectos se emplacen.

Hidrógeno verde

• Creación de una nueva industria para el país; impulso de 3 proyectos pilotos correspondientes a tren de transporte local, flota de buses de transporte interurbano y camiones de transporte de carga; y un Plan de Solución Integral para el manejo de residuos no reutilizables ni reciclables para la generación de energía.

Transporte

• Potenciar el uso de medios de transporte alternativos que no contaminen a través de la construcción de vías especiales; incorporar en la infraestructura pública y en futuras licitaciones de gran envergadura elementos habilitantes para llegar a las metas de electromovilidad del país; y realizar pilotos con plantas de hidrógeno verde para reemplazar combustibles fósiles por hidrógeno verde o sus derivados en el rubro del transporte.
• Infraestructura Ferroviaria para “el Desarrollo Sustentable”: incluir al sistema de transporte ferroviario en la planificación de las políticas públicas de largo plazo; y estudiar la sustentabilidad de instalar trenes de alta velocidad, en particular para la macrozona centro y sur del país.

 

Economía circular

• Ampliar la Ley REP que obliga a los fabricantes a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos e incluir prioritariamente en los reglamentos a la industria textil.
• Impulsar el reciclaje de nutrientes, biomasa y agua en la producción, asegurando su eficiencia y fomentando una economía colaborativa.
• Avanzar en una normativa integrada para los residuos de la construcción y demolición; el uso de materiales desechados como materia prima y avanzar en la I+d+i.
• Incentivar el desarrollo de emprendedores, innovado- res y MIPYMES. Se aumentarán los recursos de CORFO y Sercotec con foco en economía circular.
• Establecer incentivos para la adquisición de bienes de capital utilizados en industrias de reciclaje y aquellas que utilicen materiales reciclados en la elaboración de productos.
• Aprobar el marco jurídico para la valorización, reciclaje y aprovechamiento industrial de los residuos mineros (relaves, escoriales de fundición, insumos críticos en desuso) con foco en pasivos abandonados cercanos a poblaciones.
• Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente y la gobernanza circular: traspasar la agencia de sustentabilidad y cambio climático desde CORFO (Ministerio de Economía) al Ministerio de Medioambiente; y gobernanza colaborativa en todas las macrozonas.
• Gobernanza Circular Territorial a través de los gobiernos regionales que generen las condiciones de corto, mediano y largo plazo con fuentes de financiamiento permanentes.
• Reformar a la ley de asociaciones gremiales, exigiendo mayores niveles de transparencia que incluyan la obligación de desarrollar un reporte integral con perspectiva de sostenibilidad.

Minería

• Producción de minería “sostenible” en el país; la implementación de una capacidad segura de trazabilidad digital de insumos, consumos, minerales, emisiones, residuos, líneas base de biodiversidad, Pasivos Ambientales Mineros (PAM) e información geológica de la minería nacional.
• Desarrollar mecanismos que permitan hacerse cargo de los PAM, a través del fomento del reprocesamiento de sus minerales y de la implementación de medidas de compensación de otros proyectos que ingresen al SEIA.
• Modificar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de una segmentación por envergadura, impacto e incorporación de factores diferenciadores para los megaproyectos y pequeños proyectos mineros.
• Promover y desarrollar la industria del litio con tecnologías “que sean amigables con el medioambiente y que no signifique la evaporación de salmueras”; apoyo a Codelco en la materialización de su proyecto en Maricunga y facilitar la entrada de nuevos participantes vía CEOL.
• Desarrollar herramientas que se enfoquen en disminuir al mínimo la emisión de gases de efecto invernadero para los alcances 1, 2 y 3 según el protocolo GHG de la Naciones Unidas buscando la carbono neutralidad superior al 70% del sector minero al 2040 y 100% al 2050.
• La promulgación de un reglamento para la evaluación ambiental de plantas desaladoras de agua de mar y aguas servidas o residuales.
• Modificación de la ley de concesiones, aumentando el valor de la patente a niveles comparables con otras jurisdicciones mineras y evitando así la especulación, por ejemplo, con un aumento progresivo pero considerable en la tasa, con un descuento en caso de demostrar trabajo.
• Modificar el proceso de constitución de propiedad minera y su legislación aplicable, eliminando los incentivos a la especulación que ha derivado en la detención de proyectos de distinta índole.
• Modificar la regulación que define la información geológica básica que es compartida por las empresas y recabada por Sernageomin, perfeccionando los mecanismos para que esta información esté disponible de forma efectiva y en línea.
• Generar una estrategia de diversificación de producción de otros minerales que permita evaluar el potencial de desarrollo de estos en el país.
• Perfeccionar el gobierno corporativo de Codelco que permitan una mayor independencia y estabilidad a la empresa; así como fortalecer rol de ENAMI, Cochilco y Ministerio de Minería
• Generar por medio de Cochilco y Sernageomin las plataformas necesarias para que la información de la industria esté disponible, de forma de dar mayor transparencia a la actividad minera.

Sector silvoagropecuario

• Rediseñar la institucionalidad forestal, creando la Subsecretaría Forestal que coordine las actividades relacionadas con ese sector entre los diversos ministerios y entre los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, como CONAF.
• Impulsar la construcción industrializada en madera como base de una sociedad carbono neutral.
• Financiamiento para el fortalecimiento de centros regionales para la formación y pilotaje de productos de madera; y creación de un instrumento exclusivo vía Corfo para desarrollar productos basados en madera a partir de prototipos comerciales.

Pesca

• Modernizar de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
• Incorporar en la Ley General de Pesca y Acuicultura las recomendaciones de FAO en materia de sustentabilidad, considerando las diferentes dimensiones del concepto de Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP); así como la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional.
• Elaboración e implementación de una política de trazabilidad tanto para efectos sanitarios, como de fiscalización de origen.
• Reforzamiento de los programas y acciones destinadas al combate de la pesca ilegal desde la extracción hasta comercialización y consumo.
• Potenciar la aplicación de la Ley de Caletas, considerando a las caletas artesanales como unidades productivas y de prestación de servicios.
• Implementar un plan de desarrollo estratégico nacional para la pesca recreativa de aguas marinas y continentales con foco en la sustentabilidad de los recursos y sus ecosistemas y en la sostenibilidad de los actores sectoriales.
• Modernización del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA), en su funcionamiento como el objetivo de los proyectos científicos que son apoyados.
• Adaptación al cambio climático: promover los estudios para la recuperación de las praderas de algas en toda la costa chilena mediante la técnica de repoblamiento a través de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB).
• Generar información constante respecto del estado de conservación de peces de roca para su explotación sustentable.
• Extender la aplicación y alcance de la ley Crea Bonificación para el Repoblamiento y Cultivo de Algas, como una forma de reconocer la importancia que poseen las algas marinas para el medioambiente.

Acuicultura

• Incentivar la acuicultura off-shore (mar abierto).
• Fomentar la acuicultura de pequeña escala y rural a través de Indespa, con énfasis en el cultivo de especies menos tradicionales (por ejemplo, algas), de manera de generar alternativas de ingresos para los usuarios, restando con esto aumento de esfuerzo sobre la pesca extractiva.
• Fomento ley transparencia y etiquetado de uso de antibióticos.
• Evaluación de programas de desarrollo de la acuicultura, realizar un plan de evaluación de todos los programas de mejoras, de innovación, de sostenibilidad, de productividad, etc.

