ESPECIAL MINERÍA #NaturalezaAcorralada | Choquelimpie: la minera en Chile que busca reactivarse en plena Reserva Nacional Las Vicuñas

Esta publicación forma parte del Especial #NaturalezaAcorralada en alianza con Mongabay Latam

Llegar hasta Putre impresiona a cualquiera por la majestuosidad de los volcanes que resguardan a esta localidad situada a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. A pesar del terreno escarpado, la biodiversidad allí se apodera del paisaje montañoso y como un documental de Netflix nos regala postales del prístino altiplano andino, que encandila a sus habitantes y a quienes lo visitan. 

Todo parece perfecto, pero a solo 55 kilómetros, al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, se encuentra la mina Choquelimpie, perteneciente a Norsemont Mining, empresa canadiense que cuenta con una participación del 100% en este yacimiento de oro y plata, a través de la Sociedad Contractual Minera Vilacollo (SCM Vilacollo). En 2020, Norsemont Mining compró al holding industrial Copec este proyecto minero por $3,3 millones de dólares que -tal como anuncia en su página web- promete ser “una oportunidad de oro renacida”. 

Choquelimpie llegó a ser “el tercer productor de oro más grande de Chile con más de 1.700 perforaciones”, y aunque la propiedad ha sido “poco explorada”, según indica su página institucional, “podría crecer exponencialmente”, precisa. Eso lo saben los habitantes de Putre, de Belén, Guallatire y de otras zonas altiplánicas, quienes llegan atraídos por los puestos de trabajo que ésta ofrece.

Desde que la mina dejó de operar en 1991, ha pasado por distintos dueños nacionales e internacionales que han realizado exploraciones para saber cuánto mineral hay y dónde, pero por más de 30 años no ha logrado concretar labores de explotación. Norsemont Mining volverá a intentarlo.

En marzo de 2021, la minera canadiense anunció que las operaciones de exploración ya estaban en marcha con la implementación de protocolos sanitarios por el COVID-19 y que habían concretado reuniones con líderes de comunidades indígenas locales, estableciendo “acuerdos de acceso”.

Sin embargo, al consultar a diversas comunidades en Putre y en otras comunas aledañas, nadie sabe de dicho acuerdo, es más, se extrañan de la información que el equipo de periodistas de Mongabay Latam y Ladera Sur comparten con ellos. “Si así fuera, sería gravísimo”, advierte Rosa Jiménez Mamani, artesana de la Agrupación Suma Sawiri de Guallatire, quien asegura no haber tenido ninguna reunión con la empresa ni saber de nadie de las comunidades que lo hayan hecho.

Lo  mismo plantea Richard Fernández, representante de la Coordinadora Aymara de Defensa de Recursos Naturales, quien desde hace varios años ha denunciado las acciones fuera de los márgenes de la ley que realizan las mineras en la región.

Este reportaje es parte de la investigación #NaturalezaAcorralada  en el que Mongabay Latam junto con Ladera Sur mapearon los proyectos mineros que se encuentran al interior y alrededores de parques y reservas en Chile. 

PERFORACIONES EN TERRENO

La minera Choquelimpie se encuentra dentro de los límites de la Reserva Nacional Las Vicuñas, un área protegida creada en 1983 que comprende una superficie de 209 131 hectáreas ubicadas en las altas cumbres del cordón occidental de Los Andes que separa la precordillera del altiplano. Dicha área, a su vez, forma parte de la Reserva de la Biósfera Lauca.

Hace unos meses, Norsemont anunció que estaba empezando un “estudio geofísico” y que, a pesar de las condiciones desafiantes debido al Covid-19, había logrado un progreso significativo hacia un programa de perforación en Choquelimpie. Fue el propio director ejecutivo de Norsemont, Marc Levy, quien el 1 de junio dijo que «nuestro equipo está en el terreno haciendo un progreso sólido y generando impulso para nuestro programa de perforación anticipado”. De hecho, fueron tomadas casi 10 000 muestras en la propiedad para identificar las diferentes zonas mineralizadas y el 22 de noviembre de 2021 anunciaron que la operación diamantina de de 4000 metros de profundidad, ya estaba en marcha con dos equipos de perforación girando .

A través de su filial chilena SCM Vilacollo, Norsemont contrató los servicios de perforación de Wolf Drilling de La Serena. De acuerdo al mapeo de campo, la zona de minerales se ubicaría  entre los pozos históricamente explotados y también en áreas donde no existía ninguna información.

La actividad minera en Choquelimpie es tema de preocupación entre las comunidades indígenas. Para ellas, el proyecto de Norsemont debería, al menos, ser evaluado ambientalmente para obtener un nuevo permiso ambiental o Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que es el término utilizado en Chile. Sin embargo, de acuerdo a una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, fechada el 24 de junio de 2021, Choquelimpie no necesitaría de una nueva RCA ni tampoco ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que “las labores a desarrollar son mínimamente invasivas, correspondiente sólo a la toma de muestras para su análisis mineralógico”. Y como el proyecto no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto original, no tendría problema.

