Fondo Verde del Clima: una esperanzadora medida para enfrentar el cambio climático

El cambio climático es real y sus efectos ya llegaron para quedarse. Los países del mundo ya han decidido que es necesario actuar coordinados para salir del lío, pero más allá de intenciones, es poco lo que se ha avanzado.

Algo que podría dar resultados, dentro de esta loca carrera mundial de sobrevivencia, es el Fondo Verde para el Clima (FVC), principal mecanismo financiero de la Convención Marco para las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Pongo mis esperanzas en este mecanismo, porque se trata de una instancia novedosa y con la capacidad de movilizar grandes cantidades de recursos, desde los países ricos a los países en desarrollo. Con sus recursos, los países que son más vulnerables y que tienen menos capacidad financiera podrán implementar acciones de mitigación y adaptación, para hacer frente al cambio climático.

El FVC se gestó en la Conferencia de las Partes (COP) número 15, celebrada en Copenhague, en 2009. Hoy ya cuenta con varias de las políticas que lo guiarán en pie y desde noviembre de 2015, durante su 11^va reunión, empezó a aprobar los primeros proyectos y programas que serán financiados con sus fondos. Para finales del 2016, 35 proyectos y programas fueron sido aprobados, de los cuales siete serán implementados en Latinoamérica y el Caribe.

Para entender el fondo, desmenuzamos a sus diferentes actores

Para entender cómo funciona el FVC hay que saber que se trata de un mecanismo complejo en el que interactúan diversos actores. Los actores más relevantes son los siguientes:

• Junta Directiva (JD): es el órgano encargado de gobernar y supervisar al Fondo. Está conformado por 24 miembros, 12 representantes de los países desarrollados y 12 representantes de los países en vías de desarrollo. Esto quiere decir que hay equivalencia en el peso de decisión que tienen ambos tipos de países. La Junta tiene dos Co-Presidentes, uno representando a los países desarrollados y el otro a los países en desarrollo.
• Secretaría Independiente: a cargo de implementar las decisiones de la Junta y llevar a cabo las operaciones administrativas del Fondo, entre otras tareas.
• Autoridades Nacionales Designadas y Puntos Focales: cada país receptor de recursos debe designar una autoridad nacional designada (AND) o punto focal (PF) que hace de vínculo entre el Fondo y el país. Entre otras cosas, la AND o PF está a cargo de entregar la “carta de no-objeción”, que garantiza que los proyectos propuestos para ser financiados estén en línea con los intereses y prioridades del país.
• Entidades acreditadas (EA): son las instituciones que canalizan los fondos desde el FVC a los países beneficiarios. Las EA pueden ser entidades nacionales, regionales o internacionales. Estas son las que presentan las propuestas de proyectos y programas a ser financiados. Hoy ya existen 48 EA y 195 más están en proceso de ser aprobadas.
• Actores no gubernamentales: La calidad de observador del FVC se obtiene mediante una acreditación ante el Fondo. En las reuniones de la Junta solo pueden participar los denominados “observadores activos de la sociedad civil”, que son dos representantes de la sociedad civil y dos representantes del sector privado (en ambos casos, dos de países desarrollados y dos de países en desarrollo). Estas cuatro personas son las únicas que pueden entrar a la sala donde se desarrollan las reuniones, pero no tienen derecho a voto. El derecho a voz lo pueden ejercer siempre que lo permitan los Co-Presidentes de la Junta. El resto de los observadores acreditados por el Fondo, llamados “observadores generales”, pueden seguir las reuniones de la Junta desde una sala contigua donde se transmiten las reuniones en vivo.

Cómo funciona en la práctica y cómo trabajamos nosotros

En la práctica, el fondo se va construyendo durante las reuniones de su Junta Directiva. Éstas se celebran cada 3 meses, por lo general en su cede ubicada en Songdo, Corea, y algunas veces en otros países que ofrecen ser anfitriones. Durante tres días los 24 miembros, sus alternos y consejeros, se reúnen para discutir y tomar decisiones de forma consensuada.

Tuve la fortuna de participar como observadora de la sociedad civil durante la 14^va reunión de la Junta, celebrada en Songdo Corea, el pasado octubre. Fue una experiencia única que me permitió ver en terreno cómo funciona realmente este complejo mecanismo internacional, y sobre todo, cómo es que la sociedad civil hace su aporte, contra viento y marea.