Alimentación

• Implementación de un Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria; crear la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria; fortalecer la presencia de ACHIPIA a nivel regional en los distintos territorios como un actor clave en el desarrollo de trabajo colaborativo para encontrar soluciones locales a los desafíos en inocuidad y calidad alimentaria; presentar un proyecto de ley que le dé institucionalidad a ACHIPIA como un ente de coordinación y creación de competencias de base científica para el sistema nacional de control de alimentos; y fortalecer la regulación nacional referente a la calidad e inocuidad del agua de riego usada por la producción agrícola para consumo humano.
• Crear un FOGAPE Pro-Riego, individual o colectivo. Además, se abordará la escasez hídrica, de reactivación o reconversión agrícola para pequeños y medianos productores que han perdido sus plantaciones o huertos por el agotamiento eventual del agua de riego.
• Acelerar el uso de energías limpias intraprediales, fomentando el cambio de la matriz energética con énfasis en el apoyo a agricultores que produzcan su propia energía.
• Compromiso con alcanzar la carbono-neutralidad antes del año 2050, fomentando la plantación, la recuperación de tierra degradada y el correcto manejo del bosque nativo.
• Incrementar a mayor velocidad la eficiencia intrapredial de uso de agua de riego priorizando cuencas con balance hídrico negativo.
• Implementar mapeos regionales con evaluación ambiental estratégica, de manera de localizar actividades sensibles de residuos sólidos. Promover y fomentar modelos de gestión para la transformación de los residuos industriales orgánicos de la Industria Alimentaria en subproductos.
• Crear un sello de sustentabilidad, mejorando la “ley de ecoetiquetado”, incluyendo aspectos como la huella hídrica o la huella de carbono.
• Avanzar en la trazabilidad, verificación y gestión de consumos y emisiones asociada a huella hídrica y huella de carbono implementada en los principales sectores industriales del país (minería, energía, forestal, agroindustria, etc.).
• Integrar en la malla curricular la educación alimentaria y nutricional en el ciclo preescolar y escolar. Encomendar al MMA la realización de charlas y ferias en los colegios enfocadas en temas medioambientales, educación de ahorro energético y desarrollo de campañas comunicacionales para fomentar el consumo de alimentos saludables.
• Promoción de agricultura regenerativa y fomento a la alimentación sostenible y saludable; y avance en legislación que permita disminuir el desecho y desperdicio de alimentos y de los recursos asociados a su producción (agua, energía, uso del suelo, maquinaria, combustibles, mano de obra, envases y materiales de embalajes, entre otros).

Turismo

• Política para el turismo “sustentable”: avanzar en la certificación en Turismo Sustentable (Sello S) de al menos el 50% de las empresas turísticas chilenas; crear programas de préstamos de Banco Estado a las empresas chilenas, para potenciar su transición energética y el uso de tecnologías más sustentables para lograr la carbono-neutralidad; apoyar a gobiernos regionales en el desarrollo de sus planes de turismo para que puedan incorporar la nueva Ley de Gobiernos Regionales y estén alineados con la estrategia nacional de turismo.
• Reactivar la habilitación de infraestructura prevista en el Plan 2030 del MOP, en coordinación con las autoridades turísticas regionales, poniéndole especial énfasis en la infraestructura de nuestras áreas silvestres protegidas.
• Creación del pasaporte de Parques y Reservas Nacionales.
• Privilegiar a “las empresas y destinos turísticos sustentables” en las estrategias y campañas de promoción turística financiadas y cofinanciadas por el Estado, tanto en el mercado nacional como internacional.
• Concretar la reforma a la ley de donaciones del Estado a fin de incentivar los aportes de recursos hacia la protección de la naturaleza.

AGUA

• Garantizar acceso universal al agua potable para el consumo humano: implementar un reglamento que establezca las condiciones para la priorización del uso del agua para consumo humano y la protección de los ecosistemas; asegurar acceso a servicios de agua potable y saneamiento; explorar opciones autárquicas para los habitantes de zonas dispersas y aisladas, proponiendo sistemas de abastecimiento de agua para hogares aislados; mejorar la gestión y dar capacitación y apoyo directo a los comités de APRs; implementación de medidas de la ley de Servicios Sanitarios Rurales (SSR); etc.
• Nueva Gobernanza integrada de cuencas hídricas para un nuevo Chile: implementar la Subsecretaría del Agua en el Ministerio de Obras Públicas, integrando y coordinando las competencias relacionadas con los recursos hídricos desperdigadas en otros ministerios y agencias. Asimismo, establecer una política nacional de seguridad hídrica “que sea construida de manera participativa”.
• Definir y utilizar la cuenca como una unidad básica de gestión hídrica territorial, que debe comprender desde el nacimiento de los cauces hasta su confluencia en el mar, incluyendo los acueductos subterráneos y evitando el fraccionamiento de los ríos.
• Extender, ampliar, regularizar y profesionalizar las Organizaciones de Usuarios del Agua (OUA) o Juntas de Vigilancia. Debe haber una OUA para cada cuenca hidrográfica, que abarque a todos sus usuarios (incluyendo a los usuarios de aguas subterráneas), representando la diversidad de usuarios en las cuencas.
• Descentralizar la administración y gestión de recursos hídricos, empoderando a oficinas regionales para que, en conjunto con las OUAs, velen por los intereses de la cuenca hidrográfica. A su vez, establecer Consejos Regionales de Cuenca hidrográficas del país a 2028 para que planifiquen la gestión futura de acción frente a los desafíos de la cuenca.
• Gestionar sosteniblemente la cuenca y proteger los ecosistemas de provisión hídrica: promover la inversión público-privada para el monitoreo y planes de descontaminación ambiental; ordenar y coordinar los instrumentos para mantener caudales para ecosistemas protegidos como humedales y protección de caudales para áreas protegidas; avanzar en los próximos 10 años en la aseguración del establecimiento de caudales ecológicos; inversión público-privada para medidas de conservación y restauración en ecosistemas determinantes en las principales cuencas, de acuerdo con la estrategia y los instrumentos de carbono neutralidad; los instrumentos de planificación territorial (IPT) deberán establecer como zonas no edificables los humedales urbanos y condicionar infraestructura en zonas inundables.
• Establecer como medida de compensación al territorio, por parte de los grandes proyectos que incorporen en sus procesos el uso de agua desalada, el aporte de al menos un 10% a las agrupaciones de regantes.
• Enviar un proyecto de ley sobre glaciares.
• Aumentar la disponibilidad hídrica con una fuerte inversión público-privada en infraestructura de cinco mil millones de dólares para la construcción y mejora de captación, acumulación, conducción e infiltración para los próximos 8 años; en los próximos 4 años comenzar la construcción de al menos 10 de los 26 embalses priorizados, con especial énfasis en los tranques de regulación comunitaria; crear un sistema de Fast-Track para agilizar la aprobación de los proyectos de embalses.
• Establecer una política nacional de desalación para los próximos 10 años que se diseñe en conjunto con una política nacional de uso de la zona costera. Crear una institucionalidad pública que vele por el desarrollo y construcción de plantas desaladoras. Esto implica dar reconocimiento jurídico sobre nuevas fuentes de agua (desalación, atmosférica, tratada), dar urgencia al proyecto de ley que traspasa la administración de concesiones marítimas a Bienes Nacionales; e iniciar los estudios de 5 desaladoras en las principales cuencas deficitarias del país: Elquí, Limarí, Choapa, Ligua-Petorca y Aconcagua.
• Implementar redes de acueductos y desaladoras e incentivar la recarga de acuíferos en las principales cuencas deficitarias a 2028. Subsidios al CAPEX de acueductos para el transporte de agua desalada desde la costa hacia los centros poblados, sectores agrícolas y APRs.
• Incrementar el número de embalses reguladores en las principales cuencas deficitarias, pero con disponibilidad física de caudales y potenciando aquellos de tamaño mediano a 2031.
• Mejorar la eficiencia en la conducción y uso de agua en los sectores productivos y ambientes urbanos a través de subsidios para incentivar el ahorro de agua a escala de cuenca; incrementar en 20% la superficie de riego tecnificada para la agricultura a 2028 a través de mayor inversión pú- blico-privada; mejorar la eficiencia de uso del recurso hídrico en la industria y minería; e incentivar la eficiencia de uso de agua en ambientes urbanos en un 70% a 2031.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• Apoyo a la investigación científica nacional y a la preservación del medioambiente. Para ello, considera medios técnicos especializados y apoyo logístico-operativo de las FFAA, en particular sobre espacios como Antártica, Patagonia, montañas, áreas desérticas, parques marinos, entre otros.
• Impulsar la meta 30/30: proteger de forma efectiva al menos el 30% del territorio terrestre y marítimo, priorizando los ecosistemas que se encuentran subrepresentados y con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático; fortalecer la aplicación de estándares e incentivos para el Derecho Real de Conservación para que junto con el sector privado se conserve el 30% de la superficie de los ecosistemas más amenazados entre la región de Coquimbo y la de Magallanes; e identificar, mapear y enumerar los sitios de alto valor natural para avanzar en protección de lugares que puedan servir para prevenir los efectos del cambio climático (humedales, bosques de algas, arenales, etc.).
• Implementación de Plan Nacional de Restauración de Paisajes (un millón de hectáreas en 10 años): modificar la Ley de Bosque Nativo “para incentivar un manejo forestal sustentable de los bosques nativos y recuperar los bosques degradados a través del manejo sostenible”; diseñar e implementar una estrategia para maximizar la continuidad del paisaje con inversión en infraestructura que mitigue el impacto de la fragmentación; incentivar la protección de humedales costeros, ecosistemas claves para la biodiversidad y la acción climática como las turberas.
• Fortalecer la institucionalidad, gobernanza y gestión de la conservación de la naturaleza: relevar la Emergencia Climática convirtiéndola en prioridad nacional; crear un Consejo de Ministros para abordar la Emergencia Climática y de Pérdida de Biodiversidad, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente; dar urgencia a la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; y cerrar la brecha de financiamiento para la conservación y restauración de nuestro patrimonio natural.
• Aumentar el presupuesto para la conservación de las Áreas Marinas Protegidas
• Aumentar el presupuesto para la conservación y restauración de ecosistemas
• Crear un Fondo Ambiental para la conservación de la biodiversidad, que incentive los esfuerzos público-privados.