Si bien las labores mineras se desarrollan y encuentran dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, estas acciones se despliegan “en un sector previamente intervenido y en un sector de ripios ya procesados”, agrega la resolución ambiental. Por lo tanto, la minera tiene la pista institucional completamente despejada para progresar en su proyecto que, a juicio de los ambientalistas, debiera detenerse por estar dentro del área protegida. “La Reserva Nacional las Vicuñas fue creada con fines de conservación del patrimonio natural y no con fines mineros, por lo que Choquelimpie debiera detener sus actividades”, advirtió a Mongabay Latam la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona.

Por ahora, los sondajes o trabajos de exploración dentro de la reserva se están realizando con un permiso que obtuvo la SCM Vilacollo en 2007, cuando era de propiedad de COPEC, mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Por ley, sin embargo, los proyectos que se realicen al interior de áreas protegidas deben ser evaluados mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una DIA. La diferencia entre ambas figuras es que esta última evaluación es más laxa, aseguran los expertos, y una de las consecuencias más importantes es que no tiene participación ciudadana obligatoria. Que SCM Vilacollo -hoy propiedad de Norsemont- continúe operando al interior de la reserva mediante una DIA «solo es posible con la complicidad de las autoridades ambientales que tanto en 2007 como ahora no han sido capaces de hacer respetar la ley”, acusa Liberona.

Aunque los lugares precisos donde se ubican las actividades de exploración tienen una baja presencia de fauna, las áreas inmediatamente cercanas presentan condiciones que sirven de hábitat para distintas especies amenazadas, con lo que la reactivación del yacimiento pondría en peligro a las poblaciones de vicuñas, pumas, zorros culpeo y vizcachas, advierten ambientalistas y pobladores de las comunidades locales. Según el propio informe sobre flora asociado a la Declaraciones de Impacto Ambiental de Choquelimpie, la queñoa y la yareta son especies con problemas de conservación puesto que están amenazadas por la pérdida de hábitat y extracción desmedida. 

Además, las comunidades temen que los relaves mineros que el yacimiento generaría contaminen las napas de aguas subterráneas.

MESA DE TRABAJO 

Desde el primer semestre, Norsemont -a través de SCM Vilacollo- ha convocado a diversas instituciones públicas a una “Mesa de Trabajo de Minería Sostenible”, en la que periódicamente les informa acerca de “las labores en Choquelimpie para actualizar información mineralógica en el yacimiento de oro y plata”. Estas, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Mongabay Latam, concluyeron en diciembre pasado.

Entre las instituciones convocadas en la mesa destacan la Intendencia Regional, las gobernación de Arica y Parinacota,  la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Monumentos Nacionales, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Dirección General de Aguas y los municipios de Arica, Camarones y Putre.

Sin embargo, la alcaldesa de Putre, Marisel Gutiérrez, asegura no haber sido informada formalmente sobre la reactivación en Choquelimpie y precisa que la “postura municipal no contempla el desarrollo minero en la comuna, tal como lo han mandatado la mayoría de las comunidades indígenas, ya que estas iniciativas generan riesgos e impactos negativos en las formas de vida y recursos naturales de la zona”. De hecho, la historia de Choquelimpie da cuenta de ello. 

Mongabay Latam envió preguntas a Norsemont Mining, sin embargo, hasta la publicación de este reportaje la empresa no respondió. 

DÉCADAS DE CONTAMINACIÓN 

En marzo 2021, Richard Fernández, representante de la Coordinadora Aymara de Defensa de Recursos Naturales – junto a otros dirigentes locales- levantó la alerta sobre la extracción ilegal que la empresa REMAVESA estaba haciendo de los relaves mineros que había dejado la primera etapa de explotación de Choquelimpie a cargo de la Procesadora de Metales Limitada (PROMEL). Estos desechos habían sido depositados hace 40 años en un sector llamado Alto Copaquilla, cerca de lo que hoy es el Monumento Natural Quebrada de Cardones, donde se protegen el cactus candelabro (Browningia candelaris) y animales como el guanaco (Lama guanicoe) y la taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), este último en Peligro de extinción, según la clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente chileno.

A principios de 2009, los habitantes de las comunidades Indígenas aymaras de Trigo Pampa y Pukara, advirtieron que los desechos mineros ubicados en el sector alto de Copaquilla empezaron a decantar en grandes cantidades por las quebradas, producto de las lluvias que ocasiona el invierno altiplánico.

Las denuncias continuaron por varios años hasta que en 2014 y debido a la gestión de algunos parlamentarios y alcaldes de la región, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados presentó una demanda ambiental por contaminación, atribuida al proyecto de exploración minera Choquelimpie, ante el Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, ese órgano lo desestimó, sin que hubiera finalmente ninguna sanción a PROMEL.

A principios de este año, REMAVESA, sin ninguna autorización ambiental, trasladó y removió esos residuos altamente contaminantes al sector donde se ubica el Monumento Natural Quebrada de Cardones, actualmente en vías de ser declarado Parque Nacional.