Digo contra viento y marea, porque una de las cosas que más llamó mi atención es lo difícil que se le hace a la sociedad civil hacer su valioso aporte. Para empezar, los representantes de la sociedad civil deben costearse sus pasajes y su estadía para atender las reuniones de la Junta. Para los Latinoamericanos esto bordea lo imposible, considerando lo que cuesta volar al extremo oriente del mapa. Esto explica también la poca participación latina que puede verse en las reuniones.

Como se explicó antes, la sociedad civil goza apenas de un derecho a voz, que pueden ejercer solo los dos observadores activos que se encuentran adentro de la sala, y solo si los Co-Presidentes lo autorizan. En la práctica, la intervención de la sociedad civil siempre queda para el final de la discusión y cuando el tiempo escasea (cosa que es común) ni siquiera se otorga. Lo frustrante es que los que están ahí, haciendo seguimiento al Fondo, se dedican y esfuerzan para hacer buenos aportes, respecto de las políticas que se van aprobando y que dan forma al Fondo, respecto de las propuestas de financiamiento, y respecto de las entidades que buscan acreditación. Por ejemplo, la sociedad civil estudia cada uno de los proyectos y programas propuestos, y se comunica con las comunidades potencialmente afectadas o beneficiadas por éstos, para poder llegar a entender lo que implican más allá de lo que aparece en el papel. Las intervenciones respecto de todos estos temas se preparan en equipo, se discuten y perfeccionan, dividiendo tareas y muchas veces sin dormir, ya que los temas son complejos y cuantiosos.

Además, la sociedad civil llega a cabo un trabajo de hormiga que se hace “tras bambalinas”, en los espacios de pausas de café, almuerzos, y en los pasillos. De a poco va entregando a los que sí tienen poder de decidir (miembros de la Junta y consejeros), sus ideas, aprensiones y sugerencias, y de a poco se van viendo resultados.

El FVC es un fondo esperanzador, porque sus lineamientos están correctamente puestos: busca promover un cambio transformacional y paradigmático, tiene la transparencia como uno de sus principios básicos, las decisiones las toman los países desarrollados y en vías de desarrollo con igual peso, espera que los proyectos y programas que financia sean guiados por los países que los reciben, y tiene el deber de actuar con un enfoque de género. Pero tiene también sus problemas y carencias, y a ratos parece desviarse de su fin último que es promover el cambio que necesitamos.

Respecto a esto último es que la participación de la sociedad civil es crucial. La sociedad civil no responde a ningún gobierno, partido, o color, sino que vela por la protección del medio ambiente, de los derechos humanos y por la correcta participación e inclusión de las personas que están en el terreno y que viven con el cambio climático. Poder participar presencialmente en las reuniones de la Junta cada tres meses es absolutamente necesario si queremos seguir avanzando en la influencia que hemos logrado y si queremos que las voces de los que están en terreno sigan siendo escuchadas.

En un mundo ideal, el mismo Fondo pagaría al menos por los costos de los observadores activos de los países en vías de desarrollo, tal como apoya a los miembros de la Junta que provienen de los países más pobres. Además permitiría una participación mucho más activa de la sociedad civil, facilitando su influencia. En ese mundo ideal, el Fondo estaría dando la debida apreciación al trabajo tremendamente valioso que día a día avanza la sociedad civil para que el Fondo llegue a ser todo lo que espera ser.

Los siguientes proyectos y programas han sido aprobados para implementarse en Latinoamérica y el Caribe con apoyo del FVC:

• Construyendo la Resiliencia de los Humedales en la Provincia Datem del Marañón, en Perú
• Bonos Verdes de Eficiencia Energética, en Latinoamérica y el Caribe
• Seguros de ahorros energéticos para las pequeñas y medianas empresas, en El Salvador
• Energía solar en el desierto de Atacama, en Chile
• Fondo para energía sostenible, en el este del Caribe
• Fomento a instrumentos financieros y de planificación de uso de tierra para reducir emisiones de la deforestación, en Ecuador
• Catalizando la inversión privada en energía renovable, en Argentina