Ordenamiento territorial, uso de suelo y zona costera

• Desarrollar los planes regionales de ordenamiento territorial y planes de desarrollo comunal con “una mirada multidisciplinaria tendiente a conservar los ecosistemas amenazados”.
• Avanzar hacia una gestión y planificación integrada de las zonas costeras a través de la discusión de una Ley de Costas; y planificación territorial con metodologías para la zonificación de la zona costera, “considerando en ellos medidas urgentes de adaptación y resiliencia para enfrentar la emergencia climática”.
• Incentivar y proponer mejoras en la gestión ambiental de los gobiernos locales a través de la actualización de los instrumentos de planificación territorial y por medio de la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático en los PLADECO.
• Introducir modificaciones a la regulación sobre subdivisión predial mínima (D.L. 3516), incluyendo criterios de sostenibilidad.

Cambio climático

• Potenciar las iniciativas internacionales para enfrentar la crisis climática.
• Adaptación al y mitigación del cambio climático: promover la tramitación del proyecto de ley marco de cambio climático; incentivar los planes de emergencia y los planes locales de adaptación para todas las municipalidades; implementar el nuevo Servicio Nacional para la Prevención de Desastres Naturales y crear un Fondo o Reserva para las emergencias naturales; y avanzar en los planes de mitigación, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentando su captura, creando instrumentos que desincentiven las emisiones de CO2 y fomenten su captura.
• Avanzar en justicia ambiental territorial: prohibir la creación de nuevas “zonas de sacrificio”; Plan Nacional para terminar con las actuales zonas de sacrificio; mitigar los impactos de la contaminación en las actuales zonas de sacrificio mediante normas primarias para las comunidades que viven en las localidades “para que puedan ser implementadas a partir de 2023”.

Bienestar Animal

• Destinar recursos para un plan de esterilización de mascotas que sea universal y permanente.
• Financiar Centros Veterinarios de distinta complejidad en asociación con los municipios.
• Avanzar en la protección animal, por ejemplo, con legislaciones que prohíban el uso de animales silvestres en los circos o tipificando el delito de zoofilia.
• Modificar gradualmente los zoológicos en Chile transformándolos en centros de rehabilitación y educación, siguiendo modelos exitosos internacionales.
• Fortalecer la red de trabajo de los centros de rehabilitación de fauna silvestre mediante la creación de un sistema que los integre, con capacitación y financiamiento permanente.

Sociedad, ciudad y vivienda

• Viviendas sustentables: rediseño de viviendas y barrios para mayor eficiencia energética; cuidar el agua y llevar verde a las ciudades, trabajo junto a la SISS y las empresas sanitarias para implementar sistemas de tratamiento de aguas grises.
• Aprobación de Reglamento Aguas Grises y Disposición y Riego de Áreas Verdes
• Desarrollo de 10 nuevos parques urbanos, tomando las ideas elaboradas por cada región, e implementación de política nacional.
• Reforestación de cerros isla en Santiago, como los de Renca, Puente Alto y San Bernardo.
• Modificar la legislación que distingue entre suelo urbano y suelo rural, regulando las llamadas parcelas de agrado, reconociendo el fenómeno y permitiendo áreas de poblamiento mixto. Modificar. Se exigirán medidas de urbanización “que mitiguen los impactos urbanos y ambientales”.

Contaminación

• Reducir la contaminación marina producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes.
• Reducir la contaminación atmosférica en las cinco ciudades con mayor contaminación. Promover, junto con el Ministerio de Energía, la tramitación del proyecto de ley que regula biocombustibles sólidos y que desincentiva el uso de la leña.
• Avanzar fuertemente en normativas ambientales: modernizar aquellas que se han quedado rezagadas y crear normativas para áreas que carecen de ellas (normas secundarias de calidad del agua, suelo, ruidos, olores, bahías, etc.).
• Fortalecer los entes encargados de la evaluación y robustecer la fiscalización, dotando de mayor presupuestos, funcionarios y capacidad operativa a la SMA.
• Descentralizar la gestión y la fiscalización ambiental, constituyendo sedes regionales y entregando atribuciones en gestión y fiscalización en materia ambiental a los municipios.
• Dictar normativa sobre contaminantes de vida corta y regular el carbono negro y los compuestos volátiles secundarios.
• Erradicar microbasurales y sitios eriazos, exigiendo su cierre y mantención limpia, aplican- do multas en caso de que esto no se cumpla (las que se harán efectivas en el pago de contribuciones).

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

• Adherir al tratado de Escazú durante el primer año de gobierno.
• Dar acceso universal a la información. Fortalecer la participación ciudadana y acceso a la información en materia ambiental, con énfasis en el acceso a la información integrada de aire, suelo y agua a nivel nacional, regional y local.
• Establecer criterios y parámetros transparentes en los procesos de consulta pública (participación trazable), implementados para la definición de la política de cambio climático.
• Incorporar en la enseñanza escolar contenidos relativos a sostenibilidad, cambio climático y conservación de la biodiversidad.
• Modernizar el SEIA.
• Aumentar la inversión para dotar de más personas los procesos de estudios de impacto ambiental (EIA), agilizando la toma de decisiones y acotando los plazos.
• Aprobación de proyectos basados en evidencia científica y cumplimiento de estándares; y modificar la Ley 19.400 para eliminar el comité de ministros en la aprobación de proyectos.

Más información sobre las propuestas de Sebastián Sichel aquí.

