El pasado 22 de febrero, pasadas las 9 de la noche, la noticia del asesinato de los reconocidos líderes sociales Teófílo Acuña y Jorge Tafur, en el departamento de Cesar, generó rechazo por parte de asociaciones de campesinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y organizaciones como la ONU, que le exigieron al gobierno colombiano tomar medidas urgentes para proteger la vida de quienes se han dedicado al cuidado del medio ambiente.

En el terreno, la situación de seguridad para los líderes que se mantienen en la región del Magdalena Medio y el Sur del departamento de Bolívar, en donde Acuña y Tafur concentraron su trabajo, se complica cada vez más. Defensores de las ciénagas y activistas en contra del fracking en la zona han denunciado, desde hace más de un año, amenazas de muerte en panfletos, llamadas telefónicas y hasta ataques directos en sus propias casas.

El miedo entre los líderes de la región es cada vez mayor. Según contaron algunas fuentes de la zona consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que prefirieron la reserva de su nombre, los agresores están pasando de las amenazas a las agresiones y a los atentados en contra de la vida de los defensores ambientales.

Ante este temor latente, en los últimos días cinco miembros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), la organización a la que pertenecían Tafur y Acuña y que trabaja con las comunidades campesinas en sus reclamos por la tierra y la defensa de los recursos naturales, han abandonado la zona y se han ocultado para preservar su vida. Entre ellos está la lideresa Liceth Carmargo Carrascal, esposa de Acuña y quien lidera procesos de recuperación de playones —terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman— del municipio de Terraplén, Cesar, que son usadas para cultivo de palma o granjas de búfalos.

Líderes y lideresas ambientales de otras organizaciones que tienen incidencia en las regiones del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar también han recibido amenazas e, incluso, en las últimas semanas una de ellas tuvo que dejar el país. Yuveli Natalia Morales, de la organización ambiental Comité Agua Wily de tan solo 21 años, viajó asilada a Europa luego de que aumentaron las amenazas en su contra las semanas previas al asesinato de Tafur y Acuña. La organización a la que pertenece Morales rechaza la exploración y explotación petrolera vía fracking. El año pasado, la joven había denunciado que varios hombres llegaron hasta su casa para intimidarla.

Hasta el momento la Fiscalía solo se ha pronunciado a través de Twitter el día siguiente al asesinato de los líderes, anunciando que destacaría un grupo de fiscales, criminalistas y forenses para investigar y esclarecer el crimen. Hasta la fecha, ningún funcionario regional o nacional de entidades oficiales se ha pronunciado sobre los hechos.

Violencia anunciada

La Defensoría del Pueblo viene advirtiendo de los peligros que corren los líderes ambientales en la región y lo ha hecho en diversas alertas tempranas emitidas desde 2018. Esta entidad envió el oficio de Prevención No. 20220040400141741 de 18 de enero de 2022 a la Gobernación del Cesar, alertando la situación de amenazas en contra de líderes de las comunidades de varios municipios del departamento. Ante el aumento de las amenazas, a principios de febrero, la personera del municipio de Barrancabermeja, Yina Marcela Romo, le pidió a varias entidades un plan de acción urgente para proteger la vida de al menos 25 líderes ambientalistas, pero ninguna de estas advertencias sirvió para evitar el asesinato de Tafur y Acuña. El personero es un servidor municipal que hace parte del Ministerio Público y a quien le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos en ese territorio.

Según Ramón Abril, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (Credhos), organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos en el Magdalena Medio, las amenazas y los ataques a líderes sociales de la región han ido creciendo hasta tal punto que, entre enero y febrero de este año, todos los grupos armados ilegales que actúan en la zona han publicado panfletos con los nombres de las personas que declaran objetivo militar y los intimidan para que salgan del territorio. “El aumento de la violencia ocurre en medio de la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas (AGC) en la región, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. También en medio a la cercanía a las elecciones”, señala Abril. Vale la pena señalar que el 13 de marzo Colombia renovará el Congreso y elegirá un nuevo presidente en mayo.

Abril, quien también fue amenazado en uno de esos listados de objetivos militares junto a una compañera de la misma organización, explica que los defensores ambientales son uno de los grupos más afectados, principalmente por la resistencia al modelo extractivista y de monocultivo que ha acelerado su consolidación en la región. “Modificar el uso de la tierra es clave dentro de ese modelo. Lo que se denuncia es el daño ambiental porque las empresas afectan los ecosistemas para que esas zonas pierdan la protección que les da la ley y, de esa manera, luego convertirlas en campos de palma, en criaderos de búfalos o campos de explotación petrolera”, dice.

