La triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú ya es la zona fronteriza más conflictiva de la cuenca amazónica

Los límites amazónicos entre Colombia, Ecuador y Perú se han convertido “en la zona fronteriza más conflictiva de la cuenca amazónica”, de acuerdo con el informe “En las sombras del Estado: economías ilícitas y control armado en la trifrontera de Colombia, Ecuador y Perú”, de la alianza investigativa Amazon Underworld y la organización no gubernamental Amazon Watch.

“Históricamente, Amazon Watch ha trabajado temas de petróleo y minería, pero desde hace unos cinco años, los pueblos indígenas nos han dicho que el tema de fondo es el crimen organizado, los actores armados en el territorio y el aumento de la violencia”, dijo a Mongabay Latam Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía occidental de Amazon Watch.

El documento, presentado el 20 de agosto en Bogotá, Colombia, señala que la triple frontera se ha transformado “en un importante centro de actividad criminal transnacional”. Allí, disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y organizaciones criminales ecuatorianas compiten violentamente por el control de la producción de cocaína y la minería metálica ilegal. El abandono estatal histórico de la región amazónica y el alto precio del oro –sobre los 3000 dólares la onza– exacerban la situación.

Estas actividades ilícitas implican la deforestación de miles de hectáreas de bosque amazónico y la contaminación con metales pesados de ecosistemas acuáticos y terrestres. Se hacen a costa de la Amazonía, una región crucial para la mitigación de los efectos del calentamiento global, por su rol como regulador climático y sumidero de gases de efecto invernadero.

Para Hoetmer, los actores criminales están instalando una lógica de poder basada en la violencia y en la explotación de la naturaleza. Además, erosionan la gobernanza de los pueblos indígenas, que en consecuencia “socava su papel crítico como guardianes del bosque”, se lee en el informe. Asimismo, se detalla en el documento, los actores armados sustituyen el rol de los Estados. De esta manera se facilita la entrada de las economías ilícitas.

“Uno de los grandes llamados de esta investigación es que si no actuamos ahora, la Amazonía y los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos están amenazados y en riesgo de extinción”, alertó Sofía Jarrín, asesora de defensa de la Amazonía Occidental de Amazon Watch, en la presentación del informe.

Bram Ebus, fundador de Amazon Underworld, puntualizó que las estrategias gubernamentales deben tomar en cuenta que las comunidades indígenas están siendo instrumentalizadas por los actores ilegales. Para enfrentar esta problemática, añadió, hay que ir detrás de los flujos de dinero y de los autores intelectuales.

Estados que favorecen la ilegalidad

El informe resalta el poder que han ganado los Comandos de la Frontera (CDF), un grupo que no se considera disidencia de las FARC. Los investigadores explican que se han distanciado de la ideología marxista-leninista para enfocarse en una agenda criminal-corporativa. Los CDF estarían operando en gran parte de la frontera que Colombia comparte con Ecuador y Perú, en el noreste de Ecuador y en un amplio territorio de la frontera norte de Perú.

Líderes de este grupo aseguraron que tienen fines políticos y militares, no obstante, hay bastante evidencia que muestra las violaciones a los derechos humanos en contra de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. En un documental de Amazon Underworld lanzado al mismo tiempo que el informe, Armando Novoa, negociador de paz delegado del gobierno colombiano, incluso habla de “un sistema de esclavismo” en la construcción de carreteras que son usadas con fines criminales.

Esta no sería la única organización criminal en esos territorios. En el departamento colombiano de Putumayo estarían operando dos disidencias, el Estado Mayor Central (EMC) –que será declarado “terrorista”, según un reciente anuncio de Gustavo Petro– y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Mientras tanto, en el noreste de Ecuador, Los Lobos y Los Choneros se estarían disputando el territorio.

En el informe, los autores argumentan la responsabilidad de Colombia en el incremento de la actividad criminal en la región. Tras la firma del acuerdo de paz en 2016, que tenía el objetivo de desmovilizar a los grupos guerrilleros, los fracasos en los esfuerzos de implementación fragmentaron inadvertidamente el poder armado y permitieron la expansión de las disidencias hacia Ecuador y Perú. A esto se suma la debilitada presencia estatal de los tres países, que en el caso de Colombia no reemplazó el vacío de gobernanza que dejó las FARC.