4. José Antonio Kast (Partido Republicano de Chile)

ECONOMÍA

• La base en la exportación de materias primas; evaluar transformación de los residuos en recursos para nuevos usos, productos y energías; la promoción de “ciclos cerrados o circulares” a través de “reducir, reutilizar, reciclar y recuperar”.
• La generación de una ley para la industria de alimentos y agropecuaria para que trate sus desechos orgánicos para formar compost y biogás; desarrollar planes de educación de la población en estos temas, así como programas de limpieza que incluyan a la comunidad.
• Programas de limpieza de ciudad “usando la ciudadanía, como colegios, clubes deportivos, universidades, organizaciones de reincorporación social, presos por delitos menores”; programas de limpieza de mares y cuerpos de aguas superficiales; y desarrollo de convenios para utilización de la nueva tecnología de Boyan Slat.
• Abordar el potencial hidroeléctrico del país, para lo cual “se evaluarán en forma dinámica las tendencias hidrológicas de mediano y largo plazo, conjugando las necesidades de consumo de sociedad con el cuidado del medio ambiente, salvaguardando los derechos de aguas necesarios para la inversión”, en especial para proyectos hídricos medianos y pequeños.
• Ahondar en la caracterización de fuentes geotérmicas para avanzar su generación eléctrica y su masificación en procesos térmicos para usos industriales.
• La evaluación y aplicación de tecnologías para la producción de biomasa de tercera generación para el transporte, como para procesos industriales y producción eléctrica. De esta manera se caracterizará la capacidad nacional de BECSC9 y CDC10 así como las posibilidades reales de su aplicación en los NDCs11.
• La interconexión eléctrica, con una carretera sólida, protegida, de alta capacidad, para mejorar la seguridad del suministro energético nacional. Se simplificará la obtención de servidumbres y los trazados de transmisión, dando certeza en la tramitación y construcción, adoptando la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para identificar y coordinar la sustentabilidad ambiental. Se facilitarán líneas de transmisión submarinas y subterráneas en ciertas zonas sensibles.
• Aplicación de normas para aumentar la eficiencia energética en la construcción residencial e industrial del país, en especial el centro y sur, que reduzcan la demanda de climatización y mejoren la calidad del aire, promoviendo materiales de baja transmitancia térmica para la envolvente interna y externa.

Sector silvoagropecuario

• Agricultura “sustentable”, Chile como “potencia agroalimentaria” y con énfasis en exportación: promover la bioagricultura o agricultura orgánica; generar una política agrícola sustentable de largo plazo, incluyendo integración cultural; ingreso de proyectos agrícolas de tamaño industrial (con base en volumen de productividad) al SEIA.
• Ordenamiento forestal que refleje intereses continentales, regionales y locales; obligación de capacitar a los trabajadores forestales en técnicas de trabajo de bajo impacto y disminución de las distancias de arrastre, entre otros; mejorar el cumplimiento real de los sellos de certificación del sector forestal en Chile (el Forest Stewardship Council) por ejemplo a través de renovación en forma anual por organizaciones independientes externas.
• Exigencia de sistemas de abatimiento de material particulado y captación de gases tóxicos para nuevos proyectos; exclusión del SEIA para los proyectos que consistan exclusivamente en abatimiento y reducción de emisiones atmosféricas, definiendo un nuevo instrumento de evaluación; generación de normas de calidad del aire y olores para actividades silvoagropecuarias, orientadas a resguardar la salud y calidad de vida de las poblaciones aledañas; plan de revisión de gasoductos para la disminución de emisiones de gases tóxicos  por pérdidas en tuberías.
• Territorio Rural: financiar a nivel de las regiones, con fondos concursables, la investigación y monitoreo de la biodiversidad para incrementar los conocimientos y mejorar su conservación y uso sustentable; recursos fiscales para que personas, naturales o jurídicas, continúen cumpliendo esa labor de forma sostenida
• Cambio en los criterios de preservación y aprovechamiento de especies nativas e introducidas en la División de Recursos Naturales del SAG, “con tal de que abandonen las medidas prohibicionistas y, al mismo tiempo, se revise el impacto de la sobrepoblación de las especies nativas y exóticas, la cual se ha generado producto de la actividad humana”.
• Cada predio agrícola o forestal (>1 HRB) “deberá contar con un catastro al día de los diferentes suelos y la flora exótica y nativa presente, indicando su estado de conservación, incluyendo el porcentaje de materia orgánica que contiene y un plan de manejo si lo hubiera”.
• Bosque nativo: incorporación de 4 millones de hectáreas mediante manejo diversificado de la producción, en un lapso de tres décadas, con el fin de duplicar el PIB forestal; revisión de la ley 20.238 del Bosque Nativo y sus reglamentos “a modo de poner fin a la ‘crisis de los planes de manejo’ que esta legislación ha causado”; un plan de reemplazo progresivo de la leña por pellets, gas y electricidad como principales fuentes térmicas en sector rural centro y sur, en un lapso de una década, para disminuir la presión sobre el bosque nativo; aplicación de acuerdos internacionales como el Programa de Reducción de Emisiones del Fondo del Carbono para mitigar el cambio climático.
• Optimización del uso de suelos forestales mediante la modificación de la ley para permitir la desafectación de suelos beneficiados por el DL 701 lo cual permitiría su reconversión a uso agrícola para que los suelos que “han logrado su recuperación”.
• Evaluación de transferir la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura

Energía

• Propone un sistema que diversifique fuentes primarias y tecnologías, defendiendo la seguridad, la libre competencia y el cuidado eficaz al medio ambiente, “sin prohibir ni privilegiar tecnologías, y sin patrocinar a proveedores ni operadores”. Asegura que “Chile debe tomar decisiones de largo plazo abandonado las ‘modas’ energéticas que se entregan a los agentes económicos, lo que implica considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo hidráulica, renovables, nuclear, geotérmica y “carbón limpio”, esto “sin exclusiones arbitrarias”.
• Reducción progresiva de la dependencia del petróleo crudo y relevar gas natural, aumentando la conversión a electricidad e hidrógeno para el transporte y la minería.

Carbón

• Eliminar el uso de “carbones de mala calidad” en la generación termoeléctrica a carbón y adopción de medidas de abatimiento de gases contaminantes en las actuales o nuevas plantas termoeléctricas, forzando el cierre y desmantelamiento de los sistemas que no cumplan los estándares.
• Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón “de alta calidad y baja humedad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la mejor tecnología disponible”. Menciona que se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas, en el caso de que “se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes”.
• Evitar las consecuencias de “una salida acelerada” de centrales térmicas de corta edad “por supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero y un cuarto de la oferta eléctrica depende de estas centrales que dan inercia al sistema”.

Electricidad

• Reducción de contaminación de material particulado del aire y contaminación acústica aumentando significativamente el uso de energía eléctrica en el transporte.
• Uso de las fuentes de producción eléctrica “sin emisiones del mundo como son la hidroelectricidad y el uranio, con recursos perdurables”.
• Relacionado con lo anterior, propone recuperar el rol de la hidroelectricidad como una garantía de estabilidad del suministro de largo plazo y “contribuir a la disponibilidad de agua para el consumo humano y el desarrollo agrícola”.
• Generación eléctrica basada en la fusión de deuterio y de litio “que abunda en Chile, amplificando su valor comercial en varios órdenes de magnitud, aparte de recuperar el gasto en investigación y desarrollo”.
• Reducción o conversión parcial de las refinerías del país hacia la producción de otros productos, como el hidrógeno y amoníaco para su utilización en el transporte y en sectores industriales, así como para el enriquecimiento de hidrocarburos. “Las instalaciones no convertibles o en desuso deberán ser desmanteladas previa descontaminación”.
• Aumento en el uso de electricidad en múltiples sectores, elevando en al menos 150 kWh por año por persona, para llevar el aporte eléctrico al 25% del total en tres lustros, con énfasis en la minería, en especial en las empresas con participación estatal.
• Fomento de la investigación tecnológica y la materialización de programas piloto para adoptar “las tecnologías más avanzadas de generación y conversión eléctrica, tales como la energía mareomotriz, undimotriz, oceanotérmica acoplada a sistemas térmicos, solares avanzadas, así como la fusión nuclear, en laboratorios o centros nacionales de investigación”.
• Promover la existencia de laboratorios nacionales dedicados a la investigación básica en energía y aplicada “en eficiencia energética, fusión y fisión termonuclear, tecnologías durables, movilidad avanzada, fósiles limpios y conversión energética, dependiente de las autoridades que dirijan la investigación, para contribuir a revertir el escaso aporte a la I&D en general con investigación en energía”.
• La simplificación de la tramitación ambiental, “para lograr certeza en el desarrollo de nuevas instalaciones, así como reducir los costos, tiempos y complejidad de los procesos de evaluación del impacto ambiental de la infraestructura energética, manteniendo el estricto cumplimiento de protección al medio ambiente”.
• Promover un organismo que lleve las actuales funciones del Panel de Expertos; revisión de las reglas “que dejaron para el Estado el petróleo y el litio y que liberalizó la exploración de uranio”; y la modernización de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) “para mejorar su desempeño técnico, económico y ambiental”, permitiendo la participación del sector privado en la exploración y explotación de recursos energéticos
• Aceleración de la transición hacia la electromovilidad desplegando una red de estaciones de carga a través de alianzas público/privada, adoptando vehículos eléctricos en el sector público y entregando incentivos para su adopción en el transporte privado.