La razón es que REMAVESA se había adjudicado la licitación entre los tramos Km 76 hasta el Km 88 para conservar el camino internacional Ruta 11-CH, y pretendía utilizar los relaves como asfalto. “Se extrajeron relaves mineros altamente tóxicos, se destruyeron los acopios, removiéndolos con maquinaria pesada, exponiendo los polimetales al aire y activando esas partículas, cargando unas 10 camionadas en camiones tolva, sin contar con ninguna medida de seguridad en su traslado”, cuenta el representante de la Coordinadora Aymara de Defensa de Recursos Naturales. A toda esa obra no se le exigió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pese a que se encuentra en una zona protegida y “contaminaron a todos a su paso, incluyendo a los propios trabajadores, vulnerando e impactando negativamente la salud pública, solo para ocupar estos relaves como parte de la puesta de una nueva carpeta asfáltica de la carretera internacional”, acusó Fernández. 

La extracción de relaves mineros de Choquelimpie por parte de la empresa REMAVESA hizo que el Instituto de Derechos Humanos de Arica y Parinacota presentara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones local, contra los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud, en favor de 41 personas del sector Alto Copaquilla, quienes habrían visto vulnerada su integridad física y psíquica, y su derecho vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por la inacción de dichos servicios ante la contaminación mineral que se registra en la zona.

La Corte de Apelaciones dictaminó, en julio pasado, que “el material allí existente se encuentra en un estado de inercia que, eventualmente, expuestos a condiciones exógenas consistentes en su remoción del lugar de acopio en el que se encuentra inmovilizado al menos desde la década del 80, puede provocar un riesgo para la salud humana”.

De esta forma, la Corte acogió las acciones de protección y resolvió que “el acto de la empresa REMAVESA es arbitrario y, por consiguiente, deberá abstenerse de realizar nuevas extracciones de ripios en el sector Alto de la localidad de Copaquilla, debiendo la autoridad político administrativa correspondiente, adoptar todas las providencias necesarias para evitar nuevos eventos extractivos de residuos o materiales de ese mismo lugar”.

En 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente fiscalizó al proyecto Choquelimpie, y le formuló cargos a Copec, propietaria en ese entonces de SCM Vilacollo y de la mina, por una serie de infracciones. Una de ellas, la más grave, fue haber ejecutado el proyecto sin tramitar ciertos permisos, como el que debe otorgar la intendencia regional cuando los proyectos operan al interior de parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales; además tampoco tramitó  permisos de construcción, modificación y ampliación, requisitos que estaban establecido en la Resolución de Calificación Ambiental del 2007. 

La empresa, sin embargo, presentó luego un “programa de cumplimiento” para subsanar todas las infracciones. Este fue aprobado y el proceso sancionatorio fue terminado en 2014.

UNESCO AMPLÍA RESERVA DE LA BIOSFERA LAUCA

En medio de los anuncios de reactivación  de  la minera Choquelimpie por parte de Norsemont Mining, Unesco informó a mediados de septiembre 2021 la ampliación de la Reserva de la Biósfera del Lauca, dentro de la cual se ubica la reserva nacional Las Vicuñas, a todo el territorio del Área de Desarrollo Indígena Altoandina de Arica y Parinacota. 

Esto implica pasar de una superficie de 358.000 a 1.026.567 hectáreas, abarcando las comunas de General Lagos, Putre y Camarones, situadas al noreste de Chile, en la frontera con Bolivia y Perú.

El abogado de origen aymara Luis Jiménez es uno de los 17 representantes de los pueblos originarios de la Convención Constitucional que redactará una nueva Constitución. Durante su carrera se ha especializado en Derechos Humanos de los pueblos indígenas y en medio ambiente, por lo que recibe con mucha alegría la ampliación de la Reserva de la Biosfera. Sin embargo, destaca que al mismo tiempo parece contradictorio que la institucionalidad ambiental chilena autorice la exploración del proyecto Choquelimpie. Lo atribuye a que el país aún cuenta con una institucionalidad de protección ambiental “bastante endeble”. Incluso advierte que no existe ninguna ley que en la práctica garantice la protección de esta Reserva de la Biosfera, ni tampoco de las áreas protegidas del Estado donde se puede autorizar la intervención de la minería.

“Debería exigirse mayores antecedentes y no solo autorizar las actividades mineras bajo los meros antecedentes procesados por el titular de una empresa”, dice Jiménez refiriéndose a que la información sobre los impactos ambientales de los proyectos extractivos se restringe, en la mayoría de los casos, a aquella que levantan las empresas. En su opinión la redacción de la nueva Constitución será clave para la protección del medio ambiente.

Con todos los antecedentes de contaminación e infracciones que tiene Choquelimpie, al gobernador regional, Jorge Díaz, le resulta “muy poco prudente” la reactivación de los trabajos. De ahí que planteará ante el Consejo Directivo del Área de Desarrollo Indígena (ADI) adoptar una resolución que frene dichas labores en forma urgente, aseguró a Mongabay Latam.

Simultáneamente, la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota dijo que exigirá que se respete el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece la consulta a los habitantes originarios. “El consumo de agua por la industria minera es tan alta que arruina nuestro frágil ecosistema. Y eso no lo podemos permitir”, precisó su representante Richard Fernández.