Jorge Tafur tenía una larga experiencia como líder campesino en varios lugares del país. Desde hace más de una década trabajaba en el Cesar y el Sur de Bolívar con comunidades que reclaman tierras ocupadas por terratenientes. Foto: Jairo Rojas.
Jorge Tafur tenía una larga experiencia como líder campesino en varios lugares del país. Desde hace más de una década trabajaba en el Cesar y el Sur de Bolívar con comunidades que reclaman tierras ocupadas por terratenientes. Foto: Jairo Rojas.

Las amenazas son continuas desde hace un año y medio. En noviembre de 2020 apareció un panfleto en el que un grupo autodenominado Águilas Negras, cuyo origen se desconoce, amenazó a varios líderes ambientales que rechazaban los pilotos autorizados por el gobierno nacional para la exploración petrolera usando fracking. Esta es una técnica en la que se fracturan las rocas del subsuelo para extraer petróleo y varias organizaciones ambientalistas se oponen a su práctica pues, dicen, se pueden afectar los cuerpos de agua de las zonas en las que se realiza.

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Otro grupo de ambientalistas intimidados en la región son aquellos que, desde hace más de una década, han denunciado la desecación de playones por parte de terratenientes que han ampliado sus fincas a costa de los bordes de las ciénagas. La oposición de las comunidades campesinas a estas prácticas se da porque la desecación definitiva de estas tierras también implica un cambio de uso del suelo principalmente para monocultivos como la palma de aceite, como lo denuncia Ramón Abril de Credhos.

Los dos líderes asesinados, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, trabajaban por las dos causas: denunciaban la ocupación de los playones por parte de terratenientes y también formaban parte de organizaciones que denunciaban los peligros de la exploración y posterior explotación petrolera vía fracking.

La defensa de los playones

El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia. Nace en el departamento del Huila y avanza hacia el norte, hasta desembocar en el mar Caribe. En la mitad de su recorrido hay un gran valle, que se conoce como el Magdalena Medio, rico en recursos naturales, minerales, biodiversidad, tierras fértiles y una gran reserva de hidrocarburos.

Precisamente, el petróleo es un recurso determinante en el desarrollo del conflicto con los defensores ambientales en la región. En el Magdalena Medio está ubicada la principal refinería de Colombia, operada por la empresa Ecopetrol, y es la región en donde el Gobierno de Iván Duque quiere desarrollar el primer piloto de fracking en Colombia.

La Corporación San Silvestre Green ha logrado que se detenga la construcción de pozos petroleros de Ecopetrol sobre humedales en la zona. Pozo 80 al lado de humedales. Foto: Corporación San Silvestre.
La Corporación San Silvestre Green ha logrado que se detenga la construcción de pozos petroleros de Ecopetrol sobre humedales en la zona. Pozo 80 al lado de humedales. Foto: Corporación San Silvestre.

A la altura del municipio de Puerto Wilches, en el corazón del Magdalena Medio, el río Lebrija se une al Magdalena. Esa conjunción forma un ecosistema compuesto por un complejo de varias ciénagas que inundanperiódicamente las pequeñas extensiones de tierra conocidas como playones. Históricamente, estas áreas han sido determinantes para el desarrollo de la economía de los campesinos, agricultores y pescadores de la región.

La Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, define los playones comunales como “terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar”. A estos baldíos de la nación han llegado terratenientes desde la década de los ochenta para desecar estas extensiones de tierra y aprovecharlas para instalar ganadería o monocultivos.

Teófilo Acuña y Jorge Tafur eran dos activos defensores de la recuperación de los playones en la región. Desde hace una década denunciaban la ocupación de una de estas zonas a manos de un terrateniente que ha sido señalado de tener vínculos con grupos paramilitares, como lo ha denunciado el portal Verdad Abierta. Se trata del ganadero Alirio Díaz que, junto a varios miembros de su familia, han tenido varios enfrentamientos con campesinos que reclaman las tierras de un predio cercano al caserío de Puerto Oculto, en la vereda Terraplén, en el municipio de San Martín, Cesar.

Díaz le dijo a Verdad Abierta en 2015 que “no ha amenazado campesinos ni quiere secar la ciénaga”, pero ese medio pudo constatar que Corpocesar, la autoridad ambiental del departamento, multó al ganadero tras confirmar que construyó murallas para cercar la ciénaga de La Torcoroma. Luego del asesinato de Acuña y Tafur, Verdad Abierta consultó a Wilmer Díaz sobre lo ocurrido, pero el hijo del ganadero señaló que nunca había oído hablar de estos dos líderes.