Minería

• Postula la formulación de “un plan armónico” de uso del agua y la energía, como centrales hidráulicas para generar energía, agua para riego, procesos mineros y consumo humano; pago de los derechos municipales en las comunas donde se realizan sus faenas productivas o extractivas, como aporte a las comunidades residentes.
• Mejorar los mecanismos de formación de empresas filiales de CODELCO bajo la forma de “Asociaciones con terceros” para privilegiar “la racionalidad de la empresa privada en la gestión de la industria minera, con el consiguiente aumento de eficiencia y rentabilidad”.
• La reorientación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) como promotor de la transferencia de tecnología de una “minería más moderna, sustentable y de mayor valor agregado”, con una política de fomento dirigida a levantar una pequeña y mediana minería.
• Facilitar las alternativas técnicas de agua desalada hacia los sectores de consumo, tanto para la población en el Norte Grande como para la minería de cobre, incluyendo entre otras cosas la captación de agua en la zona sur del país, para así transportarla a la zona central y Norte chico.

Hidrógeno verde

• Posicionamiento de Chile como “potencia mundial en hidrógeno verde” a través del establecimiento de regulaciones y gobernanza.
• Aceleración del desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, facilitando la materialización de proyectos “a través de una Evaluación Ambiental Estratégica que reduzca los plazos de desarrollo de los proyectos, mejorando las condiciones socio ambientales, y aportando fondos públicos para la realización de estudios piloto”.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• Menciona necesidad de regular la protección y conservación de los suelos, especialmente aquellos que sustentan ecosistemas delicados, como el caso de los bosques nativos en el sur y los suelos agrícolas y generar una política agrícola sustentable
• Desarrollo de programas de remediación de los principales pasivos ambientales del país, incluyendo con especial énfasis planes de desarrollo compensatorio para las comunas de Puchuncaví y Til Til, creando un polo turístico, agrícola o residencial
• Aumentar la cantidad de humedales protegidos en todo el territorio nacional y declarar todos los humedales de la zona Norte de Chile (IV Región hacia el norte) como sitios prioritarios de biodiversidad, proceso que incluiría “algún tipo de compensación a sus dueños, dependiendo de las restricciones que se generen”.
• Promoción, desarrollo y cuidado de los humedales urbanos, convirtiéndolos en centros de esparcimiento y educación ambiental para la ciudadanía. Plan de declaración de humedales urbanos, de modo que accedan a la protección que la ley actualmente les brinda, “mejorando su infraestructura y protección frente al avance inmobiliario”.
• Para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) propone creación de un Fondo Monetario con aportes voluntarios; y mejorar la infraestructura turística.
• Propone mejorar CONAF y SERNAPESCA en vez de crear un nuevo Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), “evitando mayor burocracia y duplicación de labores. Asimismo, se debe incentivar la participación de privados en inversión en infraestructura y aprovechamiento turístico”.
• Avanzar en el proceso de clasificación de especies a través de fondos concursables para universidades e institutos de investigación, incluyendo organismos de la microbiota (fito y zoo plancton) vitales para la conservación de ecosistemas críticos tanto en humedales y cuerpos de aguas continentales, como en los océanos.
• Desarrollar un nuevo reglamento de clasificación de especies introducidas e invasoras, así como planes de control y protección de los hábitats y especies afectadas.
• Regulación mediante la generación de parques temáticos y otros emprendimientos de aprovechamiento en la flora y fauna, ya que según el programa “las especies de flora y fauna, que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para «pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes”.

Incendios forestales

• La tramitación de la Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales; intensificar las sanciones a los responsables de incendios forestales; crear un programa de reducción de incendios forestales que incluya análisis de causas, soluciones y trabajo conjunto con empresas relacionadas con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; vigilancia aérea permanente con drones de tecnología avanzada (y satélites a futuro) por parte de la CONAF; prohibición de la quema de rastrojos agrícolas en un plan a cinco años, para prevenir deterioro de suelo agrícola y disminuir los riesgos secundarios de incendios.

Áreas protegidas

• Aumentar las áreas protegidas procurando que “todo ecosistema endémico de Chile posea al menos un área protegida con superficie suficiente para su preservación”. Menciona la generación de un catastro público y oficial de las especies que los componen, manteniendo actualizado su estado de conservación; y la implementación de nuevas áreas protegidas, tanto públicas como privadas, hasta cubrir “los ecosistemas de todas las especies amenazadas en Chile”.
• Alcanzar la meta de un 30% del territorio nacional continental, cubierto por áreas silvestres protegidas, y un 10% del territorio marítimo costero continental, cubierto por áreas marinas protegidas (Reservas y/o Parques marinos).

Suelos

• Generar medidas para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por patógenos o lixiviación de fertilizantes y plaguicidas, a través de regulación de tipo de fertilizante, cantidades y forma de uso, e incrementar las fiscalizaciones en relación a la producción de desechos contaminantes del agua; e incentivos para “el desarrollo de agricultura sustentable” como exención de impuestos, depreciación acelerada, préstamos blandos y subsidios.
• Elaboración de normas para detener la contaminación del suelo por metales pesados producto de descargas de desechos, y percolados o escurrimientos; avanzar en el inventario nacional de los relaves mineros; realizar planes de prospección, revisión y complementación al catastro de suelos agrícolas existentes; realizar inventario de los suelos agrícolas y forestales erosionados “para precisar sus capacidades de uso y orientar a los propietarios para realizar prácticas de recuperación y conservación”; incorporar la conservación biocultural y métodos científicos y tecnológicos.

Océano

• Mejorar los reglamentos y normativas asociadas a la pesca industrial, extracción de recursos marinos y acuicultura (por ejemplo, extracción de algas protegiendo los ecosistemas, promoción de químicos biodegradables en acuicultura, transparencia en uso de antibióticos, densidad, flujo mínimo de corrientes y mejoramiento de infraestructura para evitar escapes).
• Estudiar consecuencias del desarrollo de acuicultura en aguas marinas frente a SNASPE y evaluar las consecuencias ambientales de su futura renovación; establecer una distancia mínima obligatoria a las SNASPE, como una franja marina de exclusión; avanzar hacia “un adecuado ordenamiento espacial del litoral”, incluyendo restricciones de protección ambiental a los procesos de macrozonificación del borde costero; reglamentar el tratamiento y disposición de los desechos, incluyendo, control en línea de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones.

Contaminación

• Auditar y fortalecer los Planes de Descontaminación vigentes.
• La implementación del “Programa Chile Limpio” para el mejoramiento de la gestión de residuos; el avance en una Ley de Uniformidad de Materias Primas que permita, por ejemplo, solo el uso de PET para las botellas y productos de empaque, de modo de facilitar su reciclaje a gran escala.
• Extensión del impuesto verde a las principales actividades económicas generadoras de gases contaminantes para controlar la contaminación atmosférica.
• Implementar un sistema de sello obligatorio de envases utilizados en la industria alimentaria, especificando el tiempo que requiere para ser degradado en el ambiente.

