La protección de la biodiversidad ya no puede esperar

El año pasado, el último informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) señalaba: “la salud de la diversidad biológica constituye la infraestructura fundamental que sostiene todas las formas de vida que existen en el planeta, incluida la vida humana”. Nunca, hasta ahora, esta frase nos hizo tanto sentido. Y es que la pandemia del COVID-19 nos muestra de la peor forma posible que la afectación de la biodiversidad no es solo un problema ambiental.

Desde hace décadas la ciencia viene advirtiendo que la fragmentación de ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad aumentan los riesgos para la salud no solo de la vida silvestre, sino también para la de los humanos. El mismo IPBES advertía que “las enfermedades zoonóticas, como el COVID-19, son una amenaza importante para la salud humana”, y es que la pérdida de la biodiversidad aumenta la probabilidad de que se generen pandemias a través de patógenos emergentes como la que experimentamos en la actualidad. De una biodiversidad sana depende la disponibilidad de agua en las cuencas, la producción de alimentos, la purificación del aire y el agua, la fertilidad de los suelos, la polinización de plantas, la descomposición de residuos, y algo clave en estos momentos: el mantenimiento de los microorganismos como los virus bajo control.

En definitiva, nuestro bienestar depende de los servicios ecosistémicos de los cuales la biodiversidad es su base. A pesar de ello, el mundo sigue viendo la destrucción sin precedentes de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad producto de las actividades humanas. El problema es de tal magnitud, que la tasa de extinción actual es 1.000 veces superior a la natural, y la tasa futura podría ser de 10.000 veces. Un millón de especies de animales y plantas están en peligro de desaparecer en las próximas décadas, en un planeta en que el 75% de su superficie terrestre se encuentra alterada significativamente, el 66% de la superficie oceánica está sufriendo impactos acumulados y más del 85% de los humedales (en términos de superficie) se ha perdido.

Lamentablemente, los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para salvaguardar la biodiversidad en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) – del cual Chile es parte -, plasmados en el Plan Estratégico 2011- 2020 y las Metas Aichi, han estado lejos de alcanzar sus objetivos, y definitivamente han sido insuficientes para detener esta severa crisis. Luego de una década de implementación seguimos simplificando ecosistemas expandiendo sin control las ciudades, los cultivos agrícolas, eliminando especies y reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, aumentando considerablemente los riesgos.

Justamente, este 2020 debiera ser un año clave para el futuro de la biodiversidad, ya que se espera la realización de la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) del CDB, donde los gobiernos de 196 países deberán adoptar el Marco Global de Biodiversidad Post 2020, en el que se establecerá una ruta de desarrollo socio-ecológico para salvaguardar a la naturaleza y sus contribuciones al bienestar humano durante los próximos 10 años.

En el año de la revisión de las metas planetarias en materia de biodiversidad, el coronavirus nos obliga a tomar en serio este nuevo desafío. En ese contexto, las áreas protegidas han sido un pilar fundamental para el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco de la CDB, y de seguro lo serán para el Marco Post 2020. Sin embargo, pese a que en la actualidad las áreas protegidas a nivel global cubren el 15% de los entornos terrestres y de agua dulce y el 7% de los mares, solo abarcan parcialmente lugares importantes para la diversidad biológica y todavía no son ecológicamente representativos ni están gestionados de manera equitativa o eficaz.

Para nuestro pesar, Chile no escapa de esta realidad y, a pesar de que en los últimos años ha tenido enormes avances en términos cuantitativos respecto a la superficie protegida –terrestre y marina-costera-, esto no se ve reflejado en términos “cualitativos” de representatividad y conectividad ecológica, existiendo ecosistemas completos en peligro principalmente en la zona mediterránea.

Así, un 70% de los 125 pisos vegetacionales identificados en el territorio nacional presenta menos del 17% de su superficie remanente bajo alguna categoría de protección. De ese porcentaje -correspondiente a 86 pisos de vegetación-, 34 presentan menos de un 1% de su superficie actual protegida y 11 de ellos no tienen protección, siendo principalmente las formaciones vegetacionales de la ecorregión mediterránea las que exhiben menor protección y mayor amenaza producto de los cambios de uso del suelo para la agricultura, la industria forestal, el desarrollo inmobiliario – entre otros -, los que han generado una grave fragmentación y degradación afectando a la biodiversidad y diversas funciones ecosistémicas. Todo ello, a pesar de ser biológicamente uno de los ecosistemas más ricos del país y del contexto de avance de la desertificación y sequía que aqueja a la zona central.

De este modo, es urgente que se incremente la superficie protegida en todas las regiones del país, pero de manera prioritaria en aquellas con coberturas más deficitarias, con procesos de fragmentación más intensos y con mayor riqueza y endemismo de especies, como son las de los ecosistemas  mediterráneos. Pero sin duda uno de los desafíos más importantes para la conservación de la biodiversidad consiste en detener y revertir la fragmentación de los ambientes naturales y su consiguiente pérdida de conectividad, es decir, asumir que la conservación es relevante como un mecanismo de defensa para la especie humana.

Para ello, es necesario avanzar en mayores regulaciones en el uso del suelo, incentivar la recuperación y restauración de ecosistemas degradados para aumentar la conectividad del paisaje, la conservación de los suelos y el mantenimiento de los flujos hídricos, así como también establecer regulaciones fuertes que prohíban ciertas actividades que pueden resultar dañinas para el mantenimiento, restauración y/o recuperación de ecosistemas.

En este sentido, en materia de protección de la biodiversidad nuestro país presenta aun enormes desafíos, sobre todo considerando que el borrador que se está trabajando para Marco Global de Biodiversidad Post 2020 propone proteger al 2030 como mínimo un 30% las zonas terrestres y marinas, llamando a cambios transformadores y a tomar medidas urgentes para detener la pérdida de biodiversidad.

La superación de la crisis de la biodiversidad, así como de la desatada por el COVID-19, requiere que los tomadores de decisiones y la sociedad en general comprendan la inalienable relación entre la salud de la naturaleza y el bienestar humano, y que, si seguimos eludiendo aquello, vendrán otras crisis humanitarias para los próximos años, derivadas de un nuevo virus, la falta de agua, alimentos, entre otras posibles causas. En definitiva, la protección de la biodiversidad ya no puede esperar.

*El contenido de esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la postura de Ladera Sur.