No solo las fronteras porosas facilitaron el fortalecimiento de estas estructuras criminales, sino también marcos legales que favorecen las actividades ilícitas, principalmente en Perú, de acuerdo con Hoetmer. La investigación señala que en ese país se están haciendo reformas legislativas que desmantelan las herramientas para investigar y sancionar al crimen organizado.

El enfoque militarista del gobierno de Daniel Noboa tampoco sería la respuesta. “Estas recetas han fracasado en Colombia y han llevado a más violencia y violaciones de los derechos humanos”, dijo el experto en conversación con Mongabay Latam. Las consecuencias ya se han visto en el país. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado alegaciones de desapariciones forzadas, violencia e incluso tortura durante operaciones de seguridad.

Violencia, desplazamiento y reclutamiento forzado

Al menos 20 pueblos indígenas habitan en el área de estudio, de acuerdo con Jarrín. Allí, los grupos criminales reclutan a menores a la fuerza, monitorean comunicaciones, cooptan autoridades tradicionales y llevan a cabo “campañas de limpieza social”, que implican la expulsión violenta y el asesinato de personas sin hogar o miembros de la comunidad LGBTQ+.

Los grupos criminales también imponen toques de queda, que usualmente rigen desde las 18 horas hasta el amanecer. Este tipo de imposiciones restringen aspectos esenciales de las culturas indígenas. “La noche es muy importante para nosotros. Es cuando vamos a pescar o realizamos ceremonias que nos permiten armonizar la comunidad”, dijo un líder indígena anónimo a los investigadores.

La violencia contra las comunidades es una herramienta de control de los territorios y sus habitantes. La sospecha de comunicación o transacciones económicas con grupos rivales puede desencadenar amenazas o asesinatos. “Mientras un líder no tenga inclinaciones políticas o se alinee con algún grupo enemigo, es un líder para nosotros. Pero si muestran sesgo político o afinidad, dejan de serlo”, justificó Luis Figueroa Marín, conocido como ‘Popeye’, el negociador jefe de los CDF a los investigadores.

El departamento de Putumayo, donde hay más de 50 000 hectáreas de cultivos de coca, es un claro ejemplo de esa violencia. Desde 2020 se han registrado 24 masacres y, en 2024, la tasa de homicidios fue de 47 por cada 100 000 habitantes. Además, 12 líderes sociales fueron asesinados entre 2023 y 2024. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes.

Ese mismo departamento ocupó el segundo lugar en casos reportados de menores reclutados forzosamente en 2024. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha documentado casos de menores asesinados en combate o por desertar, como el de cuatro niños y adolescentes del pueblo Murui. También se han registrado casos de violencia sexual a niñas indígenas.

Por todos esos motivos, la Corte Constitucional colombiana ha declarado el riesgo de desaparición física y cultural de al menos 11 de los 15 pueblos indígenas que habitan en el departamento de Putumayo.

El informe revela que miembros de los CDF presionan a las autoridades indígenas para que les permitan declararse falsamente indígenas. De esta manera, evaden el procesamiento según la Justicia ordinaria del Estado, ya que la Constitución de 1991 reconoce que los indígenas pueden cumplir sentencias dentro de sus propias comunidades y bajo sus leyes consuetudinarias.

En Ecuador, las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana han visto un drástico aumento de asesinatos. Los Lobos y los CDF reclutan niños desde los 10 años para microtráfico, vigilancia, sicariato y explotación sexual. Los investigadores también encontraron el caso de un líder shuar que fue víctima de ocho disparos por vecinos de la misma comunidad relacionados con Los Lobos.

Deforestación y contaminación

Uno de los mayores impactos ambientales es la deforestación para la extracción ilegal de oro, el cultivo de coca y la ganadería ilegal. En Colombia, en el Parque Nacional La Paya, 8759 hectáreas de bosque han sido talados entre 2013 y 2023 para dar paso a la ganadería ilegal y los cultivos de coca. El daño a la selva amazónica se ha incrementado con la construcción de 20 kilómetros de carretas ilegales.