Animales de compañía

• Mejorar la Ley de tenencia responsable de mascotas, adaptándola más a la realidad nacional (cultural y económica); avanzar en los reglamentos faltantes, mejorando su real implementación e incorporando mayor apoyo y recursos a las municipalidades para el chipeo/identificación y esterilización de mascotas; considerar planes municipales para atacar los problemas de salud y seguridad que conllevan para la población

AGUA

• Manejo integrado de cuencas hidrográficas y protección de los ecosistemas hídricos, una ley para el manejo sustentable y protección de los glaciares y nieves eternas; y establecimiento de redes de monitoreo de las cuencas de todo el país.
• Desarrollo de tecnologías de desalación, junto a la gestión y reciclaje de aguas, incentivando el uso de desaladoras para generación de agua industrial y de riego, especialmente en el centro-norte del país.
• Evaluar carreteras hídricas que permitan llevar agua desde sectores con niveles históricos de excedencia a otros con escasez hídrica.
• Construcción de nuevos embalses, con “una evaluación ambiental integral”.
• Modernizar la Dirección General de Aguas (DGA) y la institucionalidad relativa “al recurso hídrico que permita una mejor gestión de este recurso y salvaguarde los derechos de agua, evitando la especulación, para el desarrollo ágil de inversiones en las obras hidráulicas para la generación, la agricultura, asegurando el consumo humano y el cuidado medioambiental”.
• Generar un Nuevo Código de Aguas que “refuerce el concepto de distribución proporcional del recurso en épocas de sequía”; constitución obligatoria de una Junta de Vigilancia para la cuenca u hoya hidrográfica que posea derechos de agua constituidos; consideración (dentro de la distribución proporcional del uso de los derechos de agua en épocas de sequía) de un porcentaje mínimo garantizado para el caudal ecológico y consumo humano (priorizando un monto mínimo per cápita).
• La mejora del sistema de patentes “por no uso del agua”, orientado a evitar la especulación y el acaparamiento de los derechos de agua, “pero que constituye un incentivo perverso que castiga al que no ejerce su derecho en época de sequía”.
• Generar un sistema nacional en línea de información y control de uso de agua mediante la incorporación gradual de flujómetros digitales.
• Generación de sistemas de almacenamiento de aguas lluvias del llamado invierno altiplánico, fenómeno que ocurre todos los años en el Norte del país, y “que permitiría almacenar aguas provenientes del Amazonas para uso agrícola”.
• Incentivar la explotación de aguas subterráneas “para compensar la escasez y brecha hídrica”, ya que según el programa “este recurso se encuentra actualmente subutilizado por falta de información y gestión gubernamental”.
• Fomentar la recarga artificial de acuíferos, “estrategia poco desarrollada aún en nuestro país”.
• Desincentivar la ganadería y plantación de especies de alto consumo hídrico, en las regiones/provincias con baja oferta hídrica superficial y subterránea. En compensación, se deben promover/incentivar las actividades silvoagropecuarias de especies de bajo consumo.
• Los permisos y estudios de impacto ambiental requeridos en proyectos de inversión productiva que contemplen el almacenamiento o demanda de agua “deberán simplificarse y unificarse”.
• Incorporación obligatoria de pozos de monitoreo alrededor de los puntos de extracción de aguas o salmueras, y en los acuíferos o cuerpos de aguas superficiales, posibles de ser afectados, de acuerdo al área de influencia del proyecto, incluyendo monitoreo de las recargas superficiales y subterráneas de dichos cuerpos de aguas y las áreas superficiales.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

• Crear la Ley de Responsabilidad Ambiental (incluyendo “ecointeligencia”), aplicable a personas naturales, jurídicas y gobierno; y a todas las actividades, no solo aquellas susceptibles de ingresar al SEIA.
• Racionalizar, simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios en proyectos de inversión productiva mediante la unificación de criterios/exigencias a nivel nacional, respetando siempre las características propias de cada región; despolitizar la evaluación ambiental, especialmente las instancias de la comisión de evaluación y comité de ministros, y que la Resolución de Calificación Ambiental sea otorgada por el SEA.
• Incorporar en el sistema educativo un programa nacional a nivel ministerial de fomento de la conservación de la naturaleza y dentro de los planes de estudio escolar la biodiversidad propia del país, región y localidad, destacando las especies amenazadas.
• Mejorar la dotación y la capacidad técnica del Ministerio del Medio Ambiente y organismos relacionados, en especial su gestión técnica y ambiental.
• Racionalizar, simplificar y unificar los permisos ambientales sectoriales necesarios en proyectos de inversión productiva mediante la unificación de criterios/exigencias a nivel nacional, respetando siempre las características propias de cada región.
• Despolitizar la evaluación ambiental, especialmente las instancias de la comisión de evaluación y comité de ministros, y que la Resolución de Calificación Ambiental sea otorgada por el SEA.
• Robustecer la evaluación ambiental y aumentar la predictibilidad del SEIA, mediante la constante actualización y complementación de las guías de evaluación ambiental para los distintos tipos de proyectos, aplicando el concepto de “ecointeligencias” y ampliando las áreas de influencia de los proyectos cuando sea necesario, de manera de evaluar su verdadero impacto ambiental y humano, y establecer criterios mínimos de mitigación, compensación y control de los impactos ambientales.
• Estandarizar, dentro de lo posible, las multas por daño ambiental de la SMA, según criterios conocidos, y promover la compensación, mitigación y remediación.
• Buscar sistemas de regulación, de modo tal que las compensaciones hacia las comunidades afectadas, y negociaciones fuera del SEIA, sean principalmente ambientales y no económicas.
• Promover un liderazgo positivo, mejorando el sistema de autodenuncia, disminuyendo las multas en los casos en que no haya un daño ambiental significativo o a la salud de las personas. Generación de guías para evaluación de daños significativos conforme el tipo de industria y las características del entorno.
• Evitar el uso de recursos del Estado en evaluación ambiental de proyectos que no se ejecutarán, mediante la creación de un test de viabilidad técnico- económica.

Más información del programa de José Antonio Kast aquí.

5. Franco Parisi (Partido de la Gente)

ECONOMÍA

Energía

• Potenciar el uso de energías renovables no convencionales a nivel país; incentivos a la inversión para la generación eléctrica, con énfasis en que cada región sea capaz de satisfacer su propia demanda; incentivos a la instalación de paneles solares de manera residencial; fomento de proyectos de generación undimotriz y mareomotriz.
• Preferencia por pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada, por sobre las centrales hidroeléctricas de embalse.

• Calefacción sustentable: desarrollo de proyectos de calefacción distrital, principalmente en aquellas ciudades que presentan altos índices de contaminación por el uso de leña; equipos que pueden utilizar ERNC como geotermia, aerotermia, fuentes freáticas (lagos, ríos, embalses, mar), etc.
• Fomento del uso de vehículos eléctricos: se propone crear una línea de crédito especial para taxis formales, para que opten por autos eléctricos, y que Chile deje de vender autos a combustión a partir del año 2040.

Hidrógeno verde

• Incentivo de la industria del hidrógeno verde ya que “en el futuro Chile podría dejar de depender de las importaciones de petróleo e incluso podría exportar eco combustible”.

Minería

• Identificar, evaluar y proponer valoración de los relaves mineros (pasivos ambientales) para su tratamiento industrial.
• Royalty minero y relacionados: aplicarlo sobre las ventas y establecer una escala diferenciada a aquellas que fomenten la inversión y el proceso en territorio nacional a un producto más refinado y no exportación en bruto del recurso, creación y aplicación de tecnologías que generen fuentes de trabajo

Turismo

• Impulsar crecimiento económico de los servicios turísticos compatibles con un desarrollo sostenible: crear programas públicos en apoyo a las pequeña y medianas empresas del sector para que puedan superar la estacionalidad turística provocada por la crisis de la pandemia del COVID 19, y apoyarlos en implementar acciones que vayan en el cuidado y la conservación del medio ambiente.
• Apoyar la creación de Geoparques como una estrategia de desarrollo del ecoturismo en Chile.

