Desde Nueva York, Presidente Boric suscribe a Chile en tratado internacional de protección de altamar: ¿en qué consiste?
Catalina Pérez Navarrete
En su reciente paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric se convirtió en uno de los primeros firmantes del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, en inglés). Este tratado ha sido impulsado por Chile por más de una década y protegerá áreas marinas en altamar, más allá de la soberanía de los estados.
El presidente Gabriel Boric participó ayer en el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sustentable: «Aceleración de la Implementación de Acciones Climáticas basadas en los Océanos», en el marco de su visita en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
En la instancia, el mandatario firmó el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, en inglés).
¿De qué se trata este acuerdo?
El coloquialmente conocido como Tratado de Altamar tiene como objetivo proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones de los estados, por ende, sus normas regirán sobre dos de los espacios marinos regulados por la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar (Convemar): la altamar y la zona.
La altamar es la columna de agua que queda más allá de las 200 millas correspondientes a la zona económica exclusiva de países costeros. La zona abarca el lecho y subsuelo marino más allá de las plataformas continentales de los estados.
Por lo tanto, el área sobre la que regirá el BBNJ es inmensa y aún profundamente desconocida.
El tratado tiene por finalidad fortalecer la gobernanza oceánica y desarrollar políticas para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad marina, incluyendo áreas marinas protegidas en alta mar, fuera de la soberanía estatal.
Además, promueve el uso sostenible de los recursos genéticos marinos y busca definir la implementación de evaluaciones de impactos ambientales, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo para la distribución equitativa de beneficios.
Para que el tratado entre en vigor se requiere la ratificación de 60 naciones. De acuerdo con la ministra de Medioambiente Maisa Rojas: “Fuimos uno de los primeros países que firmó. Jugamos un rol importante en la larga negociación para lograr este tratado (…), y además Chile está proponiendo que una vez que esté ratificado el tratado, tener la secretaría técnica para que funcione en Valparaíso”.