La historia de estas tierras de alta importancia ambiental, debido a su gran cantidad de humedales, está marcada por políticas de Estado que han promovido la colonización. Sandra Vilardy, doctora en Ecología y Medio Ambiente, y profesora de la Universidad de Los Andes, explica que, desde la década de los cincuenta, colonos de varios departamentos del país llegaron al Magdalena Medio buscando tierras para subsistir. Estos nuevos habitantes desarrollaron una «cultura anfibia» de pescadores y campesinos que aprovechaban las zonas de playones en verano para cultivar, pero permitían que se inundaran en invierno.

En este sector, el río Magdalena recibe las aguas de numerosos ríos, como el Lebrija, y forma varias ciénagas en las que se ha construido una cultura ‘anfibia’ por parte de colonos campesinos. Foto: Álvaro Avendaño.
En este sector, el río Magdalena recibe las aguas de numerosos ríos, como el Lebrija, y forma varias ciénagas en las que se ha construido una cultura ‘anfibia’ por parte de colonos campesinos. Foto: Álvaro Avendaño.

Vilardy señala que luego aparecieron terratenientes que fueron adquiriendo tierras y comenzaron a construir murallas para evitar que el agua volviera a inundar los playones. Su objetivo era desecarlos para ampliar sus fincas, en beneficio de la crianza de búfalos o la siembra de palma aceitera. “Es una práctica muy agresiva ya que estos espejos de agua permiten la oxigenación y la fijación de carbono, por el depósito de sedimentos. Su ausencia altera sustancialmente los ecosistemas”, dice.

Nadia Umaña Abadía, vocera de la CISBCSC, organización en la que compartió por más de 10 años con los líderes asesinados, explica que existen procesos de recuperación de tierra por parte de campesinos en ciénagas de la cuenca baja del río Lebrija y su desembocadura en el río Magdalena. “Todas esas tierras sufrieron una fuerte presión paramilitar que desplazó a los campesinos, mientras los terratenientes secaban esas zonas para luego llenarlas de palma”, cuenta Umaña.

Según documentó un tribunal de Justicia y Paz —proceso de justicia transicional en el que exparamilitares debían aportar verdad y reparación a sus víctimas— en la sentencia en contra del jefe de las autodefensas Juan Francisco Prada, alias  «Juancho Prada», el ganadero Alirio Díaz recibió el apoyo de los paramilitares para llegar al Concejo municipal de San Martín, en Cesar, y su familia se ha enfrentado con las comunidades de campesinos que han intentado recuperar esos predios en varias ocasiones. La última conocida sucedió el 25 de enero de este año, como quedó registrado en un video.

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Umaña cuenta que con el aumento de la tensión con diferentes terratenientes de la zona, también lo hicieron las amenazas en contra de Teófio Acuña y Jorge Tafur. “En enero de este año nos reunimos con la Policía en Puerto Oculto (Cesar) y nos dijeron que no nos podían garantizar la protección directa de todos los líderes”, señala la vocera de la CISBCSC, quien también ha recibido intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales.

Estos conflictos por la tenencia y el uso de la tierra son frecuentes en esta región del país. Ramón Abril, de Credhos, señala que los procesos de adjudicación de tierras a campesinos y la restitución de predios a víctimas del conflicto han fracasado, mientras que el Estado favorecía a los grandes negocios extractivistas y de monocultivo. Abril señala que además del interés por negocios como la palma, los terratenientes buscan expandir sus predios ante el anuncio del gobierno nacional en el que se dio vía libre para un piloto de exploración petrolera usando fracking en la zona.

Las amenazas por rechazar el fracking

Al igual que los dos líderes asesinados, varios activistas ambientales en el Magdalena Medio han recibido amenazas de muerte por denunciar los potenciales impactos del uso del fracking. Tafur y Acuña hicieron parte de una caravana ambiental a finales de 2021 con la que recorrieron varios pueblos de la zona, señalando la importancia de los ecosistemas que podrían verse afectados por el piloto de exploración petrolera.