Sector silvoagropecuario

• Semillas transgénicas: impulso de estudios referentes a los impactos positivos como negativos del uso semillas transgénicas en territorio nacional; rescate de semillas nativas y autóctonas de nuestro territorio.
• Revisar todas las exenciones tributarias y créditos “que ya no se justifiquen”: rentas presuntas, actividades forestales, derogar artículo 14 del Decreto Ley 701 del 1974, entre otros; revisión de rentas acogidas a la explotación de bosques artificiales DS N°4363 del año 1931.

AGUA

• Agua como bien nacional de dominio público en la Constitución Chilena para la conservación de la naturaleza y los ecosistemas.
• Reforma al Código de Aguas: implementación de mecanismos “de control real” del uso de aguas; cambio en el concepto de aprovechamiento de aguas; el retorno paulatino de la propiedad a todos los chilenos, revisión de criterios para la asignación de los periodos de concesión del uso del agua con participación vinculante zonal.
• Los derechos de uso de agua no pueden ser transferibles, deben ser utilizados, en caso de no hacerlo deberán ser devueltos a la comunidad para su reasignación.
• Establecer por ley la valoración y protección de glaciares y definición de glaciares de referencia por región como uno de los indicadores de cambio climático y de otras actividades que los afecten.
• Modificación al código penal en cuanto a multas y responsabilidad penal del o los representantes legales de una empresa que presenten uso doloso de aguas y la contaminación de éstas, dando mayor atribución legal a la Dirección General de Aguas (DGA), en lo que refiere a la fiscalización, y considerando en mayor medida las cuencas andinas, lugar donde se establecen empresas como mineras.
• Incentivar el uso de producción, reciclaje, reutilización y reducción del agua a través de tecnologías como plantas de tratamiento de aguas servidas para el reciclaje de agua, plantas desalinizadoras (especialmente para las empresas mineras), uso de captador de niebla a nivel rural, canal hídrico y separación de aguas grises con aguas negras desde la fuente (hogar), sistemas acoplados CHAD, entre otros.
• Eliminar los conflictos de interés entre los fiscalizadores y las empresas prestadoras del servicio (empresas concesionadas), se deberán tener y acreditar 5 años desde su último cargo en órganos del Estado o empresas concesionadas.
• Favorecer la reutilización de aguas servidas y RILES tratados para dar un uso más eficiente, uso de agua para riego según calidad agua – cultivo.
• Mejorar canalización de agua potable, castigar severamente las pérdidas de aguas por rotura de cañerías o matriz. Separar las líneas de recolección de aguas lluvias con las de traslado de aguas servidas, y prohibición de uso de aliviaderos de tormenta.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• La implementación de un programa de Conservación y Protección de Corredores Biológicos: las subdivisiones realizadas en bosque nativo deben contar entre la documentación el plan de manejo autorizada por CONAF; capacitar a carabineros, inspectores del SAG para que ayuden a la fiscalización del cuidado de las especies nativas.
• Unidad centralizada de fiscalización remota con tecnología satelital (GIS/fotografía multiespectrales), con actualización de bases de datos GIS de forma periódica según recomendaciones de especialistas.
• Plan de reforestación: se plantarán 500.000 árboles autóctonos en las zonas macrocentro y macronorte del país y los principales parques urbanos de las principales ciudades de cada región serán mejorados.
• Estudios de impacto ambiental: para solicitar los permisos de edificación será necesario el informe de impacto ambiental generado desde una entidad imparcial certificado por el Gobierno.
• Aumentar las áreas verdes y entregarles un valor agregado: se propone el mejoramiento con especies nativas, o en su defecto, “con especies que entreguen un aporte alimenticio como los árboles de limón y naranjos”; incentivo a las comunidades a implementar en sus barrios los huertos comunitarios.

Suelos

• Impulsar la concreción de la Ley de Protección y Conservación del Suelo para promover su conservación y desarrollo sostenible y prevenir su erosión y contaminación.
• Establecer una Política Nacional con objetivos que fortalezcan “el desarrollo sostenible del suelo” que forme parte de los instrumentos de planificación ambiental y sectoriales, además de la promoción de la investigación, innovación y transferencia de la tecnología para el conocimiento de los suelos, aprovechando las competencias y capacidades de las instituciones como el Instituto Forestal (INFOR).
• Evaluar y limitar las atribuciones de los Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial que se relaciona con el uso del suelo en Chile; derogar el Artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, “que incorpora irracionalmente suelos de aptitud agrícola” al casco urbano mediante un cambio de uso de suelos.
• Promover desde las instituciones públicas ligadas el manejo sostenible de los suelos productivos mediante medidas agroecológicas que reduzcan el uso de agroquímicos en general.
• Habilitar a nivel nacional Programas de Desarrollo Rural Sostenible con Innovación Tecnológica que consideren la lucha contra la erosión y degradación y desertificación de tierras de acuerdo con sus principios fundantes.

Incendios forestales

• Desarrollar planes eficientes de prevención de incendios forestales de carácter participativos y prácticos, desarrollados por CONAF.
• Desarrollo de una aplicación tecnológica de conciencia ambiental utilizando el concepto trabajo inteligente (WORKFLOW): levantamiento de información de todas las áreas y etapas involucradas con competencia ambiental, permitiendo una mejor fiscalización en conjunto con el apoyo de laboratorios externos, los resultados en tiempo real serán analizados por la SMA “generando en tiempo real informes por regiones y de zonas críticas”.

Contaminación

• Realizar un monitoreo y fiscalización eficiente de contaminantes aéreos con el desarrollo de una aplicación tecnológica; definir lugares a lo largo de Chile para realizar un monitoreo sectorizado para la medición del CO2, periodicidad para realizar el monitoreo, entidad controladora y que fiscalice las zonas donde la emisión de CO2 supere los parámetros establecidos.
• Desarrollo de Sistema Elevado de Monitoreo con Sensores Autónomos, SEMSA para estratificar empresas y sus emisiones; individualizar factores sobre la empresa y ubicación, viento, intensidad solar, cercanía a cuerpos de agua, entre otros.
• Medidas para abordar episodios críticos de contaminación: en casos de episodios críticos de contaminación del aire, la propuesta es optar por el teletrabajo y clases a distancia en colegios y universidades. Para el caso de las actividades no esenciales, en los días de alta contaminación del aire se puede aplicar la ley transitoria del teletrabajo por dos jornadas seguidas.
• Desarrollo de un plan estratégico de manejo y retiro de residuos domiciliarios a cargo de municipalidades, que incorpore educación ambiental; énfasis en economía circular; incentivos como cursos de certificación de separación de residuos con entrega de contenedores para separación de origen; el reciclaje con aumento de puntos limpios que entreguen incentivos por cantidad de residuos reciclados (por ejemplo, cargas a la tarjeta de transporte publico u otro beneficio por volumen de materias recicladas).
• Desarrollo de plantas de tratamiento y reciclaje de residuos orgánicos a nivel zonal como también acopladas con el relleno sanitario.
• Forzar regularización de los vertederos hacia rellenos sanitarios de forma pública, concesionada o privatizada
• Implementar una figura gubernamental que se encargue de articular y gestionar políticas de reducción, reutilización, reciclaje y valoración con énfasis en la economía circular de los residuos generados en territorio nacional (similar a la gestión de agua, electricidad, etc.).
• Implementar e incentivar el reciclaje de material de construcción donde se separa el hierro del concreto, este último chancándose para utilizarlo en las nuevas mezclas cementantes.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