Los investigadores resaltan que si bien los CDF anuncian la restricción a actividades que dañan el ambiente, como la cacería, permiten la deforestación para el cultivo de coca. Esto da vía libre al comercio ilegal de madera, que genera miles de dólares mensuales para el grupo armado.

En Ecuador, entre 2019 y 2024, 1422 hectáreas han sido afectadas por la minería ilícita en la zona del Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, de acuerdo con el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina de la organización Amazon Conservation.

La minería ilegal y la consecuente contaminación de los ríos y la tierra con contaminantes como el mercurio es otro preocupante impacto de la criminalidad. “Uno de los negocios más lucrativos es el oro”, dijo Jarrín. “Esto genera la contaminación por mercurio, que está envenenando los ríos de la Amazonía”, añadió.

Los autores citaron un estudio a lo largo del río Nanay, en Perú, que reveló que el 79 % de los residentes tienen concentraciones de mercurio en su cabello que superan el umbral de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Ecuador, la Federación Indígena de Napo (FOIN) documentó altos niveles de mercurio en el agua, los peces y el cabello de las personas, mencionan en el informe. Las altas concentraciones de metales pesados en seres humanos pueden conllevar al desarrollo de enfermedades cancerígenas y no cancerígenas.

Las áreas protegidas y los parques nacionales, que resguardan la biodiversidad y ecosistemas que capturan los gases de efecto invernadero, también se han convertido en “zonas ingobernables”, de acuerdo al informe. Los grupos criminales usan estas áreas para sus actividades ilícitas, restringiendo las acciones de conservación de los guardaparques. La investigación encontró que la Reserva Biológica Colonso Chalupas, en Napo, Ecuador, es la más afectada por la minería ilegal.

Un llamado a la cooperación internacional

El informe, en el que también participaron los medios La Liga Contra el Silencio, de Colombia; La Barra Espaciadora, de Ecuador; y Al Margen, de Perú, concluye con recomendaciones de política pública. Se resalta la necesidad de que los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú armonicen los marcos legales y trabajen a escala regional, con una estrategia integral basada en la justicia, la sostenibilidad y el respeto por los derechos de las poblaciones locales.

Poco antes de la conclusión del informe, señalan los investigadores, “las Fuerzas Militares de Colombia, Perú y Ecuador anunciaron acuerdos estratégicos para la acción conjunta para fortalecer el control en la triple frontera amazónica”. Y añadieron: “El éxito de este paso positivo dependerá del respaldo político, el financiamiento adecuado y el enfoque de esta estrategia conjunta”.

Hoetmer le dijo a Mongabay Latam que es urgente que los gobiernos y la comunidad internacional entiendan que las economías criminales están desmantelando la forma de gobernanza de los pueblos. “Esta gobernanza es fundamental para cualquier estrategia de contención del crimen”, explicó.

El especialista opina que la problemática no se puede abordar solamente a través de la intervención de las fuerzas del orden, sino también fortaleciendo la gobernanza comunitaria y las alternativas económicas lícitas. Además, añadió que las negociaciones de paz con los Comandos de la Frontera deben apuntar a que se fortalezcan los derechos y la participación de la población.

Por último, destacó que hace falta fortalecer a los actores que persiguen los delitos ambientales y el crimen organizado, como las fiscalías.

Jarrín ve la contención de la expansión del crimen organizado y de la violencia como una carrera contra el tiempo, en la que la respuesta de los Estados siempre es “tardía”. Sin embargo, Hoetmer dice que con este reporte buscan aportar con información desde los territorios para que los líderes regionales tomen decisiones informadas en espacios como la V Cumbre de Presidentes de los Países Amazónicos, que finalizó el 22 de agosto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, que se celebrará en septiembre próximo en Brasil, o en el XV Congreso sobre el Crimen que se llevará a cabo en 2026 en Abu Dhabi.