Desde hace varios años hay un conflicto entre las comunidades y la empresa petrolera Ecopetrol. La zona ha sufrido varios derrames de crudo que han afectado los ecosistemas. Pozo 79 y humedal sedimentado. Foto: Corporación San Silvestre Green.
Desde hace varios años hay un conflicto entre las comunidades y la empresa petrolera Ecopetrol. La zona ha sufrido varios derrames de crudo que han afectado los ecosistemas. Pozo 79 y humedal sedimentado. Foto: Corporación San Silvestre Green.

Para Carlos Santiago, líder ambiental de las organizaciones Alianza Colombia Libre de Fracking y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, el discurso del Estado y de las grandes empresas ha sido clave en la estigmatización de los activistas en esta región del país. “Cuando hay jornadas de protesta salen a señalar a la gente de vándala, de saboteadora. Lo que pasa es que no entienden que la comunidad ya ha sufrido el impacto de 100 años de explotación petrolera y está cansada de esto”, señala Santiago.

La profesora Sandra Vilardy coincide con el líder ambiental en cuanto a los peligros de la estigmatización de los líderes que han coordinado las protestas. Para ella, las comunidades tienen todo el derecho de expresar sus inquietudes en cuanto a los efectos de la exploración y explotación petrolera en su territorio, sobre todo cuando han sufrido consecuencias ambientales en el pasado.

“Cuando la gente se opone al fracking no lo hace por incomodar a una empresa. Lo hace porque ha vivido los impactos de cerca, como lo que pasó con el derrame en el pozo Lizama, en donde la gente se quedó sin qué comer porque la pesca se afectó completamente”, señala Carlos Santiago.

El incidente al que se refiere fue un derrame de crudo en el pozo Lizama 158 de la empresa Ecopetrol, en el corregimiento La Fortuna del municipio de Barrancabermeja, ocurrido en 2018. Este pozo, que ya no se encontraba en explotación, expulsó cerca de 23 mil barriles de petróleo que afectaron severamente la fauna y la flora, así como la forma de vida de los habitantes de la zona.

El abogado Leonardo Granados, de la Corporación San Silvestre Green, ha liderado las acciones judiciales en contra de Ecopetrol por afectaciones ambientales que se han generado con derrames como el de Lizama 158. Granados apareció como uno de los líderes amenazados en un panfleto de noviembre de 2020 y ha recibido otras intimidaciones durante los últimos meses. “Estamos en un riesgo muy alto porque con las denuncias hemos afectado intereses económicos y políticos”, señala el abogado.

Obras en zonas de humedales. Foto: Corporación San Silvestre Green.
Obras en zonas de humedales. Foto: Corporación San Silvestre Green.

Granados cuenta que conoce de cerca dos casos de líderes de organizaciones de pescadores que recibieron sobres con amenazas de muerte, entre finales del 2021 y comienzos del 2022, por hacer denuncias contra la exploración y explotación petrolera. Agrega que los asesinatos de los líderes Tafur y Acuña dispararon el miedo entre los defensores ambientales, porque creen que ya se pasó de las intimidaciones a los atentados. Carlos Santiago agrega que el hecho de que los señalen de “enemigos del desarrollo”, en medio de una creciente presencia de grupos armados, los expone aún más ante el peligro.

Esto mismo piensa Carlos Andrés Palomino Sampayo, quien fue compañero de Tafur y de Acuña en la CISBCSC. “Colombia es el país en el que más se asesinan líderes ambientales. Esta gente ya pasó rápidamente de las amenazas a los crímenes. A pesar del miedo, aquí seguiremos, luchando por cuidar el ambiente, por denunciar”, señala.

En medio de la creciente violencia en el Magdalena Medio, el abogado Granados denuncia que, a pesar de ser blanco de constantes amenazas, el Estado ha intentado quitarle el esquema de seguridad que le brindó la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dice, el debilitamiento de la seguridad de los defensores ambientales en la región aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran y, por supuesto, afecta sus actividades porque han detectado seguimientos y ahora muchos prefieren no trasladarse a las zonas alejadas de los centros urbanos.

Los líderes ambientales del Magdalena Medio le piden al Estado que actúe rápidamente ante el aumento de la violencia. Exigen que se conforme una Mesa Departamental de Garantías, una herramienta que contempla la ley colombiana para activar medidas urgentes que puedan proteger su labor.

También exigen que el Estado entregue soluciones de fondo para los reclamos que hacen en nombre de las comunidades que representan. “Con un celular que entreguen o con un esquema de seguridad no se va a solucionar nada si los culpables de todo esto siguen por ahí, campantes”, concluye Nadia Umaña.

*Este reportaje fue realizado por los periodistas Ginna Santisteban y Óscar Parra para Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

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