• Creación de un tribunal ambiental en cada región de Chile; no considerando la participación de magistrados con especialización en economía y sin formación medioambiental.
• Conferir mayores atribuciones a la Superintendencia de Medio Ambiente para la fiscalización de empresas, en lo que refiere a Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y mayor independencia para la adopción de medidas provisionales cuando la empresa dañe la salud de la población y el medio ambiente (sumario ambiental, agilizarlos).
• Aumento en la dotación de fiscalizadores de la SMA por región y/o utilización de tecnología (TICs), como medidores y sensores con monitoreo remoto y online, inteligencia artificial (IA) entre otros.
• Incorporación en la Comisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Administración y Análisis de los proyectos, junto con una participación ciudadana activa y vinculante.
• Mejorar e incentivar la gestión interministerial y de organismos públicos en la resolución de problemáticas ambientales que considera la solicitud, petición y/o denuncia de la ciudadanía a diferentes escalas territoriales
• Revisar Ley 19.300 y D40 (reglamento del SEA), como también las leyes, decretos, normas y resoluciones con competencia ambiental, que incorporen las de efectos y eventos de sinergia como de dilución a nivel de afectación de agentes externos e internos en agua, aire y suelo.
• Aumento de las multas y sanciones para delitos contra el medio ambiente, con el propósito de otorgar un cuidado especial a nuestro océano, bahías, caletas, playas, ríos, lagunas y fiordos; entregar más atribuciones a la Armada y otros organismos afines.
• Propone fusión de algunas carteras que tienen actualmente tienen distintos grados de incidencias en temas ambientales: Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el de Bienes Nacionales, y el Ministerio de Minería con el Ministerio de Energía, incluyendo traslado de estas instituciones y de empresas estatales desde Santiago hacia distintas regiones, como el traslado a Calama de la casa matriz de Codelco, el Ministerio de Minería y Energía y Sernageomin; y a Temuco en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, etc.

Más información sobre las propuestas de Franco Parisi aquí.

6. Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresistas de Chile)

Marco Enriquez Ominami

ECONOMÍA

• Menciona la reactivación “sustentable” de la economía.

Energía

• Programa de impulso a la construcción de proyectos de energías renovables, incluyendo el hidrógeno verde, sobre la base de las concesiones onerosas de bienes fiscales a la inversión privada.
• Creación del GEPCO: Gestión Sustentable del Precio de los Combustibles, con el fin de generar un sistema diferenciado de cobro de impuesto específico para los combustibles e implementar políticas impositivas verdes que incentiven el uso de energías renovables y la transición al uso de energías verdes para el transporte vehicular.

Minería

• Establecimiento de royalty por la explotación de minerales estratégicos, una Política Nacional de Cobre “orientada a promover el desarrollo nacional, que defina los parámetros claves de una estrategia de producción, planes de inversión, relación con las comunidades, respeto del medio ambiente y los recursos naturales del entorno”.
• Derogación del actual Código Minero y su substitución por una nueva Ley Minera de la República, resultado de un proceso amplio de deliberación ciudadana.

Sector silvoagropecuario

• Soberanía Alimentaria y Biodiversidad: desarrollar planes adecuados y tecnificados de riego para la pequeña propiedad campesina, que atiendan a la escasez creciente del recurso agua; proteger las semillas tradicionales y de buena calidad de la agricultura campesina; controlar la producción y distribución de semillas híbridas y prohibir el cultivo de semillas transgénicas.
• Fomentar que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y las universidades del Estado realicen investigación orientada a la recuperación y desarrollo de variedades nativas chilenas y patentarlas como patrimonio nacional.
• Revisar el acuerdo UPOV 91 (de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) sobre obtentores vegetales y cómo afecta a la pequeña agricultura.
• Definir una moratoria por diez años, hasta que el Estado posea más información técnica y científica sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y el impacto de la agricultura transgénica.
• Establecer un Registro Nacional de variedades, semillas y otros, para evitar que las trans- nacionales registren semillas nacionales.
• Eliminar el uso de pesticidas 1A y 1B. El Estado debe crear un plan de transición para que Chile deje de usar estos pesticidas altamente tóxicos.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• Compromiso con el desarrollo sustentable y desarrollar con urgencia medidas que se orienten al crecimiento sustentable en términos ambientales y la preservación de la biodiversidad:
• Promulgar una nueva Ley de Bosque Nativo: propone cambiar la ley para promover el manejo sustentable de los bosques nativos, para mejorar la gobernanza, diferenciación entre los medianos o grandes propietarios y los pequeños propietarios, etc.; integrar al bosque nativo como subsector productivo y con un modelo de manejo distinto al de las plantaciones.
• Garantizar la protección de los humedales: alude a la generación de una nueva Ley de Humedales luego de señalar que “la Ley de Humedales Urbanos aún es insuficiente”.

AGUA

• El agua como bien común: reconocimiento constitucional del derecho humano esencial al agua, considerando la protección de la cantidad y calidad para el consumo y modo de obtención y vías de acceso al agua.
• Favorecer la coordinación de las unidades interministeriales que existen en materia de aguas, a través de la creación de una Agencia Nacional de Agua Autónoma, mediante el re- diseño y fortalecimiento de la Dirección General de Aguas y a través de su desvinculación del Ministerio de Obras Públicas.
• Institucionalizar el manejo de cuencas hidrográficas, en un proceso integrado por la ciudadanía, ONG, usuarios, gobiernos locales y regionales, quienes elaborarán los planes de gestión y conservación del agua nivel de hoya hidrográfica.
• Establecer el estándar territorial de uso y conservación del agua en cantidad y en calidad, y su presupuesto además de mecanismos esenciales para su adecuada gestión.
• Cautelar la conservación del recurso hídrico y proteger su calidad a través de una reforma al Código de Aguas y mediante el marco regulatorio socioambiental, la evaluación ambiental estratégica a nivel territorial, normas de calidad ambiental y normas de emisión.
• Regular el mercado a través de la aplicación de un impuesto al uso económico del agua, con resguardo de los usos tradicionales.

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA

• Suscripción inmediata del Acuerdo de Escazú
• Rechazo a la firma y ratificación del TPP–11, aunque por motivos de salud.
• incluir el Derecho a la Ciencia en la nueva Constitución y desarrollo de una Política de Ciencia con sentido de descentralización.

Más información sobre las propuestas de Marco Enríquez-Ominami aquí

7. Eduardo Artés (Partido Unión Patriótica)

ECONOMÍA

• Se (re)nacionalizarán y estatizarán aquellas empresas que explotan o distribuyen las fuentes de materias primas de interés estratégico para el país, en el mar, la tierra, los bosques y aguas y en la cordillera; se ejercerá una efectiva soberanía sobre el espacio aéreo chileno.
• Explotación de las fuentes de materias primas “en consonancia con la naturaleza”: se estudiarán formas de explotación “en creciente equilibrio con los ciclos naturales de nuestro medio ambiente” y la factibilidad de crear un organismo a cargo del estudio y recopilación de experiencias en otros países, de evaluar los costos y beneficios atingentes a este tema.
• A industrializar Chile: creación de una instancia de diálogos y cooperación de todos los sectores científicos, productivos, académicos, sindicales y empresariales, destinado a la elaboración de una planificación económica multisectorial, estableciendo metas y objetivos estratégicos nacionales.
• Un nuevo modelo de “desarrollo sustentable”: sustitución del actual modelo de explotación de la naturaleza, basado en la maximización de la ganancia de los dueños del gran capital, por uno que asiente en el bienestar social y en el equilibrio del ecosistema su modo de operar.

Energía

• Reorientación de la producción de energía: rol primordial de las energías renovables en la estructura de la generación de energía del país; y estudio de la factibilidad del desarrollo nuclear en Chile.

Sector silvoagropecuario

• La tierra será propiedad del Estado; no puede ser comercializada
• Seguridad alimentaria: se considera indispensable que la gran propiedad de la tierra y sus activos pasen bajo control del Estado. La producción alimentaria (agropecuaria y pesquera) estará primeramente orientada a producir alimentos para la población nacional.
• Programa nacional de protección y de fomento de las MIPYME y de la pequeña propiedad del campo.

MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

• Programa de restauración y protección de la biodiversidad nacional, cuidándola como patrimonio común esencial para los pueblos, y tendremos una política veterinaria pública y nacional, poniendo gran énfasis en la tenencia responsable y la tolerancia cero al maltrato animal.

Más información sobre las propuestas de Eduardo Artés aquí y aquí.